PACIANO JOSÉ PADRÓN VALLADARES, CRECE EL ESTADO FORAJIDO

         Es evidente que lo que viene es candela, a partir de lo que significa el anunciado retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, si no hacemos lo que corresponde el 7 de octubre y en estos meses precedentes. Por supuesto que el retiro no es para que el Estado venezolano defienda más y mejor nuestros Derechos; pretende evadir controles y sanciones del organismo continental, por los crímenes confesados por el Coronel Magistrado Aponte. El Presidente Chávez quiere quitarse ese escaparate del hombro, obviando que los organismos internacionales seguirán su tarea. El anuncio de reitera que el Estado forajido intenta aplastar más al ciudadano libre. Detenerlo es el desafío.

         Chávez dixit: “La CIDH contribuye al sometimiento de los pueblos de América”, y la acusa de obedecer a los Estados Unidos. Es la justificación, la mentira para convencer incautos. Él alega que la Comisión Interamericana la tiene cogida con su gobierno. Aquí van cifras que lo desmienten: el año pasado, 2011, la CIDH recibió de todo el Continente 1.658 denuncias de violaciones de Derechos Humanos, de las cuales apenas 40 fueron contra el gobierno de Venezuela, y 99 contra el de EE.UU, mucho más del doble.  Venezuela está como décimo país entre los que más denuncias tienen en el Continente, siendo los primeros Colombia, México y Perú. Pero hay más, de las 40 denuncias contra el régimen de Chávez, solo se admitieron formalmente 5, es decir, el 12,5 %. Luego, evidentemente Chávez miente.

         El Presidente teme a la reiteración de las reprimendas de la CIDH que, ya en 2009 habría determinado que “La falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político, constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”, lo cual es confirmado por las confesiones del Coronel Magistrado Aponte.  También la CIDH precisó en 2010 que “en Venezuela se utiliza el poder punitivo del Estado para criminalizar y perseguir penalmente a los disidentes”.  Tal vez se recuerde que en 2010 Chávez amenazó con nuestro retiro de la CDIH, una vez que esta develó intolerancia del régimen y violaciones en detrimento de sindicalistas, mujeres, campesinos y periodistas.

Don Rómulo Gallegos, uno de los grandes de Venezuela, fue para orgullo nuestro el primer Presidente de la CIDH, instancia de garantía de los derechos fundamentales creada en 1959, a la cual tenemos derecho constitucional de asistir:  “Toda persona tiene derecho… a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus Derechos Humanos”, (Art. 31). Ahora más que nunca necesitamos esa instancia, junto a la de Naciones Unidas y varias otras, porque las contundentes confesiones del Coronel Aponte confirman que en este país hoy no hay justicia.

La CIDH ha conocido brutalidades del Estado venezolano en regímenes anteriores, como las masacres del Amparo, el Caracazo, el Retén de Catia o desapariciones forzadas en distintos gobiernos. La Comisión  Interamericana existe para que no se silencien monstruosas revelaciones como las del Coronel Magistrado Aponte. Ya voceros de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el propio TSJ han dicho que no investigarán sus delaciones porque “no vale la pena”, limitándose a descalificar al ya descalificado denunciante.

El Presidente echa agua al candelero que encendió Aponte. El 7 de octubre es día de encuentro con un camino de esperanza, que estará en nuestras manos entonces. Hoy estamos obligados a labrar el triunfo de octubre y a enfrentar el crecimiento del Estado forajido. Ya basta.

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