Es
indiscutible que los problemas que vive nuestra sociedad venezolana por el
aumento de la violencia y de la inseguridad de los ciudadanos, principalmente
entre los habitantes de las ciudades más populosas del país, no es un problema
nacional, sino que es un tema que cunde en todas las naciones. Pero sin ninguna
duda constituye una de las principales causas de falta de bienestar social en
nuestro país.
Es muy común
escuchar que la gente diga en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia o
Maracay ya no se puede vivir así, que un comercio haya sido asaltado 8 veces
sin que se haya podido tomar medidas para asegurar que esto no continúe
sucediendo, que pocos días atrás el ministro del Interior y Justicia diga por
los canales televisivos que no aconseja el uso de las armas por parte de la
población civil, mientras que más adelante declare que la población tiene que
aplicársele la operación desarme porque mucha gente tiene armas.
Tampoco es
lógico que haya funcionarios policiales procesados por hacer uso de la fuerza,
mientras que luego las autoridades autoricen que hagan uso de las armas si es
necesario, para defenderse o defender a la población. Todos estos dichos
contradictorios por parte de jerarcas del gobierno revolucionario no hacen más
que demostrar que ellos mismos se sienten inseguros en cuanto a cómo resolver
los problemas de la inseguridad en el país.
Por otra
parte, en algunos estratos sociales hay una ruptura entre la población adulta y
la más joven, lo que ha llevado a una incapacidad de relación generacional, de
diálogo y, concomitantemente, de trasmisión de valores y de lo que debe ser un
correcto comportamiento social. En todo ello colabora la falta de educación, de
instrucción y de cultura, y el aumento indiscriminado de la drogadicción entre
los jóvenes debido al ingreso de la pasta base, que por su bajo valor está al
alcance de cualquiera.
En el mundo
globalizado de hoy, parece que las autoridades nacionales no tienen autonomía
para aplicar sus propias leyes, porque la firma de convenios internacionales de
"derechos humanos", pueden incidir o socavar la autonomía de nuestra
justicia. Por otra parte el Ministerio del Interior y Justicia no tiene la
fuerza que antes podía detentar para someter a la delincuencia, ni tampoco
parece haber una política de Estado definida en cuanto a la represión del
delito. También la Justicia tiene limitaciones en cuanto a la aplicación de las
sanciones. Esto lleva a la impunidad de aquél que delinque como primario y
luego de cometer un delito, muchas veces de cierta gravedad, queda libre por no
tener antecedentes penales.
Actualmente
los venezolanos han comenzado a tomar en sus manos su propia defensa, habiendo
sucedido hechos de delincuentes heridos y muertos por sus víctimas, en defensa
propia. Naturalmente que esto se veía venir. ¿Hasta cuándo la gente puede ser
tan cobarde o tan respetuosa de la ley, que no tome medidas para defender su
vida y sus bienes, a sus hijos y a sus dependientes? Tal vez si la población
hubiera sido menos pasiva, más autoritaria y más valiente, nunca habríamos
llegado a los extremos a los que se ha llegado, por ejemplo en el occidente y
en el centro del país, donde hombres hechos y derechos se dejan robar por niños
que están (o dicen estar) armados.
Lo
inconcebible es que esto suceda en un país como el nuestro con tantos millones regalados a otras
naciones hermanas y que no se haya podido implementar a tiempo una estrategia
que prevenga y resuelva la situación. Como también es inconcebible que se hagan
tanto problema para asistir a centenares de personas (niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y ancianos) que se encuentran en situación de calle en ciudades y
pueblos, cuando por otro lado este país está manteniendo a tantos inútiles y
acomodados que no hacen nada (o hacen lo que no deben) y cobran suculentos
sueldos.
Aquí lo que
debería hacerse es poner mano blanda para ayudar a los indigentes, pero
ayudarlos en serio, y poner mano dura para los que delinquen y también hacerlo
en serio. Si los hijos de Fulano roban, dañan o matan, Fulano debería cumplir
la pena por el delito cometido por sus hijos, pero no con un simple enredo
judicial, sino que asuman una verdadera responsabilidad penal.
Si las
cárceles venezolanas son una vergüenza, ¿no estarían mejor los presos en
predios donde pudieran trabajar (sí, aplicarles trabajos obligatorios) como en
la época de Juan Vicente Gómez y que al mismo tiempo hagan algo para retribuir
a la sociedad por los daños causados y para contribuir a su sustento? Esto
permitiría además mejorar su autoestima y hacer más posible su rehabilitación.
britozenair@gmail.com
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