MARIO IVÁN CARRATÚ MOLINA, ESTADO COMO FUERZA?, ESTADO COMO PODER? Y ESTADO COMO AUTORIDAD?, EL TURBIÓN DEL 27 DE FEBRERO DE 1989, CARTA A LOS CIUDADANOS XXI

Rememoremos:

Corría el año 1989, recién se había inaugurado la segunda administración, como Presidente, de Carlos Andrés Pérez; el país, el sistema democrático y las instituciones venían soportando, de manera incesante, violentos ataques mediáticos que buscaban influir en el imaginario colectivo, la matriz de opinión que degradaba la democracia como sistema y al mismo tiempo creaba una delicada y creciente opinión en el colectivo que insinuaba el rompimiento violento de la paz social, no solo de las clases populares, también en sectores de la institución militar.

         El Presidente Carlos Andrés Pérez intentaba por su parte, junto a su Consejo de Ministros, echar las bases de su programa de gobierno, que reorientara el modelo económico, hasta ahora dependiente de la política petrolera, que facilitase la transición hacia estadios más diversificados y menos susceptibles al vaivén e incertidumbre de los precios del crudo y sus derivados a nivel universal.

Desde el primer momento esta nueva direccionalidad de la política económica tuvo virulentos rechazos de las elites sociopolíticas, de los partidos políticos, del empresariado, del sector financiero, económico y mediático de la Nación. La matriz que se generaba era amenazante, incluía además, desestabilización, violencia social y política, y por si fuera poco, traspasó los vetustos muros políticos de la institución militar. Para nadie es un secreto como se volatilizó este rechazo cuyo centro de gravedad desestabilizador fueron simultáneamente con punto focal en: la población y las Fuerzas Armadas.

Por cierto, las Fuerzas Armadas siempre fueron objeto de penetración ideológica, y Venezuela, siempre, desde 1959, fue penetrada por el Estado Cubano; la revolución guevarista que la Unión Soviética había establecido como parte de un osado plan, como objetivo en Suramérica, durante el conflicto este-oeste. 

         No solo era Carlos Andrés Pérez el objetivo político y con él la destrucción de la Democracia Venezolana, el pretexto fue el Modelo Económico y las reformas que este implementaría, de allí su nombre descalificador de “paquete neoliberal”. También se resentían por la pérdida de cuotas de poder, de los grandes negocios y otros beneficios directos, las cuotas de poder y la capacidad de influir en las grandes decisiones del gobierno recién inaugurado el 2 de febrero de 1989.

El ardid detonador fue el mediecito del incremento de la gasolina en una economía quebrada que solo tenía 300 millones de dólares en reserva y una cuantiosa obligación por pago de la deuda externa.

Se planificó, activó y ejecutó un macabro plan de insurgencia civil, el 27 de febrero es fijado como día H; el presidente Carlos Andrés Pérez se hallaba en Barquisimeto. Así pues estallan la violencia descentralizada en Caracas y algunas ciudades del interior. Luego de dos (2) días de violentas manifestaciones armadas, fueron reprimidas primero por la policía y luego por la Guardia Nacional, se da la orden, a pedido de la autoridad civil, para la activación del Plan Ávila, se trasladan efectivos del ejército desde el interior para tratar de controlar la poblada que estaba en la calle saqueando y generando mucha violencia, y de francotiradores apostados en las alturas de edificaciones atacando a los efectivos militares. Esto se hizo después de consultar muchas opiniones y decretar el estado de emergencia que dictaba la constitución de 1961.

         No se puede ocultar al referirnos a estos actos desestabilizadores y vandálicos que luego se sucedieron, fueron factor muy importante y determinante los grupos radicales. Entre ellos se evidenció la detención de activistas políticos, algunos miembros del actual gobierno y hasta en la oposición, quienes planificaron, activaron y ejecutaron los planes de saqueos a distintos comercios en Caracas. No solo fueron los Céntricos negocios, lo más grave es que no quedó una bodega en pie en el este de Caracas. Muchos de ellos personas de relieve en el actual proceso, lo importante es la verdad y no el maniqueísmo desatado para tergiversar lo sucedido.

         El objetivo y propósito político fue el de producir, como en efecto se logró,  una ola desestabilizadora desde los sectores populares del país, con ello, se buscaba igualmente, debilitar al gobierno, hacer impopular sus decisiones políticas y económicas, sin que estas hubiesen llegado a impactar al colectivo. Repito, el objetivo era producir un evento político, social y militar de proporciones inmanejables para precipitar la ingobernabilidad y acelerar la salida del Poder de Carlos Andrés Pérez, tal y como ocurrió en mayo de 1993.

