"Lo que Venezuela necesita es un Protocolo para evitar el Golpe de estado desde el estado".
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
jueves, 19 de mayo de 2011
VICENTE DÍAZ: LAS ELECCIONES YA EMPEZARON
Las elecciones ya empezaron. Quien crea que las elecciones se ganan o pierden el año que viene, ya perdió. El Gobierno así lo ha entendido. Las cadenas se multiplican buscando arropar con el mensaje.
La Misión Vivienda intenta transmutar frustración en esperanza. No importa si el Gobierno logra construir los 2 millones de casas en 5 o en 7 años. Lo que importa electoralmente es que la gente lo crea.
El Gobierno apuesta por que 2 millones de familias con un ticket para una futura vivienda no votarán contra quien organiza la tómbola.
La oposición decidió escoger su candidato el año próximo.
Una decisión respetable, no sé si acertada.
Lo que sí es indudable es que, dada la fecha escogida, lo que marcará la diferencia entre ganar o perder las presidenciales es lo que ese sector haga antes de las primarias. Si el esfuerzo lo dedican sólo a ganar las primarias tendrán un candidato, pero no un presidente.
El target de las primarias es muy diferente al de las presidenciales. Para ganar las primarias lo más eficiente es enfocarse en los sectores medios, concentrado en las grandes ciudades, y con un mensaje muy aguerrido en contra del "régimen". Nueve meses de eso gana las primarias, pero asegura una derrota en las presidenciales. Esa campaña no le dice nada ni a los independientes ni al chavismo light.
La defensa del voto en las primarias tampoco se parece a defenderlo en las presidenciales. En las primarias la mayor parte de los centros de votación estarán en sectores residenciales medios, con miembros de mesa acordados, con testigos de las partes laborando en ambientes amigables. El calibre del ejército de voluntarios para las presidenciales es de otra naturaleza.
Arrancando desde este año se requieren testigos en los puntos de actualización del RE, miles de voluntarios que ayuden a notificar a los miembros de mesa (por si a Ipostel se le "pasan" algunos), presencia en los centros de capacitación, testigos en los centros de La Vega, del 23 de Enero, de La Dolorita, Sabaneta, Villa del Rosario... los votos de Chacao se cuidan solos. Si ese ejército de gente no se organiza y capacita bajo un mando único antes de las primarias, tendrán candidato, pero no presidente. ¿cuando y como se va a lograr?
Finalmente, si los próximos nueve meses se dedican a atacarse mutuamente, ¡Sería el colmo! o a distraerse preparando sofisticados programas de gobierno (la gente no vota por programas ¿o conocen a alguien que no votó por Chávez sino por el árbol de las tres raíces?), o a amenazar con juicios en La Haya (excelente forma de unificar al chavismo), o a pelear con el Consejo Nacional Electoral para que dé la fecha o cambie las condiciones electorales (en lugar de hablar de seguridad, electricidad o inflación), habrán desperdiciado ¿vamos por ese camino? la mejor oportunidad de ganar el poder y demostrar que pueden hacer un gobierno bueno e incluyente. Todo indica que hay mucha conciencia y claridad sobre estas cosas.
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
A PROPÓSITO DE LA REFORMA DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR. ADOLFO R. TAYLHARDAT
La Asamblea Nacional inició ayer (martes 10 de mayo) la segunda discusión de la reforma de la Ley del Servicio Exterior del 2 de agosto de 2005 (GO No. 38.241). El objeto evidente que persigue la reforma es profundizar la condición del Servicio Exterior no como instrumento al servicio de la nación sino como un apéndice exclusivo del régimen. Ese proceso ya se había iniciado con la Reforma del 6 de agosto de 2001 (GO No. 37.254).
El 8 de septiembre de 2008 el Diputado Roy Daza, refiriéndose al proyecto de reforma de la LSE que se encuentra actualmente bajo la consideración de la AN, dijo lo siguiente ([EU, 09-09-08):
“Los cambios que se aplicarán al instrumento serán propicios para adaptar aún más el Servicio Exterior a las nuevas realidades que plantean el presidente Chávez y los demás líderes que le acompañan”. “Antes de la llegada del presidente Chávez Venezuela no tenía política exterior, la razón es que antes nuestro país no era un país soberano, independiente. Los gobiernos de antes no eran soberanos ni independientes del imperio norteamericano”. “En la actualidad el gobierno venezolano se ha planteado, con total asertividad relaciones con el mundo y de manera muy especial con aquellos países que han sido históricamente marginados”. “Al aprobarse la Reforma de la LSE el país contará con un instrumento que le permitirá ampliar aún más las relaciones de solidaridad que viene manteniendo con diversos países del mundo… un ejemplo de ello es el viaje que hizo el presidente Chávez a Sudáfrica. Solo con una política exterior abierta y multipolar se pueden establecer relaciones de hermandad como las que acaban de asentar con ese país del continente africano.
El diputado Daza parece desconocer o deliberadamente ignora que Venezuela siempre estuvo abierta a las relaciones con todos los países del mundo pero sólo tenía embajadas donde el gasto que ello implicaba se justificaba. Con el resto del mundo las relaciones se desarrollaban a través de las Naciones Unidas. Hoy la abundancia de petrodólares le permite al régimen actual crear embajadas a diestra y siniestra para desarrollar su populismo internacional. También ignora que Venezuela mantuvo en todos los foros internacionales una posición firme y categórica en relación con el régimen racista que gobernó a Sudáfrica y estableció oficialmente relaciones diplomáticas con ese país inmediatamente después del derrocamiento del gobierno del Apartheid. Además, Venezuela participó activamente como miembro del Consejo creado por las Naciones Unidas para impulsar la independencia de Namibia y fue el primer país que creó una embajada en Windhoek apenas ese país obtuvo la independencia.
El 29 de diciembre de 2010 el periódico cubano Granma publicó una nota destacando que la AN reanudaría en esa misma fecha - última sesión de ese cuerpo antes de la instalación de la nueva AN elegida el 26/09/11 - la segunda discusión de la reforma de la LSE. En la misma nota Granma destacó que el Diputado Roy Daza había declarado que la reforma “permitirá ampliar los lazos de Venezuela en aras de impulsar la multipolaridad”
Llama la atención el interés que le otorga el diario oficial cubano al tema de la reforma de la LSE y el hecho que destaque el papel que en la “multipolaridad” supuestamente jugará esa Ley. Esto hace pensar que la mano cubana ha estado “metida” en el proceso de elaboración del proyecto de reforma.
El 3 de mayo pasado el diputado Christian Zerpa (PSUV) miembro de la Comisión de PE de la AN afirmó que el proyecto de reforma de la LSE contribuirá a definir “una visión multipolar”. Dijo también que la Ley reformada contempla que “el servidor público de carrera exterior debe asumir la seguridad y la defensa de la nación”. También dijo que la reforma “pondrá fin a las prácticas cuarto republicanas que priorizaban a sólo un pequeño grupo de Embajadas como la de Washington, Bogotá y alguna que otra” Además aseguró que “el servicio exterior no puede seguir siendo un premio de consolación para quienes dejaban deservir a la Nación desde el interior del país. Anteriormente se premiaban las gestiones administrativas públicas mandando a los funcionarios al exterior a ganar bastantes dólares y a darse la dolce vita. Eso es lo que queremos evitar, como queremos acabar con los clanes familiares en el Servicio Exterior. En la cuarta república el Servicio Exterior sólo cumplían los familiares de los presidentes y ex presidentes de la república. Eso lo encontramos cuando revisamos la nómina del personal del Servicio Exterior.
