La ausencia de resultados en La Habana no
solo es producto del diseño teórico de un filósofo despistado sino también de
las urgencias y enredos del presidente Santos y las Farc.
No insistiré en mis críticas al documento del
Alto Comisionado, al que, inexplicablemente, la opinión ilustrada pacifista ni
siquiera alude. Parece que no le causa estupor que en La Habana no se busque un
acuerdo de paz sino el inicio de transformaciones que en diez años nos llevarán
a la “verdadera paz”.
El problema es que antes de llegar a un
acuerdo han surgido tensiones originadas por errores de arranque. La guerrilla
no ha renunciado a la toma del poder, no quiere pagar un día de cárcel, ni
reconocer a las víctimas. Quiere una asamblea constituyente en la que ellos sin
competir electoralmente, tengan no menos de la mitad de sus integrantes. ¿Para
qué? ¡Elemental! Para realizar por la vía legal su proyecto político valiéndose
de su condición mayoritaria en dicha asamblea. Se opone a un referendo porque
sabe que ahí la tiene perdida.
El gobierno nacional se enfrenta a una sin
salida. Está obligado a acatar y aplicar normas de justicia internacional sobre
delitos de lesa humanidad que hacen parte del ordenamiento jurídico interno. Ha
intentado convencer a los comandantes farianos de que la justicia transicional,
a la manera como la interpreta el Fiscal General, les salvará de penas y que
podrán ser excarcelados. El Marco Jurídico para la Paz sería el instrumento
ideal para garantizarles esa oferta.
Pero, como el gobierno sabe que está jugando
con candela y que ni en el país ni en el exterior mirarán con buenos ojos esa
impunidad disimulada, procura blindarse con el proyecto de referendo. Una
jugada arriesgada porque significa que la decisión sobre lo que se firme en La
Habana quedará en manos de la ciudadanía. Típica estrategia de jugador. Piensa
que cualquier resultado lo libera de responsabilidad. Si es adverso, el
gobierno se lava las manos, si es positivo, entonces nadie, cree el gobierno,
ni adentro ni afuera, podrá irse en contra de la voluntad de las mayorías.
A Timochenko y compañía no les gusta correr
tales riesgos, ni tontos que fueran. Saben que el resultado de tal referendo
será negativo, que no habrá constituyente y tendrán que ir a la cárcel. Eso es
lo que explica su virulencia retórica. Y optan por aprovechar los afanes del
presidente con sus aspiraciones reeleccionistas. Quieren cobrar bien duro la
firma de un texto: ni cárcel ni referendo.
El presidente Santos que tenía a su favor la
debilidad militar con que llegó la guerrilla a la mesa no la ha podido
aprovechar adecuadamente. Su propuesta de paz ha perdido apoyo y favorabilidad
entre la población, su popularidad está por el suelo y entiende que solo tiene
salvación si les arranca una firma. Su discurso en la ONU y su entrevista con
la Fiscal de la CPI tenía la pretensión de quitarse de encima la presión sobre
la obligatoriedad de ceñirse a la normatividad internacional en materia de
castigo contra delitos de lesa humanidad.
El problema es que la ONU no es Colombia y la
CPI no es la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía nuestra. Acá, por obra y
gracia de las relaciones clientelares y acuerdos impúdicos, el presidente hace
maromas judiciales con la venia o el respaldo de esos organismos. Allá la
cuestión es a otro precio. ¿Qué podía lograr Santos con su discurso en la
Asamblea General? Una votación de respaldo? Pues no la hubo, ni la habrá. El
llamado a que nadie se oponga a lo que se acuerde en el país, sobra, porque
ninguna delegación del mundo está en ese plan. La Asamblea tiene asuntos más
graves y urgentes de que ocuparse.
En cuanto a la supuesta exitosa reunión con
la gambiana Fatou Bensouda, Fiscal de la CPI, nunca escuchamos una declaración
de su parte acerca de lo que fue a sonsacarle el presidente Santos. Los
tratados internacionales y sus contenidos son taxativos, de obligatorio
cumplimiento y no están sujetos a variación o relativización según
conveniencias de sus miembros. El corpus jurídico de este tribunal solo puede
ser reformado por una asamblea de sus integrantes, además, todo país que lo
firma, lo incorpora a su legislación interna. De manera que la crítica que hace
el Fiscal colombiano al señalar de rígidos y dogmáticos a quienes defienden la
vigencia de la CPI y su marco normativo para Colombia, carece de seriedad y
fundamento. La única opción de flexibilidad aceptable es también creación de la
ONU. Se trata de la Justicia Transicional que estipula rebaja de penas, como se
hizo con los paramilitares, con cárcel y otras obligaciones.
Así pues que a Santos nada le sale y nada
puede ofrecerles a sus contertulios. Ha perdido todo margen de maniobra. A su
vez, la guerrilla y en razón de sus desaforadas pretensiones, pierde la
esperanza de salir indemne y ganadora de este embrollo.
rdaceved@unal.edu.co
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