En los 12 meses previos a la elección
presidencial de octubre del año pasado, el gasto fiscal en Venezuela aumentó
40% interanual en términos reales, según Francisco Monaldi, profesor visitante
en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, que estudia la
economía venezolana.
El gasto total en 2012 fue equivalente a un
asombroso 51% del Producto Interno Bruto y generó un déficit fiscal de 17% del
PIB, el mayor en la historia del país, señala Monaldi. Lo más preocupante es
que el incremento del gasto se realizó, en gran parte, a discreción del poder
ejecutivo.
Estos datos zanjan de una vez por todas
cualquier duda sobre la forma en que Hugo Chávez fue reelecto pese al deterioro
de los estándares de vida en el país. De cara a la elección, el mandatario
simplemente inundó la economía con clientelismo y otros favores para sus
partidarios, como lo había hecho en otros votos importantes en 2004 y 2006. Se
levante o no de su lecho de enfermo en La Habana y vuelva al poder, este pasado
podría ser un prólogo de lo que puede ocurrir durante muchos años.
El Estado venezolano obtuvo más US$60.000
millones en ingresos petroleros en 2011, haciendo del oro negro su principal
fuente de financiamiento para las estratagemas clientelistas de Chávez. Los
opositores del chavismo se han preparado desde hace mucho para el día en el que
los precios del crudo colapsen y las elecciones ya no se puedan comprar.
Mientras tanto, han tratado de presentarse —como lo hizo el candidato Henrique
Capriles el año pasado— como gestores más capacitados que los propios chavistas
para administrar el gran número de programas sociales del gobierno. Esto no los
conduce a ninguna parte y la caída de los precios del crudo aún podría tardar
en llegar.
Monaldi, junto a los economistas venezolanos
Pedro Rodríguez y José Morales, tiene una mejor idea. En un trabajo publicado
en septiembre por el Centro para el Desarrollo Global, proponen ofrecer a los
venezolanos un plan para reemplazar muchos de los subsidios y programas
sociales del gobierno financiados por los ingresos petroleros con "pagos
universales, transparentes y regulares" a los ciudadanos.
Los autores sostienen que este
"mecanismo de distribución directa" sería una forma más equitativa de
distribuir la riqueza proveniente de las vastas reservas petroleras del país y
mejoraría la situación de los venezolanos. Promocionar esta idea al electorado
tal vez sea una de las pocas cartas que le quedan a la oposición por jugar.
Cuesta negar que Venezuela sea actualmente
una dictadura. Pero las ideas aún importan, porque las dictaduras se caen
cuando las masas se vuelven en contra de ellas. Conforme la economía se
estanque este año, el gobierno podría tener que reconocer que Chávez no
regresará. Haya o no una nueva elección, como lo exige la Constitución, el
terreno será fértil para cultivar las semillas del cambio.
Los puristas prefieren acabar con el dominio
de la petrolera estatal y abrir el sector a una competencia plena. No obstante,
una solución de libre mercado para la decadencia de Venezuela probablemente no
ganará adeptos en un país donde la dependencia del Estado se ha vuelto una
forma de vida y donde la reputación del capitalismo se vio gravemente dañada
durante los años de favoritismo y corrupción previos a Chávez.
Una alternativa más persuasiva es el
mecanismo de distribución directa, que aseguraría que la población se beneficie
de la riqueza petrolera del país al tiempo que aborda lo que los autores llaman
los "efectos corrosivos" del crudo en manos del Estado.
Cuando el Estado utiliza los gravámenes
petroleros de un pequeño grupo de productores para financiar el gobierno, rompe
la conexión que los votantes normalmente hacen entre lo que pagan en impuestos
y lo que esperan recibir en servicios, lo que los autores llaman
"dividendos de gobierno positivo". Además, cuando el Estado puede
distribuir a discreción los frutos de la extracción petrolera sin obligación de
rendir cuentas, es probable que los use para recompensar a sus aliados
políticos.
Bajo este mecanismo, el pago directo de los
ingresos petroleros es posteriormente gravado. De esta forma, el costo de
financiar los programas del gobierno recae en los contribuyentes. Según los
autores, el costo de gestionar el Fondo de Desarrollo Nacional, o Fonden, y
"varios programas sociales", incluyendo lo que Chávez llama
"misiones", fue de casi US$125.000 millones entre 2003 y 2011, lo que
equivale a unos US$480 anuales por persona.
¿Es probable que los venezolanos acepten la
idea? Los autores dicen que sí, a pesar de que que el candidato opositor Manuel
Rosales haya presentado una variante de la propuesta en 2006. Realizaron una
serie de focus groups con familias de bajos ingresos y se encontraron con un
considerable respaldo para un sistema que deposite los pagos en la cuenta
bancaria personal de cada ciudadano, en lugar de la idea de Morales de emitir
una tarjeta de débito. Hubo incluso más apoyo para un sistema que otorgue vales
"que puedan ser usados en la institución preferida" para salud y
educación. En ambos casos, los sondeados respaldaron con firmeza la
"universalidad" de los pagos.
Los autores aluden a una reciente encuesta
que halló que "67,5% de los venezolanos no creen que se hayan beneficiado
de los ingresos petroleros del país durante el gobierno de Chávez". Eso
representa una oportunidad para la oposición, a menos que, por supuesto,
quieran preservar el sistema actual para sus propios propósitos y sólo cambiar
a los actores.
O'Grady@wsj.com
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