Es cierto que las negociaciones de paz entre
el estado colombiano y los grupos paramilitares no fueron perfectas, que hubo
impunidad, que un porcentaje superior al diez por ciento de los desmovilizados
han reincidido en la delincuencia. Pero, si de hacer memoria se trata, como lo
planteó María Elvira Samper (El Espectador 6/04/2013) sería saludable que la
hiciéramos a fondo, contemplando todas las aristas del problema y de la
coyuntura en que tuvieron lugar esas conversaciones en vez de citar
aisladamente lo que a ella conviene.
Veamos: en primer lugar, los diferentes
grupos de autodefensa se habían confederado y tomado la decisión de dejar las
armas y cesar sus acciones violentas. Sus jefes, como ahora los de las
guerrillas, pensaron que podían aspirar a hacer política, a obtener el perdón
total y a no ir a la cárcel. Esto último estuvo en la mesa de diálogo, unos
acuerdos iniciales fueron debatidos ampliamente por todos los sectores de
opinión. El Polo Democrático, por ejemplo, llegó a decir que esa era “una
negociación de yo con yo”, afirmación que recoge sin objeciones la columnista
Samper. Todos los poderes públicos participaron en la estructuración del estado
del arte finalmente consignado en la ley de Justicia y Paz. Las Cortes, el
Congreso, el gobierno Uribe y la Fuerza Pública hicieron valer sus opiniones.
Respecto de los hechos de violencia es
constatable una reducción considerable desde que se inició el diálogo. El
número de masacres año, uno de los delitos que más dolor causaba entre la gente
pobre del campo bajó de tres a un dígito hasta desaparecer aquellas que tenían
supuestas motivaciones políticas. La persecución y asesinato de líderes
políticos también disminuyó considerablemente. Las fuerzas de izquierda y los
líderes sociales pudieron adelantar su trabajo en condiciones más seguras. La
izquierda democrática en 2006, con Carlos Gaviria, alcanzó la votación y la
bancada más numerosa en su historia.
No creo que apelar a acciones aisladas de
saboteo de los compromisos sea un buen argumento para desdecir de ese proceso.
Los que estudian con seriedad esas experiencias saben que siempre hay un margen
de violaciones. Aclaremos que ahí no reside el embrollo y la duda con la
negociación que se realiza con las Farc en La Habana.
A pesar de que los jefes paramilitares
pretendieron salir a hacer política no les fue permitido y es lo que se debe
resaltar. De por medio estaba el honor y la dignidad de sus miles y miles de
víctimas. No entendería el pueblo colombiano que hoy se insista en otorgarles a
criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad elegibilidad o
altos cargos públicos.
Traer a cuento la experiencia de perdones
totales, amnistías e indultos, participación política y cuotas burocráticas que
tuvo lugar a comienzos de los noventa con el M-19, el EPL, un sector grande del
ELN y otras guerrillas y combos urbanos, carece de sentido por la sencilla
razón de que el contexto jurídico y el estado del derecho internacional
humanitario es bien diferente y ya no permite tales bondades a cambio de firmar
la paz.
En cuanto al espinoso tema del castigo penal,
uno de los que más ampolla levanta, es bueno anotar que lo que se está
sugiriendo hoy en día desde la ley Marco para la Paz (aprobada antes de, la de
Justicia y Paz fue aprobada al final) y en declaraciones de presidentes del
Congreso, el Fiscal General y magistrados es bien diferente de lo que se logró
en la negociación con los paramilitares. Las críticas al actual proceso no
apuntan a la aplicación de justicia plena, se entiende que habrá impunidad,
pero hay razones éticas y de contexto normativo que se deben respetar. Desde la
tensión ética es inaceptable que los altos jefes guerrilleros responsables de
graves crímenes resulten nombrados en altos cargos de elección popular bajo el
claudicante argumento de que “es mejor Timochenko en el Congreso que echando
bala”. Y, desde el punto de vista normativo, es preciso recordar que la
salvedad solicitada por Colombia a la Corte Penal Internacional para juzgar a
criminales de guerra en el país venció en noviembre de 2009. De ahí en
adelante, y con mayor razón aquellos delitos de lesa humanidad, hacen parte de
nuestro ordenamiento jurídico y no pueden ser omitidos en ninguna negociación.
La única opción que queda y que no es humillante es que en aras de la paz se
aplique a los responsables de graves delitos penas alternativas admitidas por
la justicia transicional. No olvidemos que los jefes paramilitares están aún en
las cárceles, unos en Colombia y los más peligrosos en USA.
Una diferencia final es que enSantafe
deRalito no se discutió ningún tema de la Agenda Nacional.
En conclusión, lo que muchos criticamos de este proceso no es que sea imperfecto o que se haya iniciado una negociación sino que se haya comenzado sin la voluntad expresa de dejación de armas y cese de acciones violentas por parte de las guerrillas. Se espera que haya algo de cárcel, que no se les dé elegibilidad política, que reconozcan a las víctimas, contribuyan a la verdad, reparen y pidan perdón. Lo mismo que se les aplicó a los grupos paramilitares y sin falta: dejación y entrega de armas.
No aporta nada al debate revivir viejas
querellas acerca de la percepción de blandura que muchos columnistas atribuyen
al expresidente Uribe con los paramilitares y dura con las guerrillas, que
utiliza María Elvira para escribir con el hígado en vez de con la razón que la
de Santafe de Ralito fue una negociación que “se hizo entre dos partes con los
mismos objetivos políticos” –los fundamentalistas islámicos buscan el cielo con
sus actos de terror, también buscan el cielo los pacíficos creyentes en Alá-
tener el mismo fin no los hace iguales. Lo dicho por Samper es una burda claudicación a una consigna
extremista que iguala el Estado con grupos criminales, y a quienes piensan que
las guerrillas tienen un mayor estatus ético y político que los
paramilitares de donde se desprende el
clamor por mayor indulgencia en La Habana.
CODA: Mientras el Fiscal General se deslengua
abogando por total impunidad para jefes guerrilleros, el exAlto Comisionado de
Paz, Luis Carlos Restrepo, que logró la desmovilización de miles de paramilitares,
tiene a sus espaldas una infame orden internacional de captura. Es una lástima
que gente que compartió responsabilidades con él guarden silencio. Con amigos
así…
Darío Acevedo Carmona, Medellín, 25 de abril
de 2013
rdaceved@gmail.com
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