El
discurso utilizado como mascarón de proa con el único propósito de encubrir
promesas al estilo de las que caracterizaban las perversas realidades del
imaginario país de “nunca jamás”, busca disfrazar la reincidente estrategia
gubernamental escasamente basada en el indolente despilfarro a partir del cual
la dinámica económica se invierte. Es decir, a mayor ingreso fiscal, mayor
empobrecimiento.
Socialismo
o capitalismo, son términos que acuñan modelos de economía supeditados por
concepciones políticas de bienestar y desarrollo que a su vez comprometen la
actuación de un país respecto de criterios y objetivos de seguridad social,
crecimiento demográfico, afianzamiento tecnológico y progreso industrial. El
debate que en torno a estos conceptos se ha motivado, ha dado lugar para hablar
de capitalismo salvaje lo cual se ha entendido como la exacerbación del
capitalismo para devenir en un ejercicio político absolutamente desviado de los
principios que fundamentan las razones sociológicas, filosóficas y
politológicas sobre las cuales se proyectan sus efectos.
No
obstante, debido a su propia lógica, por capitalismo salvaje puede comprenderse
la movilidad incivilizada de la economía. Es decir, una especie de retorno a la
ley del más fuerte, en un todos contra todos, donde la barbarie económica
deriva en una práctica sin orden ni concierto de procedimientos financieros
ante lo cual el más boyante busca potenciar sus ganancias al extremo sin medir
consecuencias. O sea, un capitalismo desbocado que choca contra la idea de
libertad según la cual todos tienen igualdad de oportunidades en el plano de
los derechos civiles. Pero del sistema donde se arraiga tan desatinada praxis,
emana un olor nauseabundo provocado por las victimas que cada tragedia depara
en el marco de una economía que mata sin derecho a haber vivido.
Pero
cuando se mira al socialismo por el catalejo de la teoría económica, el
problema es quizás peor. No sólo por la absurda presunción de intentar venderse
una propuesta ya obsoleta en cuanto a su incidencia social y cultural. También,
por el grado de demagogia que acompaña sus postulados o lo que luce como tal.
En concreto, el problema exalta un populismo de nuevo cuño. Un populismo
estratificado según los sectores de la población a los cuales dirige sus
petulancias, de corte faraónico, que nunca terminarían de calzar con los
rotundos y recurrentes clamores elevados a los cuatro vientos y que sólo asoman
graves carencias, insuficiencias y necesidades.
El
discurso utilizado como mascarón de proa con el único propósito de encubrir
promesas al estilo de las que caracterizaban las perversas realidades del
imaginario país de “nunca jamás”, busca disfrazar la reincidente estrategia
gubernamental escasamente basada en el indolente despilfarro a partir del cual
la dinámica económica se invierte. Es decir, a mayor ingreso fiscal, mayor
empobrecimiento. Pero no sólo de los sectores más pauperizados. Igualmente, de
productores e industriales.
Tal
es la depravación socialista que, como nunca, la historia económica del país
comenzó a escribirse al revés pues las cifras de la modorra que padece obligan
a invertir los esquemas de interpretación y transcripción de la retorcida
información que sus azotados procesos brindan. Por esa razón, la doctrina del
socialismo pretendido se fue de bruces ante el cinismo gubernamental cuando
declara sus elaboradas mentiras. Aunque
presumen reivindicar promesas de “laboratorio”, no dejan de ejercer sus
tácticas dilatorias para acallar cualquier denuncia en contrario mediante
amenazas y represalias con el apoyo de la fuerza pública o de la violencia
socarrona.
Este
socialismo sólo se ha dedicado a demoler la economía nacional mediante
intervenciones, expropiaciones y confiscaciones de sistemas de producción,
indistintamente del tamaño empresarial. De ahí que en medio de tales desastres,
aparece la escasez como fuente de problemas los cuales pretenden subsanar con
medidas coercitivas. Así se tiene una realidad en la que “el remedio es peor
que la enfermedad”. Su mejor referencia son las empresas básicas (Sidor,
Venalum, Ferrominera, etc.) quebradas por la ineptitud y la corrupción. Es la
estatización irracional con la excusa del mentado socialismo. Es decir, todo
cabe en el foso del socialismo o estatismo salvaje.
