domingo, 30 de octubre de 2011

OSWALDO ÁLVAREZ PAZ: EL MIEDO ES LIBRE (DESDE EL PUENTE)

Todo le está saliendo mal al régimen. Acaba de fracasar estrepitosamente la Cumbre Iberoamericana convocada para el pasado fin de semana en Asunción, Paraguay. A ella asisten España y Portugal. Faltaron unos diez jefes de estado de los veintidós que la integran. Paralelamente debía reunirse la Cumbre de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR. Ambas pasaron por debajo de la mesa. Agendas mediocres que evaden la rendición de cuentas por tantos acuerdos violados y promesas incumplidas. 

Se nota una creciente fatiga continental con relación a estos eventos y falta de credibilidad en la cantidad de instancias que se han construido en los últimos años. Hay Cumbres presidenciales para todo. Generales como la Iberoamericana y también sectoriales como la del Grupo de Río, UNASUR, el ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas), MERCOSUR y otras experiencias mas localizadas en Centroamérica y el Caribe. Se trata de mantener múltiples equilibrios inestables generadores de complicidades entre los gobiernos de muchos países que trabajan en línea directa contra los intereses de sus pueblos, pero con garantías de solidaridades que le faciliten a quienes los dirigen continuar usando y abusando del poder político y económico que concentran en sus manos. Es el caso de Venezuela.

Esto puede parecer anecdótico frente al fracaso venezolano. Todo funciona mal o no funciona. No existe área de la actividad nacional que camine para mejor. Todo va hacia peor. Las crisis sectoriales se multiplican generando una gran crisis nacional con signos irreversibles que tienen como telón de fondo la ineficacia y la enorme dosis de corrupción que hacen metástasis en el cuerpo enfermo de la República. Como si esto fuera poco, no hay Presidente disponible a tiempo completo para enfrentar la desbandada política y militar en su entorno. Los demonios desatados, la visión del “chavismo sin Chávez” y la certeza derivada de una cuenta final en etapa regresiva, generan factores de desestabilización que trascienden cualquier esquema estrictamente electoral.

Llegamos al punto. ¿Cuánto tiempo más aguanta la situación actual? Hemos planteado hasta el cansancio que la real naturaleza del problema de Venezuela no es electoral sino existencial. De principios y valores que están siendo destruidos con el objeto de liquidar la República democrática  para sustituirla por un estado socialista a la cubana, comunistoide, que la inmensa mayoría rechaza, pero que se ha tratado de imponer. Ojala los aspirantes presidenciales tengan claro este aspecto crucial. Aquí puede pasar cualquier cosa. Las primarias de febrero empiezan a verse demasiado lejos, aunque desprevenidamente pueda parecer lo contrario. Más lejos aún octubre de 2012. Tenemos la obligación de visualizar todos los escenarios posibles, especialmente los más peligrosos. Si no se presentan daremos gracias a Dios. Pero si se presentan que no nos sorprendan. Los sorprendidos deberán ser los adversarios.

oalvarezpaz@gmail.com


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LUIS ALFONSO DÁVILA G: ¿CALMA Y CORDURA?

Expresión favorita del Gral. en Jefe Eleazar López Contreras, ex presidente de la República,  para exigir de los venezolanos una actitud de espera vigilante en momentos difíciles de la vida nacional. La frase  viene al caso.  Pero no de espera inactiva, como quien desea que las cosas se resuelvan por si solas, no. Tampoco de vigilancia consentidora como aquella que deja hacer, que deja pasar. Vigilancia consciente, si. Para exigir con la fuerza de la razón y el derecho que nos otorga la Ley que el actual gobierno respete la Constitución. O se atenga a las consecuencias.
La Constitución de la República establece la atribución al Ministerio Público de garantizar los derechos y garantías constitucionales, ordenar y dirigir la investigación penal en lo que respecta a la perpetración de hechos punibles para hacer efectiva la responsabilidad  en que hubiese incurrido cualquier funcionario del sector público durante el ejercicio de sus funciones.
El 25 de Marzo de 2010 un grupo de Ciudadanos, asistidos por el Dr. Herman Escarra, concurrimos a la Fiscalía General de la República con el fin de solicitar la correspondiente investigación para determinar la responsabilidad en que pudiere haber incurrido el Presidente de la República, a la luz del artículo 132 del Código penal.
En nuestro Código, señala el Dr. Escarra “no solo trata el tema de la responsabilidad presidencial ante el incumplimiento de la Constitución, es decir, la no observancia de los principios de la República (art.1) ó del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia (art.2) ó de Venezuela como un Estado Federal Descentralizado (art.4) ó de la observancia del gobierno democrático y pluralista (art.6) ó de la primacía de la Constitución (art.7) ó de los Derechos Humanos expresados en el titulo II ó la estructura del Estado tal como esta prevista en el texto constitucional”
 El articulo 132 de Código Penal señala como delito el que dentro ó fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana, lo que es más grave si se trata del Presidente de la República en el incumplimiento de su primera obligación, que es el cumplimiento y ejecución de la Constitución tal como lo dispone el articulo 236 numeral 1 del texto constitucional”
Todavía reposan en nuestras manos algunos elementos que le hubiesen servido a la Sra. Fiscal para realizar la investigación solicitada, pues el asunto es muy pero muy grave.
La cadena de eventos ocurridos desde la fecha en que solicitamos la investigación a estos días no deja lugar a dudas sobre varios aspectos:
Primero.-  Que se ha ido confirmando la tesis de que estamos viviendo en Venezuela lo que se conoce como un GOLPE CONSTITUCIONAL, que no persigue el cambio de las autoridades de la cúpula, es la maniobra desplegada desde el poder para cambiar la forma republicana de gobierno y la estructura del Estado. Confirman la tesis, la Ley Orgánica del Estado Comunal, La Ley Orgánica de la Fuerza Armada. El desacato a decisiones de la Corte Interamericana, el estrangulamiento sistemático de los medios de comunicación, el aniquilamiento del aparato productivo nacional, la intromisión profunda y la injerencia extranjera en los asuntos internos de nuestro país y pare Ud. de contar.
Segundo.-  Que la Sra. Fiscal no ha dado muestra de interés para determinar de forma inequívoca la tipicidad de los hechos que le fueron denunciados hace más de un año como venimos señalando.
Entre tanto, los venezolanos que soñamos con salir de esta pesadilla por la vía civilizada, es decir por la vía electoral, como expresión bizarra de este país donde pareciera que todo esta al revés,         miramos estupefactos que fue dejada de lado la Constitución aprobada mediante referendo por el pueblo y rige la vida (¿) del país, una constitución paralela, salida de la mente enferma de un Presidente, a quien su médico  le cuestiona la capacidad para ejercer el cargo que le fue confiado.
Todo esto ocurre ante nuestra mirada. Ocurre también ante la vista de la Sra. Fiscal  de quien esperamos en vano que ejerciera la delicadísima función que le señala la ley.
Seguimos a la espera para  presentar ante la Sra. Fiscal las pruebas de lo aquí expresado.
Pero la calma y también la cordura tienen límites.
Cnel. Ej. Luis Alfonso Dávila G

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FREDDY LEPAGE: LOS “ENCUESTEROS” (AQUÍ Y AHORA)

