RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, PETRO EL INIMPUTABLE, DESDE COLOMBIA,

El alcalde de Bogotá apoyó a Alejandro Ordoñez en su primera aspiración para ser el Procurador General de la nación. Sus congresistas le dieron su voto en la reelección. La trayectoria del Procurador Ordoñez es de amplio dominio público, como lo es también el hecho de que no ha sufrido bruscos cambios en su forma de pensar.

Quienes conocen la trayectoria de Gustavo Petro saben que él no era ignorante de la hoja de vida de Ordoñez y no piensan que Petro hubiese sido víctima de una celada. Es más, la mayoría de sus seguidores, los progres y la militancia de izquierda no se explicaban, en su momento, las razones por las cuales había tomado tan rara determinación.

De manera, pues, que a estas alturas y colocado de bruces en los tablados del control disciplinario, carece de presentación realizar actos de rebeldía, desconocimiento de legitimidad  y dilación ante el funcionario que ayudó a elegir.

A un grupo de intelectuales y artistas, en el colmo del despropósito, se les ocurre plantear el argumento chantajista de que la destitución de Petro implicaría el fracaso de la negociación. La sensatez y la paciencia de los colombianos con las infructuosas conversaciones de La Habana, darían para esperar pronunciamientos de estos sectores en los que se señale que el mayor peligro de ruptura de los diálogos de paz vienen de las acciones terroristas de las Farc y de su desborde propositivo. De verdad que no les queda bien hacer una maroma tan burda para arropar al alcalde de sus preferencias.

Petro ha sido y es un mimado de los procesos de paz. Indultado en su momento, ha sabido aprovechar las ventajas de la democracia y la paz, y eso está muy bien. Pero, resulta que cuando alguien que estaba por fuera de las reglas del juego retorna a ellas, no lo puede hacer de manera fragmentada, a pedazos o en unos casos sí y en otros no. Eso no es tolerable desde ningún ángulo.

El hecho es que al convertirse en funcionario público está en la obligación de acatar y acogerse a las investigaciones que se susciten como producto de sus actos oficiales cuando estos despierten la inquietud de las autoridades respectivas. Son más los exguerrilleros que no han convertido en escudo protector o en tabla de inmunidad su añeja militancia armada para decir que vuelve a ser perseguido por su pasado. Antonio Navarro y muchos otros son buen ejemplo de que tienen que cumplir los deberes de cada cargo público y atenerse a las consecuencias de posibles violaciones en el entendido de que serán observados según sus funciones y no según su pasado.

El alcalde Petro, poseedor de un ego elefantiásico, amante de los titulares, no se ha caracterizado por ser un buen administrador de la cosa pública. Prisionero de veleidades autoritarias que le impiden ver los límites, se ha dedicado a actuar por fuera de las normas. Habla más de la cuenta y yerra a mañana y tarde. Sus desatinos escandalizan hasta a sus propios subalternos. Por algo renunciaron Daniel García Peña y Antonio Navarro, y el primero no de cualquier forma sino acusándolo de autoritario. En ese andar, Petro, que en muchas cosas es parecido a su ídolo Chávez, quiso privatizar, de la noche a la mañana, a los escobazos, la recolección de basuras de más de 8 millones de habitantes. Al hacerlo, presumiblemente, como dicen en los estrados, violó contratos de terceros, pero sobre todo, puso en peligro la salud y la vida de esos millones y causó un estado de caos y anarquía que derivó en angustia colectiva.

Eso es lo que motiva la intervención del Procurador y le da alas a la recolección de firmas para revocarle su mandato en un referendo. En el inmediato pasado, Petro en calidad de congresista impulsó mecanismos de participación ciudadana, con muy buenos argumentos. Había que poner freno a los desbordes, a mediocridades e indelicadeces de funcionarios y gobernantes electos. Lo ideal era establecer la figura de la revocatoria vía referendo.

Y cuando se le pretende aplicar su propia medicina, Petro, que en esencia se considera a sí mismo un personaje destinado para misiones superiores y que está por encima del bien y del mal, se ha dedicado a ganar tiempo con marrullas y jugadas para también deslegitimar el mecanismo democrático de control.

Es decir, estamos ante un reyecito medieval que se niega a ser objeto de investigación judicial y a rendir cuentas ante el electorado que puede ratificarlo o revocarlo. Una lástima que esto provenga de quien ha posado de respetuoso de la Constitución, pero, mucho más, que sus amigos lo defiendan con argumentos tan traídos de los cabellos como que de su suerte depende la paz nacional.

rdaceved@unal.edu.co

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