MERCEDES MONTERO, LA VERDADERA HISTORIA DEL CRIMEN COMETIDO POR EL M-19 EN COLOMBIA

Síntesis  del contenido del libro DESAPARECIDOS. Autor Coronel Alfonso Plazas Vega con Prólogo del ex. Ministro Fernando Londoño Hoyos.

Ante una situación como la que se vive actualmente en el Hemisferio Occidental, en el cual todos sus pueblos están sufriendo los embates del Castro comunismo es necesario que se conozca  la verdadera historia de lo sucedido durante la toma del Palacio de Justica  colombiano, por parte del M-19 (Movimiento guerrillero) en connivencia con la mafia de los narcos, con el objetivo  de doblegar a la democracia más antigua de Latinoamérica y convertirla en un narco estado.

El año 1.985 tiene un significado especial en la historia de Colombia, ya que se libraba una cruenta guerra entre el menguado ejército colombiano y el muy adinerado narcotráfico que para nada le temía al primero. A lo único que le temía era a su extradición a USA; razón por la cual apelaron a la contratación de un verdadero ejército de abogados, entre los cuales se encontraban ex magistrados de las Cortes de Justicia quienes con mentalidad mercenaria serían capaces de cualquier cosa, para combatir el tratado que había suscrito el gobierno colombiano con USA.

La vía judicial no le era favorable a las FARC, era del conocimiento público que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenía lista la ponencia para declarar válida la extradición de narcotraficantes, medida esta que contaba con respaldo unánime. Las amenazas continuas y crueles contra los jueces no habían surtido efecto. Los centenares de pliegos escritos por sus bien aceitados leguleyos, tampoco. El Tratado iba a aprobarse. A la mafia sólo le quedaba la aplicación de la violencia que sería desplegada mediante su unión con el M-19 grupo de origen comunista, cuyos miembros eran en buena parte militantes antiguos de las FARC.

Se darían dos golpes de Estado reunidos en una sola operación. Con  el primero, se asesinaría parte de la Corte y se conservaría el resto como rehén para conseguir la rendición del Gobierno y la promesa formal de que no habría extradición de colombianos. Con el segundo, el Presidente tendría que abandonar su Palacio para sentarse en una mesa de negociación abierta, nada menos que en el Palacio de Justicia, para resolver los problemas del país de acuerdo con lo expresado por el Comunismo, mezcla de Marx con discursos extravagantes sobre Justicia Social. Sobre esta base se selló la alianza para que la mafia pusiera las armas, dinero y cuanto resultara menester (su  capacidad económica, era tanta que podía ofrecer, como en efecto ocurrió, hacerse cargo de toda la deuda pública externa de la Nación, como contraprestación a los beneficios judiciales que esperaban). Las FARC pondrían el atrevimiento para desafiar con las armas y en semejantes condiciones a la más antigua y estable democracia de América Latina.

Los días 6 y 7 de noviembre de 1.985, ante la curiosa y nunca inexplicada  ausencia de la Policía de custodia,  los guerrilleros penetraron al Palacio de Justicia, previo el asesinato de sus casi inermes guardianes. Rápidamente se apoderaron de todas las instalaciones, hicieron trincheras de los sitios estratégicos, prendieron el fuego que les interesaba, asesinaron a sangre fría a unos cuantos magistrados y se dispusieron a esperar la llegada del Presidente de la República. En su lugar llegaron los soldados, que hicieron cara a los armamentos ultramodernos y a los sitios previamente definidos como los mejores por la turba asesina. Pero nada los arredró. Un puñado de héroes salvó la República y  liberó a centenares de inocentes que iban a ser masacrados, a costa de los mayores sacrificios y la vida de soldados y policías, que dejaría una inmensa cuota de dolor.

Todo terminó, muchas horas después. Cuando del Palacio en cenizas solo quedaron los últimos rescoldos, los colombianos que estuvieron a punto de perderlo todo, sintieron a salvo la libertad, la fe en el destino de Colombia y de su honor sin mancilla.  Por eso saludaron  el paso de las tropas y a su Comandante Alfonso Plazas Vega.