Últimamente las encuestas y las empresas que las hacen han sido muy cuestionadas, y con sobrada razón.
El manejo de ellas se ha convertido en un bochinche preocupante. Y, ¿por qué digo que preocupantes? Porque la mayoría son utilizadas para manipular al electorado con fines netamente propagandísticos y favorecer a quienes las pagan.
El término que estoy acuñando de “encuesteros” se puede asimilar, por antonomasia, a los adjetivos muy usados en nuestro país de “embusteros”, “cuenteros”, “mueleros”, etc.
Entregan resultados que suenan como música celestial para sus clientes. Mucho se ha escrito sobre el tema, sobre todo en tiempos de campañas electorales.
Se han transformado en un instrumento puramente comercial. Casi, casi, un bien transable al mejor postor en el mercado. Claro, hago la salvedad de que no son todas pero sí una buena parte de ellas. Todavía quedan honrosas excepciones que pueden ser claramente identificables: aquellas que no se hacen del dominio público, sino para consumo interno de los interesados.
Podríamos decir que son “sondeos de opinión” prêt-àporter, elaborados con una intencionalidad bien establecida y no, como debe ser, para auscultar el sentir de un colectivo en un momento determinado.
Hay una falta evidente de ética profesional que los convierte, de hecho, en encuestadores “exprés”. O sea, como los matones que usan el slogan de “Revolver a la orden” para ofrecer sus deleznables servicios.
Como es mi costumbre, no voy a dar nombres, pero si voy a hacer un sucinto recuento de las cuatro tipologías más comunes en nuestro medio. Cualquier parecido con algunas personas o compañías en particular es pura coincidencia.
O, mejor aún, usted amigo lector, saque sus propias conclusiones para que no se deje engañar por estos embaucadores de oficio con piel de oveja, ceñidos con un lenguaje “técnico” muy bien articulado, como si fueran sabios pontificando sobre lo que piensa y desea la gente, así de simple.
Veamos a quiénes me refiero (los que no entren en estas categorías, por favor no se den por aludidos): Algunos “encuesteros” hacen la misma encuesta -como sucedió cuando Manuel Rosales fue candidato- para el Gobierno y para la oposición, con diferentes resultados, dependiendo de a quién se la entregaran. Algo así como lograr la cuadratura del círculo, pues. Estos, por razones obvias, juegan a muy bajo perfil y dan muy pocas declaraciones públicas.
Otros hacen de la ambigüedad un arte supremo. Presentan a Chávez con alta popularidad, pero a la hora de la intención del voto, el hombre baja considerablemente. O sea, puede perder. ¡Ojo!: igualmente puede ganar, no hay que llevarse a engaños para luego acotar que si la oposición hace lo que debe hacer, podría voltear la tortilla. ¡Cielos, qué claridad! Estos personajes disfrutan cuando son invitados por los medios de comunicación y se atreven a darle consejos a Chávez para recuperar la popularidad perdida. Como es de suponer, hacen lo propio con la oposición. En conclusión ¡sí pero no! En otro género, encajan los que practican agresivas campañas para que los contraten.
Chantajean con malos resultados a quienes no lo hacen. Los ponen con cifras muy bajas, a ver si la pegan. También tienen amplia exposición mediática para lograr sus fines.
Y, last but no least, los declarados abiertamente con el oficialismo, que alguna vez detentaron cargos públicos importantes. Para estos, Chávez arrasa. ¿Quiénes son los peores?
Por: FREDDY LEPAGE
@freddyjlepage
Política | Opinión
EL NACIONAL

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ABC DIGITAL: CALIFICAN DE XENÓFOBA LA LEY REGLAMENTADA POR EL EJECUTIVO (NOTA DE PRENSA) DESDE PARAGUAY

Por decreto, Lugo pretende violar la propiedad privada

El decreto firmado por el presidente Fernando Lugo, que reglamenta la ley que crea una zona de seguridad fronteriza, violenta varios artículos de la Constitución Nacional. La norma crea un nuevo mecanismo de confiscación de las tierras a aquellos propietarios que no presenten sus títulos en 72 horas, sin importar que sean paraguayos o extranjeros. Además, se pretende aplicar la ley de manera retroactiva, pese a que ello está prohibido.

SEGURIDAD FRONTERA PARAGUAY
Se trata del Decreto 7525, que reglamenta la Ley 2532 de 2005, que crea una franja de seguridad fronteriza hasta 50 kilómetros de las líneas. Ningún extranjero de países limítrofes pueden ser allí propietarios, condóminos o usufructuarios de tierras rurales.

Por decreto, el Ejecutivo asigna a los militares la realización de un inventario de las tierras. Podrán exigir  títulos a los que se encuentran en esos lugares y tendrán la obligación de realizar un control periódico en tal sentido. Pueden pedir asistencia a otras instituciones para hacer este trabajo. Si los detentadores de las tierras no presentan sus papeles en ese momento, tienen 72 horas para hacerlo, caso contrario se pedirá a la Procuraduría que inicie acciones para sacarles esos inmuebles.

Varios analistas jurídicos consultados por ABC coinciden en que este decreto  otorga a los militares potestades no establecidas en el artículo 173 de la Constitución Nacional, que determina claramente cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. En ningún lugar se les asigna la tarea de controlar títulos de propiedad.

Asimismo, advierten que de manera aviesa se viola el artículo 109 de la Carta Magna, que garantiza la propiedad privada. Se preguntan cómo la Procuraduría pretende quedarse con tierras que tienen propietarios legítimos por el solo hecho de no presentar sus papeles en el exiguo plazo de 72 horas. Se considera que este nuevo sistema en realidad representa un nuevo mecanismo de confiscación de tierras, lo cual está prohibido por la misma Carta Magna.

El control se hará sobre paraguayos o extranjeros de zonas no limítrofes, con lo cual por decreto se pretende dar retroactividad a la ley, lo cual está expresamente prohibido en nuestro ordenamiento legal.

La asesoría jurídica de la bancada de diputados de Patria Querida también anticipó un análisis, advirtiendo que la ley y el decreto son xenófobos, teniendo en cuenta que violentan el artículo 46 de la Constitución, que dispone que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos y no admite discriminaciones.

El decreto resta atribuciones al Servicio Nacional de Catastro (que tiene potestades según el artículo 30 de la Ley 109) y permite la participación de otra entidad como el Indert, que nada tiene que ver con la zona de seguridad, salvo que se trate de tierras públicas.


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RICARDO VALENZUELA: ECONOMISTAS DE PELUQUERIA II (REFLEXIONES LIBERTARIAS) DESDE MEXICO

