EGILDO LUJÁN NAVA, POR UN “PLATO-VOTO”, FORMATO DEL FUTURO…

Recientemente, tuvimos la fortuna de escuchar una entrevista radial al Profesor Carlos Machado Allison, experto en agro-negocios y, sin duda alguna, uno de los académicos venezolanos de mayor prestigio por sus vastos conocimientos en la materia, como por su invalorable empeño en formular propuestas casi salvadoras de la producción agrícola y pecuaria del país.

Desde luego, como ha venido sucediendo durante los últimos años con las sugerencias y recomendaciones  que han hecho valores venezolanos como este Profesor del IESA, y muchos otros cuyos nombres jamás desaparecerán del mundo del conocimiento teórico y aplicado de lo que significa labrar la tierra en Venezuela y hacerla producir eficientemente, es muy probable que lo dicho en esa conversación pública por el señor Machado Allison, tampoco haya significado algo de mayor importancia para cualquier burócrata sectorial que lo haya podido escuchar.

Sin embargo -y de ello estamos plenamente convencidos- lo que ese funcionario de marras nunca podrá tirar al basurero, es haber escuchado de dicho investigador es el peso que tiene en el país la protección del llamado “Plato-Voto” para darle sentido y valor a lo que, pomposamente, denominan seguridad alimentaria desde las más conspicuas instancias oficialistas.

Tan importante es ese “instrumento” de altísimo valor político-electoral, que solamente en el 2012 se traducirá en el uso, aproximadamente,  de 7.000 (siete mil) millones de dólares para poder llenar los anaqueles de alimentos importados, por aquello de que, como también lo manifestara en otra entrevista periodística el flamante Ministro de la Alimentación, señor Carlos 0sorio, no importa de dónde venga, ni cuánto cueste: lo relevante, importante, valioso, útil, es que cada venezolano pueda acceder a los alimentos que necesita para satisfacer una necesidad.

Desde luego, bajo el concepto ministerial, su razonamiento es incuestionable. Por el contrario, es loable que así sea. Pero lo que no resulta totalmente digno de un respaldo en silencio –o a grito rabioso- es que el país se vea obligado a destinar semejante cantidad de fondos públicos –adicionalmente subsidiados- para adquirir alimentos en los mercados internacionales al precio que sea, cuando aquí los controles de precios y de cambio, la inoperancia de Agropatria, el selectivismo financiero público, la arremetida sistemática contra el derecho de propiedad, la iniciativa privada, y hasta los cambios climáticos con sus incidencias en la salud vial y el sistema de transporte, amén de las invasiones y las gubernamentales “recuperaciones” de terrenos productivos, prácticamente están convirtiendo al campo venezolano en un cementerio de esperanzas, de sueños y de ganas de producir.

¿Cuántos venezolanos quedan hoy en el campo y dispuestos a seguir produciendo, cuando para las autoridades responsables de impedir que así suceda, optan con mayor facilidad a autorizar una compra internacional de todos los alimentos “que sean necesarios”, antes que impedir el éxodo rural y convertir la producción de alimentos en una causa común entre el Gobierno y la empresa privada?.

Si el máximo objetivo de individualidades gubernamentales es ganar simpatías populares y electorales a partir de la oferta de un plato de alimentos, ¿por qué descartar la posibilidad de que ese mismo plato –y hasta con el mismo exquisito propósito- se garantice a partir de una masiva producción de alimentos sobre el suelo venezolano, procesado por  una agroindustria que garantice un bien final de calidad y sin tener que depender, por otra parte, de la “buena fe” de otro funcionario para que le permita producir el alimento sin el condicionamiento de la fijación de un precio por la fuerza, y no con base en la calificación objetiva y seriamente profesional del factor costo?.

Aquí no se trata de desestimar el rol que debe cumplir el Estado, para que cada venezolano, en efecto, como lo precisa la Constitución, ejerza su derecho a la alimentación. Tampoco de exigir privilegios para que los particulares en su rol de productores, procesadores, comercializadores y financistas, impongan, a su mejor saber y entender, lo que haya qué hacer para que los consumidores terminen convirtiéndose en los pagadores de asimetrías productivas y valores de transacción irracionales.

Pero sí de que, definitivamente, Venezuela, el petroestado de la arrogante capacidad de dispendios a mayor velocidad que su propia eficiencia para producir un kilogramo de arroz  o importar una necesaria TM de trigo, tiene que detener su carrera financista de los agricultores de “cualquier parte del mundo”. Sobre todo,  cuando los productores venezolanos, los mismos que también son calificados y cuantificados como artículos electorales a precio de oro puro, día a día, ven más lejana de ser alguna vez fuerza competitiva internacional, al apreciar el desfile de barcos cargados con comida que hacen “cola” para descargar en Puerto Cabello y el Puerto de La Guaira.

Desde luego, es muy probable que el reingreso del señor Juan Carlos Loyo a la titularidad del Ministerio de Agricultura y Tierras, pueda convertirse en la antítesis de lo que se promueve libremente desde las máximas posiciones de mando su colega  del Ministerio de la Alimentación, una vez que la suprema autoridad del Poder Ejecutivo ha amenazado con gobernar usando “puños de hierro”, para acabar con la ineficiencia ¿y la corrupción?. No obstante, queda una inmensa duda sobre la sinceridad amparadora de dicha garantía: ¿será después del 16 de diciembre?, ¿después de abril del 2013?. ¿0 será después de cuándo?.

Hasta que aparezca la respuesta, por lo pronto, hay que abundar en más reflexiones acerca de en qué más es aplicable la figura del “Plato-Voto”. ¿0 es que también es útil para todo lo demás, incluso para la obligación de no atrevernos a entrar con urgencia en el campo de la autocrítica, como una manera de no multiplicar la identidad de los beneficiarios?.

egildolujan@gmail.com

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