El
estado democrático o constitucional, a diferencia del tipo totalitario, se
caracteriza porque el ejercicio del poder es controlado y limitado por la
sociedad, de manera directa o, principalmente, a través de los órganos del
propio estado. Si ello no fuese así, los
gobernantes abusarían del poder pues, como decía Montesquieu, “todo hombre que
tiene poder tiende a abusar de el” por
eso, la carta democrática interamericana contiene, como principio, la separación
e independencia de los poderes públicos. En efecto, si no hay control del
poder, no se puede concebir que haya elecciones limpias, representatividad, alternativilidad,
pluralismo, transparencia administrativa, participación real y ejercicio
respetado de los derechos humanos.
En el
pasado, los gobernantes con vocación totalitaria, y a falta de organismos de
control como los antes señalados, disponían del poder con toda libertad y sometían
a sus poblaciones a toda clase de abusos y atropellos. En el reciente siglo xx,
el mundo todo vivió --y en buena parte soportó-- atropellos sin límites contra la vida y la
dignidad humana que, sin ser los únicos, ejemplarizaron los totalitarismos soviético
y nazi. Las décadas terminales del siglo xx y las iniciales del xxi, muestran
fuertes tendencias hacia el rechazo de tan bárbaras expresiones de gobierno,
pese a las muchas que aun subsisten.
Muy
lamentablemente, nuestro país, por causas y hechos que conocemos, es una
muestra del “nuevo modelo”, o podemos decir, de nuevos ensayos totalitarios en
el mundo. Ese modelo reciente consiste, fundamentalmente, en que los regímenes
de ese tipo se “disfrazan” de democráticos para ejercer, mas disimuladamente,
atropellos idénticos a los que realizó el totalitarismo, diríamos, clásico.
Es acá
donde --entre otras-- se pueden insertar las concepciones llamadas
comunales que, como siempre, se quieren presentar como populares, pero, en su
realidad y práctica, son nuevos mecanismos para, con otros, evadir controles
constitucionales del ejercicio del poder y ejercer controlada centralización
absoluta del mismo. El veneno que se usa
para “vender” la idea, es la de ir hacia una democracia participativa, que es
presentada como alternativa progresista ante la tan desacreditada, por los
mismos comunistas y como si fuese opuesta y negativa: la democracia
representativa.
La
pretendida y, en la practica, lograda eliminación de la descentralización en Venezuela,
conduce, como se constata, a que los ciudadanos no puedan participar en la toma
de decisiones políticas que les afectan directa y personalmente, precisamente,
porque no están cerca de los centros de poder sino muy lejos. Cuando el poder es descentralizado y las
autoridades locales tienen autonomía política, el ciudadano puede acercarse a éstas
en función de sus reales necesidades o maneras de pensar. Así sí se ejerce, democráticamente, el
control ciudadano del poder político, pero la centralización anula la participación
la cual, únicamente, sólo a nivel local
es realizable.
Tenemos
que, en verdad, los consejos comunales presentados como columnas vertebrales de la participación
política, carecen de verdadera autonomía política pues, en la práctica, son
dirigidos desde el poder centralizado.
En nuestra Venezuela actual no existe la tan cacareada “democracia participativa y protagónica.” Esta
apenas existe agónica.
En
efecto, los consejos comunales no son instrumentos de participación, pues sus
miembros no son elegidos en elecciones populares universales, secretas y
directas, sino mediante irregulares “asambleas de ciudadanos”, la mayoría de
las cuales están bajo control de mecanismos paralelos del psuv, con sus listas y finanzas.
La
finalidad real de los consejos comunales no es otra sino la de acabar, en
niveles populares, con la democracia auténtica, pues el fin es el sustituirla
por el modelo referendario de cabildos abiertos que son controlados por al así
llamado “poder popular.” Con este mecanismo, el gobierno totalitario puede, a
la cubana, controlar el ejercicio del poder en todas las instancias
centralizadas del país.
En
realidad, como los expresó Brewer-Carias en su trabajo titulado “el inicio de
la desmunicipalizaciòn en Venezuela”, el llamado “poder popular”, conformado
por organizaciones como los consejos comunales, sólo sirve para eliminar la descentralización,
la democracia representativa y la participación a nivel local,[1] lo que
resulta, para el gobierno totalitario, un hacer muy principal, pues los
integrantes de los concejos municipales, los alcaldes y los miembros de las
juntas municipales son, constitucionalmente, elegidos por votación popular,
universal, directa y secreta, pero no así los de los consejos comunales.
Debemos
recordar que Chávez ha expresado que su objetivo es “ir marchando hacia la conformación
de un estado comunal” y que, al viejo burgués, ha dicho que es necesario “irlo
desmontando progresivamente mientras vamos levantando al estado comunal, al
estado socialista, al estado bolivariano,” y que el objetivo es “transitar
hacia el camino de una ‘ciudad comunal’ donde no se necesiten alcaldías ni
juntas municipales, sino sólo el poder comunal,”[2] dependiente del poder
central y del partido único.
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