domingo, 10 de junio de 2012

SUSANA MORFFE, EL QUE LA HACE LA PAGA (ENTRE CIELO Y TIERRA)

En el país de lo insólito y el disparate, como  Venezuela, se tejen situaciones tan inesperadas que si nos tocara escoger entre defender el criterio de los funcionarios del gobierno y callar para que el silencio otorgue  valor a las decisiones en la conducción del país, creo que estaríamos entrando en locura colectiva.

Es costumbre amanecer en el país con decretos, leyes y disposiciones tan tomadas por los cabellos que ya no sorprende el rumbo hacia donde se dirigen las políticas públicas o los derechos ciudadanos, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tamaño nombre para tan poco respeto que se tiene del contenido de nuestra Carta Magna.

Los presos de las 33 cárceles que existen en Venezuela, son el dolor de cabeza del gobierno y no se vislumbra en el camino una solución transparente y justa, para resolver el intrincado  modo de vida de los reos que pagan sus errores en un submundo que toma control para la vida y libertad de la sociedad. Si lo que se busca es redimir a los venezolanos que están esperando justicia, entonces no se deben tomar decisiones tan absurdas como borrar los antecedentes penales a ex convictos para que puedan tener acceso a un trabajo. Suponemos que el mayor empleador del país, en este caso el gobierno, estará dispuesto a incorporar a la nómina de los ministerios a los que han pasado sus largas “vacaciones” tras las rejas. Eso no se entendería.

Y aún más, suponemos que Walid Makled tendría una “hoja limpia” en el menor tiempo posible, para que pueda vivir sin cargos de conciencia por los delitos que ha cometido o para que no se sienta acorralado. Nos preguntamos entonces: ¿Qué pasará con los documentos que certifican que los comisarios presos cometieron alguna actuación fuera de la ley? ¿Y la marca que tienen los corruptos? ¿A dónde va a parar todo esto?

Si es así la decisión de borrón y cuenta nueva, de la misma manera deben borrar la raya que tienen los ciudadanos que por problemas de escasez de dinero, bien por desempleo o porque  el país se montó en una inflación que no permite avanzar, han sido incorporados a la lista negra del llamado Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) considerado violatorio de la constitución, ya que no permite que las personas puedan obtener un crédito o una tarjeta de crédito para obtener divisas.

Se entiende que los funcionarios de altos cargos para medio arreglar algunas cosas, no tienen ningún reparo en cometer disparates con sus consabidas consecuencias; pero hay algo que es cierto, más tarde que temprano el que la hace la paga.

              
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