Las declaraciones de este diputado evidencian el propósito de extender al Servicio Exterior el proceso de ideologización que se opera en toda la administración pública. Esas declaraciones son también una muestra de evidencia de cómo el régimen “bolivariano” pretende engañar a los venezolanos distorsionando los hechos. ¿Acaso la prioridad en las relaciones con un país son resultado de un capricho o de una improvisación? Además, en los 40 años de la democracia se logró reducir considerablemente el uso del Servicio Exterior como recurso de “exilio dorado”. Esto se profundizó con la LSE de 1962 que abrió un proceso de profesionalización del Servicio al punto de que para 1998, año en que llega al poder el actual presidente el 80% de los funcionarios eran profesionales, en su mayoría ingresados mediante concurso de oposición a pesar de que la LSE reservaba sólo el 50% de los cargos de Jefe de Misión para funcionarios de carrera. Un proyecto de reforma de la Ley de 1962 elaborado por la Comisión de PE del Senado bajo la presidencia del Senador Pedro Pablo Aguilar trató de ahondar aún más ese proceso que lamentablemente se vio interrumpido con la “rojización” de la Cancillería a partir de 1998. Por otra parte, para desmentir al señor Zerpa bastaría comparar los jugosos sueldos que actualmente perciben los funcionarios del servicio exterior con las austeras remuneraciones que recibíamos los funcionarios de la diplomacia democrática. Si tomamos al pie de la letra la última frase de las declaraciones de Christian Zerpa y se hace una revisión de la nómina del personal del servicio exterior se podrá ver que nunca como ahora los cargos de la diplomacia venezolana se han utilizado para ubicar amigos – y “amigas” – del presidente, ministros fracasados, agentes del régimen, espías para vigilar las actividades de la diáspora o para sustituir a los funcionarios profesionales con fichas del partido rojo, ignorantes incondicionales.
adolfotaylhardat@gmail.com
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
LA MENTALIDAD DISTRIBUCIONISTA. HÉCTOR BLAS TRILLO. CASO ARGENTINA. EN EL ÁGORA -
La mentalidad distribucionista es una constante en la historia argentina de los últimos 60 años por lo menos. Ella se manifiesta en innúmeras disposiciones legales de todo cuño y formato. Desde las afiliaciones compulsivas a sindicatos y sistemas jubilatorios, hasta la llamada progresividad en los impuestos para que paguen más quienes tienen más.
La ya histórica tendencia a buscar dónde puede aplicarse un nuevo impuesto es un dato de la realidad y una de las principales causas del retraso argentino. El desaliento a la inversión es, precisamente, la consecuencia lógica del castigo al éxito.
La supuesta defensa del más débil y del desprotegido se ha tornado en la evidencia patética de que en la Argentina actual el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza si la medición es medianamente acertada. El reparto de dinero y comida se superponen con las ayudas a emprendimientos y las tasas blandas para créditos de todo tipo con el objetivo declarado y declamado de proteger a los que no están dentro del sistema.
La triste realidad muestra, contrario sensu, que quienes están dentro del sistema se muestran empobrecidos, incapaces de soportar la galopante inflación, impedidos de adquirir los bienes y servicios fundamentales para vivir. Sumergidos, postergados y humillados, recurren como pueden a toda clase de reclamos, muchas veces mediante acciones directas que conllevan la violación de los derechos de la población en general, como ocurre con piquetes, sentadas, escraches y otras manifestaciones por el estilo.
En este marco, también es dable observar cómo crecen las voces que exigen a las autoridades que sean preservadas sus quintitas, sus cotos de caza. Que se impida la llegada de extranjeros, que éstos puedan comprar tierras, que no se los atienda en hospitales públicos, etc.
En este punto se da la paradoja de que se pretende el distribucionismo hacia adentro, que los extraños se arreglen como puedan.
Muchas veces el formato distribucionista no es detectado con facilidad diversos comentaristas que intentan explicar la realidad. La fijación de precios máximos, la fijación de salarios mínimos, la asignación de ajustes de salarios por rama de actividad, las prohibiciones y restricciones al comercio exterior, la aplicación de regímenes promocionales, los subsidios, las devoluciones de impuestos y otras políticas intervencionistas constituyen claras formas de distribucionismo.
Qué cosa es el distribucionismo sino la asignación de bienes ganados legítimamente por unas personas, a otras.
Esta mentalidad, que brevemente intentamos describir, en la Argentina es generalizada. La necesidad de generar recursos para aplicar a todo tipo de planes intervencionistas obliga al Estado a recurrir a fondos provenientes de diversas fuentes. Así, la apropiación de los recursos de las AFJP contó con el beneplácito no solamente del oficialismo peronista (en donde a su vez se entremezclan claramente viejos menemistas, duhadistas y otros, muchos de ellos borocotizados como kirchneristas).
El hecho más reciente que muestra a las claras la generalización notable de esta forma de ver la vida, la economía y la naturaleza humana, es la votación unánime de la ley regulatoria de la medicina prepaga. En la cámara de diputados, 190 de ellos votaron a favor, 29 se abstuvieron y no hubo ni un solo voto en contra.
Esta ley agrega prestaciones y genera obligaciones a las empresas de medicina prepaga que para ser cubiertas requieren de mayores recursos. Para contar con ellos será necesario subir adicionalmente a la inflación real, las cuotas, cosa que deberá estar sujeta a un organismo regulador encargado de la autorización respectiva.
Como se sabe, esta cobertura médica es abonada de manera voluntaria por aquellos habitantes que no confían o no están conformes con la medicina pública, que otorga el Estado y que se financia con los impuestos que todos pagamos. Es decir que se trata de gentes que prefieren pagar dos veces para contar con un reaseguro médico, por así decirlo. Se trata según la información conocida de un porcentaje poblacional del orden del 10% del total.
Cabe preguntarse por qué ese porcentaje poblacional recurre a esta forma de cobertura y sería importante que nuestros legisladores se dedicaran a legislar y a corregir las falencias que estas personas han decidido evitar mediante un esfuerzo económico considerable, adicional como decimos al que se por sí realizan para abonar las obligaciones tributarias.
Pues no. Los legisladores pueden suponer que están conformes con la medicina pública, que al parecer no necesita cambios ni mejoras; pero en cambio creen que la medicina privada sí necesita regulaciones, pese a que sus adherentes abonan sus cuotas de manera voluntaria y precisamente porque se sienten desatendidos por el sistema público.
La respuesta a estos interrogantes está fundamentada en el sistema distribucionista, y tiene una inspiración que apunta a igualar hacia abajo, que es en general el fin tal vez no deseado de todo distribucionismo.
Si vemos que por ejemplo en el sistema jubilatorio algo así como el 70% del total de personas que cuentan con el beneficio, perciben la remuneración mínima, cuando hace algunos años ese porcentaje no alcanzaba a la cuarta parte, está más que claro lo que queremos decir.
En términos específicamente económicos, en la mayoría de los países se alternan dos visiones en esta materia. Una, más o menos intervencionista y distribucionista; la otra, más proclive a bajar las tasas de impuestos permitiendo que las inversiones lleguen y obtengan mayores rentas, con el objeto de recaudar montos suficientes para sostener el sistema sin necesidad de aplicar formas agresivas de distribución. En una, se da por sentado un intervencionismo más o menos intensivo tendiente a modificar la llamada distribución del ingreso por medio de gabelas progresivas y enfocadas a determinada capacidad contributiva, en otra, se busca el crecimiento económico como elemento fundamental para lograr una mayor recaudación y encarar desde el Estado aquellas necesidades básicas que ciertas gentes per se no pueden en un momento dado alcanzar.
El distribucionismo está íntimamente asociado al intervencionismo, y éste último ha dado lugar históricamente a los desastres económicos más grandes en la historia de la humanidad. Basta ver lo que ocurre hoy mismo en Europa ante la crisis del llamado Estado benefactor.
Los capitales huyen hacia sitios más seguros, detrás de ellos va la gente. Nadie está dispuesto a trabajar más allá de cierto punto para que los beneficios le sean quitados y distribuidos entre otras personas que de ese modo se benefician sin esfuerzo. Es por ello que los impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo no pueden pasar de cierto límite más o menos impreciso de tolerancia.
Pero cuando el distribucionismo se hace carne en la población pareciera que ese límite es rápidamente desbordado sin que se generen reacciones o manifestaciones públicas de importancia. En verdad, ante la posibilidad de ser tildados de egoístas o poco educados civilmente, los exitosos prefieren callarse la boca y a su manera huir del sistema. Sobre todo cuando el castigo que deviene del distribucionismo los afecta más que proporcionalmente que al resto de los habitantes.
