Si bien Petropar podría ahorrar millones para pagar su deuda con la firma venezolana PDVSA, existen fundadas sospechas de que se estaría por reeditar un caso similar del denominado ”operativo Finelly” de años atrás.
Existen fundadas sospechas de que la “reingeniería” del pago de la deuda de Petropar a PDVSA por la provisión de combustibles podría esconder un negociado del tipo Finelly. El pago de la deuda de las empresa estatal nacional Petróleos Paraguayos SA (Petropar) podría ser la reedición del operativo financiero denominado “Finelly” concretado durante el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-98).
Las sospechas de un posible negociado similar al anterior se debería a que el intermediario u operador de este nuevo caso es César Addario Bentrón, el mismo que cumplió similares funciones en el caso Finelly.
Fuentes confiables señalaron que detrás de las negociaciones estarían integrantes del primer anillo presidencial, y que las posibles comisiones formarían parte del paquete para potenciar al luguismo con miras a las elecciones de 2013.
Admiten negociaciones
Las gestiones para el nuevo operativo financiero fueron incluso confirmadas por el titular de la petrolera, Juan González Meyer, y por el director financiero Gabino Benítez en una entrevista con este diario.
Incluso, hasta se llegaron a identificar los bonos o certificados financieros venezolanos que sería objetos de compraventa en el caso.
Los responsables de Petropar confirmaron que incluso se buscó un banco operante que fuera aceptado por Venezuela, y se acordó que fuera el Societé Generale, de origen franco-suizo que activa normalmente con PDVSA.
González Meyer y Benítez habían mencionado que la compra se haría a un 72% del valor nominal de los bonos, a lo que se agregaría al comisión del banco operante (hasta el 3%) lo que elevaría el porcentaje al 75% del valor nominal.
El monto en juego tendría un valor de unos 269 millones de dólares, cifra que forma parte de la deuda de Petropar con PDVSA.
Respecto a la cotización de mercado de los documentos financieros venezolanos, mencionaron que ronda el 79% de su valor nominal para este año, 57% para el 2014, 52% para el 2015 y 49,25% para el 2016.
Señalaron los responsables de Petropar que actualmente es posible comprobar el valor de mercado de los bonos en las pantallas informáticas de Reuters, Bank of América, Merryl Linch, entre otros.
Debido a estos avances tecnológicos, descartaron que en este caso pudieran aparecer los sobrecostos que aparecieron en el caso Finelly, aunque puntualizaron que “las cotizaciones bursátiles varían constantemente”.
Sin embargo, teniendo en cuenta la intervención en el caso del pago a PDVSA del mismo intermediario financiero del caso Finelly (Bentrón) es que se incrementan las sospechas de un potencial negociado.
El caso Finelly
El operativo consistió en la compra de certificados de la deuda brasileñas para que la ANDE pudiera honrar la deuda que mantenía con la Itaipú Binacional.
En esencia el ahorro del operativo consistía en que la ANDE adquiriera los documentos financieros por una fracción de su valor nominal y lo entregara a Itaipú por el monto escrito, hecho que fue aceptado por el Gobierno brasileño.
Sin embargo, pese a que el valor mercado de los citados bonos tenía una cotización que en un momento dado rondaba el 29% de su valor nominal, finalmente la compra de los mismos trepó hasta un 76% de mismo, debido a maniobras que nunca fueron aclaradas.
Se estimó que entonces la ANDE obtuvo un beneficio (reducción en el pago de al duda) de unos 15 millones de dólares.
Incluso, la Cámara de Diputados abrió una investigación al respecto, pero nunca se pudo aclarar a qué estratos de intermediación benefició el súbito aumento del valor referencial de los certificados de la deuda brasileña.
En el expediente formado durante la investigación de la Cámara Baja, se conocieron documentos de extraños pagos de comisiones como el que se reproduce en esta misma página y que está firmado por Roman Kamil, director general de Finelly, el banco operante en el caso filial del BCC francés.
Una explicación del abultamiento del costo surgió cuando –supuestamente– el Brasil también exigió para la aprobación del caso un beneficio similar al que percibiría Paraguay o la ANDE, lo que en la práctica duplicó el valor de los certificados financieros.
El citado operativo se denominó Finelly, por el banco de dicho nombre que operó y que era una filial del banco francés BCC.
Un informe de la Contraloría General de la República cuestionó fuertemente el costo final del operativo, recalcando que no se aclaró adecuadamente el destino del pago de algunas comisiones. Sin embargo, una solución política relegó el caso en el “oparei”.
Derivaciones
Incluso hubo una derivación judicial cuando Ricardo Carrasco, cuñado del entonces presidente Wasmosy, demandó al intermediario Addario reclamándole un porcentaje de la comisión.
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