lunes, 9 de abril de 2012

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ / ECONOMÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO (SEXTA PARTE)

En la Venezuela de hoy, observamos un Estado rico con una estructura económica disminuida y altamente obsoleta; realidad que induce un crecimiento económico con débil generación de empleo de calidad, digno, productivo y bien remunerado; con evidente efecto sobre las posibilidades de alcanzar el progreso social, ubicándonos en una situación de crecimiento sin desarrollo.
Ante tal escenario, cabe preguntarnos: ¿Para cual Venezuela educamos?;  ¿Qué tipo de demandas formula el sistema económico al sistema educativo?;  ¿Se han disminuido las desigualdades sociales generadoras de pobreza?; ¿Se han instrumentado políticas activas de empleo?; ¿Se han definido las competencias aspiradas de un trabajador y de un empresario?
Se acepta, como en efecto es, que el crecimiento económico implica por sí mismo un aumento en la actividad del aparato productivo, y por ende, una mejora en el nivel de empleo, a la par de disminuir la pobreza coyuntural. En lo específico de la pobreza, vale resaltar que ella presentará permanentemente una circularidad en su comportamiento, a menos que las personas puedan potenciar sus capacidades para mejorar su desempeño en una  equilibrada relación entre el capital y el trabajo, teniendo al sistema educativo como su eje transversal; lo cual equivale a sostener que se  ha de brindar al ciudadano un acceso universal al conocimiento a la luz de una educación de calidad que le aumente su potencialidad para enfrentar el dilema de la movilidad social, teniendo al empleo digno como su aliado estratégico.
En tal sentido, la economía tanto en su enfoque macroeconómico como microeconómico, debe colocarse al servicio de los seres humanos y sus necesidades, hasta procurar su bienestar en el tránsito hacia satisfacer sus esperanzas. Por otro lado, y en el marco de una política educativa moderna y flexible, se deben promover innovadoras modalidades para la capacitación tanto del trabajador como del empresario, en aras de facilitarles la adaptación a los cambios en materia económica y tecnológica; y muy especialmente facilitarles el acceso a las Nuevas Tecnologías, en procura de ayudarlos a convertir en conocimiento el caudal de información que circula en el mundo de la virtualidad.
Las políticas económicas, teniendo al pleno empleo como base del desarrollo, han de formularse en un contexto social, político y jurídico que facilite su ejecución, y se reviertan en una más justa distribución de los resultados positivos del crecimiento económico. Para ello, se hace necesaria la existencia de una integración y apoyo mutuo entre las políticas económicas y educativas, en un escenario de diálogo permanente con la sociedad a los efectos de formular dichas políticas, las cuales deben tener como referencia obligatoria el Plan de Desarrollo Nacional, y contener orientaciones fundamentales en materia de formación de recursos humanos, con la persona como eje central.
De igual modo, y siendo la educación la herramienta fundamental para la generación del empleo pleno y productivo, ha de establecerse un vínculo indisoluble entre las políticas educativas y el mercado laboral, que incluya la obligante transición entre el aprendizaje y el trabajo; apoyando para tal fin un fortalecimiento del sector educación en  uno de sus roles básicos como es el de facilitador del aprendizaje de conocimientos, habilidades y destrezas; aunado a programas de aprendizaje permanente, de capacitación profesional y de readiestramiento que permitan, por una parte, mejorar la productividad del trabajo, y en consecuencia la elevación de la remuneración de la fuerza de trabajo, y por  la otra,  el fomento del emprendimiento y del empleo independiente con el concurso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs); donde la agrupación de empresas y su correspondiente especialización en determinadas actividades productivas, bajo la figura de los denominados clúster pueden y deben jugar un papel de trascendencia.
En relación al tema de las competencias necesarias para un buen desempeño laboral u ocupacional, debe abordarse el análisis e instrumentación de enfoques que faciliten conocer tanto las que posee el individuo, como identificar las que se requieren para el ejercicio de una determinada ocupación, facilitando de tal forma la participación activa del sector educativo en aras de equilibrar ambos aspectos. Es claro, que el análisis e identificación de competencias estará influenciado por el paradigma teórico del cual se parta, dentro de los cuales, y apoyándonos en distintos autores, podemos mencionar: conductista, funcionalista y constructivista.
El paradigma conductista, persigue la localización y descripción de aquellos atributos causalmente relacionados con un desempeño eficiente de las personas en sus puestos de trabajo.  De tal forma, las competencias se refieren muy especialmente a: rasgos de personalidad, habilidades, actitudes, valores y conocimientos.
El paradigma funcionalista, se basa en la identificación de criterios directamente relacionados con resultados concretos, a fin de adaptar los sistemas de formación y capacitación profesional a las necesidades del mercado laboral; razón por la cual las empresas son entendidas como sistemas sociales abiertos en constante interacción con su entorno, habida cuenta que su funcionamiento depende de sus relaciones con el mercado y otras instituciones.