Afirmaba el gran Murray Rothbard: “No es crimen ser ignorante en economía, pues es una ciencia complicada y de gran especialización. Pero si es totalmente irresponsable el expresar vociferantes opiniones económicas habiendo permanecido en ese estado de ignorancia.”
En relación a este tema la semana pasada publicamos un artículo que titulamos “Economistas de Peluquería”.
El día de hoy, los voceros de la cumbre iberoamericana que se lleva a cabo en Paraguay hacen una sesuda notificación: “Estos países entregan, de forma tajante, la responsabilidad del desarrollo de sus economías al Estado no al mercado”. Regresa el burro de la noria.
Más tarde, al hojear las páginas de un diario, encuentro un reporte de una conferencia servida por un prestigiado investigador de cierta “Universidad Autónoma” que, junto con la declaratoria de los iberoamericanos, vale la pena analizar como casos clásicos de “ignorancia e irresponsabilidad en economía”, con sus fatales resultados.
El investigador afirma la necesidad que México tiene de cambiar su modelo económico, en lo que estamos de acuerdo. Afirma también que nuestro país no debe depender en su desarrollo del Fondo Monetario Internacional, con lo que también estamos 100% de acuerdo. Sin embargo, hasta ahí llegan los acuerdos.
Afirma que debemos de aprender de la experiencia de Corea del Sur en donde han obtenido crecimientos económicos hasta de un 11%. Lo que no dice es que esos crecimientos los obtuvieron en los 70s y 80s para después en los 90s caer en una grave crisis producto de un capitalismo de estado que se agotó.
En el verano de 1997 la economía de Corea del sur y las de todos los tigres asiáticos, entraron en una grave recesión que se inició con la devaluación de Tailandia. Los únicos países del área que permanecieron inmunes a la crisis, fueron los que sus economías habían sido construidas bajo el modelo angloamericano de verdaderos mercados libres como Singapur y Hong Kong. La recesión mostró con crudeza los ineficientes sistemas de asignación de capitales del resto, los cuales siempre habían dependido de sus gobiernos para proteger sus mercados y para allegarles los recursos requeridos.  
Corea del Sur, al igual que otros países asiáticos bautizados los “tigres,” siguieron el modelo de desarrollo implementado en Japón al que los revisionistas llamaron “el capitalismo del futuro” y presionaban a Washington para que lo adoptara. Un capitalismo con una activa participación del Estado, comercio internacional manipulado en el cual el Estado escogía los ganadores y perdedores. Un capitalismo en el que los mercados siempre estuvieron manoseados a favor del grupo en el poder. Sin embargo, hace veinte años Japón cayó en una profunda recesión y sus mercados financieros perdieron el 70% de su valor, sus bienes raíces el 80%, la banca se encuentra ante un posible FOBAPROA de más de 2 Trillones de dólares, y su deuda en los siguientes años deba alcanzar más del 200% de su PIB.
La segunda sesuda recomendación de este investigador es “una pequeña devaluación,” pues afirma que nuestra moneda se encuentra sobre valuada. Aparentemente este señor no aprendió de la debacle de 1994-95. No es posible que todavía tengamos en México este tipo de “catedráticos” promoviendo lo que durante los años 70, 80 y 90 nos sumió en la pobreza y la desesperación. Si algo necesita en estos momentos nuestro país, es una moneda fuerte que atraiga la inversión internacional y no que la ahuyente, una moneda fuerte para controlar la inflación, una moneda que garantice nuestra participación en los mercados internacionales de capital. Señor investigador; no necesitamos otro efecto tequila, otro Fobaproa, no necesitamos trabajadores mexicanos con salarios miserables que producen las devaluaciones.
Sigue después solicitando del nuevo gobierno una “política industrial” que destine más subsidios para los sectores productivos. Parece que este señor se durmió durante la administración de Echeverría y acaba de despertar. No se da cuenta que ahora vivimos en un nuevo mundo regido por los mercados, en el cual los “subsidios”—que no son mas que transferencia de un sector de la población a otro, es decir, me quitan a mí para darte a ti—están desapareciendo porque está  comprobado que nunca han funcionado; Al contrario, han hecho que las economías se hagan perezosas, ineficientes, y se forme otra capa dependiente del estado que fue la estrategia de control priista durante 70 años.
Finalmente solicita se regule más a los bancos para resolver los problemas de “ajiotismo” que él detecta. Argumenta el que los préstamos en México se cotizan a tasas de más de 10%, mientras que en EU y Canadá no pasa de 3%. En primer lugar el señor está equivocado, puesto que el Prime Rate y el Libor son las tasas de referencia de los tipos de interés a nivel mundial y en estos momentos, con las parrandas del FED, tal vez empiecen a pagar intereses para colocar préstamos. El gran problema de la economía mundial en estos momentos, es la visible mano del FED que destruye todo lo que toca. Lo que Mexico y el mundo necesitan, es un mercado libre de dinero privado y respaldado con oro y plata, no los confetis adornados con figuras de los “héroes de la patria”.
Ahora, tal vez el señor se refiera a los pocos préstamos en dólares que hay en estos momentos en México. Si es así, son prestamos operados por la “banca de promoción” del gobierno—en donde se llevan un “pequeño spread.” Es decir, al Banco de México le llegan los recursos, digamos, al 6%, y el mismo banco los hace llegar a los usuarios mínimo al triple, es decir, el 18%. De esa forma el gobierno ha mantenido el monopolio de los recursos de los mercados internacionales de capital, mismos a los que solo acceden directamente las grandes empresas mexicanas, más no las medianas y pequeñas. Lo que en México se necesita señor investigador, es un mercado de bonos de alto rendimiento y, sin duda, un Milken mexicano que lleve a esa empresas de la mano a los mercados de capital.
Los países asiáticos en estos momentos empiezan a asomar la cabeza después de las tempestades que los azotaron durante los últimos años producto del derrumbe del modelo Japón Inc. En Japón inclusive se está presentando por primera vez un enfrentamiento entre los viejos líderes políticos que quieren mantener el status quo, y el que han llamado grupo Reagan japonés que pretende derrumbar las viejas barreras Keynesianas y aplicar las recetas Supply—Side para salir de la ya larga crisis.
Pareciera ser que todos los países de oriente, especialmente China, han aprendido la lección y se disponen a implementar los cambios requeridos para que los mercados funcionen sin interferencias. Pero en América Latina, como ya lo señalamos, estamos regresando al círculo de estupidez del burro de la noria keynesiano. Afirmaba también Rothbard: “Lo único bueno de Marx, es que no era Keynesiano. ¡Que se encierren los economistas en sus peluquerías!        
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LUIS ALBERTO ROMERO*: EL ARTE DE FAGOCITAR EL ESTADO. LOS GOBIERNOS PERONISTAS Y EL USO DE LA CAJA. LA NACIÓN - 18-OCT-11 – OPINIÓN DESDE ARGENTINA

