En Venezuela prevalece una relación de poder de carácter básicamente económica pero que trasciende la esfera de la economía. Nos referimos a la relación petróleo, Estado y sociedad. Tal circunstancia explica la naturaleza y la causa del funcionamiento sistémico de un país como el nuestro y la forma en que se asignan los recursos en la sociedad venezolana.
La administración socialista bolivariana ha llevado al paroxismo esta relación de poder. Ha podido construir una vasta estructura de control social, con el nombre de “Misiones”. Las “Misiones” constituyen en la práctica un gigantesco subsidio al consumo, es decir, representan el mecanismo económico a través del cual una cantidad enorme de nuestra población puede disfrutar de bienes y servicios que de otra forma no estaría en capacidad de pagar por esfuerzo propio. De allí la popularidad de estos programas sociales. Sin embargo, la idea es que estos subsidios del Estado no generen adicción, sino que contribuyan a que la gente que los reciba pueda desprenderse de ellos una vez incorporada al proceso productivo.
Lo normal es que la economía genere las condiciones y las oportunidades que permitan a la gran mayoría de las personas valerse por sí mismas mediante su esfuerzo propio. Este es el mejor incentivo para que una nación trabaje y genere riqueza. La ayuda social debe hacerse por excepción y no debería ser la regla. Pero si esto no ocurre y por el contrario los incentivos económicos apuntan en la dirección opuesta, la sociedad se empobrece. Este fenómeno genera un vicio perverso: la población buscará la forma de calificar para recibir las ayudas gubernamentales, es decir, será muy rentable ser pobre. Este esquema de incentivos hace que tengamos una nación constituidas por clientes más que por ciudadanos. Tal cosa generará deformaciones en el funcionamiento de la democracia. La noción de ciudadanía nos remite a individuos con deberes y derechos, que ciertamente tienen intereses particulares, pero que también toman en cuenta sus valores morales y éticos respecto al bien común a la hora de tomar sus decisiones políticas. En contraste, los clientes desarrollan incentivos puramente utilitarios y egoístas, los cuales determinan sus preferencias. Esto no es malo en tanto se limite a la esfera de lo privado, pero es muy pernicioso si se traslada como consideración fundamental al ámbito de los asuntos públicos.
La revolución bolivariana ha entendido a cabalidad la inmensa ventaja que representa tener bajo su control un Estado petrolero con una amplia autonomía funcional en lo financiero respecto de la sociedad, ya que no necesita de la producción ni del esfuerzo de sus conciudadanos para sostener o costear sus gastos de funcionamiento. En esto reside la naturaleza del régimen político y económico que se ha enseñoreado en el país durante la última década y media. No alterar el esquema de poder que se desprende del dominio patrimonial y de la usurpación que hacen los gobiernos de turno de la renta petrolera, es mantener las cosas como están en Venezuela.
El gobierno hace lo que hace porque puede. Expropia propiedades, establece todo tipo de controles económicos, interviene medios de comunicación, agiganta el tamaño del sector público, etc, ya que su poder no depende de la sociedad sino que por el contrario es la sociedad la que cada vez más depende del gobierno.
En Venezuela tenemos un régimen democrático que se ha reducido a lo estrictamente comicial y existen muchas formas para que el poder pueda influir de manera determinante sobre las preferencias de los votantes. Hará siempre todo lo que esté a su alcance para ganar una y otra elección, lo cual es difícil de cambiar hasta tanto no se modifiquen unas reglas de juego que otorga, a quien ostenta el gobierno, una ventaja muy importante frente a sus oponentes. En resumidas cuentas estas reglas de juego generan toda clase de incentivos para preservar el poder a cualquier precio debido al alto costo que representaría perderlo. Hablando en términos económicos, la prima de beneficio que recibe una fuerza política en Venezuela al controlar el aparato gubernamental es enorme, como también es enorme la prima de riesgo que debe pagar para preservar ese control. Tal fenómeno es el principal carburante que impulsa la relación clientelar entre los gobernantes y los votantes.
En Venezuela prevalece una relación de poder de carácter básicamente económica pero que trasciende la esfera de la economía. Nos referimos a la relación petróleo, Estado y sociedad. Tal circunstancia explica la naturaleza y la causa del funcionamiento sistémico de un país como el nuestro y la forma en que se asignan los recursos en la sociedad venezolana.
