Con ocasión de la reciente publicación en este blog de un excelente artículo de Andrés Simón Moreno Arreche titulado “Progreso social con liberalismo. Apuntes de una agenda liberal para la oposición venezolana”, Leonardo Ramos – de nuestro equipo de corredactores – le hizo al autor las preguntas que se especifican a continuación con las correspondientes respuestas.
1.- Dónde queda la limitación del Gobierno y su necesaria reducción a sus funciones básicas sabiendo que nuestra actual constitución y la anterior proveen a los gobernantes poderes más allá de lo moralmente aceptable, dándole supremacía al Estado por sobre los ciudadanos?
R.- La limitación a cualquier gobierno está concebida en los 10 Fundamentos esenciales del liberalismo, cuya doctrina sostiene que no hay libertad política sin libertad económica.
2.- ¿Cómo garantizar una verdadera justicia y estado de derecho basados en leyes constitucionales que favorecen al sector laboral por sobre el empresariado (Art. 89 numeral 3)? eso es igualdad ente la ley?
R.- No, no lo es. Uno de los compromisos fundamentales que tendrán nuestros representantes en la AN será el desmantelamiento del proteccionismo y del intervencionismo estatal. Un Estado de corte liberal no puede aceptar más 'encomienda' que la de preservar la integridad territorial del país, promocionar la libre competencia, cumplir y hacer cumplir las leyes ('strictu-sensu' con la Constitución) y ejecutar planes y actividades para la seguridad ciudadana, la educación y la infraestructura del país, SIEMPRE con la co-participación de los ciudadanos y la empresa privada.
3.- ¿Es posible construir una sociedad sin pasar por la necesaria derogación de leyes que sobredimensionan el poder del estado?
R.- No, no es posible. Pero tampoco es necesario convocar a una Asamblea Constituyente. Basta con desmontar el aparato legal intervencionista y anticonstitucional que ha construido -hasta ahora- el Gobierno de El Innombrable. Más adelante, serán necesarios más reajustes (entre ellos, el del tamaño burocrático de los empleados públicos) para redirigir a la Nación por la senda del progreso social sostenido.
4.- ¿Es necesaria la participación activa de la sociedad aún sin ésta querer hacerlo para garantizar un Estado menos interventor o eso debe estar enmarcado dentro de la constitución y hacerse cumplir bajo el imperio de la ley?
R.- La participación de los ciudadanos es clave esencial para reducir el tamaño y el poder interventor del Estado. Y tan importante como el ciudadano, también es vital la participación de la empresa privada, y para ello se necesita articular desde la A.N. un corpus de leyes para darle al capital privado, nacional y extranjero, unas condiciones mínimas de legalidad con justicia social. Nadie va a invertir en un país sin que se le garantice, por ejemplo, la repatriación de dividendos. Ello requiere de un marco legal justo y transparente, y de unas premisas de compromiso de ese capital para con el País, que vaya más allá de la rentabilidad. Malasia -que es un reino y de paso musulmán- es un hermoso ejemplo de cómo hacerlo.
5.- ¿Cómo evitar que el intervencionismo de Estado se convierta en arma de retaliación política o peor aún en la degeneración de prácticas mercantilistas propia de los gobiernos socialdemócratas que privilegian a un sector oligárquico aumentando esa desigualdad que se atribuye de mala manera al libre mercado?
R.- Aplicando desde la concepción del Estado, pero sobre todo desde la sociedad, un proyecto de país liberal, extendiendo el ejercicio de los derechos individuales a todos y fortaleciendo la democracia, y eso se hace atacando la pobreza y la desigualdad, pues horadan las bases de una sociedad libre. La reducción burocrática e intervencionista del Estado trae como consecuencia inmediata la negación de los vicios a que aludes en tu pregunta.
6.- ¿Cómo atacar esa pobreza y desigualdad si no se propicia la formación de una economía de mercado sana y competitiva basada en la satisfacción del consumidor; para lograr la inversión de capital, creación de empresas y reducción del desempleo y la participación e inclusión ciudadana?
R.- En el planteamiento de tu pregunta está la respuesta. Es cosa de formularla así: " Con la... formación de una economía de mercado sana y competitiva basada en la satisfacción del consumidor; para lograr la inversión de capital, creación de empresas y reducción del desempleo y la participación e inclusión ciudadana".
7.- ¿Hasta dónde debe llegar esa supervisión del Ministerio de Educación a los planteles sin llegar a convertirse en un sistema de formación centralizado y dirigido muy parecido a la educación de regímenes totalitarios o dirigistas?
R.- Es todas las sociedades, aún las más liberales, el estado determina 'parámetros mínimos' para la prosecución de las actividades educativas. Ello es así porque el Estado debe fungir como 'director de orquesta' y permitir que los ciudadanos ejecuten la melodía educativa, a partir de una partitura de normas, reglas y procedimientos mínimos a cumplir. Así es como, entonces, la formación cívica y democrática, la libertad de cultos y la consolidación de la educación privada puede funcionar con una aguda y permanente supervisión de los planteles por parte del Ministerio de Educación.
8.- ¿Cómo garantizas la seguridad ciudadana sin antes promover la disciplina fiscal necesaria para sanear las finanzas públicas e invertir en los órganos de seguridad del estado para lograr su profesionalización, adecuación y equipamiento necesario?
R.- La disciplina, en todos los órdenes, es un requisito fundamental para cualquier sociedad inspirada en el ideal liberal. La seguridad ciudadana es un 'mega-problema' que como una Hidra, tiene varias cabezas y una de ellas es la poca inversión en los órganos de seguridad del Estado. Acertadamente colocas a 'esa' como la más visible de las cabezas, pues la desinversión en la seguridad para los ciudadanos es, en sí misma, una tarea ciclópea. Involucra no sólo más y mejor armamento. También más y mejores agentes del orden público. Sistemas satelitales de vigilancia. Educación y programas de prevención. En fin, una miríada de actividades que los Gobiernos han demostrado con creces que no pueden llevar adelante.
La intervención articulada de la empresa privada dentro de las políticas de prevención criminal del Estado ha dado enormes y satisfactorios resultados es países como Inglaterra, Suecia y Chile.
Raúl Amiel - raulamiel@gmail.com
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