Es de esperar que la oposición
democrática se distinga claramente de Chávez y de sus ejecutorias, con un
mensaje que apele a la dignidad de la gente y no a la manipulación de sus
instintos, pues también a los venezolanos nos llegará la hora de desvelar la
verdad y afrontar el problema de la culpa
La denuncia de Diego Arria
contra el Presidente Hugo Chávez por delitos de lesa humanidad tiene desde ya
gran importancia ética, aún cuando sus efectos políticos sólo se concretarán
con el paso del tiempo. Se trata de un documento de relevancia histórica que
será estudiado por las actuales y nuevas generaciones venezolanas con
particular interés y provecho, a medida que sus argumentos y conclusiones
maduren y queden inequívocamente demostrados por el curso de los eventos.
He percibido cierta miopía y
mezquindad en algunos de los juicios emitidos con respecto a este crucial
documento, incluyendo algunos formulados por comentaristas de oposición. Tal miopía
y mezquindad están fuera de lugar. El hecho de que Arria sea uno de los
precandidatos opositores a la Presidencia de la República, como es su derecho,
no suma ni resta a la sustancia de su denuncia, que es desde todo punto de
vista merecedora de apoyo.
Al respecto desearía resaltar
lo siguiente: Por un lado, la cuestión central que plantea el documento es
ineludible para los venezolanos. Toda sociedad sometida al tipo de régimen y
modo de gobernar experimentados por la nuestra estos pasados trece años, se ve
en algún momento decisivo obligada a enfrentar lo que el filósofo alemán Karl
Jaspers denominó “el problema de la culpa”, es decir, la atribución de cargos
acusatorios, morales, políticos y criminales, a individuos incursos en acciones
ilegales, que abusaron de su poder o le utilizaron de maneras inadmisibles
éticamente por una sociedad civilizada.
Toda sociedad que atraviesa por
las pruebas que aún aquejan a Venezuela ve llegada la hora, más temprano o más
tarde, de debatir colectivamente y en la conciencia de cada ciudadano el
problema de la relación entre verdad moral, conveniencia política, sanción e
impunidad. Arria ha hecho un aporte al país, más allá de sus aspiraciones
personales, al sustentar en un documento tan sólidamente argumentado
señalamientos que formarán parte fundamental del debate nacional, cuando llegue
la ocasión de evaluar a fondo esta etapa de nuestro devenir.
Por otro lado hay que toma en
cuenta, como repetidamente he venido sosteniendo, que el ejercicio de la
política, en especial en el marco de una sociedad con los rasgos de la nuestra,
debería ser también un desempeño pedagógico destinado, de parte de los
políticos, a ayudar a los ciudadanos a entender su entorno y asumir sus propias
responsabilidades frente a los retos presentes y futuros. En tal sentido, Hugo
Chávez ha comprendido ese rol de la política, si bien, por desgracia, su
prédica está basada en el delirio destructivo y la sistemática siembra del
odio.
La visión de la política como
pedagogía es lo que proporciona su potencial cívico a la denuncia de Arria
contra Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional, y lo que da su valor a un
documento que lejos de ser minimizado, debería ser respaldado por la oposición
democrática en su conjunto. Nuestro pueblo no debería seguir siendo tratado,
como a veces ocurre, como si estuviese compuesto por débiles mentales o por personas
interesadas exclusivamente en ofertas de bienestar material, presentadas además
con el mismo impulso demagógico y la voluntad de engaño que caracterizan el
discurso disolvente de Chávez.
Es de esperar que la oposición
democrática se distinga claramente de Chávez y de sus ejecutorias, con un
mensaje que apele a la dignidad de la gente y no a la manipulación de sus
instintos, pues también a los venezolanos nos llegará la hora de desvelar la
verdad y afrontar el problema de la culpa.
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