OSWALDO PÁEZ-PUMAR, REFLEXIONES SOBRE EL 16 DE DICIEMBRE

         La desinformación por parte del gobierno es estratégica. No solamente la enfermedad presidencial es objeto de secreto, sino todo cuanto atañe a la conducción de la República.

         El poder legislativo opera con el otorgamiento poderes extraordinarios que la constitución prevé como recurso excepcional para situaciones de emergencia que la asamblea trastoca en una patente de corso para que el presidente legisle por sorpresa, teniendo por objetivo que el país se despierte todos los días con una novedad.

         El contenido de las leyes no importa, ni si se ajustan o no a la constitución y menos aún si se cumplen o no. Las innúmeras reformas que todas ellas han recibido y siguen recibiendo en cortos espacios de tiempo, imposibilitando su aplicación real y por supuesto imposibilitando su arraigo institucional son parte de la estrategia que tiene por objetivo la desinformación. El ciudadano no puede llegar a conocer que dice la ley y cuál  es la conducta que se espera de él. En buena medida ni los abogados logran estar al día y la consecuencia es que los ciudadanos están expuestos al capricho de los funcionarios. Es la dictadura de la “nueva clase”, la burocracia, los miembros del partido.

         A nivel del poder judicial la situación es más patética. Basta con reseñar, a nivel general, la revisión de la cosa juzgada. Comenzó con la sentencia que declaró la existencia de un vacío de poder que desagradó al presidente y hoy es la cotidianidad. A nivel personal, basta invocar el apellido de la juez Afiuni.

         Cuando se contempla la administración de los recursos del estado el secreto y la desinformación alcanza niveles aterradores. La mitad de los ingresos del país son una caja chica que ‘administra’ el jefe del estado sin control previo, ni a posteriori.

         El poder electoral es la quintaesencia de la desinformación y debe ser así, porque mientras se quiera mantener la apariencia de que vivimos en una democracia, ese poder es el modo más directo de sujeción del ciudadano al funcionario, como ya lo señalamos a propósito de la reforma de las leyes. En las elecciones que han tenido lugar después del triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998 y son muchísimas, no ha habido una sola que no cuente con una modificación o reforma de las reglas que regían en la precedente.

         Este constante cambio es el núcleo de la desinformación, es la negación del carácter responsable que la constitución le impone al gobierno y por lo tanto el quiebre de la democracia. No vivimos democracia, ni siquiera dictadura, es totalitarismo puro.

         Cuando alguien no sabe dónde está se paraliza y esa parálisis nos acompaña como oposición. Me pregunto y pregunto a todos los que están en esta situación ¿existe algún otro país donde los resultados anunciados por el llamado árbitro – no digo que no se hayan aceptado – pero se han deglutido como aquí ha ocurrido?

         La parálisis del no saber qué hacer, cómo y cuándo encuentra un camino fácil que conduce al extravío, es la búsqueda del culpable para saciar nuestra frustración. Allí están Carmona, Mendoza y Rosales en lo personal y en lo colectivo la abstención del 2005 que ahora se repite. La arremetida contra quienes se abstuvieron es insólita. Por no saber qué hacer para llamarlos a votar los culpamos del resultado. ¿Existe alguna razón que autorice a decir que si los opositores que se abstuvieron no lo hubieran hecho, en cambio los gobierneros si se habrían abstenido?

         Si logramos definir qué hacer podremos dar a los abstencionistas una razón más sólida. Confieso que yo tampoco sé cuál es, pero creo que pasa por destruir el estado de desinformación que causa nuestra parálisis y eso supone retar a las autoridades, en especial al CNE, para que cuando llamemos a votar, no sea en actitud dócil sino de reto y cuestionamiento al árbitro, al fin y al cabo los desinformadores del gobierno que esperan que acatemos sus amañados resultados denunciaron fraude electoral por 40 años de 1958 hasta 1998, se alzaron en armas desde 1960 hasta febrero y noviembre de 1992 y carecen de autoridad  para invocar la voluntad del pueblo expresada en comicios que solo son buenos si les son favorables. Cuando acometamos la batalla contra la desinformación que genera parálisis estaremos haciendo el mejor de los llamados a votar y a cobrar.

opaezpumar@menpa.com

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