OVIDIO PÉREZ MORALES. REUNION EPISCOPADO-GOBIERNO

La reciente reunión entre los directivos de la Conferencia Episcopal Venezolana y una representación gubernamental del más alto nivel, suscitó no pocos comentarios y unos cuantos rumores. Resultó también extraña, dada la ruptura de puentes  producida por el sector oficial  hace casi diez años.

Por el gobierno estuvieron presentes en la reunión el Vicepresidente Elías Jaua, el canciller Nicolás Maduro, el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el periodista José Vicente Rangel.
Por la CEV estuvieron presentes monseñor Diego Padrón (Presidente de la CEV) y los monseñores José Luis Azuaje, Jesús González de Zárate y Mario Moronta.(Globovisión)

 En la agenda normal de las asambleas ordinarias del Episcopado se contempla, desde décadas, un tiempo para la visita de un alto funcionario del Gobierno (antes era el Ministro de Justicia y Cultos), con el fin de intercambiar sobre asuntos de interés común. A partir de 1999 ese espacio comenzó a estar vacío, hasta que la intercomunicación se rompió por completo. A esto se añade que peticiones también escritas para una audiencia presidencial no recibieron respuesta. Con la reunión de Mayo se ha restablecido una comunicación, que esperamos, continúe. El país no gana nada con ruptura de puentes. Los miembros de la Iglesia son simultáneamente ciudadanos del Estado venezolano y postulan que sus representantes se entiendan, al menos, en cuestiones fundamentales-límite. Para no decir que desean una regular colaboración mutua en cuestiones beneficiosas para todos.

Algún periodista ha dicho que dicha reunión habría constituido un apaciguamiento de la Iglesia, impuesto por Roma y debido a motivos  financieros. Esta afirmación, aparte de ser totalmente falsa, revela un tratamiento light y completamente desinformado de la cuestión. Estimo que la Iglesia,  y concretamente, los obispos, necesitan críticas serias, con fundamento, las cuales pueden también conducir, en casos, a cambios que mejoren actitudes o comportamientos de los pastores. En efecto, la Iglesia, que peregrina en y con la historia, no puede considerarse ni autosuficiente ni  como comunidad perfecta. Pero no ayudan a su mejoramiento y conversión infundios como los mencionados. De paso no estaría de más agregar, a propósito de  este tipo de reuniones, que, a menos darse una grave justificada razón en contrario, conviene o se necesita una información autorizada , veraz y oportuna, a la opinión pública, sobre las mismas, pues no hay nada más contraproducente que el “secretismo” en tales casos.

Intercambiar, dialogar, no significa  ni “apaciguar”, ni “apaciguarse”; tampoco, renunciar a las propias identidades y convicciones. Implica sí entrar en comunicación para iniciar o mejorar el mutuo conocimiento, entenderse en puntos que puedan disminuir tensiones y lograr acuerdos: progresar en verdad y bondad. El bien común ha de ser horizonte hacia el cual se encaminen los encuentros. El diálogo supone pluralidad y polifonía. Cerrarse a la comunicación sería renunciar a la condición más propia de un ser, como el humano, que se define como ser para la comunicación y la comunión. Al fin y al cabo –creemos los cristianos- Dios, primer principio y fin supremo de todo, es Amor (ver 1Jn4, 8), comunicación, comunión. Para la Iglesia el diálogo es, desde tiempos del Vaticano II, algo no sólo bueno sino obligante e irreversible. Lo explicitó Juan Pablo II a propósito del Ecumenismo y en máxima apertura interreligiosa  e interhumana.      

Con respecto a un encuentro Episcopado-Gobierno en Venezuela, realista, fundado en la verdad y tendiente al logro de acuerdos  beneficiosos para el país, no sobra recordar la línea del proyecto político-ideológico oficial, a saber, socialista de corte marxista, como se autoidentifica el “Socialismo Siglo XXI”. Con ocasión de la propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum en 2007 sobre la implantación de un “Estado Socialista” en Venezuela, el Episcopado tomó una posición firme y clara. La expresó en la exhortación Llamados a vivir en libertad. Allí, como conclusión, leemos lo siguiente:

-la proposición de un “Estado Socialista” es contraria a principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado.

-la propuesta de Reforma excluye a sectores políticos y sociales del país, que no estén de acuerdo con el Estado Socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos.

-por cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

Esa fue y es la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana. El verbo lo uso aquí también en indicativo, por cuanto lo que se propuso entonces y fue rechazado, se ha venido de facto implementando; más aún, para la próxima jornada electoral del 7 de Octubre se plantea como propósito, de parte oficial,  la profundización de su socialismo.

Recuerdo esta posición del Episcopado para subrayar, precisamente por las hondas diferencias existentes y ante eventuales situaciones críticas que se puedan presentar en relación al 7-0,  la conveniencia y necesidad de reuniones como la que es materia de estas líneas. Y también para salir al paso de consejas periodísticas sobre crematísticos apaciguamientos.

Estoy seguro de que la gran mayoría de los venezolanos espera la continuación de la reunión de Mayo en otras y con otros (sectores políticos y sociales en general).  Resulta plausible, en este sentido, que al día siguiente de reunirse con el gobierno, el Episcopado hizo lo mismo con el candidato presidencial de la oposición. 

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