Hemos mencionado el caso de las prepagas por ser de rigurosa actualidad. Pero lo mismo ha ocurrido con las AFJP, donde con excusas varias el Poder Ejecutivo se apoderó, mediante una ley votada por una pléyade de aduladores y también de opositores. Opositores incluso que hoy mismo se presentan como candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad enfrentados a los candidatos oficiales.
La mentalidad distribucionista se ha apoderado prácticamente de todos los sectores de la vida pública. Así, se multiplican los que piden, los que exigen. Y tales pedidos y exigencias pueden ser de cualquier índole. Desde quienes ocupan espacios públicos o propiedades privadas, hasta los que reclaman extensiones de tierra por tratarse de descendientes de los llamados "pueblos originarios". En el medio, gremialistas de toda laya y color, corporaciones empresarias de diversa índole; maestros, camioneros, petroleros, empleados de ciertas empresas "recuperadas", jubilados, pensionados, "contratados", empleados públicos, facciones políticas que no alcanzan cada una a llenar un teatro, etc. Todos reclaman, todos esperan del Estado la distribución que les corresponde. Todos esperan de los otros, y los otros, de ellos.
tabano_informa.gruposyahoo.com.ar
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
DESCONOCIÓ EL DERECHO A LA FE. ELINOR MONTES
El poder de Dios es infinito y Él hará justicia, Él protegerá a los inocentes y mansos de corazón de la mentira que soporta al régimen.
Por carecer de moral y límites, a fin de destruirlo todo y tomar lo que le sirva, la jefatura volvió a “desconocer el derecho de la gente a tener fe”, de nuevo se atrevió a usar el nombre de Jesucristo para negarlo al asociarlo a su revolución que en el fondo y en la práctica “cultiva la muerte, la mentira, el odio, la discriminación, la esclavitud, la injusticia”, y fundamentalmente trabaja la eliminación de “la paz que es el fin de la persona en su vida terrena y después de la muerte”.
Referencias de una conversación con Constanza Espinel.
¡Cómo se atreve a mencionar al Hijo de quien nos creó a su imagen y semejanza, con lo cual nos hizo libres y dignos! Sólo un espíritu del mal se atreve a decir que lo que niega a Cristo es Cristo.
Dios es amor para todos, sin discriminación alguna, y sus 10 mandamientos se resumen en dos: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo”. Cristo vino al mundo para dar un nuevo mandamiento: “amaos los unos a los otros como Yo os he amado”. ¿Cómo nos amó Cristo? hasta la muerte. La afirmación de la jefatura es mentira, quien ama al prójimo no lo mata; no lo roba; no le miente; no codicia los bienes ajenos cuando promueve la invasión; no irrespeta a los padres, ni a la familia, ni la destruye; no discrimina; no es iracundo, ni violento, ni descortés; no es perezoso; no es avaro; no carece de templanza. Sobre todo, practica las obras de misericordia: “da de comer al hambriento, de beber al sediento, enseña al que no sabe, visita a los presos…”
Quien ha promovido y promueve el materialismo, la inmediatez, el centro de la vida del hombre en las cosas y no en su trascendencia y que además le niega permanentemente sus derechos y la justicia intrínsecas a su condición de persona humana; quien ha promovido y mantenido la inflación como instrumento de expoliación y de despojo a la persona de sus condiciones mínimas de supervivencia; quien no garantiza el trabajo como medio para el logro de bienestar; quien con todo esto desprecia, destruye y degrada la dignidad de la persona humana, no puede invocar el amor de Jesús como símil de su proceso revolucionario, porque ese proceso lo niega, es su antítesis.
Sobre los asuntos del mundo Jesús dijo: “dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, “Mi reino no es de este mundo”. Para los que creemos dijo: “El mal no prevalecerá sobre mi iglesia” y, si lo que se aspira es comprar a los que creen en Cristo a fin de competir con la influencia de la jerarquía de la iglesia eso no será posible, los que creemos, creemos, no tenemos precio y confiamos en el poder de Dios.
Debemos orar, pedir a Dios el don del discernimiento que permitirá diferenciar el bien del mal.
Elinor Montes
elmon35@gmail.comEL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA, BLASFEMIA
QUEREMOS CONVERTIR AL LIBERALISMO EN LA FUERZA POLÍTICA MÁS IMPORTANTE DE VENEZUELA". F.L.V. LLAMADO A PARTICIPAR PARA MUJERES Y JÓVENES LIBERALES
QUEREMOS CONVERTIR AL LIBERALISMO EN LA FUERZA POLÍTICA MÁS IMPORTANTE DE VENEZUELA. LA FEDERACIÓN LIBERAL VENEZOLANA HACE UN LLAMADO Y UNA OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN PARA MUJERES Y JÓVENES DE TENDENCIA LIBERAL
FEDERACION LIBERAL VENEZOLANA
AVANZA LA UNIDAD LIBERAL
Más de 700 líderes de todo el país presentarán su nombre para representar el ideario Liberal en los próximos comicios nacionales y quedan abiertas las inscripciones para ser postulados por la Federación Liberal Venezolana a mujeres y hombres jóvenes menores de 30 que quieran postularse a través de las redes sociales.
Recurrimos para ello a las Nuevas Tecnologías de la Información en este proceso de inscripción, demostrando el compromiso de la colectividad con la modernización de la política en el país. Pueden, los aspirantes a las postulaciones visitar en Twitter a. @elliberalve (Jorge Hernandez) o a @brujoliberal (Rafael Lovera) o a @empera7 (Emperatriz Betancourt) y dejar allí un mensaje privado solicitando mayor información.
Tmbien pueden dejar un mensaje en http://www.facebook.com/profile.php?id=100000935853674 a los mismos fines o a el.liberal.ve@gmail.com o empera7@gmail.com
LOS MENSAJES SOLO SERAN LEIDOS POR LOS DESTINATARIOS
Culminado el proceso de inscripciones, el 30 de julio de 2011, para que líderes liberales postulen su vocación de servicio público para las próximas elecciones se anunciará públicamente quienes quedarán inscritos para gobernaciones, asambleas legislativas, alcaldías, y concejos municipales.
A partir de hoy estamos en un proceso de selección de pre candidatos.
En casos en los que se presenten más de una persona para un mismo cargo estudiaremos la posibilidad de que los postulantes lleguen a un acuerdo para elegir un solo aspirante. También tendremos en cuenta mecanismos como hacer una encuesta o una consulta.
Tenemos un objetivo muy claro y es el de convertir al Liberalismo en la fuerza política más importante de Venezuela”
Con el espíritu de tener en las lista liberales no menos de un 30 por ciento de mujeres, están abiertas las inscripciones para mujeres de cualquier parte del país que quieran participar en cualquiera de los cargos de elección popular en los comicios venideros.
A los jóvenes venezolanos menores de 30 años les llegó la hora de hacer parte de las grandes decisiones del país, para ellos, mantenemos abierta la posibilidad de su postulación a través de las redes sociales
Tanto las mujeres como los jóvenes no necesitan ningún respaldo político, únicamente el apoyo de una comunidad en su ámbito geográfico.
el.lberal.ve@gmail.com
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
LAS MENTIRAS HUNDEN A CHÁVEZ. ENRIQUE PEREIRA
Un país entero escucha, calla y reflexiona.
Estadísticas que ya nadie cree, cuentas fuera de proporciones que no tienen fundamento alguno y que nos separan de la cruda realidad. Un país sin números ciertos que navega en la incontinencia verbal de un presidente que no sabe cómo ponerle rumbo a este barco.
Habló hasta por los codos del desarrollo de los ejes del sur para ahora meter una nueva Caracas, dentro de la que ya existe, para hacinar más a los que ya estamos hacinados. Promotor de ineficiencia, de anarquía, de descontrol y de una suerte de planificación a dedo que no nos lleva a otro lugar que una pérdida progresiva de nuestra calidad de vida.
Mentiras y más mentiras. Un día hablan de trescientos mil artefactos y al siguiente de tres millones. Operaciones de ojos que no se comprueban, planes de salud que no producen resultados, viviendas que no se terminan, fabricas que nunca arrancaron, urbanismos completos esperando hierro y cemento.