El número de muertos en este lamentable hecho fue de 94. Entre ellos hay 14 cuerpos sin identificar, que no corresponden ni a Magistrados, ni a guerrilleros, ni a miembros de la Fuerza Pública, ni a visitantes del palacio. Esos son los cadáveres de los desaparecidos, que no están desaparecidos sino sin identificar. Los jueces de 1986 a 1992 así lo manifestaron, y responsabilizaron de su muerte al M-19. Pero en el 2005 el Fiscal Mario Iguarán abrió una investigación de corte estalinista para condenar a los militares y exculpar a los guerrilleros del M-19, que ahora están en el poder (Petro es Alcalde de Bogotá, Navarro Wolf fue Ministro, Senador, Gobernador y ahora da clases de moral, Oti Patiño es columnista de El Tiempo, Vivian Morales fue Fiscal General de la Nación, Alirio Uribe preside el colectivo de abogados, José Alvear Restrepo que es el acusador contra Plazas Vega)

En 1985 los militares rescataron  260 personas con vida de las garras de los terroristas del M-19, ese logro en cualquier nación civilizada les hubiera permitido vivir llenos de reconocimiento por parte de la sociedad y protegidos con sus familias, sin embargo hoy están  privados de libertad y han tenido que sacar a sus hijos del país.

Entre 1985 cuando sucedieron los hechos del Palacio de justicia y 2005 hay 20 años, pero durante ese tiempo Plazas Vega fue  Jefe de Estado Mayor de una Brigada, Agregado Militar en España, Profesor en la Escuela Superior de Guerra, luego se retiró del Ejército porque el ministro Navarro Wolf (M-19) no lo dejó ascender a General, teniendo las más altas calificaciones de su promoción en todas las áreas. Ya en el retiro fue cinco años profesor universitario, Gerente de una empresa, Ministro Plenipotenciario en Sudáfrica, y finalmente nombrado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez como Director Nacional de Estupefacientes. Es decir su vida pública se proyectaba muy bien, en dos comentarios de prensa (ambos de un par de renglones en el diario El Tiempo), mencionaban su nombre como ministeriable. De hecho la DNE era un Ministerio sin cartera. Los terroristas de cuello blanco tenían el temor de que siguiera ocupando posiciones en las cuales pudiera hacerles daño político o judicial.

Su labor en Estupefacientes fue tan sólo de dos años y medio, entre 2002 y 2004. Sin embargo en ese lapso le quitó a los diferentes carteles de la droga la suma de mil millones de dólares en bienes, razón por la cual es odiado y lo tienen condenado a muerte.  Aun así dice que nunca ha sido objeto de atentado alguno contra su vida. Salvo su traslado a la fuerza del Hospital Militar a la cárcel de la Picota en el año 2009 donde apenas permaneció nueve días y, se negó a recibir medicinas ni comida del INPEC (guardia penitenciaria). La inteligencia militar afirma que el plan era envenenarlo. No lo consiguieron. Apenas salió de la DNE  inventaron el proceso de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El 29 de Enero de 2012 fue condenado en Segunda Instancia por dos magistrados que no conocían el proceso. Quien lo conoció, que fue el ponente, pidió su  absolución y la revocatoria de la sentencia de primera instancia. Como los otros dos no lo secundaron,  Hermens Lara Acuña hizo el salvamento de voto. Pero aun así fue condenado por  el señor de la cafetería Rodríguez Vera y, la guerrillera Irma Franco quien si está desaparecida, porque salió viva del Palacio de justicia y fue llevada al sitio donde la Inteligencia Militar identificaba a los rescatados y determinaba su destino. Ese lugar es un museo conocido como "la casa del Florero". Allí llegó viva. Plazas Vega no tenía ninguna responsabilidad sobre el manejo de inteligencia ni de las personas que allí llegaban. Su responsabilidad terminaba cuando entregaba a ese lugar los rescatados vivos. ¿Porque lo quieren hacer responsable también de la guerrillera?

Han pasado 26 años y Colombia está de nuevo amenazada por el mismo enemigo, pero ahora las armas son distintas, mucho más sofisticadas, más mortíferas, mejor calibradas. Aquellos que no pudieron dar un golpe de Estado, ahora lo intentan por otros caminos. Les basta el artificio de una justicia indigna; los testigos falsos e inexistentes;  la ingenuidad y la cobardía de una sociedad que no sabe defenderse; se agazapan detrás de una toga y un birrete para ametrallar  honor, sentimientos,

Valores  y aspiraciones.

Los muertos del Palacio de Justicia, que el Coronel Plazas Vega demuestra en su libro DESAPARECIDOS EL NEGOCIO DEL DOLOR, que están donde dice que están, quieren ser canjeados por sus herederos por un puñado de dólares concedidos por algún tribunal de justicia. Para lo que se requiere, claro está, que Plazas Vega sea condenado por un delito que nadie ha cometido. Los supuestos desaparecidos,  no desaparecieron. Fueron cruelmente sacrificados por los compañeros de guerrilla de uno de los demandantes, un tal René Guarín.

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