Para que el deseado incremento de la matrícula estudiantil no reduzca la calidad de la enseñanza universitaria; por una parte, nuestras universidades deberán hacer los correctivos institucionales necesarios y, por la otra, el gobierno deberá asumir su labor de rectoría, cumplir con sus obligaciones financieras y desarticular un sistema universitario paralelo absolutamente inconveniente y sin calidad
Existe la creencia, generalizada, de que el incremento de la matrícula estudiantil forzosamente reduce los niveles de calidad académica. Eso no es necesariamente así.
De una parte, la llamada de atención a la calidad universitaria obedece al mandato constitucional del artículo 103, según el cual la calidad en la educación es un derecho de todos los venezolanos. Se trata, pues, de una obligación del Estado, por lo que los distintos sectores implicados en la educación universitaria tienen el deber de garantizar con acciones efectivas la calidad de la actividad académica a nivel superior.
La calidad ya no constituye un privilegio de unos pocos, sino que es hoy un derecho de todos. Así pues, no pueden crearse programas educativos ni instituciones particulares con calidades diferentes para la formación de venezolanos diferentes. No caben aquí las elucubraciones seudo-filosóficas que, con el argumento de la construcción revolucionaria de nuevos paradigmas, despojen a grupos numerosos de venezolanos del derecho que tienen a recibir una educación de calidad.
De otra parte, trabajar por la inclusión significa cumplir con el mandato constitucional de admitir a todos aquéllos que tengan las aptitudes, motivación e intereses necesarios para ser exitosos en sus estudios universitarios. Inclusión estudiantil significa que ninguna condición distinta a las señaladas constitucionalmente puede limitar el ingreso a la educación superior. Todos esos factores discriminatorios, ampliamente conocidos y difundidos, deben ser superados por ser condiciones negativamente influyentes, no sólo por razones de justicia o éticas sino además por orden constitucional, la cual está por encima de cualquier consideración legal que lo contrarie.
En todo caso, la equidad no es sólo en el ingreso, la misma debe extenderse a los estudiantes ya admitidos, lo que significa que todos los cursantes deben disponer del mismo nivel de goce de las facilidades académicas, de manera de tener una educación de calidad. Nos referimos a las mejores condiciones posibles para la enseñanza, tanto de las instituciones como de los estudiantes (salud, alimentación, vestido, calzado, deportes y recreación). Sin embargo, se tiene que responder también por la calidad académica de los docentes, por lo que es imperioso ejecutar una selección rigurosa de los mismos. Se debe ser exigente pues se trata de la formación posterior de un líder académico.
Por añadidura, debe haber las mejores condiciones para el trabajo docente y de investigación, los cuales requieren de información actualizada a través de bibliotecas dotadas de la bibliografía necesaria, y el uso masivo de la informática y la Internet. Además, habrá que efectuar una revisión curricular que ajuste los programas, sus contenidos y la duración de los mismos, a las realidades del presente y del futuro.
En suma, para que el deseado incremento de la matrícula estudiantil no reduzca la calidad de la enseñanza universitaria; por una parte, nuestras universidades deberán hacer los correctivos institucionales necesarios y, por la otra, el gobierno deberá asumir su labor de rectoría, cumplir con sus obligaciones financieras y desarticular un sistema universitario paralelo absolutamente inconveniente y sin calidad. Cuando todo esto suceda, corearemos: “Ay que caben, que caben 100. 50 parao, 50 de pie”.
Juan Carlos Apitz B.
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