Las mentiras le están haciendo mella al presidente. Alguna vez pudo argumentar que sus segundos lo engañaban. Se le acabó esa “manguangua”. Se le terminó el día qué con ese característico movimiento de cejas y labios, decidió mentir sin pudor alguno en muchas cosas en las que podemos comprobar la mentira. Cuando se nos apaga la nevera por falta de luz, dejamos de comprender al que insiste que no estamos en una crisis energética. Cuando el aceite desaparece de los estantes de los automercados, dejamos de creer a quién nos habla de una revolución agropecuaria con notables incrementos en la producción. Al carajo la independencia alimentaria. Aquí nada está bien hecho en socialismo.
El único que puede exigir respeto es quien lo entrega. Tú me respetas, yo te respeto. El liderazgo de una persona termina en el momento que dice su primera mentira. Un líder es un ser genuino, autentico, digno de convertirse en un modelo. Un líder no puede mentir a los cuatro vientos sin esperar un deterioro de su liderazgo. Un líder no puede solicitar a la gente que viva en pobreza, pero comer salmón y cambiar su reloj todos los días. Un verdadero líder, capaz de hacer historia, no puede justificar que su familia tenga fincas, piscinas y lujos al tiempo que cacarea acerca de una revolución que nos hunde cada día más.
A Chávez no le queda otro camino que seguir mintiendo. Eso le da un airecito temporal, pero trabaja –como los boxeadores- su línea media a corto plazo. Se caerá como un gigante de barro, pues él decidió socavar sus bases, sólo él trabajó para que así fuere.
No será su rodilla lo que lo baje del poder, será su característico y maníaco modo de mentir, cargado de cinismo, el que concrete lo que los venezolanos de bien no hemos podido lograr en una docena de años.
@pereiralibreEL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
PEDRO PAÚL BELLO: REFLEXIÓN SOBRE EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO
A propósito del brillante artículo de Virginia Contreras.
Para mejor entender la actual crisis político-institucional que vive Venezuela, es muy importante el tener presente la relación, casi siempre problemática, que, en los países de la Comunidad Ibero-americana, ha existido entre Constitución y gobierno. Esto implica, necesariamente, dejar de lado la mera consideración del texto constitucional como análisis de las realizaciones históricas del Estado, para ir a alcanzar el conocimiento de aquellas realizaciones concretas, aunque inconstitucionales, con base en las cuales ha sido posible --bajo una suerte de especial y sui generis “derecho consuetudinario”-- un cierto grado de funcionamiento y consolidación de expresiones reales del Estado, tanto en Venezuela como en el sub-continente.
Como la forma o estructura de la Constitución era resultado de su diseño, su vida y muerte iban a depender, como lo expresó Luis Castro Leiva, de “las peculiares pasiones” que desatara la vida política de cada Nación. Por eso, bien apuntó el mismo Castro Leiva, los actores políticos gran-colombianos, más allá de sus roles e inclinaciones partidarias, iban a identificar “principios” con sus particulares intereses. Es la negativa significación, en términos históricos, de la tragedia republicana en que derivó entre nosotros aquella cínica expresión “la Constitución sirve para todo” de José Tadeo Monagas.
Por ello, ninguna de las quince constituciones posteriores a la de 1830, lo fueron en sentido verdadero, pues no introdujeron –-ni pretendían hacerlo-- cambios que modificaran el sistema político, sino simples sustituciones de intereses personales de anteriores gobernantes por los de otros nuevos, con iguales vicios, deformaciones y comportamientos.
El problema de fondo consiste en la forma de existencia real del Estado constitucional. En América Latina --como ocurre también en España y Portugal-- se ha presentado entre el Ejecutivo, entendido como “el gobierno” --heredero de toda la tradición del absolutismo autoritario de las Metrópolis-- y el Parlamento o Congreso --que es una institución relativamente reciente-- una recurrente contraposición histórica. Eso se reveló en nuestra primera Constitución que quiso neutralizar la posibilidad de que, en la nueva República, predominara sobre el Parlamento un Ejecutivo fuerte, cuya reacción opuesta la tipifica, precisamente, José Tadeo Monagas, pero la encontramos en el Discurso de Angostura, en el que el Libertador propone al Congreso el establecer ese Ejecutivo fuerte.
En la base de este conflicto está el que –desde tiempos de España-- se ha pretendido atribuir al gobierno el objetivo de “hacer con eficacia”, mientras que de la función contralora del Parlamento se haya dicho que pareciera entorpecer tal objetivo.
Pero el legítimo funcionamiento del Estado constitucional invoca la existencia de un régimen de gobierno que puede definirse como el funcionamiento real del par gobierno–parlamento sobre el que debe descansar el régimen, conforme al principio clásico de la división de poderes. Cuando tal par existe, es porque el gobierno ejecuta y, al mismo tiempo, se realiza la doble función legisladora y contralora del Parlamento. La doctrina aplicada, especialmente en el derecho constitucional de los países iberoamericanos, hace de la función de legislar tarea muy principal de gobierno, por la que el Parlamento también concurre al gobierno. Además, según la tradición del derecho constitucional castellano y portugués heredada en América, correspondería al Parlamento regular y controlar la gestión gubernativa mediante el establecimiento de límites para el ejercicio de la autoridad, a la vez que debe sancionar las eventuales violaciones a la Constitución y Leyes de la República.
La historia de los Estados iberoamericanos muestra patentemente cómo, tanto en el Nuevo Mundo como en la Península, neutralizar o eliminar al Parlamento resultó muy fácil a gobiernos apoyados en una tradición absolutista, incoada en la mayoría de una población que prefiere gobiernos fuertes, realizadores y distribuidores de beneficios concretos. Eso no es de sorprender: ha sido siempre así. Tan ello es siempre así que, cada vez que se ha producido en estos países el derrumbe del Estado constitucional, la primera manifestación de tal hecho ha sido, normalmente, la disolución fáctica o de hecho del Parlamento.
En Venezuela, en estos tiempos, está ocurriendo similar fenómeno bajo la figura de absorción, pues el Parlamento ha sido “absorbido”, más que por el Poder Ejecutivo, por la insaciable sed de poder que es la persona del Jefe del Estado y Presidente de la República, en una clásica y ejemplar expresión del fenómeno totalitario. Es este, sin duda, el camino que el actual gobierno encontró más fácil para alcanzar sus objetivos: tomar todo el poder en Venezuela, por mano de una Asamblea Constituyente absolutamente controlada por el Ejecutivo. Tal Asamblea se hizo carente de legitimidad constitucional al haber sido convocada, en 1999, mediante referendo consultivo, fórmula no prevista en la Constitución de 1961. Para tal referendo, absurdamente convocado y sin quorum mínimo prefijado, sólo concurrió a las urnas el 33% del universo electoral. El voto aprobatorio (el sí) fue del 88% por lo que la aceptación real fue del 29,04%.
Posteriormente, para la elección de los representantes miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, la concurrencia fue del 49%, de la que los partidos del gobierno obtuvieron el 54% y los de la oposición el 43%; es decir, que la ANC, para cuya elección el gobierno alcanzó, mediante un artificio loterías, una representación superior al 90% con sólo el 54% de los votos (gracias ese mecanismo electoral sui generis que lo favoreció), siendo que, en la elección, los grupos políticos del oficialismo apenas obtuvieron menos del 27% como proporción del electorado total.
Entonces, se debe tener muy claro que solamente van a existir etapas de funcionamiento y consolidación del Estado constitucional en Venezuela y en la mayoría de los países del subcontinente, cuando haya sido posible conciliar la permanencia de gobiernos realmente eficaces en su función de gobernar con el cumplimiento, por parte de un Parlamento verdaderamente autónomo, de sus funciones contralora y legisladora.
