MIGUEL A. MEGIAS, MI MUNICIPIO ES MI PAÍS (PARTE II)

Sinopis:

En la entrega anterior decíamos que el municipio es el centro de la actividad de un ciudadano y de ahí la frase “mi municipio es mi país”. Que en relación a países europeos, la extensión geográfica de los municipios en Venezuela (y en general en Latinoamérica) cubren un área mucho mayor. Y que un municipio con autarquía (política de un estado que intenta bastarse con sus propios recursos) es una condición importante para llevar adelante el concepto de Estado Federal, tal como lo propone el Artículo 4 de la Constitución.

La autarquía municipal sólo es posible mediante la oportuna recaudación de impuestos. Desde el principio de los tiempos, ese ha sido el método para obtener recursos que permitan realizar obras que los individuos por si solos no podrían realizar. Los municipios tienen la potencialidad de exigir varios tributos referidos a la propiedad, a la actividad económica, a los espectáculos, a la publicidad y a los automóviles. Con los recursos así obtenidos, el Alcalde (con su cuerpo de directores y gerentes) lleva a cabo las obras y mejoras en vialidad, iluminación, ornato, seguridad, etc. Desde luego, a mayor recaudación, más se devuelve al ciudadano en infraestructura y servicios. Esta relación impuestos/servicios no es percibida por la mayor parte de los ciudadanos para quienes pagar impuestos es una obligación que se lleva a cabo con poco entusiasmo y sólo cuando es estrictamente necesario. Nuestro ciudadano no está acostumbrado a tener en cuenta que a mayores impuestos y a mejor recaudación, mejor calidad de vida. Un sueco entiende perfectamente que al pagar impuestos tiene un mejor sistema de correos, de vialidad, de seguridad, de escuelas, de parques, de entretenimiento. No así un ciudadano venezolano (o latinoamericano, en general). Será preciso educar a nuestra población; y al mismo tiempo, darnos políticos y directivos honestos que manejen nuestros dineros con criterios de eficiencia y honradez. Es decir, es preciso rescatar la noción de “servidor público”, lo que no es fácil.

Veamos, por ejemplo, los renglones y montos que según la memoria y cuenta que presenta una alcaldía en mi municipio (Naguanagua), en 2011:

Descripción                                                         Monto en Bs

Impuesto sobre inmuebles urbanos            12.615.033,54

Impuestos sobre actividades económicas  61.365.183,84

Impuesto sobre propaganda y publicidad    5.168.676,16

Impuesto sobre espectáculos públicos          4.363.077,48

Impuestos sobre vehículos                                   777.832,41

Por ser este municipio la sede de varios centros comerciales de gran tamaño, podemos ver que la recaudación sobre actividades económicas fue cinco veces lo recaudado por impuestos sobre inmuebles y 100 veces lo recaudado por impuestos a vehículos.

Se sabe que la fiscalización y cobro de los impuestos sobre actividades económicas es bastante directo: o me pagas o te multo y/o te cierro (tal vez esto se presente en forma un poco más “suave”, pero en esencia es así). En cambio, no hay forma de cobrar el impuesto al inmueble (¿me pagas o te expropio, por ejemplo? Impensable…) excepto cuando se requiere una “solvencia” municipal bien sea para la venta o enajenación del terreno o construcción. Creemos que ese el motivo por el cual el monto percibido por impuesto inmobiliario está muy por debajo del impuesto a la actividad económica, pues es de difícil cobro. Además, como dijimos en el artículo anterior, la mayor parte de la población habita en casas construidas sobre terrenos ejidos y por tanto no tienen la titularidad de la propiedad. Son propietarios “no propietarios”. Sólo poseen “bienhechurías”, es decir, construcción sobre tierra ajena. ¿Cómo cobrar impuestos a un sector marginal que no es dueño de su propiedad? Imposible, no sólo por el hecho de que no son dueños sino porque en su marco cultural el “pago de impuestos” no forma parte de sus conceptos, especialmente gracias al asistencialismo que ha prevalecido durante buena parte de los últimos 80 años de gobiernos.

El tema de la propiedad en las zonas marginales debe debatirse y resolverse para que los ciudadanos, todos, tengan la propiedad plena de sus habitats. De paso, esto significaría un enriquecimiento inmediato de los ciudadanos en las zonas marginales (barrios), por cuanto les permitiría valorar e hipotecar sus casas para obtener recursos que pudieran destinar a mejorar sus viviendas o para otros fines (montar sus propios negocios, por ejemplo). El ahorro real, tanto de ricos como de pobres, es su casa. Pero a quienes con esfuerzo y mucho trabajo han construido sobre terrenos ejidos, se les ha negado su propiedad.

En cuanto al impuesto a vehículos, que se supone sirve para mejorar las vías, la señalización, etc., sólo se paga cuando se va a vender el vehículo: se puede circular indefinidamente sin tener que pagar un céntimo al municipio pues no hay mecanismos que obliguen al dueño a pager el impuesto. De vez en cuando se producen “operativos” donde la policía municipal detiene a los conductores y le exige el pago de los “trimestres” (el pago al municipio, en teoría, es trimestral). Por lo general, esto conduce a hechos de corrupción: se le paga al policía, éste se hace la vista gorda, y el municipio, al final del día, no percibe ni un céntimo. El cobro del impuesto al vehículo se convierte así en una especie de “corrupción autorizada” que le genera un sobresueldo al policía. Adicionalmente, como hay municipios que cobran menores cantidades que otros, cuando se requiere vender un vehículo, por ejemplo, se “registra el pago” en el municipio que más convenga, aunque no sea donde se habita. Y no hay ningún mecanismo que obligue a hacer el pago en el municipio por el sólo hecho de que los ciudadanos de un municipio no están registrados oficialmente en ninguna parte (el empadronamiento no existe, en Venezuela).

En vista de que es competencia de las autoridades municipales reforzar el cobro de los impuestos la autarquía estará más cerca el día en que se comience a discutir abiertamente el tema de los impuestos, su evasión y las consecuencias que ello trae. Lo que está sucediendo actualmente es que los ciudadanos que pagamos –que somos los menos- estamos financiando a los que no pagan –una inequidad que debe, de alguna manera, resolverse con el consenso de todos.

Ahora bien, el ciudadano siempre será reacio al pago de impuestos y tratará, al menos en nuestros países en Latinoamérica, de evadirlos, pues no hay conciencia de que el pago se refleje en mejores servicios o en otros beneficios.

Pero ese será el tema del próximo artículo.

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