Uno de los retos más difíciles e importantes que tendremos en el futuro
–cercano si Dios quiere- en la persecución de la instauración de un Estado
Ideal, tiene que estar apuntalado en la planeación, promoción y desarrollo de
las diferentes regiones del país, dentro de un marco Federal eficiente y
eficaz.
Para ello debemos de reformular la distribución del poder y el verdadero
pivote que lo hace posible es la participación VERDADERA de la sociedad civil
en su conjunto, en un nuevo Contrato Social que involucre en igualdad de
condiciones a gobernantes y gobernados, quienes deberemos asumir las
responsabilidades que nos correspondan y en el tiempo que así mismo
corresponda.
El Estado social tal como lo conocemos, debe ser redimensionado y
dispuesto a la sociedad para que genere múltiples iniciativas de los actores
que en el se involucren. Actuando por supuesto dentro de compromisos y normas
que estén regidos por principios éticos muy diferentes a los de estos últimos
14 años.
Dentro de nuestra constitución, al menos en teoría, están plasmados los
fundamentos de un Estado Federal Descentralizado que lamentable e
intencionalmente devino en un modelo autoritario, que a pesar del inmenso
caudal de dinero que le ha ingresado, criminalmente nos ha conducido a una
pobreza estructural cada vez mas profunda que en términos absolutos es mayor a
la que teníamos antes de 1998 ya que la verdadera riqueza de un país no se mide
en función de sus ingresos sino por la suma de los bienes y servicios
producidos con verdadero valor agregado, vía transformación que entre otras
cosas incluya generación y/o transferencia de tecnología
Nuestra verdadera pobreza ha sido solapada (Adj. [Persona] que oculta
maliciosa y cautelosamente sus planes y pensamientos) por múltiples misiones
dadiva que de ninguna manera, dado su carácter improductivo, pueden ser
asimiladas al concepto de desarrollo. Que no es lo mismo que crecimiento como
la ofensiva mediática quiere hacernos creer.
No hay duda de que los resultados a largo plazo del nuevo pacto social
depende del nivel de compromiso de los liderazgos nacionales y regionales;
tanto públicos como privados y sobre todo del nivel de compromiso de nosotros
como sociedad civil en su conjunto.
Al estado le concierne básicamente el orden publico, la administración de
los asuntos colectivos, el mantenimiento de la administración de justicia, la
promoción del bienestar de la población, la planificación de los proyectos de
desarrollo que por economía de escala no pueden ser desarrollados por el sector
privado; ello incluye vialidades rurales, salud, educación eficaz y eficiente,
en leal competencia con la privada, infraestructura, seguridad, vivienda. En
resumidas cuentas, el Estado debe ser rector y no intervencionista, promotor y
no constructor, repartidor de las riquezas de la nación en forma de proyectos
productivos que generen un verdadero desarrollo que al final se evidencie en el
bienestar, no solamente económico, de TODOS sus ciudadanos.
Estos son los preceptos a los que debemos ceñirnos para la construcción
de una nueva y moderna sociedad Estado. Una Democracia verdaderamente
participativa que promueva la distribución vertical del poder basado en una
descentralización real, operativa, efectiva y eficiente desde el poder central
hacia las regiones.
Nuestro nuevo contrato social debe surgir del deseo y la participación de
TODOS a través de una nueva y plural Asamblea Nacional Constituyente en la que
estén representados los verdaderos liderazgos nacionales y regionales,
independientemente del color político que tengan, que deberá estar acorde con
las exigencias del siglo XXI y sobre todo deberá estar acorde con las
necesidades de tos aquellos que vivimos en esta hermosa tierra de gracia.
rlander48@yahoo.com
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