Si bien es cierto que de ninguna Ley, obra de la racionalidad y de la libertad humana, puede pretenderse ilimitada durabilidad, también lo es que toda Ley tiene como fundamento absoluto la convivencia, cuya permanencia es indispensable. Cierto es también que esa permanencia está limitada por la naturaleza dinámica de la Sociedad, dinamismo que según el paso del tiempo cambia y, de hecho, modifica las condiciones necesarias para la convivencia y, por tanto, toda Ley humana está sujeta al cambio. Pero eso no significa que deje de ser externa a la voluntad y subjetividad de las personas, pues toda Ley tiene fundamento en un orden objetivo, es decir, exterior a las personas. De manera que la Ley, en medio de sus cambios, posee intangibilidad inseparable de su naturaleza como Ley.
Si se piensa que la Ley tiene su fundamento en la voluntas personae, quien detenta Poder hará de ella expresión de su propio y subjetivo interés, lo que conducirá inevitablemente a la tiranía, pues el interés del tirano se sintetiza en la voluntad de dominio.
Tales características se agravan en Venezuela por la condicionante económica caracteriza nuestro capitalismo rentístico, derivado de nuestra dependencia del petróleo, cuyo propietario único es el Estado. Esta condición, de desproporcionado gigantismo, aumenta considerablemente el poder del gobierno central el cual, fácilmente, puede someter totalitariamente bajo su designio a todas las instituciones públicas y privadas que, directa o indirectamente le son dependientes.
ppaulbello@gmail.com
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
VIRGINIA CONTRERAS: LEYES DE PAPEL
Si hay algo que caracteriza a los regímenes democráticos, es su sumisión al Estado de derecho. Estado de derecho no es más que la sujeción del poder del Estado a la Ley. Uno de los fundamentos del Estado de derecho es el conocido principio de separación de poderes, formulado por Montesquieu (XVIII). Este ha sido creado en contraposición del Estado absolutista, cuyo ejemplo más palpable fue la célebre frase, atribuía a Luis XIV: “El Estado soy yo” (L’état c’est moi).
A pesar de la ineludible obligación de nuestros gobernantes, de ceñir sus actuaciones al marco de la Ley, la práctica nos ha demostrado cómo, bajo la excusa del “interés del Estado”, dicha obligación suele diluirse, y hasta imponerse por encima de la Ley, bajo la mirada impotente de los gobernados.
Es posible que algunos eventos mundiales hayan distraído nuestra atención respecto a los sucesos que se han venido desarrollando en el Continente Americano. De allí que hayamos escogido algunos ejemplos, a los fines de destacar aquellas circunstancias en las cuales son los gobernantes quienes descaradamente violan las normas que ellos mismos pretenden imponernos, sin que en sus casos haya poder humano capaz de sancionarlos.
El primero de los eventos que vale la pena mencionar se desarrolla en Guatemala, hermoso y colorido país centroamericano, cuyo esfuerzo por salir a flote, después de una cruenta guerra civil, ha sido innegable. Su presidente es Álvaro Colóm, quien comenzó su mandato de cuatro años, en enero de 2008. Colóm ha sido conocido como un hombre de familia, con un hogar honorable, y con una relación sentimental con su esposa, Sandra Torres, desde hace 14 años, si bien su matrimonio data de unos 8 años atrás.
Hace algunas semanas la sociedad guatemalteca fue sorprendida con una información, que de no haber sido ratificada por el propio presidente de la República, bien hubiera parecido alguna de esas noticias salidas de las luces de Hollywood. El presidente Colóm, y su esposa Sandra, han decidido solicitar el divorcio, decían los medios de comunicación.
Como comprenderemos, esta noticia, después de toda esa larga historia de amor que engalanó a la pareja durante la campaña que llevó al ingeniero Colóm a la presidencia, causaba sensación. Es cierto que se venía hablando del interés de la Primera dama de ser candidata presidencial, y de su frustración al constatar el impedimento que la Constitución de la República establece respecto a los parientes del presidente de la República, hasta el cuarto grado de consanguinidad, y segundo de afinidad, mientras éste se encuentre en funciones (literal “c”,art.186). Pero de allí a imaginarse que la pareja terminaría en divorcio, jamás.
El caso es que las noticias eran ciertas, y que el 11 de marzo pasado la pareja presidencial solicitó la disolución de su matrimonio, ante el Juzgado Segundo de Familia de la capital guatemalteca. ¿La razón? Ninguna de las establecidas en el artículo 155 del Código Civil de Guatemala. Simplemente, tal y como ellos mismos lo han reconocido, evadir la limitación constitucional antes señalada, a los fines de que la Primera dama pueda postularse como candidata presidencial por el partido oficialista “Unidad Nacional de Esperanza” (UNE), y “Gran Alianza Nacionalista” (GANA), a las elecciones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral para el próximo 11 de septiembre.
Esta situación, en la cual la pareja presidencial reconoce tan campante su deseo de divorciarse, no en función de encontrarse su situación dentro de alguno de los supuestos legales, referidos a la disolución del matrimonio, sino de burlar el único obstáculo que los separaba de la continuidad en el poder, es simple y llanamente un fraude a la Ley. Esto es tan evidente, que aún hoy en día la ex Primera dama no deja de asombrarnos al reconocer públicamente que la justificación de su divorcio no obedece al mandato de la Ley, sino a otros intereses, no contemplados como supuestos para la disolución de su matrimonio. En efecto, si verificamos las declaraciones rendidas en rueda de prensa el 25 de marzo pasado, constataremos lo antes afirmado. Allí la Sra. Torres señala: “Me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con el pueblo. Esa es la razón por la cual el presidente y yo anteponemos los intereses del país y no los propios” (sic).
Frente a este hecho es poco lo que la sociedad guatemalteca haya podido hacer. Algunos denunciaron la situación, otros interpusieron recursos de amparo, confiando en que la Fiscalía General de la República, y hasta la misma Procuraduría, procederían a investigar lo que para la sociedad de ese país es más que evidente. Ninguna de estas instituciones hizo nada. Siendo así, y amparada bajo los designios del poder, la titular del Juzgado Segundo de Familia aprobó la disolución del matrimonio presidencial. Con esto quedaba libre el camino, de la ahora ex Primera dama, para correr en la carrera electoral.-
Otro de los casos que vale la pena mencionar, se desarrolla en otro país centroamericano: Honduras. Allí, a pesar del proceso electoral que llevó al poder al presidente Porfirio Lobo, y de la manera pacífica cómo han tratado de resolver los aspectos vinculados a la crisis política que produjo la salida de la presidencia de Manuel Zelaya, las exigencias de la Organización de los Estados Americanos, -y de algunos de los Estados miembros más influyentes, como Venezuela-, han obligado al nuevo gobierno hondureño a tomar otra serie de medidas poco ortodoxas.
Como ha sido del conocimiento público, Zelaya, al intentar modificar la Constitución de su país a fin de establecer la reelección presidencial (prohibida por la Constitución hondureña), incurrió en el delito de “Traición a la Patria”, tal y como expresamente lo establece la Constitución de esa Nación. Esta circunstancia dio origen a una primera acción judicial instaurada en su contra.
Posteriormente el ex gobernante fue objeto de varias acusaciones, ahora por hechos de corrupción, por la presunta comisión de los delitos de “fraude,falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe y de la administración pública y apropiación indebida de 57 millones de lempiras, pertenecientes a la Presidencia y al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)”.
El pasado año el presidente Porfirio Lobo, mediante decreto presidencial, sobreseyó los delitos políticos por el cual había sido perseguido el ex gobernante. De igual modo, hace algunas semanas la Corte Suprema de Justicia de Honduras, determinó la “suspensión” de las órdenes de captura expedidas en contra del ex mandatario, por los delitos de corrupción en los cuales habría incurrido Zelaya, durante el ejercicio de sus funciones como presidente de la República. A pesar de ser absolutamente irregular la suspensión de unas órdenes de captura, como si de un acto voluntario se tratara, es evidente que a partir de ese momento no existía impedimento alguno para que el ex gobernante, quien hoy en día vive en República Dominicana, se trasladara físicamente hasta su país a los fines de ejercer su derecho a la defensa en los procesos en su contra.
