En estas notas sostengo que entre liberalismo y progresismo hay un espacio de coincidencia para abordar una agenda común a favor de la democracia y la modernización del país, con miras a la obtención de una mayoría calificada en la Asamblea Nacional el próximo 26S, y con ello el renacimiento de la esperanza democrática sobre las bases de la participación liberal de los ciudadanos.
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El gran aporte del liberalismo al pensamiento y a la institucionalidad política es la defensa de la libertad individual y la aplicación de aquellas prudentes limitaciones que hacen posible el ejercicio de esa libertad.
El pensamiento liberal ha sido esencial para luchar y contener el totalitarismo, la xenofobia, la intolerancia y la discriminación. Ha sido firme en la lucha contra el absolutismo, las monarquías y la imposición de normas religiosas sobre la organización social y política. Su inspiración es laica y sus principios son plenamente compartidos por el progresismo moderno.
La doctrina liberal sostiene que no hay libertad política sin libertad económica. El progresismo comparte esa aseveración. Sin embargo, las diferencias surgen en torno a la interacción entre libertad política y libertad económica. El mero ejercicio de la libertad política no logra hacer realidad los derechos ciudadanos. La miseria coarta la libertad política. Sin regulaciones, el sistema económico de libre mercado termina otorgando privilegios a una minoría y acrecienta las diferencias. En situaciones críticas, esas minorías pueden atentar con la libertad política de la mayoría para mantenerse en el poder y así usufructuar de sus ventajas.
Durante la historia de América Latina se han diferenciado dos posturas en el liberalismo. Una proyecta la prosecución de la libertad política en el campo económico social, defendiendo derechos ciudadanos en su sentido amplio y extendiendo la igualdad de oportunidades económicas y sociales como condición para ejercer la libertad política. Para ello, busca armonizar el funcionamiento de un mercado libre con un rol regulador del Estado, a fin de garantizar la competencia y corregir desigualdades. Este es un liberalismo progresista.
La otra postura abraza el mercado y presume que éste realiza automáticamente la aspiración de libertad económica y política para todos. Rechaza la intervención del Estado para corregir las desigualdades. Es un liberalismo conservador.
El liberalismo adquirió una modalidad deformada en América Latina: el llamado neoliberalismo. Sus partidarios sostienen que el mercado es el rector y regulador de las relaciones económicas y políticas, y afirma la supremacía del consumidor sobre el ciudadano. En su expresión más aguda se hermanó con la dictadura política, aceptándola como fórmula para imponer esa libertad de mercado, destruyendo su esencia: la libertad individual.
Este tipo de pensamiento conservador rechaza la intervención del Estado y la regulación del mercado y prescinde de actuar sobre las desigualdades. Así se detiene en la búsqueda de la igualdad política y no extiende su acción a la igualdad de oportunidades. En situaciones de implementación extrema, socava la libertad individual, salvo para la minoría que usufructúa del mercado, gracias a su situación económica y ejerce directa o indirectamente el poder político. Esta concepción neoliberal ha sido el principal enemigo de una concepción liberal auténtica. Hay grandes desafíos en Venezuela que requieren, a partir de las elecciones a la Asamblea Nacional el próximo 26S, de una acción inspirada en el ideario liberal progresista:
1.- Derechos individuales: Extender el ejercicio de los derechos individuales a todos y fortalecer la democracia atacando la pobreza y la desigualdad, pues horadan las bases de una sociedad libre. Los representantes de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional deben articular un proyecto de país que corrija las actuales distorsiones políticas, para que el ejercicio de los derechos individuales no sea, como ahora, una dádiva del Estado, sino el ejercicio libre y consciente de los derechos ciudadanos, sin más limitación ni objeciones que las establecidas por la nueva Constitución, las Leyes y sus Reglamentos.
2.- Seguridad ciudadana: Garantizar la seguridad ciudadana resguardando las libertades individuales. La inseguridad en general, y el terrorismo de Estado en particular, son una preocupación fundamental de la sociedad venezolana del siglo XXI. La lucha contra el terrorismo de Estado y el logro de la seguridad ciudadana deben realizarse en el marco del Estado de Derecho, preservando una sociedad abierta. La seguridad humana, que se evidencia por proteger al ciudadano del hambre, de las enfermedades, de la ignorancia y de la delincuencia, es el desafío que enfrentamos los demócratas liberales del país, un desafío que exigimos sea tomado como reto por los líderes de la oposición venezolana.
3.- Educación sin ideologización: Elevar la educación de la ciudadanía para imbuirla de principios y prácticas democráticas. Las investigaciones sociales llevadas a cabo en los últimos doce meses alertan sobre la precariedad de las convicciones democráticas de muchos venezolanos, a quienes se les está induciendo abiertamente hacia un comunismo disfrazado de un socialismo atípico y muy cuestionado: El Socialismo del Siglo XXI. La formación cívica y democrática, la libertad de cultos y la consolidación de la educación privada con una aguda y permanente supervisión de los planteles por parte del Ministerio de Educación, debe constituir un objetivo prioritario para quienes aspiran que prevalezca el ideario liberal en la ratificación del texto constitucional vigente, una ratificación que deberá promover la futura mayoría calificada de la oposición democrática en el seno de la Asamblea Nacional, a partir de enero próximo.
4.- Participación ciudadana: Fortalecer a la sociedad civil y la organización ciudadana. La libertad requiere del ejercicio y la democracia de la transparencia, con la supervisión de todos los ciudadanos. Un sistema político es mejor cuando existe más participación de la sociedad civil organizada. Por tanto, el pensamiento liberal se debe promover desde la Asamblea Nacional como una extensión de los derechos y deberes ciudadanos y como mecanismo auto regulatorio de una sociedad civilizada y abierta, porque si queremos menos Estado interventor, tendremos que promocionar más sociedad civil participativa.
Maracaibo, 20 de julio de 2010
andresmorenoarreche@gmail.com
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