VENTANA
DE PAPEL
AHORA TODOS SON
“SANTOS” (SOCIALISTAS)
Los
alaridos del ex magistrado Eladio Aponte Aponte, de canto no tiene nada. Pero
zarandearon al Alto Gobierno. Aunque por las inmundicias de las que es cómplice
buena parte del tren ejecutivo gubernamental en los cinco poderes que establece
la Constitución de la República: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y
Electoral, queda reducido a un “Bajo Gobierno” por el hedor que emanan las
marranadas recurrentemente cometidas. El caso del “arrepentido” coronel de
pacotilla, acabó con lo poco de decencia que podía pensarse que quedaba en la
actitud de algunos “bajos” funcionarios quienes, por pícaros y marrulleros,
pasaban por santurrones.
Ahora
todos son unos perfectos santicos. Tal es la sublimidad de estos personajes
“inmaculados”, que ante las declaraciones del coronel de marras Aponte Aponte,
se han dedicado a banalizar sus denuncias pues no tienen pecados por los que
puedan sentirse mortificados y acusados. La “santidad” que envuelve sus
ejecutorias, los anima solamente a cuestionar las incriminaciones que
“injustamente” señala el ex magistrado luego que sale de Venezuela sin
impedimento legal alguno.
Ahora
ningún funcionario de “corona celestial”, ha hecho nada que hubiese sido visto
como vulgar atentado contra el Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia que caracteriza las decisiones y acciones emprendidas en nombre de la
llamada “revolución bonita”. Más, en estos momentos puesto que ahora todos son
“santos” (socialistas).
VORÁGINE DE
PODREDUMBRE
Aunque
se sabía que la justicia en Venezuela venía funcionando a la deriva, o sea de
acuerdo al color que su antojo prefiriera, ahora se tiene la plena convicción
de que las cosas se han movido así. Es decir, a fuerza de resentimiento. Las
decisiones adoptadas desde los tribunales nacionales, han sido previamente
elaboradas en el marco del odio que respira la gente del oficialismo como
resultado de la intolerancia que practica en el marco del autoritarismo asumido
como sistema político.
Decisiones
al margen del estado de derecho al cual debe supeditarse toda acción judicial.
Decisiones formuladas con el propósito de perjudicar no sólo la paz, sino
también el bienestar que tradicionalmente ha caracterizado el devenir del
venezolano. El odio ha incitado las razones argumentadas por meros intereses
políticos para de esa manera desmoronar principios democráticos y valores
morales a partir de los cuales es posible la construcción del país del cual
hablaban quienes ofrendaron su vida por ello. O del país que muchos sueñan para
sus hijos y nietos. No del país que pretende hacerse con el Manual de una
revolución nauseabunda que solamente ha servido para malograr familias,
maltratar la reputación de hombres dignos que por valientes se han atrevido a
divulgar su pensamiento inspirado en las libertades, arruinar empresas, arrasar
tierras, destruir propiedades individuales que la misma Constitución de la
República exalta en aras de los derechos que asisten a sus propietarios.
En
fin, toda una seguidilla de actos lesivos que atentan contra el patrimonio
ético, social, cívico y moral de los venezolanos. Todo ello, por causa de las
inmundicias que ha declarado el “Bajo Gobierno” como parte de su obra
socialista. Es todo una vorágine de podredumbre.
CÍRCULO VICIOSO
Lo
que esta ocurriendo en Mérida y en otras ciudades venezolanas, por causa de la
basura, tiene sus razones obvias. Principalmente, aquellas que tienen relación
con las escaramuzas propias de la política sucia que se vive a consecuencia del
desmedido afán del gobierno por sembrarse en el poder sin limite en el tiempo
que le impida usufructuar todo lo que esté a su alcance. Fundamentalmente, el
problema estriba en la incidencia de una ineficacia forzada combinada con la
inoperatividad producto de la saña que políticamente ejercen las instituciones
públicas que prestan servicios a la colectividad. Sobre todo, en realidades que
tienen como asiento ciudades lideradas por factores de la oposición
democrática.
Es
el caso de Mérida, donde la Alcaldía del Municipio Autónomo Libertador, se ha
visto torpedeada por la insidia de entes oficialistas toda vez que se hacen de
la vista gorda ante obligaciones pautadas por ley. En consecuencia, desconocen
la importancia y funciones de entidades igualmente públicas cuyo único “pecado”
es estar ubicadas del otro lado de la trinchera política.
Es
así como Corpoelec se cierra frente a la obligación de otorgarle a la Alcaldía
los recursos que la factura eléctrica percibe por concepto de Aseo Urbano y con
lo cual es posible mantener los gastos de mantenimiento de la flota de camiones
y equipos de recolección para entonces prestar los servicios necesarios de
recolección desechos de calles y avenidas. O sea, todo un problema que termina
siendo un círculo vicioso.
amonagas@cantv.net
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