         Las acciones iniciales fueron de extrema violencia civil y armada con el empleo de francotiradores, prácticamente imposible controlar por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, el recalentamiento inducido fue más fuerte en El  Valle, donde se disparaba desde las azoteas de los edificios y casas aledañas, con blanco referido a los policías, guardias nacionales y efectivos del Plan Ávila, igualmente sobre Fuerte Tiuna, Palacio de Miraflores, Avenida Sucre, San Martin, San Bernardino y Guarenas entre otros.

        Fue muy lamentable, y aun hoy lo sigue siendo, el balance de fallecidos, heridos y pérdidas materiales. Pero también lo es el efecto sembrado en el imaginario ciudadano caracterizado por el temor, desconfianza y credibilidad en las autoridades y funciones que conforman la estructura del Estado venezolano.

Surgen las preguntas, que nadie, hoy por hoy, desea responder:

¿Cómo racionalizar, a la luz de nuestra crítica e ilegítima realidad de gobierno, al concepto político del Estado como Fuerza, Estado como Poder y Estado como Autoridad?.

¿Cómo podía el Estado, defender a los ciudadanos, proteger sus propiedades y otros bienes, ante la violencia política, programada y ejecutada por factores radicales y que desde entonces nadie ha querido investigar y responsabilizar a los actores materiales?. Tal y como lo solicita  La Corte Internacional

¿Qué respuesta tendría el Gobierno actual, de precipitarse alguna forma de violencia civil como la ocurrida en 1989, y con cuál autoridad, fuerza y poder intervendría?

EL TURBIÓN DEL 27 DE FEBRERO DE 1989

Humberto Cuenca, eminente procesalista y fundador de la escuela de comunicación social de la UCV, recomendaba a sus alumnos acudir a las hemerotecas y no a las bibliotecas para entender y reconstruir los hechos del ayer, pues las notas de prensa carecían, publicadas en caliente, de improntas que desfiguran o tergiversan los sucesos acaecidos.

Para quienes solo conocen los relatos de oídas, cuesta mucho saber qué fue realmente lo que aconteció el 27 de Febrero de 1989, ¿Por qué se desató el mismo? y ¿Por qué las fuerzas armadas en cumplimiento de su deber constitucional debieron actuar con firmeza?...

Sobre estos tópicos siempre recibimos una información amañada, ideologizada y enmarcada dentro de un maniqueísmo donde en mayor proporción, y gracias a la propaganda marxista, los malos fueron los miembros de las Fuerzas Armadas y los buenos los saqueadores.

Es necesario dejar claro que el “Plan Ávila”, ordenado por el Presidente, “quien como Comandante en Jefe es garante institucional de la Paz social y Seguridad de todos los venezolanos, así como de sus bienes”, para su aplicación, a través de su órgano constitucional, es un instrumento para el uso organizado del poder militar en situaciones agravadas de conmoción nacional del orden público en la capital de la República y áreas aledañas.

Constituye una previsión para la distribución adecuada de recursos humanos, materiales y organizacionales, diseñado en forma centralizada y de ejecución descentralizada. Dentro del mismo, si bien es cierto que el Ministro de la Defensa es a la vez el Comandante de la Guarnición del Distrito Federal, por tratarse de ser el oficial más antiguo con mando, su participación como órgano de ejecución se materializa en las instrucciones para la puesta en ejecución del mencionado plan por parte de los responsables designados por los comandantes de Fuerza, en cada una de las áreas de operaciones.

Las bases para la actuación en el restablecimiento del orden público alterado es el Reglamento de Servicio en Guarnición, en cuyo texto se indican claramente las acciones progresivas que han de realizarse en cada circunstancia y siempre en base a la proporcionalidad.

No existiendo una orden escrita del Ministro de la Defensa para que las tropas hagan uso de las armas, y siendo reconocida la necesidad de la utilización de las Fuerzas Armadas  para controlar los desórdenes y restaurar la paz social alterada, y habiéndose procedido en consecuencia a poner en funcionamiento el instrumento idóneo para esa participación militar; debió la Fiscalía cumplir exhaustivamente su obligación de investigar las muertes en forma individual, identificando a los fallecidos, las circunstancias particulares de cada caso y quiénes fueron los presuntos responsables, y no limitarse a hacer conjeturas sin ningún basamento ni probanzas, atribuyendo dicha responsabilidad al Alto Mando (Ministro de la Defensa y Comandantes de Zona).