Hay muchos rasgos comunes en la relación entre los distintos gobiernos peronistas y el Estado. Sobre todo en el modo de repartir sus beneficios. Es cierto que las circunstancias cambiaron varias veces desde 1946, y también variaron los dichos y discursos de sus jefes. Perón se presentó como hombre de Estado. Menem renegó del estatismo y enrostró a sus críticos el "haberse quedado en el 45". Kirchner reivindicó un estatismo más cercano a 1946 y denostó al menemismo. Las circunstancias importan, y los discursos son un componente importante de la política. Pero detrás de los cambios observo algunas continuidades notables en la práctica estatal del peronismo, algo así como una marca de fábrica.
Comencemos por el primer peronismo, entre 1946 y 1955. Perón era un hombre de Estado. Un militar que creía en el orden y los organigramas, en la planificación y la autarquía, y también en la acción estatal en pro de la justicia social. Recibió de los gobiernos conservadores un Estado con fuertes capacidades para intervenir y continuó desarrollándolas. A la vez, Perón era hombre de su época; compartía la crítica al Estado liberal y el entusiasmo por los experimentos corporativos. Su ideal de comunidad organizada incluía una relación fuerte entre el Estado y las corporaciones, mezcla de tutela y participación privilegiada, que se alejaba de la idea estatal universalista, fundada en el interés general. También fue propia de su concepción la superposición y hasta fusión entre el Estado, el movimiento y el gobierno.
En la historia las cosas vienen mezcladas, y no es fácil separar el trigo de la paja. La legislación sindical e industrial peronista fue decisiva para la equidad social; la instalación de los sindicatos en posiciones estatales destacadas se adecua a lo que en la época se llamó el Estado de Bienestar. Pero a la vez, el Estado fue pasando del universalismo y el interés general a la concesión diferencial de ventajas. Así, por ejemplo, el proyecto de un seguro social único del ministro Ramón Carrillo fue descartado en beneficio de los sindicatos y sus hospitales, como el Hospital Ferroviario, un camino que concluyó con la ley de obras sociales de 1970.
Bueno o malo, el sistema no es igualitario. La promoción de la industria -una decisión importante en la posguerra- se instrumentó a través del IAPI, donde funcionarios que eran también empresarios, como Miguel Miranda y Raúl Lagomarsino, iniciaron la práctica de distribuir los beneficios entre sus amigos y, probablemente, iniciar una corrupción de magnitud. La Fundación Eva Perón tenía un estatus indefinido y recursos ilimitados. Los recursos en su mayoría eran públicos; la administración fue tan privada y secreta que casi no han quedado rastros.
Cuando Perón volvió al poder, en 1973, muchos de estos rasgos se habían acentuado, salvo el de la fundación. El Estado había avanzado en sus políticas de promoción, que frecuentemente habían devenido en prebendas a grupos privilegiados. Cada corporación hizo pie en alguna de las agencias estatales -los sindicatos en Trabajo, los médicos en Salud, el campo en Agricultura, la Iglesia en Educación- y utilizó su influencia para mantener su propia ventaja y para competir ventajosamente en la puja distributiva, agudizada por la inflación y por la movilización social.
El Estado fue a la vez campo de batalla y botín. En 1973, Perón seguía siendo un hombre de Estado, a la antigua usanza. Volvió al gobierno con la firme idea de reconstruir la autoridad estatal y acabar con el tironeo corporativo. Se jugó por el Pacto Social y convocó a dos únicos firmantes, la CGT y la CGE, que estaban lejos de poder unificar y disciplinar a sus representados. El 12 de junio de 1974 reconoció su fracaso. El Estado, grande y débil a la vez, ya no podía poner orden en la sociedad.
Cuando el peronismo volvió al gobierno en 1989, muchas cosas habían cambiado. Los militares iniciaron la demolición sistemática del Estado y Alfonsín poco pudo hacer para revertirla. Cuando ocurrió la crisis hiperinflacionaria, el fisco estaba quebrado y abrumado por una deuda externa impagable y era incapaz de afrontar sus obligaciones básicas. Su burocracia estaba desarticulada y carente de normas y de ética funcionarial. Un conjunto de grupos prebendados y depredadores, en particular los contratistas, engordaban con la sangre del Estado. Por entonces, el viejo reclamo "liberal" se había remozado: en todo el mundo el llamado "neoliberalismo" reclamaba una reestructuración a fondo del Estado, el abandono de regulaciones y prebendas y la reducción de los gastos sociales, para que el "tigre capitalista" pudiera recuperar su voracidad creadora.
Menem se encaramó en este discurso y proclamó un cambio de rumbo radical. Otra vez, las cosas vinieron mezcladas, porque el viejo Estado era irrecuperable, pero el nuevo fue igualmente desastroso. Menem privatizó las empresas públicas, redujo el empleo estatal, estabilizó la moneda a costa de renunciar a la política monetaria, ordenó la deuda externa y recuperó el crédito, desreguló la economía y la abrió al mundo. Sus medidas combinaron la dimensión novedosa de la reducción y eficiencia estatal con otras más tradicionales, destinadas a construir su poder y a neutralizar resistencias y oposiciones. Por ese camino, los antiguos grupos prebendarios -y otros nuevos, como los políticos- encontraron la oportunidad para renovar y expandir su acción.
Los contratistas pudieron comprar a bajo costo parte de las empresas estatales. Los dirigentes sindicales se convirtieron en propietarios de empresas privatizadas. Los gobiernos provinciales financiaron su déficit con aportes del Tesoro y la provincia de Buenos Aires recibió el premio gordo: el Fondo del Conurbano. El nuevo prebendarismo, cada vez más focalizado y alejado de los viejos criterios generales -que a Perón le importaban-, se fundó en la discrecionalidad y en una nueva corrupción -visible, grosera, impune-, simbolizada por la "carpa chica" y el "robo para la corona". En suma, una versión sui generis, muy peronista, del neoliberalismo.
Las fallas de este modelo, conocidas por todos en su momento, estallaron en 2001, poniendo fin al interludio de la Alianza. Los peronistas recuperaron el gobierno y lo mantienen hasta hoy. Inicialmente, amparados por la profundidad de la crisis, encontraron en la devaluación una salida, razonable pero radicalmente inequitativa, que compensaron con políticas parciales de contención social. En ese momento, sorpresivamente, un giro en la economía mundial -la valoración de los productos agrícolas- inició un ciclo de prosperidad de una magnitud insospechada. Con ese sustento, el gobierno de Kirchner logró salir del pozo del endeudamiento externo y poner en marcha un modelo que, según declaró, combinaba el crecimiento con la distribución. A diferencia del denostado modelo neoliberal, culpable de la crisis, el nuevo modelo asignaría al Estado un papel fundamental.
¿Una vuelta al peronismo clásico? No exactamente. Aquel peronismo correspondió a una Argentina con un Estado que, aunque con fisuras, desarrollaba políticas generales y las proyectaba en el largo plazo, y que tenía mecanismos internos de regulación y control. El Estado posterior a 1976 perdió esas capacidades. Los militares iniciaron la tarea, Alfonsín no intentó revertirla y Menem la desarrolló y amplificó. Aunque Kirchner hizo y dijo cosas diferentes, en lo esencial mantuvo el rumbo de Menem.
Nuevamente, las cosas vienen mezcladas. El país prospera y la situación de los pobres mejoró. En una época de abundancia fiscal, el gobierno de los Kirchner parece signado por la corrupción, la construcción del poder y los subsidios. En la caja -entre pública y privada- está el núcleo del modelo, y el precio de la soja es su condición de existencia. La vieja palabra "corrupción" resulta insuficiente para caracterizar este formidable mecanismo de acumulación de dinero y poder. La eliminación de los controles institucionales -lo del Indec es un caso extremo y emblemático- permite administrar los subsidios estatales de manera discrecional, y la distribución incluye una buena parte pro domo sua. Ya se trate de intendentes del conurbano o de gobernadores provinciales, de organizaciones piqueteras, sindicatos o empresarios amigos, de jubilaciones u obras públicas, la lógica es la misma. Es algo que engruesa la caja. El gobierno da, pero podría no dar. Genera acatamiento y, de un modo u otro, contribuye a producir votos.
Menem y Kirchner coincidieron en un punto con Perón: la convicción de que el Estado debía manejarse férreamente desde el poder: la subordinación del Estado al gobierno. Perón lo logró con facilidad, por su carisma y por su talento para conducir desde el Estado una sociedad integrada y orgánica, y pudo mantener algún criterio general en sus políticas. Con menos carisma y talento, Menem y Kirchner manejaron con gobiernos fuertes un Estado calamitoso, que ellos mismos se han encargado de terminar de demoler, y condujeron una sociedad empobrecida y segmentada. Lo que el Estado da se decide cada vez de acuerdo con un simple cálculo de costos y beneficios, materiales y políticos.
En este manejo del Estado encuentro, en mundos tan diferentes, una marca originaria del peronismo. Hay otras, igualmente importantes, como su concepción de la democracia, plebiscitaria y poco republicana, o su discurso, nacionalista y populista. Pero de alguna manera confluyen en esta idea de un Estado que es el instrumento del gobierno y del movimiento y que administra y reparte prebendas de manera discrecional. Una manera de gobernar para la que conceptos habitualmente empleados -liberalismo, estatismo- tienen poco sentido.
* El autor es historiador, investigador principal del Conicet/UBA
http://www.lanacion.com.ar/1415516-el-arte-de-fagocitar-el-estado
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RAFAEL TERMES: DEL ESTADO DEL BIENESTAR A LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR

