ISAAC VILLAMIZAR, NO GUSTA LA CONSTITUCION

El 15 de diciembre de 1999 el Presidente Chávez sometió a referendo su proyecto de Constitución para refundar la República. El 29 de diciembre del mismo año fue proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente. El 30 de diciembre se publicó en Gaceta Oficial. En el año 2007 Chávez trató de reformarla parcialmente, con la pretensión de cambiarla sustancialmente, lo que no aceptó el pueblo por estar alejada de la realidad democrática del país. Sin embargo, el propio Chávez, a través de la Asamblea Nacional, el 14 de enero de 2009, impuso la enmienda de 5 artículos para cambiar hacia la reelección indefinida en los cargos de elección popular,  aprobándose esta enmienda por referendo el 15 de febrero del mismo año.

Chávez pasó gran parte de sus períodos presidenciales hablándonos de la Constitución. Nos encantó con sus bondades. Nos las mostraba en televisión a cada rato. Nos dijo que dentro de la Constitución todo y que fuera de ella nada. Nos aseguró hasta el cansancio que con esta Constitución era el pueblo ahora el que gobernaba con la democracia participativa y protagónica. Y es innegable que uno de sus legados fue llevar al ciudadano común por lo menos a leerla y acercarse al texto fundamental, lo cual en tiempos otrora no ocurría con tal vehemencia. En los inicios de su vigencia la oposición no estaba muy ganada al nuevo proyecto constitucional, pero la cumplía, porque ese era el deber democrático.

De hace pocos años para acá al gobierno, primero liderado por Chávez, y luego por Maduro, no le gusta la Constitución. Sus postulados y principios le incomoda, le dan escozor, le causa problemas para consolidar un régimen castro comunista, le produce molestia ante el reclamo popular de la vulneración de sus derechos, le pone a sudar cuando hay elecciones, son la piedra en el zapato cuando la soberanía, que reside intransferiblemente en el pueblo, tiene que pronunciarse en las urnas de votación.

Si hay algún principio que ha perdido su vigencia con el actuar fáctico de este gobierno, es el de la supremacía constitucional, expresado en el Artículo 7. Resulta que la Carta Magna ahora no es la norma suprema, no es la ley de leyes, no es el soporte básico de todo el ordenamiento jurídico. 

A lo único que se somete este gobierno es a sus propios intereses, que no son otros sino los foráneos del intervencionismo cubano. Ni hablar del principio de separación de los poderes, según el cual cada uno los órganos del Poder Público tiene su función propia pero están llamados a colaborar entre sí.  Mucho menos hacer referencia al principio de legalidad, cuya fórmula  ordena que la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos del Poder Público y a ellas deben sujetarse sus actividades. No en vano la Presidenta saliente del TSJ, en una declaración que conmocionó a todo el estamento jurídico, sin tapujos afirmó que no podíamos seguir pensando en una división de poderes porque eso era un principio que debilitaba al Estado. Habrase visto tamaño desconocimiento de la Constitución, sólo explicable por la connivencia en la actuación delictiva y corrupta de los órganos del Estado.

Sucede que aquella oposición que veía con resquemor al texto fundamental, ante la reiterada y grosera vulneración que se hace de él, es quien ahora exige y reclama por el restablecimiento de su vigencia. Es una lucha férrea, pero con resultados infructuosos. Tal vez no se ha encontrado un mecanismo efectivo para encantar de nuevo a la sociedad en la defensa a capa y espada de la supremacía constitucional.  La Constitución, cuya observancia fue declarada obligatoria por la autoridad del Poder Constituyente, ahora su desobediencia es declarada por la autoridad inconstitucional e ilegítima de este gobierno.

isaacvil@yahoo.com

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