No obstante, y para asombro de todos, el pasado 2 de mayo, un Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, constituido “ad-hoc”, “anuló” los procesos judiciales que por corrupción se le seguían al ex mandatario. Una vez más el poder supremo del Estado podía más que el Estado de derecho, hasta el punto de reconocerle privilegios a un ciudadano, que como tal, debería ser considerado en el mismo plano, y bajo las mismas condiciones, que cualquiera de sus compatriotas.
Ninguna duda queda respecto a la “intervención Divina” en este caso, más aún cuando examinamos las efusivas declaraciones del presidente Lobo, quien al saber la noticia manifestó: “Felicito al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, pues la última decisión que se tomó nos abre la posibilidad para que en junio regresemos a la Organización de Estados Americanos” (sic). Agregando más adelante: “Los dos procesos por presunta corrupción contra Zelaya están enterrados” (sic). Visto esto, no nos queda sino concluir lo que ha sido vox populi en las instancias internacionales, y es que para que Honduras fuere aceptada ante el organismo hemisférico de nuevo, era necesario romper con el Estado de derecho. Así por lo menos lo ha entendido el presidente Lobo.
Paradójicamente, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, declaraba en San José de Costa Rica, el pasado 13 de mayo: ”No nos enfrentamos a situaciones de muerte violenta o súbita de la democracia, sino a procesos de muerte lenta. Es decir, a procesos de involución, en donde los elementos constitutivos o esenciales de la democracia se ven erosionados e incluso violados” (sic). Sabias palabras para quien llevó la voz cantante en la suspensión de Honduras de la OEA, olvidando que el Estado de derecho debía correr por igual para unos y para otros en ese pequeño país, hoy en día víctima de tanto atropello.-
La tercera situación a destacar posee una connotación distinta. Aquí, el poder del Estado se dirige hacia su política exterior, sin que haya nadie que lo denuncie, mucho menos nadie que lo sancione, y al parecer nadie tampoco que lo vea.
Nos referimos a la reciente designación por parte del Consejo de Jefes (a) de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el pasado mes de marzo, del nuevo (a) Secretario General de esta organización regional. Curiosamente, y a diferencia de lo que establece el artículo 10 del Tratado Constitutivo de UNASUR, en vez de designar a una sola persona para cubrir el cargo durante el lapso de DOS (2) años, los Jefes de Estado allí representados, designaron a la ex canciller colombiana, María Emma Mejía, y al ministro de energía eléctrica, venezolano, Alí Rodríguez Araque, para que “ambos”, se desempeñen como Secretarios Generales. Cada uno, durante el lapso de UN (1) año, -hasta completar los dos años- en sustitución de su antecesor, el ex presidente Néstor Kirchner, quien falleciera el 27 de octubre pasado.
Si representáramos gráficamente el caso planteado, tuviéramos que imaginarnos por un momento otras organizaciones multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, o la Organización de los Estados Americanos (OEA). En cada uno de estos organismos efectivamente existe la figura del Secretario General, cuyo lapso de duración del cargo es de CINCO (5) años. Asimilando el criterio aplicado por los miembros de UNASUR a alguna de estas dos organizaciones, concluiríamos que en vez de designarse al respectivo Secretario General por el lapso de CINCO (5) años, como lo establecen los documentos constitutivos de dichas organizaciones, llegaríamos al absurdo de distribuir el cargo en cinco Secretarios Generales, por cada año de estos cinco que dura su responsabilidad.
Veamos lo que dice el Convenio de UNASUR al respecto. El artículo 26 del Tratado de UNASUR dispone: “Entrada en Vigor: El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación. …Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya depositado su instrumento de ratificación”.
De lo antes expuesto se evidencian dos condiciones para la entrada en vigencia del mencionado instrumento jurídico. La primera, la suscripción del referido Tratado por cada uno de los mandatarios de los doce Estados miembros. La segunda, que una vez suscrito de la manera señalada, el Tratado en cuestión sea “ratificado” por cada uno de los Estados miembros. Esto es, que cada uno de los gobiernos de los Estados miembros, por intermedio de sus Congresos, y/o Asambleas Nacionales, ratifiquen en su seno, el contenido fiel y exacto del mencionado Convenio. Una vez ratificado, entiéndase, asimilado al derecho interno de dichos Estados, (por lo menos hasta llegar al novena de los doce Estados miembros), el Tratado adquirirá plena vigencia, después de transcurridos treinta días.
Por otro lado, el artículo 25 del citado Acuerdo, dispone: “Enmiendas: Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría General que las notificará a los Estados Miembros para su consideración por los órganos de UNASUR. Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su posterior entrada en vigencia”. Tal y como se evidencia, (regla similar en casi todos los casos de enmiendas a instrumentos jurídicos), para que las enmiendas realizadas a dicho Tratado adquieran validez, es necesario seguir el mismo procedimiento utilizado para la constitución original del Acuerdo.
Esto es, que se comunique la propuesta de enmienda a la Secretaria General; que ésta la transmita a cada uno de los Estados miembros; que la enmienda sea aprobada por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado; y que “se siga el procedimiento establecido en el artículo 26”, en el sentido que la enmienda sea ratificada por los Congresos de cada uno de los Estados miembros, a cuyo efecto adquirirá vigencia, pasados 30 días después de la ratificación del noveno estado”.
Al disponer los miembros del Consejo de Jefes (a) de Estado unas condiciones distintas que las establecidas en el Tratado de la organización, para ocupar el cargo de Secretario General de UNASUR, como lo es la designación de “dos” ciudadanos, quienes se desempeñarán como Secretarios Generales; así como al distribuir el lapso de duración del referido cargo, en UN (1) año, para cada una de estas personas, es evidente que el Consejo de Jefes (a) de Estado ha enmendado el contenido del artículo 10 del Tratado Constitutivo de la referida organización. En este sentido, para que dicha enmienda adquiriera validez, se hace necesario aprobar la reforma del artículo 10 del Convenio, así como solicitar la ratificación una vez aprobada, por los Congresos de los distintos Estados miembros.
A pesar de la solicitud expresa establecida en el instrumento jurídico que rige a UNASUR, hemos visto cómo los Jefes de Estado se han limitado a designar a los referidos funcionarios, destacando cada uno de los mandatarios de los Estados representados por los Secretarios Generales designados, el triunfo de su política exterior, sin que al parecer hayan advertido, o les hayan preocupado, las condiciones incumplidas para darle validez al principio del Estado de derecho al que se encuentran obligados.
Tal situación, aparte de resultar violatoria de las normas que los mismos Jefes de Estado aprobaron en la oportunidad de constituir la referida organización, obedece a algo mucho más que un mero trámite sin consecuencias jurídicas. Tanto así, que el artículo 27 del mencionado Convenio, dispone: “Registro: El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas, serán registrados ante la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas”.
En efecto, si consideramos las atribuciones establecidas al Secretario General de UNASUR, en los términos del artículo 10 del Acuerdo en mención, verificaremos la trascendencia que conlleva cada una de aquellas, tanto para la organización regional, como para los Estados miembros. Basta con verificar, por ejemplo, que el Secretario General ostenta la representación legal del organismo, para comprenderlo. De allí, que quienes ejerzan dichas atribuciones al margen de la Ley, no solo condenan con la nulidad de sus actos a las instituciones, personas, o Estados con quienes mantengan relación jurídica, sino que se hacen responsables de las consecuencias que pudieran ocasionar sus actos.-
El último de los casos a destacar se ubica nuevamente en territorio centroamericano. Nicaragua, el país latinoamericano con mayor índice de pobreza en la región, después de Haití, casi podría competir también en cuanto a su manera de torcer las Leyes, cuando del poder se trata.
Si bien los hechos se producen en el año 2009, será el próximo 6 de noviembre, oportunidad en que se realizarán las elecciones nacionales en dicho país, en que los efectos de los mismos podrán apreciarse a plenitud.
La circunstancia tiene su origen en la prohibición de la reelección del presidente de la República de Nicaragua. En efecto, el literal a. del artículo 147 de la Constitución de la República, establece “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República:
El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”.
Bien había sido conocida, desde tiempo atrás, la intención del presidente Ortega de permanecer en el poder, bajo cualquier figura jurídica que se lo garantizara. Si bien inicialmente se especulaba respecto del interés de Ortega, de modificar la Constitución de Nicaragua, a objeto de incluir la figura del Primer Ministro a fin de ocuparla en un futuro, esto nunca se materializó.