Para lo que tiene que ser mi intervención en este curso sobre «la necesaria vertebración de la sociedad», los organizadores han elegido un título en cuyos extremos figuran dos palabras -Estado y Sociedad- con una intencionalidad adversativa que se observa a primera vista. Sin embargo, en ambos extremos del título se repite la palabra bienestar dando fe de que el objetivo a lograr es precisamente el bienestar, aunque, en cuanto a la manera o los medios de lograrlo, las opiniones pueden ser no sólo distintas sino incluso contrapuestas. Hay más, la cadencia del enunciado completo -«Del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar»- acredita que los organizadores -y yo con ellos- piensan que desde la situación presente -el Estado del Bienestar- hay que evolucionar hacia una meta mejor que quedaría definida por el sintagma «la Sociedad del Bienestar». No podía ser de otra manera en un curso dirigido por la Fundación Independiente, cuya aspiración principal es la revitalización de las estructuras sociales espontáneas como la mejor manera de alcanzar los objetivos a los que el hombre como hombre, antes que como ciudadano, aspira ineludiblemente, y entre los cuales ocupa un lugar fundamental el anhelo innato al bienestar.
Empezaré, pues, por hacer algunas reflexiones sobre el bienestar; pasaré después a exponer, cómo, en mi opinión, el intento de proporcionar este bienestar a todos mediante la actuación premeditada y directa del Estado ha fracasado moral y económicamente; y finalmente intentaré decir cómo puede efectivamente alcanzarse el deseable bienestar mediante la espontánea actuación de la persona humana, individualmente o en asociación con quien libremente desee, siempre que el Estado no interfiera en este propósito y se limite, que no es poco, a crear el marco legal para que la acción humana espontánea se produzca, acudiendo, simplemente, en virtud de la función subsidiaria que le es propia, a resolver aquellos pocos casos en los que los individuos no son capaces de lograr, por sí solos, el nivel indispensable de bienestar.
EL BIENESTAR
Sabemos, por propia experiencia, por observación de lo que ocurre a nuestro alrededor y por la enseñanza de la más sana filosofía, que el hombre tiende naturalmente a la felicidad. No se necesitan muchas demostraciones para probar que el hombre, en su polifacético obrar, busca inexorablemente la felicidad, aunque en la apreciación de lo que apetece como bueno pueda errar, y de hecho yerra frecuentemente. Lo cual no obsta para decir que siendo el hombre libre, aunque con libertad humana imperfecta -solamente Dios es verdaderamente libre- la voluntad humana apetece libremente la felicidad, aunque la apetezca de modo necesario. Es cierto que la felicidad es un concepto subjetivo y cada uno, según sus disposiciones anímicas, la cifrará a su manera, de forma que bien puede decirse que hay tantas formas de buscar la felicidad como hombres y mujeres existen, aunque, tal vez, quepa añadir que algunos puedan pensar que la mejor manera de ser feliz es no preocuparse demasiado por llegar a serlo. Sin embargo, cabe ciertamente afirmar que entre los objetivos o fines que el hombre se puede proponer en busca de la felicidad, en términos generales, ocupa un lugar destacado el encaminado a satisfacer no sólo las necesidades básicas o de subsistencia -en las que el hombre no se diferencia de los animales irracionales-, sino también y sobre todo las necesidades superiores, que únicamente el hombre siente, y que comprenden con los bienes del espíritu, la inclinación hacia lo que se llama el bienestar, como una realidad condicionada por el uso de las cosas materiales no absolutamente imprescindibles para poder mantenerse en la existencia.
Ahora bien, la aspiración a cubrir las necesidades básicas y, por encima de ellas, las originadas por la inclinación al bienestar, requiere el empleo de recursos que, por lo general, son escasos. Y aquí empieza la historia del hombre que, desde que Dios lo puso en la tierra, para que la trabajara, no ha cesado de luchar para extraer de su seno lo necesario para el logro de este bienestar que innatamente desea. De tal forma que Alfred Marshall pudo definir la economía como «el estudio de aquella parte de la acción individual y social que está más íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales del bienestar». Pero la simple observación de lo que, a lo largo de la historia, ha sucedido, pone de manifiesto que no todos ni siempre logran este bienestar que apetecen y al que, por su propia condición de personas humanas, tienen derecho. Y aquí es donde se asientan los argumentos para pretendidamente justificar la intervención del Estado para adoptar el papel de benefactor de los necesitados, dando lugar a lo que, con el paso del tiempo, ha venido a ser lo que hoy conocemos con el nombre de Estado del Bienestar.
EL ESTADO DEL BIENESTAR
En este punto, con el que doy comienzo a la segunda parte de mi exposición, no me parece ocioso llamar la atención sobre la componente política -en la acepción menos noble de la palabra- de los orígenes de tal actuación estatal. Fue en efecto el Canciller Bismarck quien, en los años ochenta del siglo pasado, en su lucha contra el naciente socialismo, adoptó determinadas disposiciones sociales de carácter paternalista, pensando que, si los obreros percibían que el Kaiser se ocupaba de ellos, dejarían de oír los cantos de sirena del partido socialista. Sin embargo, pese al sesgo interesado y al carácter espúreo de su origen, nada habría que objetar, hasta aquí, a una política tendente a resolver las necesidades básicas de los estratos menos favorecidos de la sociedad, ya que sin duda existe acuerdo en que alguien debe tomar la decisión de subvenir a la indigencia.
Lo que sucede es que, a partir del final de la primera Guerra Mundial, lo que debía haber quedado como un sistema de resolver las necesidades actuales y futuras de aquellas pocas personas que, por distintas razones, no son capaces de hacerlo por sí mismas o en voluntaria y libre colaboración con otros ciudadanos, se fue convirtiendo en un instrumento para universalizar la protección social, con carácter de servicio público, burocratizado, para pobres, clases medias y ricos. Este modelo impuesto por los políticos, con la complicidad de las élites dirigentes que, al amparo del pensamiento keynesiano, habían perdido la fe en el Estado liberal, con el paso del tiempo ha ido extendiendo su ámbito de acción y engrosando la magnitud de sus prestaciones, sin que se sepa bien hasta dónde hay que llegar.
Puede decirse que este Estado del Bienestar es el que desean los votantes, pero la verdad es que éstos no tienen mucho donde elegir porque, a pesar de que los resultados insatisfactorios del modelo fueron pronto patentes, los políticos -sean socialistas sean conservadores- tienden todos a ofrecer programas de gasto en favor de sus clientelas, a fin de ganar las elecciones que es lo que realmente importa a los políticos. Si los ciudadanos han aceptado, implícitamente, el planteamiento del Estado del Bienestar, ha sido bajo el engaño de hacerles creer que la protección que les otorgaba era gratuita; siendo así que la pagamos todos -unos más y otros menos- hasta que resulte imposible pagarla, cosa que ya está sucediendo.
Desgraciadamente, a pesar de la amarga experiencia del desempleo que se ha abatido sobre Europa -y en especial sobre nuestro país- a consecuencia, sin duda, del modelo socio-económico que late tras el Estado del Bienestar, la realidad es que los políticos, presos ellos mismos del engaño en que han hecho incurrir a sus electores, no se atreven a mentar nada que pueda suponer un intento de cambio del sistema de protección social, a pesar de que estén convencidos de que hay aspectos del mismo con imperiosa necesidad de ser modificados. Y es que aun haciéndoles gracia de no caer, en interés partidista, en el fomento del fraude y en la corrupción del sistema, la tentación de utilizar los alegados beneficios de la Seguridad Social con fines electorales es muy grande.
Pero los hechos son tenaces y, si no se toman las necesarias medidas correctoras, como están ya haciendo algunos países europeos, la quiebra económica del Estado del Bienestar, sobre todo en lo que se refiere a las pensiones, la sanidad y la protección del desempleo, es inexorable, en un plazo más bien corto, ya que es imposible y, dentro del proyecto de la Unión Europea todavía más, intentar cubrir el déficit que estas prestaciones provocan, con más y más deuda; deuda, que a su vez, a causa del peso de los intereses, es generadora de mayor déficit.
El Estado del Bienestar, tal como se ha concebido y aplicado, ha sido y sigue siendo perjudicial, pero no solamente por la quiebra económica a que conduce. Con ser esto malo, a mi juicio no es lo peor. Lo peor del Estado de Bienestar es el daño que ha hecho a la mentalidad de los hombres de nuestro siglo. El Estado ciertamente debe proteger las situaciones de indigencia y, en ejercicio de su función subsidiaria, extenderla a los contados casos que la sociedad no puede atender. El error del Estado del Bienestar es haber querido que esta protección se universalizara, alcanzando al inmenso número de aquellos que, sin necesidades perentorias, debían haber sido puestos a prueba para que dieran los frutos de que la iniciativa individual es capaz; en lugar de ello, generaciones enteras han sido adormecidas por el exceso de seguridad, con cargo al Presupuesto y, lo que es peor, en detrimento de las unidades productivas de riqueza que, de esta forma, se sienten desincentivadas. En este sentido el nivel a que se ha llevado el Estado del Bienestar ha traicionado incluso el pensamiento de Lord Beveridge, tenido por el padre del Estado del Bienestar moderno, quien había escrito: «el Estado, al establecer la protección social, no debe sofocar los estímulos, ni la iniciativa, ni la responsabilidad. El nivel mínimo garantizado debe dejar margen a la acción voluntaria de cada individuo para que pueda conseguir más para sí mismo y su familia».