El paradigma constructivista, tiene como objetivo la definición de normas de tipo contextual que eviten las disfunciones que puedan surgir en las organizaciones en lo atinente a  la formación y el empleo; lo cual puede conducir a la modificación o generación de competencias. Este enfoque, convertido en una política de gestión por competencias, implica superar los límites del aprendizaje tradicional, ofreciendo a las personas un sistema de formación con prácticas en alternancia en el que participan de forma activa e interrelacionada, tanto las instituciones y agentes educativos, como las organizaciones del entorno laboral.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), en distintas Cumbres de las Américas ha abordado reiteradamente el tema del Desarrollo Económico Sostenible, y es así que en la Declaración de Nuevo León, 2004, se señaló que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de políticas racionales, buen gobierno y un eficiente estado de derecho; en el entendido que el crecimiento económico sostenido, con equidad e inclusión social, es una condición indispensable para crear empleo, enfrentar la pobreza y superar la desigualdad (Declaración de Mar del Plata,2005); sin embargo reconocen que el crecimiento económico es una condición básica e indispensable pero no suficiente, para enfrentar las elevadas tasas de desocupación, pobreza y expansión de la economía informal.   Muchos países han pasado por períodos de crecimiento económico que no se ha traducido en tasas de empleo equivalentes, acentuando los problemas existentes de alta concentración de ingresos, pobreza e indigencia; razón por la cual  el desafío consiste en sostener tasas más altas de crecimiento con equidad e inclusión social, que generen mayores oportunidades, inversión y desarrollo social.
En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido, de largo plazo y equitativo que cree trabajo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población, se hace necesario instrumentar políticas macroeconómicas sólidas encaminadas a mantener índices altos de crecimiento, pleno empleo, políticas monetarias y fiscales prudentes, regímenes de tasas de cambio apropiadas, todo ello complementado por una gestión prudente de la deuda pública, la diversificación de la economía y el mejoramiento de la competitividad.
En un todo de acuerdo con lo antes expuesto, se ratifica el argumento según el cual para reducir la pobreza, el hambre, crear trabajo decente y digno, y elevar el nivel de vida, se deben lograr mayores niveles de desarrollo empresarial y de crecimiento económico sostenible con equidad, para lo cual se requiere promover mayor responsabilidad empresarial y mejor competitividad (Declaración de Puerto España, 2009); e igualmente otorgarse mayor atención al incremento del ritmo de crecimiento económico y la reducción de la pobreza, de manera que ambos factores se refuercen, y que esta prioridad incluya políticas sociales sectoriales que logren la efectiva reducción de la pobreza, así como una mayor inversión en la población que resalte un mejor acceso a la educación y a los servicios de salud (Plan de Acción de Québec, 2001); asumiendo el Estado la garantía para el financiamiento de los servicios sociales, en el marco de una definida política social.
Ante la realidad de la existencia de una Sociedad de la Información, ella debe estar enfocada en el ser humano, incluyente y orientada al desarrollo e inspirada en los objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y logro del progreso en el marco de un desarrollo económico social equilibrado (Declaración de Nuevo León, 2004).
Especial importancia se le concede a la participación del sector privado a los fines del desarrollo; destacando que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) constituyen un componente fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la pobreza; hecho que induce la formulación de políticas y programas que faciliten la consolidación y formalización de las MIPYMEs (Declaración de Nuevo León, 2004).
Resulta axiomático para la ciencia económica afirmar, que la primera condición para que un país se desarrolle es que cuente con empresas que realicen inversiones de capital físico y humano, hasta estructurar un tejido empresarial fuerte y competitivo. Esta verdad precisa de una serie de condiciones, y muy especialmente un marco jurídico que garantice los derechos de propiedad y exija el cumplimiento de los contratos;  en síntesis un Gobierno democrático que refleje una administración pública eficiente y respetuosa de la institucionalidad.
En concordancia con lo expresado, se infiere que uno de los principales desafíos a la estabilidad democrática es generar empleos productivos y de calidad, con el interés superior por alcanzar que la mayoría de los ciudadanos se beneficien de la prosperidad económica (Declaración de Mar del Plata, 2005).
Finalmente, vale destacar la importancia de adoptar políticas y estrategias que alienten cambios en los patrones de producción y consumo para alcanzar el desarrollo y una mejor calidad de vida, así como para contribuir a la superación de la pobreza. A los fines de este propósito, la democracia es esencial para la paz, la justicia y el desarrollo; al igual que para el fortalecimiento de las instituciones y valores democráticos; convirtiéndose en el ambiente propicio para labrar un camino hacia el progreso.
Jesús Alexis González
observatorio2012@gmail.com

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