Ahora que millones de
electores tienen historias sobre ventajismos, atropellos, trampas y argucias de
todo tipo en las elecciones presidenciales -practicadas por el presidente, su
gobierno, el PSUV y algunos militares con la abierta complicidad del CNE-
resulta insólito que algunos dirigentes políticos y articulistas insistan en
disminuir y banalizar el tema, algunos con actitudes francamente ofensivas
hacia quienes exigen mayores controles sobre tales abusos y una conducta más
vigilante de parte de la MUD y los candidatos.
He sido de quienes
han polemizado con mayor franqueza con aquellos compatriotas opositores que
colocan la hipótesis de fraude en el centro de todo esfuerzo electoral. Durante
todos estos meses les exigí subordinar sus planteamientos a la tarea de buscar el
voto y evitar el escepticismo con el acto electoral, porque el mismo conduciría
a la abstención. Hoy -sin necesariamente retractarme de aquellas posiciones,
pero visto lo acontecido durante la “trampaña electoral” chavista y sobre todo
el día de las votaciones- he de reconocer una considerable porción de validez
en los llamamientos de varias organizaciones ciudadanas y voceros particulares
hacia la exigencia de mayor equidad, confiabilidad y transparencia en todos los
aspectos concernidos en el proceso electoral.
Hoy día el clamor por
tales exigencias rebasa con creces a esas organizaciones e individuos. Son
millones los venezolanos insatisfechos por la manera desigual y técnicamente
opaca como se desarrollaron tanto la campaña como las votaciones. Corresponde a
los dirigentes políticos dar respuesta a ese clamor, porque esta vez la culpa
de la tendencia abstencionista se ha colocado del lado de quienes ignoren su
deber de luchar con firmeza por unas condiciones electorales menos humillantes
y sesgadas de lo que hoy tenemos.
Nadie es aquí tan
ingenuo para esperar que en el contexto paradictatorial que nos envuelve
tendremos unas elecciones totalmente limpias, transparentes y democráticas.
Pero es indudable que una denuncia sustanciada de tales excesos y la exigencia
unida de mejores condiciones, formulada con determinación y en escala nacional
e internacional, lograría contener y limitar en alguna medida la hiperbólica
tramposería de la que estamos siendo víctimas los electores venezolanos de
todas las ubicaciones políticas.
No será fácil el
encuentro de una posición unida en torno a este vital asunto. La diversidad y
desigualdad de las hipótesis, énfasis y soluciones que se barajan en los
distintos grupos, especialistas y organizaciones partidistas –algunas
claramente descabelladas- dará lugar a un complejo debate para alcanzar un
pliego común de denuncias y exigencias concretas en la materia. Pero tal
dificultad no descalifica la urgencia de tal esfuerzo.
Sugiero a las
organizaciones civiles que se ocupan del tema electoral que inicien de
inmediato un camino de encuentro en ese sentido. Las exigencias mínimas que
acaba de publicar el Grupo la Colina, las investigaciones presentadas por
Esdata y las propuestas de Luis M. Aguana, entre otras, junto al acopio de
miles de denuncias y testimonios de electores comunes, son un punto de partida
idóneo para tal propósito.
Resulta criminal que
estas legítimas preocupaciones reciban el tratamiento arrogante y socarrón que
algunos insisten en prodigarle por estos días.
@TUrgelles
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