Lo que, contrariamente, ha sucedido, es que nuestros contemporáneos, acostumbrados a tener cubiertas, sin esfuerzo, todas sus necesidades básicas, desde la cuna hasta la tumba, han perdido el amor al riesgo y a la aventura, creadora de riqueza. Preso de una paralizante excesiva seguridad, el hombre de hoy se desinteresa progresivamente de su contribución al desarrollo de la sociedad, lo que conduce a instituciones cada vez más ineficaces y anquilosadas. En esta situación, lo único que subsiste es la ambición por el enriquecimiento rápido y sin esfuerzo, fomentando la corrupción y el empleo de toda clase de artes torcidas para lograrlo.
El Estado del Bienestar, en manos de políticos que buscan sus propios objetivos de perpetuación en el poder, produce efectos contrarios a los que dice perseguir. El seguro de desempleo amplio y duradero, produce más paro; la ayuda a los marginados produce más marginación; los programas contra la pobreza producen más pobres; la protección a las madres solteras y a las mujeres abandonadas, multiplica el número de madres solteras y el número de hogares monoparentales... Los estatistas dicen que, a pesar de todo, el Estado del Bienestar produce sociedades socialmente más justas. Y pretenden probarlo, porque, haciendo un empleo abusivo del concepto de «justicia», han convertido en «derechos» a satisfacer en nombre de la «justicia social», lo que no eran más que reivindicaciones propugnadas por determinados grupos políticos y sindicales. Por eso, aunque, en España, desde 1970 el peso del gasto social sobre el PIB se ha más que doblado, la gente no se siente satisfecha y pide más y más amplias prestaciones, continuando la escalada de presiones para convertir en derechos las pretensiones más absurdas y abusivas, como es, por ejemplo, la demanda de hacerse reembolsar los gastos de abortar, con lo cual, además de haber legalizado el crimen, se pretende que el crimen en que el aborto consiste sea pagado con el dinero de los contribuyentes, con total vulneración de lo que debe entenderse por Estado de Derecho.
Los defensores del Estado del Bienestar dicen, también, corrompiendo de nuevo los conceptos, que, gracias a él, nuestras sociedades son más solidarias, cuando, en realidad, la solidaridad organizada con cargo al Presupuesto lo que hace es expulsar la virtud personal de la solidaridad, con sacrificio personal, de la que la sociedad dio abundantes pruebas antes de que el intervencionismo estatal justificara la inhibición del individuo. Este es el daño moral hecho por el Estado del Bienestar: la vinculación del individuo al Estado. Sus efectos serán muy difíciles de desarraigar en unas generaciones crecidas al amparo del Presupuesto. No sin razón se ha podido decir que el ciudadano de nuestros días contempla la seguridad que el Estado del Bienestar le proporciona como algo consustancial a su propia forma de vida y a lo que difícilmente va a renunciar. Esto es lo malo.
LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR
La crítica económico-financiera y sobre todo moral que acabo de hacer al Estado del Bienestar no significa, ni mucho menos, que tengamos que renunciar a la búsqueda del bienestar social. Lo que significa, y con ello entro en la tercera parte de mi intervención, es que hay que buscarlo por otro camino y este camino no puede ser más que el de devolver el protagonismo al individuo y a la sociedad, replegándose el Estado al papel que le es propio. Yo no soy anarquista y, por lo tanto, no pretendo elaborar un modelo de bienestar en el que el Estado esté ausente. Creado por el hombre, para servirle a él y a la sociedad, que es un producto espontáneo de la propia naturaleza humana, el Estado es necesario. El Estado debe existir, acotado a los límites determinados por los fines para los que primigeniamente fue concebido, es decir, para servir, y no como ahora sucede, para ser idolatrado, sacrificando en su honor a las personas y a sus bienes materiales y espirituales, entre los cuales están la libertad y la dignidad humana, tantas veces conculcadas por las concepciones estatistas.
El Estado debe existir para servir a la sociedad, no al revés, definiendo el marco legal dentro del cual los individuos, aisladamente o en asociación con quien deseen, puedan perseguir libre y responsablemente sus propios fines; y administrando justicia entre los ciudadanos, todos iguales ante la ley, para dirimir los conflictos que en la persecución de estos fines puedan presentarse. Descendiendo al campo concreto del bienestar, que es el que esta mañana nos ocupa, el Estado, si se me permite el juego de palabras, no debe, en principio, dar al hombre lo que necesita para asegurarse el bienestar, sino darle la seguridad de que por sí mismo puede ganarse el bienestar que necesita, espoleando en él, con los adecuados incentivos, el ímpetu para abrirse camino en la vida, es decir, fomentando la responsabilidad de forjar la propia existencia, generando en el individuo la garra suficiente para afrontar la lucha con vistas a la realidad presente y a las eventualidades del futuro. O sea, propiciando todo lo que el Estado del Bienestar ha destruido, pretendiendo dar a todos una excesiva y, por ello, paralizante seguridad.
Todo individuo, en orden a la satisfacción de sus necesidades económicas, intenta maximizar la utilidad de su consumo a lo largo del tiempo, mediante una adecuada combinación de gasto y ahorro. El hombre sabe que, contando con sus solos medios, si desea disponer de recursos en el futuro para atender a toda clase de necesidades, previsibles o no, ha de sacrificar el consumo presente en aras de un ahorro que le asegure el futuro. Esta convicción hace al hombre emprendedor y prudente, al mismo tiempo. Emprendedor, para asumir aquellos riesgos razonables que prometen mayores ingresos, y prudente, para apartar del consumo aquella razonable parte de los ingresos destinados a la previsión del futuro. Por esto el ahorro es una virtud.
Esta situación, que es, a mi entender, la deseable, es la que se produce cuando el Estado no lo impide. En ausencia del intervencionismo estatal, la sociedad se vertebra y produce, por iniciativa individual, todas aquellas instituciones de carácter privado necesarias para el logro de los objetivos del bienestar. El primer resultado de este cambio de enfoque es que los objetivos se lograrían mejor, es decir, más eficientemente y a menor coste. Todo el mundo está convencido de que los sistemas privados de prestaciones sociales son más eficaces y baratos que los públicos. Incluso los que defienden la Seguridad Social pública, lo hacen, no por razones económicas, sino por la necesidad -dicen, erróneamente, desde luego- de primar la equidad sobre la eficiencia, reconociendo, implícitamente, lo que hoy ya no se discute, es decir, que la eficiencia está del lado privado. Es más, en el supuesto de que el Estado quiera reservarse -en algunos casos razonablemente, como veremos- el papel de financiador total o parcial de las prestaciones sociales, su provisión puede y debe confiarse al sector privado porque lo hará mejor y más barato.
Para anticiparme a las críticas -que, sin haberse expresado, estoy ya oyendo- a las críticas, digo, basadas en el presunto menosprecio del sistema expuesto hacia aquellas personas que ni son capaces por sí mismas de hacer frente a sus necesidades de bienestar presente y futuro, ni disponen tampoco de los medios para acceder a las instituciones que la sociedad civil promueve, me gustaría explicar con cierto detalle, por vía de ejemplo, cómo funcionaría, cómo debería funcionar, sin olvidar a los menos capaces, un sistema de bienestar social, proporcionado por la libre iniciativa de la sociedad, en tres campos tan sensibles y significativos como son la enseñanza, la asistencia sanitaria y el sistema de pensiones, a fin de probar que el sistema liberal que propugno ni es insensible ni inhumano.
Empezando por la enseñanza, habría que privatizar todos los centros de educación, primaria, secundaria, profesional y universitaria y, en los casos en que no resulte, por el momento, posible, hay que desenchufar los centros estatales de los presupuestos del Estado, dotándoles de autonomía de gestión, así como suprimir todas las subvenciones a los llamados centros concertados, de forma que unos y otros, con las tasas o matrículas necesarias para cubrir sus respectivos costes, compitieran en eficacia, calidad y precio, a fin de que los padres o los propios alumnos pudieran elegir el Centro que más les convenza. De esta forma se acabaría con la injusticia, la inmoralidad, de que el Estado imparta educación gratuita o a un precio irrisorio, tanto al hijo del mayor potentado como al hijo del obrero menos remunerado. Esta situación es inmoral porque la diferencia entre, por ejemplo, las 70.000 pesetas de la matrícula y las 500.000 pesetas, por lo menos, que es el coste real de una plaza en una Facultad Universitaria, la pagan en sus impuestos principalmente las clases medias, incluidas aquellas personas que no utilizan los servicios educativos.
Naturalmente que, para tranquilizar a los críticos, añadiré que, dejando aparte que en el Estado liberal la gente dispondría de mayores rentas netas a consecuencia de los menores impuestos que esta clase de Estado reclama, el sistema que propugno no se opone a que el Estado, para que no se pierda ninguna inteligencia por falta de medios económicos, facilite bonos escolares a quienes lo necesiten, de acuerdo con su nivel de renta, a fin de que cada uno aplique el bono, en pago total o parcial, a la escuela, instituto o universidad libremente elegida y que, al no ser subvencionada, ofrecería precios de matriculación de acuerdo con sus propios costes reales y según la calidad de la enseñanza impartida. Pienso que este esquema es más razonable que el actual y deja a salvo la atención a los menos pudientes.