Decir que el Caracazo se centró en actos de saqueos y pillaje armado no es desacertado ni descabellado, y mucho menos ofensivo para nadie, dado que los hechos lo confirman. Así tenemos:

       ¿Cómo se puede olvidar la desaparición total del Centro Comercial Anauco en San Bernardino como consecuencia de los saqueos? ¿Puede catalogarse este acto vandálico y de pillaje como manifestación pacífica?

       Lo sucedido en el Centro Comercial el Márquez como consecuencia también de  los saqueos. El Ministerio Público debería haber conducido una averiguación de cuál fue el comportamiento de las tropas, preguntándole a los habitantes de los edificios colindantes a dicho centro cuáles eran sus temores y si aplaudieron y atendieron a los soldados, que fue la única manera de calmar su miedo por el temor de que fuesen asaltados también sus hogares.

       ¿Qué sucedió en Terrazas del Ávila? Sus habitantes, como las tropas no habían hecho acto de presencia por no estar el Plan Ávila implementado, constituyeron comités de defensa de su urbanización, y aquellos que tenían armas de fuego las usaron intercambiando disparos con los asediantes. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Es este un acto de manifestación pacífica o vandalismo?

       Recuerda el Honorable Ministerio Público cómo quedó la céntrica avenida Lecuna, como consecuencias de los saqueos. ¿Es este un acto de manifestación pacífica o vandalismo?

       Recuerda el Ministerio Público las célebres organizaciones actuantes de motorizados portando chalecos de color amarillo que tenían como misión con herramientas apropiadas romper las diferentes santa maría de los locales comerciales y detrás de ellos llegaban los saqueadores. ¿Es este un acto espontáneo y pacífico o vandálico y organizado?

       Lo sucedido en la avenida Andrés Bello con los almacenes de los empleados públicos que fueron totalmente saqueados y entre las pérdidas emblemáticas está la desaparición de diez mil (10.000) cajas de whisky. Cabe la misma pregunta ¿Es este un acto espontáneo y pacífico o vandálico y organizado?

       La destrucción del Centro Comercial La Florida en Chapellín donde se produjeron los mismos efectos. Y así tantos otros de los cuales el Ministerio Público debe tener conocimiento.

Finalmente, surgen preguntas ineludibles: ¿se ha determinado jurídica, forense y policialmente, qué factores políticos (nacionales o extranjeros) pudieran haber estado involucrados material e intelectualmente?, ¿Qué acciones de carácter disuasivo y de negociación pudieran haber sido efectivas ante la violencia y caos que sucedía de manera exponencial?

Por lo tanto si los hechos del 27 de febrero y días sucesivos hubieran revertido carácter político o de acoso al gobierno de la época, habrían sido atacadas instalaciones públicas y privadas, sede de partidos políticos, organizaciones económicas e industriales etc, etc.; pero ninguna de ellas resultaron afectadas por los manifestantes si se hubiese tratado de unos disturbios como en menor medida ocurrían en aquella época en la ciudad de Caracas, hubiera bastado la acción de las llamadas Fuerzas de Seguridad del Estado para subsanar el problema. Por ello resulta inconcebible que hoy en día se tergiversen los hechos y que la acción de Las Fuerzas Armadas, que salvó a la ciudad de Caracas de una barbarie incontrolada, sea motivo de acusación para los mandos que cumplieron entonces a plena cabalidad con su deber.

Es necesario plantearse: ¿Qué hubiera sucedido de dejar que los acontecimientos se acrecentaran ante la inacción de los Organismos de Seguridad del Estado? ¿El Ministerio Público se lo habrá planteado alguna vez de acuerdo a lo que prescribe una lógica elemental de los hechos y su análisis? De estos hechos que sumergieron a la ciudad de Caracas en el estado de caos más absoluto durante aquellos infaustos días que ya la historia registra como el “Caracazo”.

Para concluir quiero hacer referencia a un hecho histórico: En el 412, cuando Alarico saqueó con sus tropas la ciudad de Roma, San Agustín pronunció uno de los discursos más famosos de la historia y que tituló “SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD”. De “urbis excidio” sonaba en latín. Hubo pues un Alarico que pasó a la historia encabezando una de las acciones más bárbaras de que se tiene noticia para destruir a una ciudad. En el Caracazo no hubo un Alarico visible que encabezara la acción destructiva, hubo cientos de Alarico que con sus acciones, no sabemos, de no haber sido detenidos a tiempo, cuál hubiese sido el destino de los pobladores de Caracas.

ivanc45@gmail.com

@MICarratuEL 

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