El Gobierno de Kirchner
retira arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol
Sin que medien
explicaciones ni razones técnicas o de gestión, el Gobierno argentino de
Cristina Kirchner va a retirar las concesiones de explotación petrolera de YPF,
controlada mayoritariamente por Repsol, en la provincia de Chubut que vencían
en 2015. Dado que las condiciones financieras y las inversiones aplicadas por
la compañía española se ajustan escrupulosamente a los mejores ratios
empresariales, tanto en exploración como en explotación, la decisión argentina
supone una arbitrariedad incompatible con la seguridad jurídica que sería
deseable apreciar en un país como Argentina. Recuérdese que la presidenta
Kirchner acude a reuniones de organismos multilaterales, como el G-20, donde
este tipo de conductas discrecionales, lesivas para las empresas que cumplen
sus contratos, se consideran un expolio.
En el caso del castigo
a YPF convergen dos factores que han contribuido a sembrar el pánico en Buenos
Aires. Por una parte se detecta un aumento de la presión populista en las
provincias argentinas, presas de una suerte de delirio contra la inversión
extranjera y, quizá en particular, contra la española. Prueba de esta fiebre
nacionalista es la fiesta multitudinaria organizada por los gobernadores de
Chubut y Santa Cruz para celebrar la retirada de las concesiones a YPF, en la
que abundaron las expresiones extemporáneas contra la presencia de ‘gallegos’
en Argentina. Cristina Kirchner debería aclarar si comparte el populismo
chauvinista de sus provincias y si es capaz de medir sus consecuencias, porque
es evidente que tiene un serio problema para gobernar la economía del país con
criterios de respeto a la inversión extranjera y certidumbre regulatoria.
Pero el gran factor que
explica esta arbitrariedad es que la política energética argentina ha fracasado
estrepitosamente. Debido a decisiones incompetentes, se ha producido un
crecimiento desaforado de la demanda energética y una caída en picado de la
producción. Atrapado en la espiral de importaciones cada vez más caras y menos
exportaciones, el Gobierno vuelve a las malas prácticas de obstaculizar la
salida de dólares y buscar a un chivo expiatorio que pague las consecuencias
políticas del encarecimiento de la energía. Repsol YPF es esa víctima, aunque
en los últimos 12 años haya invertido allí más de 20.000 millones de dólares.
Los tribunales, argentinos e internacionales, si llega el caso, dirán cuál es
la calidad regulatoria del Gobierno de Kirchner. Por el momento, parece pésima.
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