La administración socialista bolivariana ha llevado al paroxismo esta relación de poder. Ha podido construir una vasta estructura de control social, con el nombre de “Misiones”. Las “Misiones” constituyen en la práctica un gigantesco subsidio al consumo, es decir, representan el mecanismo económico a través del cual una cantidad enorme de nuestra población puede disfrutar de bienes y servicios que de otra forma no estaría en capacidad de pagar por esfuerzo propio. De allí la popularidad de estos programas sociales. Sin embargo, la idea es que estos subsidios del Estado no generen adicción, sino que contribuyan a que la gente que los reciba pueda desprenderse de ellos una vez incorporada al proceso productivo.
Lo normal es que la economía genere las condiciones y las oportunidades que permitan a la gran mayoría de las personas valerse por sí mismas mediante su esfuerzo propio. Este es el mejor incentivo para que una nación trabaje y genere riqueza. La ayuda social debe hacerse por excepción y no debería ser la regla. Pero si esto no ocurre y por el contrario los incentivos económicos apuntan en la dirección opuesta, la sociedad se empobrece. Este fenómeno genera un vicio perverso: la población buscará la forma de calificar para recibir las ayudas gubernamentales, es decir, será muy rentable ser pobre. Este esquema de incentivos hace que tengamos una nación constituidas por clientes más que por ciudadanos. Tal cosa generará deformaciones en el funcionamiento de la democracia. La noción de ciudadanía nos remite a individuos con deberes y derechos, que ciertamente tienen intereses particulares, pero que también toman en cuenta sus valores morales y éticos respecto al bien común a la hora de tomar sus decisiones políticas. En contraste, los clientes desarrollan incentivos puramente utilitarios y egoístas, los cuales determinan sus preferencias. Esto no es malo en tanto se limite a la esfera de lo privado, pero es muy pernicioso si se traslada como consideración fundamental al ámbito de los asuntos públicos.
La revolución bolivariana ha entendido a cabalidad la inmensa ventaja que representa tener bajo su control un Estado petrolero con una amplia autonomía funcional en lo financiero respecto de la sociedad, ya que no necesita de la producción ni del esfuerzo de sus conciudadanos para sostener o costear sus gastos de funcionamiento. En esto reside la naturaleza del régimen político y económico que se ha enseñoreado en el país durante la última década y media. No alterar el esquema de poder que se desprende del dominio patrimonial y de la usurpación que hacen los gobiernos de turno de la renta petrolera, es mantener las cosas como están en Venezuela.
El gobierno hace lo que hace porque puede. Expropia propiedades, establece todo tipo de controles económicos, interviene medios de comunicación, agiganta el tamaño del sector público, etc, ya que su poder no depende de la sociedad sino que por el contrario es la sociedad la que cada vez más depende del gobierno.
En Venezuela tenemos un régimen democrático que se ha reducido a lo estrictamente comicial y existen muchas formas para que el poder pueda influir de manera determinante sobre las preferencias de los votantes. Hará siempre todo lo que esté a su alcance para ganar una y otra elección, lo cual es difícil de cambiar hasta tanto no se modifiquen unas reglas de juego que otorga, a quien ostenta el gobierno, una ventaja muy importante frente a sus oponentes. En resumidas cuentas estas reglas de juego generan toda clase de incentivos para preservar el poder a cualquier precio debido al alto costo que representaría perderlo. Hablando en términos económicos, la prima de beneficio que recibe una fuerza política en Venezuela al controlar el aparato gubernamental es enorme, como también es enorme la prima de riesgo que debe pagar para preservar ese control. Tal fenómeno es el principal carburante que impulsa la relación clientelar entre los gobernantes y los votantes.
Nota necesaria: Hago público mi solidario apoyo a los editores, directivos, periodista y demás personas que laboran en el Grupo 6to Poder, al tiempo que deploro las medidas que se han tomado en contra de esta corporación editorial, a la cual pertenece entre otros medios el diario económico “El Comercio”, ya que atentan contra la libertad de expresión en el país y contra el derecho al trabajo de decenas de compatriotas.
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