El domingo se
elige mediante primarias el candidato unitario de la oposición, que se
enfrentará el 7 de octubre a Hugo Chávez en las presidenciales. El líder
bolivariano ha conseguido que sucesivas elecciones desde 1998 se convirtieran
en auténticos plebiscitos sobre su persona, aunque al precio de ahondar la
división del país en dos Venezuelas, de las que la suya, la más coloreada, le
ha mantenido hasta hoy en el poder.
Los aspirantes
con mayor seguimiento son dos hombres, Henrique Capriles y Pablo Pérez, y,
aunque muy distante en las encuestas, una mujer, dama en realidad, María Corina
Machado. Los tres pertenecen a la Venezuela acomodada, y Machado sería la
candidata soñada por Chávez, católica conservadora de 42 años, quien a ojos del
presidente —la llama “la burguesita”— representa todo lo que aborrecen sus
votantes.
Capriles, al que
se da como favorito, de 39 años, tiene el gran mérito de haber derrotado en las
elecciones a gobernador del Estado de Miranda a Diosdado Cabello, que muchos
ven como sucesor de un Chávez visiblemente minado por la enfermedad, y querría
ser la versión algo reblandecida del brasileño Lula.
Pérez, más
pueblo que los anteriores, es un seudo-Chávez de la derecha, gobernador de
Zulia, donde la oposición siempre ha obtenido sus mejores resultados.
La cita de
octubre, lejos de perfilarse como una contienda ideologizada —democracia
occidental contra socialismo del siglo XXI— se decidirá de acuerdo con baremos
mucho más terrenales.
El inventor del
chavismo argumentará que ha vencido al cáncer, y que su victoria ha sido un
sacrificio más por la revolución; pero su campaña de fondo se basará en que ha
habido una mejoría real del nivel de vida de los menos favorecidos, sufragada
por la formidable renta petrolera. Quienquiera que gane las primarias
subrayará, a su vez, la erosión de las libertades, la corrupción del poder, y
el desfallecimiento moral de la sociedad, pero el gran argumento será otro: que
no se puede salir a la calle, especialmente en Caracas, sin jugarse la vida. En
abril de 2011, el Gobierno anunció la creación de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, que aspira a construir dos millones de apartamentos en siete años,
de los que casi 150.000 deberían estar listos para los comicios; ha habido un
aumento del presupuesto para este año de un 45%, en su práctica totalidad para
gasto social; y una última iniciativa, Misión Amor Mayor, en mejor procura de
la tercera edad. Todo ello, junto a la congelación de los precios de 18
productos de primera necesidad, va mucho más allá del puro asistencialismo, y
asiste a Chávez con el voto cautivo de, cuando menos, un 40% de venezolanos:
una ciudadanía que come mejor, tiene medicina gratuita, y hasta puede guardar
algo para esparcimiento, al tiempo que es solo relativamente sensible a la
erosión de unas libertades de las que nunca hizo extraordinario uso.
LA OPOSICIÓN
BASARÁ SUS BAZAS EN LA INSEGURIDAD QUE VIVE EL PAÍS
Todos los
sondeos ratifican, sin embargo, que la mayor preocupación nacional, a derecha e
izquierda, es el incontenible desparrame de la violencia.
En 2011 la
capital venezolana fue la segunda ciudad más peligrosa de América Latina tras
la mexicana Ciudad Juárez; en 2009, Caracas sufrió una tasa de más de 130
homicidios por 100.000 habitantes —que en 2011 ya se aproximaba a 200— cuando
la media venezolana es de 65, y la de todo el continente iberoamericano, 27.
La policía ha
dejado de dar información sistemática sobre esa hecatombe, pero fuentes
independientes hablan de 17.000 muertes violentas en 2010 para menos de 30
millones de venezolanos, lo que hace del sicariato, el asesinato por encargo,
la industria de mayor crecimiento en el país. Comienzan por esa razón a surgir
patrullas de vigilantes en los barrios para suplir a la inoperante fuerza
pública. El propio ministro del Interior, Tarek el Aissami, reconoció que del
15% al 20% de delitos los cometía la policía. Y contra todo ello se creó en
2009 un cuerpo policial bolivariano, del que dijo Chávez que no se dedicaría a
proteger a la burguesía, pero a la vista de las cifras parece que el crimen no
pregunta a sus víctimas su condición social.
Cabría,
provisionalmente, concluir que la política de inclusión chavista ha perturbado
más que apaciguado las tensiones sociales, o que, al haber empoderado a
segmentos de sociedad históricamente marginados, ha roto un equilibrio
anterior, por precario que fuera. Sobre ese fracaso del chavismo se votará
también el 7 de octubre.
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