Vigente la normativa constitucional antes expuesta, y después de una serie de peripecias jurídicas del gobernante para neutralizarla (ante la Asamblea Nacional, y posteriormente ante el Consejo Supremo Electoral), Ortega obtiene lo que no había logrado hasta la fecha ningún ciudadano dentro de todo el Continente Americano. Y es así, que mediante un recurso de amparo ante un Tribunal de Apelaciones, en Managua, el Jefe de Estado solicita la desaplicación de la norma constitucional prohibitiva de su reelección, bajo el alegato del “Principio de la igualdad ante la Ley” establecido en el artículo 48 de la propia Constitución.
No obstante la existencia de un aspecto tan complejo, como lo es la modificación, eliminación, o desaplicación de una norma constitucional de tanta trascendencia como la que impide la reelección, el caso es que a las 72 horas de haberse iniciado los trámites ante el organismo jurisdiccional, y en menos de 24 horas de terminados éstos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, “declara inaplicable el citado artículo 147 de la Constitución en la parte íntegra” y ordena al organismo electoral eliminar todos los obstáculos para la inscripción de Ortega como candidato presidencial.
No conforme con esta nueva oportunidad que le ha dado su presencia en el poder, el presidente Ortega no ha dejado al azar ninguna opción de derrota para las próximas elecciones nacionales, en donde los votantes deberán designar también a los nuevos miembros de la Cámara de diputados. De allí que, de un plumazo, bajo la excusa de contribuir con el “principio de proporcionalidad establecido en la Ley Electoral”, Ortega se haya abrogado funciones Legislativas y haya derogado el Decreto 33-2001, -vigente desde hace poco más de diez años, el cual había incorporado los municipios de “El Rama”, “Muelle de los Bueyes” y “Nueva Guinea” (Zonas de Caribe nicaragüense) a la región autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Así, mediante un Decreto presidencial (1502011), trasladó las jurisdicciones de los municipios antes señalados, los cuales han sido tradicionalmente contrarios al oficialismo, anexándolos al departamento de Chontales, (Zona Central) y de gran influencia sandinista por corresponder al área de origen del mandatario. Con esto el gobernante se garantizaba la eliminación de uno de los grandes retos que ha tenido que asumir durante su actual presidencia, como lo es el tener que lidiar con una Asamblea adversa, en donde de 90 diputados, únicamente el Frente Sandinista ha contado con 38.
En Nicaragua son cuatro los candidatos que correrán en la contienda electoral del próximo mes de noviembre. Entre los más conocidos tenemos al ex presidente Arnoldo Alemán, juzgado y condenado por hechos de corrupción, y luego liberado gracias a pactos con el propio presidente Ortega. Otro de los candidatos es el presidente Daniel Ortega. Con el poder en sus manos resulta más que evidente quién ganará las elecciones. Una vez más el poder del Estado puede más que el Estado de derecho.-
Son muchos los ejemplos que podríamos señalar, en donde nuestros mandatarios le otorgan poco o ningún valor a lo que representa el Estado de Derecho. Los casos aquí mencionados presentan distintas perspectivas de una misma situación: aquella dirigida a eliminar los obstáculos que el mismo Estado de derecho ha creado frente a los gobernantes, no para molestarlos a ellos-como muchos de éstos parecieran pensar-, sino para preservar la democracia que a ellos tanto les gusta manejar.
Existen infinidad de organizaciones, públicas y privadas, que día a día han venido haciendo seguimiento al desarrollo de nuestras democracias. Todas se enorgullecen al demostrar al mundo, con mapas y diagramas de colores, cómo han evolucionado nuestros pueblos hasta el punto que solo uno, Cuba, se mantiene al margen del régimen de libertades y del sistema democrático que los otros gobiernos ostentan, se equivocan.
Mientras nuestros Estados simplemente se sustenten en función de la denominación de un sistema político, sin que se cumplan con los principios fundamentales que lo garanticen; mientras el Estado de derecho sirva solo para garantizar la permanencia de nuestros gobernantes, pero no para garantizar nuestro derecho a su relevo; mientras las Leyes simplemente sirvan para mantenerse en el papel, seguirán siendo eso y solo eso: Leyes de papel.
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
NELSON MAICA C.: DIFERENCIAS 2. POLITICA (CON EL SUPUESTO “PROYECTO” A “JURO” ACTUAL. )
Nota 2. ¿Cuáles diferencias? ¿Con relación a quien y/o que? Con el supuesto “proyecto” a “juro” actual.
Seguimos:
11. Que todo poder de suspender y eliminar y ejecutar leyes por la autoridad competente debe obtener, antes, en primer lugar, el consentimiento de los representantes del pueblo, de la asamblea y esta competencia no se delega en ningún caso. ¿Esos electos con el 15% de electores fueron representantes del pueblo? ¿Y estos rojitos productos de la “salamandra”? ¿De cual pueblo?
12. Que en todo juicio, de cualquier naturaleza, un hombre tiene derecho a exigir y conocer la causa y naturaleza de la acusación, a ser confrontado con los acusadores y testigos, a solicitar pruebas a su favor, y a un juicio rápido por un jurado imparcial de su vecindad, sin cuyo consentimiento unánime, no puede ser declarado culpable; ni tampoco se le puede obligar a presentar pruebas contra sí mismo; que ningún hombre sea privado de su libertad, salvo por la ley o el juicio de sus jueces naturales. ¿Usted reconoce que esto se cumple, por ahora? ¿Colocar, para determinado juicio un juez de conveniencia? ¿En cual país vivimos? ¿Y el resto del mundo no dice nada, tampoco?
13. Que no se requieran fianzas excesivas, ni se impongan, ni se dicten castigos crueles o anormales y no se pague nada en los tribunales ni registros ni notarias. ¿Cuáles son los trámites gratis? Hasta para vacunar un animal, ahora, hay que pagar impuestos. La “matraca” esta en todas partes.
14. Que las órdenes judiciales, por medio de las cuales un funcionario o agente puede allanar un sitio sospechoso sin prueba de hecho cometido, o arrestar a cualquier persona o personas no mencionadas, o cuyo delito no está especialmente descrito o probado, son opresivas y crueles, y no deben ser extendidas y son ilegales e ilegitimas. Quienes las ordenen y ejecuten deben ser severamente castigados inmediatamente y retirados, sin regreso, de la función publica en todos los niveles y cargos. ¿Y las tomas hechas por el gobierno a pura fuerza bruta, ahora?
15. Que en controversias sobre la propiedad, y en conflictos entre hombre y hombre, es preferible el juicio con jurado a cualquier otro, y debe considerarse sagrado. ¿Y los presos sin juicios? ¿Cuántos presos sin juicio hay en este país? ¿Cuál fuerza es necesaria para liberarlos?
16. Que la libertad de prensa, por cualquier medio legal, es uno de los grandes baluartes de la libertad, y que jamás puede restringirla y mucho menos eliminarla ningún gobierno y/o régimen. ¿Y la ley mordaza? ¿Y la apropiación indebida de medios? ¿Y el silencio cómplice?
17. Que unas Fuerzas Armadas bien reguladas, compuestas por ciudadanos del pueblo es la defensa apropiada, natural y segura de una sociedad libre, de un estado libre; que en tiempos de paz, los ejércitos permanentes deben evitarse, disolverse, por peligrosos para la libertad; y que en todos los casos, los militares deben subordinarse estrictamente al poder civil, y ser gobernados, vigilados y controlados por el poder civil. ¿Y, ahora que? ¿Qué esta pasando por ahora y por que?
18. Que el pueblo tiene derecho a un gobierno plural, como el pueblo mismo; y, en consecuencia, no se debe nombrar o establecer o aceptar que ningún otro gobierno separado o independiente del gobierno legítimo tenga ingerencias de ninguna naturaleza dentro de sus límites. ¿Dónde esta la pluralidad del actual? ¿Dónde la descentralización administrativa? ¿Dónde la Federación? ¿Dónde la CN99?