Aunque el sistema descrito es sustancialmente aplicable a todas las otras áreas del bienestar, pasemos a la asistencia sanitaria, donde para mejorar una eficiencia que hoy está por los suelos, es indispensable, también, aumentar la competencia entre todos los prestadores de servicios para la salud, sean centros hospitalarios, sean oficinas de farmacia, sean, en su caso, compañías aseguradoras del coste de estos servicios, llegado el momento de su utilización por parte de los usuarios finales. Veamos, brevemente y a título de ejemplo, lo que cabe hacer con los actuales hospitales públicos. Estas instituciones pueden ser vendidas o, en su caso, cedidas por el Estado a grupos privados, quienes previo pago de un canon al Estado por dicha cesión, facturarían a las Compañías Aseguradoras, o Mutuas, los gastos incurridos por sus afiliados. Estas Compañías captarían sus clientes entre los que quisieran «desengancharse» de la Seguridad Social dejando de cotizar la parte correspondiente a sanidad. Naturalmente que para admitir la deducción de cuotas habría que demostrar la existencia de póliza de cobertura privada, ya que el Estado no puede permitir que, por falta de la misma, recayera sobre él la subsidiaria función asistencial.
En la línea de la protección a los que no dispongan de medios para afiliarse a una Mutua, o hacerse su propio seguro de asistencia sanitaria, el Estado, en su papel subsidiario,en el que según se ve no ceso de insistir, proporcionaría, como en el caso de la enseñanza, bonos sanitarios para ser gastados en el centro médico que cada uno eligiera.
Pero es en el campo de las pensiones de jubilación donde quizá mejor se ve lo que estoy propugnando. El actual sistema español de pensiones, público y de reparto, exige su reconversión para hacerlo privado y de capitalización. Las razones de esta afirmación son obvias. El sistema vigente es, en primer lugar, injusto porque la pensión del jubilado de ayer la pagan los trabajadores de hoy, trasladándose así la carga hacia las generaciones futuras que no saben si, cuando llegue la hora de su jubilación, habrá alguien que pague sus pensiones. Porque el sistema, además de injusto, es ineficiente; tiende a la quiebra. Cuando había cuatro trabajadores por jubilado, el sistema sin dejar de ser injusto, funcionaba; pero, a medida que la población envejece y el paro aumenta, va disminuyendo la base en que se apoya el invento. Cuando se llegue, ya estamos cerca, a que no haya ni un trabajador por jubilado, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? Por esto el sistema, más pronto o más tarde, inexorablemente quebrará. Todos los estudios lo confirman y el propio Pacto de Toledo, artimaña política para mantener el sistema público y de reparto, lo reconoce cuando, para asegurar el pago de las pensiones en el futuro, no encuentra otra solución, en forma más o menos disimulada, que reducirlas.
Por esto, aun aquellos que, en nombre de una mal entendida solidaridad, no quieren reconocer la inmoralidad del sistema de reparto y la ineficiencia de la gestión pública del mismo, no tienen más remedio que aceptar que, finalmente habrá que cambiarlo, para pasar -gradualmente, desde luego- a un sistema en el que cada uno se construya la pensión que desee para el futuro con su propio ahorro de hoy, de acuerdo con su propia función de utilidad. Yo ahorro ahora para tener más el día de mañana. Si gasto más hoy, tendré menos mañana. Optar por una u otra alternativa debe ser una libre decisión de cada cual. Cada cual debe fabricarse la pensión, o el seguro de enfermedad, de que quiera disponer. ¿Significa esto que el Estado no tiene nada que decir en este asunto? Desde luego que no. El Estado tiene dos funciones a realizar: la función reguladora y la función subsidiaria. En méritos a la primera, el Estado debe obligar a todo el mundo a asegurarse una pensión mínima que, en la mayoría de los casos, debe ser equivalente o próxima al salario que se percibe. ¿Qué se necesita para esto? ¿Detraer, por ejemplo, un 10% del salario? Pues se detrae, con exención fiscal desde luego. ¿Alguien quiere obtener una pensión más amplia y quiere ahorrar, por ejemplo, un 20%? Ahorre un 20%, que también debería estar exento de impuestos para estimular el ahorro, ya que el ahorro, que se convertirá en inversión, es bueno para el país. Que cada uno ahorre para su pensión lo que quiera, pero el Estado debe exigir el mínimo, porque si alguien no se asegura, puede caer en la indigencia y el Estado, en méritos de la otra función, que es la subsidiaria, tendría que acudir en socorro de ese indigente, que ha llegado a serlo porque ha querido, no porque no haya podido.
El caso del que no ha cumplido con la obligación de asegurarse la pensión mínima porque no ha podido, porque no ha tenido ingresos de donde detraer el ahorro, es completamente distinto. En este caso, la aplicación del principio de subsidiariedad entra de lleno. En este caso, el Estado debe pasarle una pensión, que llamamos «asistencial» y que se financia con cargo a los Presupuestos Generales; es decir con cargo a los impuestos que pagan todos los contribuyentes y que, como ya he señalado, serán impuestos muy reducidos, porque, en el modelo de Estado mínimo que estoy defendiendo, el Estado necesita poco dinero. Pero las pensiones que llamamos «contributivas» deben hacerse capitalizando cada uno su propio ahorro, con un mínimo obligatorio y voluntariamente por encima de dicho mínimo.
Ahora bien; que el Estado obligue a todos los ciudadanos a constituirse una pensión mínima no quiere decir que los fondos destinados a ello, así como los destinados a capitalizar pensiones voluntarias de mayor importe, tengan que ser administrados por el Estado. El Estado obliga hasta un mínimo y estimula fiscalmente por encima del mínimo, pero este ahorro forzoso o voluntario que cada uno realiza debe poder invertirlo en la capitalizadora privada que prefiera de acuerdo con las condiciones que le ofrezca, en régimen de competencia, que quiere decir de eficiencia, con la ventaja añadida de que el ahorro administrado por las capitalizadoras sirve para financiar, a través del mercado de capitales, la economía privada creadora de riqueza y empleo.
De esta forma, gracias a la mayor eficiencia del régimen de mercado, con el mismo ahorro se obtendrían pensiones mayores de las que ahora promete la Seguridad Social y, andando el tiempo, no podrá pagar, porque, como los cálculos imparciales demuestran, el sistema quebrará. Los políticos, del partido que sea, no quieren hablar de ello, porque piensan que les quita votos, pero de hecho es imposible mantener nuestro sistema público de pensiones.
CONCLUSIÓN
Preferir al Estado del Bienestar la Sociedad del Bienestar que, desde luego requiere la presencia del Estado, pero de un Estado mínimo, que cree el marco regulador y ejerza simplemente la función subsidiaria, no impide reconocer que, en las actuales circunstancias, es difícil que la sociedad civil asuma el papel que le corresponde. No porque intrínsecamente carezca de capacidades para ello, sino porque, tras décadas de intervencionismo estatal, estas capacidades han sido adormecidas. Pero precisamente porque, adormecidas, siguen latentes, no es imposible despertarlas, regenerarlas y vertebrarlas para que produzcan con toda pujanza los frutos deseables.
Es cierto que, al día de hoy, la virtud moral de la solidaridad, que supone sacrificio y esfuerzo personal, aparece dañada por los efectos deletéreos de la solidaridad organizada por el Estado, con cargo al presupuesto, porque las conciencias se sienten tranquilizadas, ya que -piensan los ciudadanos- para ocuparse de los otros ya está el Estado, que para esto nos quita el dinero con los impuestos. Pero, a pesar de ello, todos podemos observar la presencia y hasta el auge de tantas organizaciones no gubernamentales, que es un nombre moderno para designar el antiguo y permanente fenómeno del voluntariado social. No es que yo pretenda que el bienestar de los incapaces de procurárselo por ellos mismos haya que esperarlo exclusivamente de la benevolencia o la beneficencia de los que tienen más recursos; ya he dicho insistentemente que esta función ha de ser asumida por el Estado, en el ejercicio de su papel subsidiario. Si he querido referirme al fenómeno del altruismo que, sin duda, existe en nuestra sociedad a pesar de que, en su conjunto, aparezca como tan egoístamente hedonista, ha sido para hacer caer en la cuenta del potencial de la sociedad para, acertadamente estimulada, desarrollar todo el poder creador inserto en la propia libertad del hombre. Y es este potencial el que debe crear las instituciones civiles que, reemplazando al Estado en el papel que errónea e ineficazmente tiene asumido, sirvan para lograr, en interés propio que no es sinónimo de egoísmo, el deseable bienestar de los promotores, sabiendo que, aun sin proponérselo, lograrán también el bienestar de los demás.
Para este despertar de la sociedad frente al Estado, para este rearme de las instituciones civiles es necesario insistir, en toda ocasión, como incansablemente hace la Fundación Independiente, entre otras entidades, en la inexcusable recuperación de los valores morales individuales y de la convivencia, así como en la responsabilidad que alcanza a todos aquellos que con sus palabras y su ejemplo pueden ayudar a la revitalización de las estructuras espontáneas capaces de evolucionar, prescindiendo de la no deseable actuación gubernamental, los grandes y pequeños problemas del cotidiano vivir, a fin de alcanzar aquel nivel de bienestar que, como decía al empezar, es necesario para que el hombre pueda atender, sin agobios materiales, al cultivo de los valores superiores del espíritu que, como ser racional y libre, de naturaleza trascendente, le son exclusivamente propios.
Curso de Verano organizado por la Fundación Independiente y la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid
El Escorial (Madrid), 11/15 agosto de 1997

