Sesenta y tres años después que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el régimen del teniente coronel Hugo Chávez viola flagrantemente muchos de estos derechos ante la mirada indiferente de algunos gobiernos y organismos internacionales.
Un día como hoy, en 1948, la ONU proclamó que para evitar que el hombre fuese compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, era esencial que los Derechos Humanos fuesen protegidos por un régimen de derecho.
Sesenta y tres años después, los venezolanos no tenemos garantizado el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, como queda evidenciado por los asesinatos, entre otros, de José Manuel Vilas, Maritza Ron, Evangelina Carrizo, Juan Carlos Sánchez, Antonio López Castillo, así como el increíble caso de Franklin Brito; la presencia de casi una treintena de presos políticos, algunos con graves problemas de salud, y de varias decenas de exiliados, así como los homicidios de 16.000 compatriotas en un año, la mayoría de ellos en barrios populares.
No todos los venezolanos somos iguales ante la ley. Basta recordar hechos recientes como la impunidad de la que goza el malandro vocero del teniente coronel en el canal del Estado y la sentencia favorable a un atorrante que se dice estudiante de la UCV, en comparación con el trato dado por jueces sumisos en los casos de Globovisión y de la juez Afiuni.
Los venezolanos demócratas no tenemos protección a nuestra vida privada, ni ante los ataques a la honra y reputación, como se comprueba en las grabaciones telefónicas a María Corina Machado y a otros realizadas y difundidas por el canal de televisión del Estado.
Los venezolanos no tenemos derecho a la propiedad y prueba de ello son las numerosas confiscaciones ordenadas por el dictador de Sabaneta. Agroisleña, empresas de servicios de la costa oriental del Lago, fincas en producción y edificios son casos conocidos.
Los venezolanos no tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión, como se comprobó en los casos de Oswaldo Álvarez Paz y de Globovisión y, desde luego, con los arbitrarios cierres de RCTV y de 34 emisoras de radio no afectas al totalitarismo Siglo XXI.
Los venezolanos solo pueden conseguir empleo en los organismos del estado si se inscriben en el partido de gobierno, visten franelas rojas y asisten a las concentraciones del oficialismo.
Los venezolanos tenemos limitaciones para expresarnos en elecciones auténticas, debido a la designación de un Consejo Nacional Electoral en el que cuatro de sus cinco miembros son fichas del partido de gobierno.
Los venezolanos no tenemos derecho a sindicalizarnos por las trabas impuestas por los Registros, tal y como fue el caso de Unapetrol.
En cuanto a los trabajadores petroleros que nos sumamos, motu proprio, al paro cívico convocado el 2 de diciembre del 2002 por todos los partidos políticos integrantes de la Coordinadora Democrática, por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, por Fedecámaras y por la sociedad civil, la persecución ha sido implacable. Despido ilegal masivo de casi 23.000 trabajadores, prohibición de trabajar en empresas privadas que le prestan servicios o son socias de Pdvsa, expulsión de las escuelas de la empresa de niños hijos de trabajadores de Pdvsa, desalojo violento de viviendas en los campos petroleros sin que se hubiese cumplido con los requisitos de finalización del contrato de trabajo, como fue el bochornoso caso de Los Semerucos en Paraguaná, en donde los chacales del Destacamento 44 de la Guardia Nacional arremetieron en horas de la madrugada con bombas lacrimógenas, perdigones y peinillazos en contra ancianos y niños que dormían. Órdenes de captura en contra de una docena de compañeros que actuaron como voceros durante el paro, entre ellos Horacio Medina, Juan Fernández, Edgar Paredes, Edgar Quijano, Lino Carrillo y Juan Luís Santana, los cuales tuvieron que exiliarse al no tener garantías de un juicio justo en libertad. Además, investigaciones por parte de la contraloría de Pdvsa a más de cien trabajadores por supuestos daños por la importación de gasolina durante el paro, cuando paradójicamente en la actualidad Pdvsa importa gasolina por los numerosos accidentes que ocurren en las refinerías por falta de mantenimiento y por incumplimiento de las normas de seguridad. Desde luego, siempre tendremos presente e insistiremos hasta que se haga justicia en el caso de nuestro Compañero José Manuel Vilas asesinado en San Antonio de los Altos, cuyos autores están identificados pero disfrutan de la impunidad que otorga el régimen a sus violentos que atemorizan a los demócratas.
Amigos, estamos en presencia de un régimen forajido que desconoce sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha sido en los casos de jueces destituidos, del general Usón y de Leopoldo López. El libro La Justicia Revolucionaria del profesor Rafael Chavero constituye una denuncia de los numerosos despidos de jueces honestos que no se sometieron a las directrices de Miraflores. Así como el teniente coronel declaró con toda desfachatez que había ordenado a Alí Rodríguez tomar la colina de Pdvsa porque allí estaban los reales, también procedió a tomar la colina de los tribunales porque tenía necesidad de ahogar a la justicia.
Vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Vamos a organizarnos cada vez mejor. Acudamos a las primarias a seleccionar a nuestros candidatos y derrotemos a la barbarie el 7 de octubre. Los petroleros seguimos presentes y comprometidos. No estamos en esta lucha porque nos despidieron, nos despidieron porque no podíamos ser indiferentes en la lucha por la democracia. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@yahoo.com
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