19. Que el gobierno y la libertad deben ser conservados por el pueblo con una firme adhesión a la justicia, moderación, circunspección, prudencia y virtud, y con una frecuente vuelta a los principios fundamentales inherentes al ser humano. ¿Dónde están en este régimen?
20. Que la religión y/o las obligaciones que tenemos con nuestro CREADOR, NUESTRO DIOS y la manera de cumplirlas, sólo pueden estar dirigidas por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia o el mandato gubernamental; y, por tanto, todos los hombres tenemos idéntico derecho al libre ejercicio de la religión, según los dictados de nuestra conciencia; y que es deber de todos los ciudadanos el practicar virtudes, como la indulgencia, el amor y la caridad cristianas.
¿Quiénes manifiestan abiertamente su conformidad y/o desacuerdo con estos, por ahora, y otros temas? ¿Qué ha hecho este régimen en los últimos años con respecto a lo antes expuesto? Mentir descaradamente, tal como lo ha hecho con la electricidad. ¿Por qué no renuncian los mentirosos del régimen y/o los hacen renunciar? Parece que la vergüenza de este país esta de vacaciones en el exterior, en la “isla de la felicidad” con maletas llenas de “oro negro mineral”. En la próxima.
Tips:
01. Control de precios: Alquileres y demás. Medianamente se pude entender una medida de control de alquileres (precios) cuando: a. estalla una guerra; b. se van establecer, por ejemplo, industrias, cuarteles, etc., en una determinada población; c. cuando se quiere esclavizar y controlar una determinada población. Instalar una economía socialista comunista, militarizada, tal como la cubana. ¿En cual de estas situaciones esta la población venezolana, por ahora? Dígalo usted.
02. Control de alquileres es casi lo mismo que el control de precios. Algo varía. El argumento para justificarlo es casi el mismo: proteger a los inquilinos de la extorsión sin tomar en cuenta el prejuicio para los propietarios ni la caída de las nuevas construcciones, entre otros.
03. Se les olvida que al permitirles a los propietarios aumentar los precios por la inflación y equilibrio entre oferta y demanda, los inquilinos economizarían, ocupando menos espacio, y eso permite que mas personas compartan los mismos espacios. Así, el mismo número de viviendas puede recibir mas personas hasta que se pueda remediar la escasez.
04. El control de alquileres estimula el uso desproporcionado del espacio. Establece una evidente discriminación a favor de un grupo determinado, de aquel grupo que ya tiene vivienda, en detrimento de quienes no tienen vivienda. Es una medida en contra de los menos pudientes, contra los pobres. Estos rojitos están en contra del pueblo, del ciudadano, aun cuando pregonan lo opuesto. En esas leyes inconstitucionales la evidencia.
05. No se construyen nuevas viviendas porque no se incentiva su construcción debido al crecimiento de la inflación (altos costos), escasez de materiales, electricidad, agua, gas, vialidad, seguridad, etc., los alquileres no son rentables y no hay seguridad jurídica.
06. El control de precios, de alquileres, provoca reacciones negativas en los propietarios y en los inquilinos; los unos no mejoran los inmuebles y los otros se ven perjudicados por las no mejoras.
07. Los constructores y propietarios de inmuebles de lujo si se sienten recompensados; pero los de menor renta se sienten desestimulados y discriminados. Desaparecen las pequeñas empresas. No existe ningún incentivo gratificante para construir viviendas de bajo alquiler, ni siquiera para mantener las existentes en buenas condiciones.
08. En donde crece más y más rápido la población, el deterioro y la escasez de vivienda de baja renta se hará más crítico, hasta el punto en que los propietarios no obtendrán beneficios sino pérdidas.
09. La ciudad obtiene menos impuestos y, lógicamente, se deteriora. No pueden prestar los servicios básicos.
10. Surge la cantaleta de siempre: el culpable es el capitalismo, los propietarios; no señor, es su incapacidad e ignorancia y error. Es la excusa para decir que el régimen tiene que encargarse de hacer viviendas para los pobres primero y, luego, para todos. Argumento banal, pero muchos lo aceptan. Pero todo eso ya ocurrió luego de la segunda guerra mundial. Nada nuevo. Demagogia. Populismo. Falsedad. Engaño.
11. El régimen se lanza a un gigantesco programa de viviendas en detrimento y a costa de los contribuyentes y de otros sectores y grupos de la población con apremiantes necesidades. Y dicta un montón de leyes y decretos sobre la materia que a mediano y largo plazo resultaran inútiles. Es un componente de la propaganda electoral .Engaña bobos, desde mira bobos.
12. Los alquileres se pagaran a un precio que no permiten recuperar los costos de construcción. Se decretan subsidios que se les quita a otros ciudadanos con serias necesidades. Todo para controlar votos, para asegurar sumisión, esclavitud, para implantar el socialismo comunismo y seguirle entregando este país a los comunistas cubanos.
13. Lo peor esta por llegar, luego de lanzada tal campaña, totalmente irreal, discriminatoria e injusta, y serán los argumentos inverosímiles para mantenerla y sus defensores, será para coger palco. Todo un desaguadero de recursos incontrolables que contribuirán rápidamente con la posible debacle total de las finanzas publicas.
14. Lamentablemente los políticos, y también los opositores, no se enfrentan vigorosamente con la verdad a esas medidas del régimen, carecen del suficiente coraje político y de la percepción económica necesaria para exigir la no puesta en práctica de ese control. Y cuanto mas improvisado, loco e irreal es ese control, mas difícil resulta políticamente liquidarlo. No existe ni existirá, por ahora, una legislación adecuada al asunto, no le interesa al régimen.
15. Al mantener los alquileres a precio regulado, por debajo del mercado, aumenta artificialmente la demanda y se desanima la oferta; en consecuencia, cuanto mas se mantenga el control habrá mas escasez de locales de alquiler (casas, apartamentos, locales, etc.).
16. Los sacrificados son los propietarios, quienes trabajaron e invirtieron sus ahorros para la vejez y para el progreso general. Subvencionan y subvencionaran a los inquilinos. Los inquilinos se hacen y harán más ricos. Los propietarios son condenados y despojados simplemente por alquilar, por haber trabajado y haber ahorrado y contribuido al bienestar general.
17. Cuando el régimen establece un control de precios sobre un bien de consumo, perecedero, y vital, los productores pueden dejar de hacerlo y de inmediato el régimen negocia con ellos para restablecerlo; pero no es el caso de una construcción, de un inmueble, no son perecederos de inmediato. Pasaran varios años para que los inquilinos se den cuenta de que los propietarios carecen de incentivos para mantener o reparar sus viviendas y que el deterioro y la escasez se deben directamente al control de alquileres, de precios.
18. Los políticos de oposición conocen, están enterados, o calculan, intuyen, de que obtienen u obtendrían mayor cantidad de votos de los que alquilan y por eso no abren la boca sobre el tema; le permiten al régimen avanzar en su política inflacionaria, de control de precios, de implantación del socialismo comunismo dictado desde Cuba.
19. El régimen solo considera los beneficios políticos que obtiene o supone obtener a corto plazo para beneficiar a su grupo de adeptos, a sus potenciales votantes, solamente, para mantenerlos esperanzados, embelesados, bobos, sumisos, esclavos.
20. Cuando examinamos los efectos a mediano y largo plazo y sobre toda la población, incluyendo a los beneficiarios momentáneos del control de precios, nos convencemos más de su inutilidad, de su progresivo efecto destructivo, de su daño a toda la población y sobre todo a los de menos recursos, los pobres.
21. ¿Cuántos pobres hay en este país y donde están? ¿Cuál es la definición legal de pobre? ¿En cual ley esta esa definición? ¿Cuánto se coloca en el presupuesto anual para los pobres? ¿Quien certifica que esos recursos le llegan a los pobres? ¿Quién o quienes se ocupan del tema? Se habla tanto sobre el tema y no se verifica nada sobre el mismo. Demagogia, populismo, manirrotismo, puro y simple. Seguiremos.
“Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.
Jorge Santayana, 1863-1952, Filosofo y escritor español en ingles”.
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA