En los finales del siglo XX, en América Latina nos congratulábamos de que por fin esta parte del continente podía declararse "libre de dictaduras" a excepción de Cuba que continuaba bajo el yugo de Fidel Castro. Aunque el desmoronamiento de la Unión Soviética, hizo abrigar alguna esperanza de que al perder ese respaldo financiero que la mantenía literalmente a flote, la supervivencia de la tiranía castrista entraría en zona de riesgo. Así hubiera ocurrido si no comenzaban a llegar los oportunos petrodólares del discípulo venezolano, el marxista narcisista (Oppenheimer), Hugo Chávez.
Sin embargo, esa Latinoamérica democrática tiene lamentablemente, mucho de espejismo. Bajo la respetabilidad que en principio les confiere el haber pasado por las urnas, es cada vez más evidente como los principios democráticos, luego son bastardeados sin pudor alguno por presidentes que fueron electos pero no comulgan en el respeto de los valores republicanos. Los ignoran, los violan o los disfrazan a su conveniencia, de acuerdo a su vocación autoritaria.
En la Asamblea 67 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que acaba de terminar en Lima, se ha vuelto a comprobar como varios países, con Cuba a la cabeza por decana, junto con Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y otros países centroamericanos, forman parte de "un eje del mal" que jaquea a varias naciones de la región. En todas ellas, el poder político ejerce prácticas demoledoras para la salud democrática.
La libertad de expresión es un blanco constante y el objetivo más o menos declarado es el de enmudecer a la prensa independiente de la forma que sea. La transmisión de ciertos videos, como el referido a la Argentina, revelador de lo que acontece con la prensa que no pertenece al círculo áulico de la Casa Rosada, o el de Ecuador, con el Presidente Correa vociferando con una virulencia inaudita contra el periodismo, además de la lectura de los informes con denuncias pormenorizadas, que hablan no solo de las decenas de periodistas muertos (21 en los últimos 6 meses), víctimas la mayoría de ellos del crimen organizado, ese otro gran enemigo de la libertad de expresión, y la comprobación de las diferentes maniobras implementadas por los gobiernos autoritarios de esos Estados, son de una gravedad desconsoladora.
Un caso paradigmático fue y sigue siendo el de los hermanos Pérez Barriga, director y subdirector del diario el Universo de Guayaquil y del periodista Emilio Palacios, condenados a tres años de prisión y a una multa de 40 millones de dólares por una columna escrita por éste último, luego del supuesto golpe de Estado, según la versión del presidente Correa, cuando se llevaba a cabo una protesta gremial de la policía. La notoria falta de garantías judiciales obligó al columnista a perder el trabajo del que vivía y a dejar el país, mientras los dueños del periódico enfrentan la posibilidad de terminar en la cárcel y de que su empresa desaparezca, pues no alcanza su capital para pagar tamaña cifra. La orfandad legal en que se encuentran quedó clara al conocerse los detalles de como se cambió y se armó la composición del tribunal ante el que habían apelado, con magistrados que acababan de llegar y en menos de lo que canta un gallo emitieron una sentencia sobre un largo y complejo expediente.
La preocupación que trasuntaba la persona de Carlos Pérez al hablar en el estrado, alguien que se sabe perseguido de manera desleal por toda la fuerza del poder y la dignidad que implicaba su afirmación de que esto no era cuestión de pedir disculpas, fue profundamente conmovedor. "Pedirle perdón a Correa sería claudicar y validar la sentencia. Podría convertirse en un precedente negativo".
Aparte de la estrategia de elaborar leyes que atentan contra la libertad de prensa por medio de distintos artilugios, como la Ley contra la Discriminación en Bolivia, con la que se hace responsable a los medios de lo que diga otra persona o la que posibilita que se vaya preso por una caricatura o la que se propone en Ecuador, que apunta a que quien tenga un porcentaje, aun muy pequeño, de acciones en un medio de prensa, no le esté permitido tener otro negocio, Correa se ha dedicado a las demandas por difamación. Hay otros dos periodistas a los que ha acusado por un libro que habla de las actividades non sanctas de su hermano y la demanda es por US$ 10 millones. La intención de asustar y controlar a los medios es moneda corriente en estos regímenes con carné de democráticos, así que la lucha por la libertad y los derechos de la sociedad a tener amplia información, porque de eso se trata en definitiva, será larga y deberá continuar.
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