Todos los gobiernos latinoamericanos enrolados en la llamada corriente “bolivariana”, sin excepción, pisotean la libertad de prensa. Porque son regímenes autoritarios mal disimulados. Y, en paralelo, conforman (con el dinero de los ciudadanos) gigantescos multi-medios públicos destinados a glorificarlos, exagerar sus logros y ocultar sus errores. De mil maneras y sin pausa alguna. Esos son ciertamente peligrosos denominadores comunes, por todo lo que suponen. Ecuador, sin ir más lejos, tiene un enorme multimedio público que está conformado nada menos que por 19 medios, escritos, radiales y televisivos. El más grande, lejos, de su país.
Entre los líderes “bolivarianos” está ciertamente el arrogante presidente de Ecuador, Rafael Correa, el más incapaz de ocultar su ojeriza contra la libertad de prensa. Nunca. Por eso no sorprende, para nada, que en oportunidad de su reciente visita a Asunción para asistir a la “41° Reunión Cumbre” del MERCOSUR -a la que no concurrió la presidente de Argentina, alegando “prescripción médica”- Correa haya, una vez más, apuntado contra los medios libres e independientes.
En una posición que realmente queda para la historia, Correa sostuvo que no le importa que se lo recuerde como mandatario “censurador”. El calificativo no le incomoda, entonces. Porque cree que ese es precisamente su rol.
En sus propias palabras: “El único miedo que me da es fallarle a mi gente y no a quedar como un presidente que censura. Además de que censura a la libertad de prensa me cuestionan si en Ecuador no hay periodistas en la cárcel”, pese a sus intentos y denuncias. A lo que agregó que el verdadero contrapoder a su gobierno son los medios independientes. Olvidando así que el rol esencial de la prensa libre es el de informar -sin sumisión y con libertad y transparencia- al pueblo acerca de los abusos del poder, público y privado. Por ese rol, absolutamente esencial de las democracias (en las que Correa tampoco cree), es que precisamente se habla de la prensa como un “Cuarto Poder”.
Pero lo de Correa está violentamente de contramano con las normas regionales en materia de libertad de expresión y prensa, que prefiere ignorar, pero cabe recordar. Específicamente contra los enunciados de la “Declaración de Principios sobre Libertad de Prensa” de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre de 2000.
En efecto, para la región (no para los “imperios”) la libertad de expresión es un “derecho fundamental e inalienable”, es más, es también un “requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. Así de claro.
Además la censura, directa o indirecta, “debe estar prohibida por la ley”. Y es cierto que, les guste o no, “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Por esto las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocida como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Porque, en palabras de la Relatoría, “la ciudadanía tiene el derecho a criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública”. Esto es primordial en las democracias.
Finalmente, respecto de los mal llamados medios “públicos”, para la OEA y las Naciones Unidas (en su Declaración Conjunta del 2 de febrero de 2010, “el ejercicio de facultades ilegítimas que permiten la indebida ingerencia de los gobiernos en los medios de comunicación, pese a ser una modalidad histórica de restricción a la libertad de expresión, continúa representando un grave problema”. Y Ecuador es un ejemplo perfecto de esto.
Ello inter alia supone (i) “la influencia o control político sobre los medios de comunicación públicos, de modo que estos funcionen como portavoces del gobierno, en lugar de medios independientes encargados de fomentar el interés público”; (ii) “el control directo del gobierno sobre el otorgamiento de licencias o la regulación de la radiodifusión o la supervisión de estos procesos por un organismo que no mantenga, tanto en la ley como en la práctica, una real independencia respecto del gobierno”; (iii) “el abuso en la distribución de la publicidad del Estado o en el ejercicio de otras facultades estatales para influir en la línea editorial”; y (iv) “la propiedad o control significativo de los medios de comunicación por parte de líderes políticos o partidos”, o sus allegados, claro está.
Correa, con sus desplantes, intrigas, actitudes y conductas, se ha puesto fuera del sistema interamericano de defensa de la libertad de expresión. O más bien en la vereda opuesta. Lo que es grave, porque sin libertad de expresión, todas las demás libertades quedan sujetas a la arbitrariedad del poder. Y esto es lo que Correa, cabe presumir, procura. Todo lo contrario a la convivencia en democracia, más allá de la absurda retórica de Correa y sus ad lateres.
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
http://www.eldiarioexterior.com/el-descaro-de-rafael-correa-39706.htm
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