Separata del número extraordinario de "Cuadernos de Sociedad". 8ª Conferencia

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CARLOS BLANCO: "MACHADO ESTÉ TAL VEZ ABRIENDO COMPUERTAS PARA UN DEBATE DE ORDEN SOCIAL" DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2011 (TIEMPO DE PALABRA)

CAPITALISMO ¿POPULAR?
María Corina Machado ha lanzado un desafío audaz al promover el capitalismo popular como elemento definitorio de su visión de país. ¿Cómo se atreve en un país en el que más o el que menos, puja su lombriz socialista? ¿Será rentable electoralmente hablar de estos temas tenidos como ásperos? ¿Es ésta una propuesta electoral pasajera o tiene sustancia? ¿Cómo se atreve cuando algunos de sus competidores de elevada alcurnia sienten que es genial proclamarse de izquierda?
CAPITALISMOS.
Desde 1930 hasta la década de los años 70 u 80, según los casos, en América Latina se impuso el modelo de sustitución de importaciones, el proteccionismo a la industria nacional, los subsidios generalizados y la centralidad del Estado para financiar a empresarios y trabajadores. El Estado creció para promover empresas y empleo público. El clientelismo fue el resultado político, junto a partidos poderosos (PRI en México, APRA en Perú, Justicialismo en Argentina, AD y en menor grado Copei en Venezuela, así como otros en la región) Esta política llevó al endeudamiento, elevada inflación y la consiguiente crisis. El cambio se hizo inevitable.
Con el retorno a la democracia, entre 1979 y los tempranos años 90, avanzaron las reformas económicas. Las soluciones vinieron en un escenario ideológico dominado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en el ambiente de derrumbe del socialismo soviético. Fue el momento del famoso Consenso de Washington sistematizado -aunque no promovido- por John Williamson. El núcleo era la disminución del papel del Estado y, como contrapartida, el incremento del rol del mercado y del emprendimiento privado. Fueron las políticas llamadas neoliberales, aplicadas con mayor o menor rigor en toda América Latina. La receta logró hacer manejables los problemas económicos y financieros esenciales -la deuda externa y la inflación- pero sus efectos sociales fueron contradictorios y en casos negativos: incremento del desempleo, la pobreza y la desigualdad a corto plazo; al final con resultados más bien desventajosos en términos de equidad social.
LA REACCIÓN.
La aplicación de las políticas neoliberales dio origen a manifestaciones de descontento social en Latinoamérica. Por cierto, debe decirse que en Venezuela la aplicación de esas políticas en el gobierno de Carlos Andrés Pérez fue moderada y con contradicciones; mientras que el segundo gobierno de Rafael Caldera fue mucho más neoliberal que el de CAP II. También es bueno aclarar que El Caracazo no fue el resultado de las políticas del Gobierno que se inauguró en 1989, pues sólo tenía 25 días de establecido; la rebelión popular obedeció a causas más profundas.
En general, en América Latina la democracia de los 80 hizo que salieran de las catacumbas partidos y políticos de izquierda y de centro-izquierda, que habían sido los más perseguidos durante los períodos dictatoriales. En tanto, los partidos más tradicionales, administradores del statu-quo, aparecieron como los autores del giro neoliberal y fueron acusados de "traición" por buena parte de sus electorados. La mesa estaba servida para que la protesta se canalizara hacia la izquierda. Así ocurrió. Junto al nuevo siglo despuntó "la marea rosada" de la cual Hugo Chávez fue pionero, sin contar con el espectro que entonces ya era viejo -y todavía zanganea por América Latina-, Fidel Castro.
La ola rosada tuvo disímiles manifestaciones: la de Chávez, que es diferente a la de Daniel Ortega, que a su vez es diferente a la de Evo Morales; por supuesto también distintas a las de Lula, Kirchner, Tabaré Vásquez o Bachelet. Todos unidos por una actitud autónoma frente a EEUU y en defensa de la independencia de sus decisiones políticas; pero, con la excepción de Chávez y en menor medida de Ortega, con diseños de políticas sorprendentemente ¡capitalistas! El modelo por antonomasia es Brasil.
NEOLIBERALISMO DE IZQUIERDA.
En la práctica ha surgido un modelo que quien escribe estas líneas y en investigación que desarrolla ha denominado neoliberalismo de izquierda. Este nuevo modelo implica continuar con las políticas de mercado sin detrimento del rol del Estado y, al mismo tiempo, con un acento más profundo en las políticas sociales. En este sentido han sido -o son- neoliberales de izquierda Lula y Uribe, Rouseff y Santos, Mujica y Piñera, Calderón y Lugo, Alan García y al parecer ¡Ollanta Humala! No importa tanto cómo se vean a sí mismos sino cómo lo hacen. A ninguno se le ocurre tomarse en serio el socialismo más que como sinónimo de interés en temas de los sectores más pobres y necesitados de sus países. De esta visión resultaría un capitalismo social o solidario, como se le ha denominado.
Lo cierto es que el socialismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo en América Latina significan una combinación de democracia en lo político, capitalismo con acento social y un rol relevante para el Estado en políticas sociales. Por tanto, salvo los intentos ya exangües de Castro e inútiles de Chávez, el socialismo ha devenido capitalismo melancólico y con hoja de parra en unos casos, o capitalismo con acento social, en otros.
En el caso del experimento chavista, el intento socialista no es más que un estatismo feroz, sin organización ni participación de los trabajadores; al final capitalismo salvaje -tipo mafioso- con resonancias rusas. Socialismo "a la Marx" no existe y el intento de la revolución cubana degeneró en la ruina conocida que cuando no mendigó a los soviéticos, encontró ese regalito de los dioses que dio Chávez con la entrega de Venezuela.
SÍ, POPULAR.
El neoliberalismo de izquierda tiene limitaciones serias aun con su fuerte y exitoso acento social, como es el caso paradigmático de Brasil. La primera limitación cuyo destino no se puede saber todavía es que reposa muy fuertemente en las exportaciones de productos agropecuarios, minería, materias primas en general, muy sometidos a los vaivenes de la economía de los países industrializados; situación que posiblemente sea un destino por mucho tiempo en la era de la globalización. La segunda limitación es la del papel predominante del Estado como redistribuidor de ingresos a través de programas sociales (p.e. Bolsa Familia, en Brasil; Oportunidades, en México), antes que promotor del poder productivo y productor de los ciudadanos. Es en este hiato que puede estar el sentido y destino del capitalismo, entonces convertido en popular.
Machado tal vez esté tocando la tecla de un planteamiento que va más allá del neoliberalismo de izquierda de la reciente ola rosada, fuertemente estatista, para abrir las compuertas de un debate sobre un orden social que coloca en los ciudadanos organizados el factor esencial del desarrollo espiritual, económico y social.
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