jueves, 8 de julio de 2010

¿917 DIAS MAS?, JOAQUIN CHAFFARDET, A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

Parte I
Recientemente tuve la oportunidad de ver la entrevista a un importante dirigente político, por cierto siempre bien informado y muy claro sobre la situación de la nación. No pierdo oportunidad de oírle pues creo que es uno de los líderes opositores que tiene más conciencia de la realidad y del enemigo que enfrentamos los venezolanos.
Un televidente llamó al programa y planteó el escenario, ya asomado por muchos, sobre las posibles maniobras que el Iluminado de Sabaneta trataría de poner en práctica si pierde, como se espera, el control absoluto de la, hasta ahora, asamblea nazional. Ante este planteamiento el entrevistado dijo que una de las posibles maniobras de Chávez sería “…aprovechar los tres meses que median entre las elecciones parlamentarias y la instalación de la nueva Asamblea para acelerar la aprobación y promulgación una colección de leyes orgánicas que le dieran un sustento seudojurídico a su proyecto totalitario exterminador de las libertades y derechos ciudadanos...”

Siendo así, cabe preguntarnos ¿Si en tres meses se podría consumar parte tan importante del plan totalitario, qué no pasaría de aquí al 10 de Enero de 2013? De acuerdo a las tendencias que recogen todas las encuestas, se supone que en esa fecha el Iluminado debería entregar la presidencia de la república, lo que le daría 917 días, o sea 2 años 6 meses y 2 días para terminar de acabar con lo poco que queda del país y de libertad. Por eso intriga y molesta escuchar a ciertos personajes, políticos o entrevistadores, supuestamente demócratas o disidentes, decir insistentemente que “… Chávez debe permanecer en la presidencia hasta el término de su mandato en el 2013…” Y en cada una de esas ocasiones, además de inmensa arrechera, me pregunto, será que son “bolsas” o se hacen los “bolsas” o será que tras su supuesto “constitucionalismo” se esconde una tremenda cobardía. O es la política del avestruz, que entierra la cabeza para no ver la realidad. O se trata de curarse en salud ante un posible desplante despótico del dictador que ponga en peligro su libertad personal. Sea cual sea la razón, desorientan a la población y siembran dudas sobre los fines que persigue la disidencia democrática.
Señores disidentes, ingenuos o temerosos o bolsas o cómplices, métanse esto en la cabeza: Si Chávez desconoció el voto de 780.000 venezolanos que eligieron a Ledezma Alcalde Metropolitano, quien es el pendejo que se chupa el dedo creyendo que aceptará un resultado electoral que lo saque a él, predestinado a suceder a Bolívar, de la presidencia y termine con sus sueños de batir el record de permanencia en el poder de Fidel Castro. ¿O será que yo soy un ayatola antichavista? ¿O será que yo veo fantasmas? ¿O será que desconozco algún arma política secreta que solamente conocen y poseen algunos iluminados en la materia? Si Chávez se burló del referéndum constitucional y se aprueban en la asamblea nazional leyes para implementar el contenido de la reforma rechazada por el voto popular, ¿respetaría un resultado que lo saque de Miraflores? ¡Bájense de esa nube!

La disidencia sigue actuando como si el presidente de la república y las instituciones del régimen fuesen alguno de los presidentes o instituciones de la era democrática que, digan lo que digan, respetaban la voluntad popular y el estado de derecho. ¿Se imaginan a Chávez perdiendo las elecciones por 27.000 votos y entregando el poder? Yo pienso que ¡ni de vaina! Prefiero ser mal pensado que “bolsa”.

Refiriéndose a los sectores democráticos, Chávez ha proclamando de mil y una formas que “NO VOLVERAN”, sin decir por cuáles razones ni de cuales métodos se valdría para hacer efectiva esa lapidaria sentencia de muerte civil contra la mayoría de la población. Ha anunciado claramente, sin medias tintas, sin ambages, sin adornos, con toda la ordinariez y salvajismo que caracteriza su lenguaje, que no habrá institución, constitución ni ley que lo saque del poder. Y Para reafirmar su posición ha anunciado mil veces, amenazante, que el mero planteamiento de la posibilidad de su salida del poder significaría el inicio de una guerra civil.

Y no se ha quedado en el discurso, se prepara para ese escenario. Está en pleno desarrollo la estructuración de una fuerza armada paralela, las milicias, para apoyar con las armas el desconocimiento de cualquier expresión de la voluntad popular que no le sea favorable y enfrentar a la población y aplastar a los sectores democráticos, tal como lo hace día a día la criminal Guardia Revolucionaria de Irán.

Por otra parte, en el dudoso caso de que en el 2013 el dictador aceptara el veredicto popular y saliera del gobierno, deja sembrados elementos suficientes para quebrantar u obstaculizar cualquier proceso de regreso a la democracia: los grupos paramilitares urbanos y rurales del chavismo, estimulados, armados, financiados y entrenados desde ahora para ese fin por el gobierno fascista. Una fuerza armada, en el mejor de los casos dividida, profundamente corrompida y aparentemente sumisa a los designios del dictador. Los servicios de seguridad controlados y penetrados por los cubanos, los rusos y los iraníes. Identificar, neutralizar y expulsar a los miles de agentes cubanos y sus secuaces locales enquistados en diversos niveles de la población será una tarea ardua y de varios años. Panorama sombrío que requerirá de una política de seguridad democrática firme y una dirección política decidida y con conciencia clara de los objetivos a alcanzar para estabilizar la vida republicana y recuperar las libertades y la institucionalidad hoy perdidas.

Concurrir a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre es importante y necesaria una victoria contundente. Pero paralelamente hay que buscar y estimular, activa y decididamente, la forma de impedir que el Iluminado disponga de 917 días para completar la destrucción de la nación, la eliminación definitiva de la libertad y el desbordamiento de la represión. A Dios rogando y con el mazo dando. Hay que trabajar en todos los frentes para salvar a Venezuela. !Ninguna vía puede ser descartada!. Lo que hemos visto hasta ahora es solamente el abrebocas. 917 días más con el dictador en Miraflores y habremos perdido la república.

JOAQUIN CHAFFARDET

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DEFENDER LO INDIVIDUAL POR ENCIMA DE LAS IMPERTINENCIAS DEL ESTADO, CARLOS R. PADILLA L.

En Venezuela y en todo el planeta existen personas, que sin tenerlo consciente, poseen una concepción del mundo, de la vida y del ser humanos dentro de lo que se ha denominado el pensamiento liberal. También los hay que se confiesan liberales pero carecen de la importante disposición de agruparse con quienes están en la misma línea de pensamiento para emprender, desde las ideas, la acción de conseguir una sociedad mas equilibrada para todos.

Hay igualmente quienes pensando como liberales se afilian a grupos en los que se practican esquemas de doctrinas totalitarias o que pretenden imponer desde su ideología un modelo preestablecido para el mundo.

El liberal es un ente práctico y se limita a extraer consecuencias de las variables que observa en la sociedad, y luego propone objetivos que con alta probabilidad de cumplimiento tendiendo a que estos contribuyan a alentar la ocurrencia de ciertos resultados beneficiosos para la mayoría. Ello siendo tolerante de otros criterios y dispuesto a convivir con lo que le disgusta para preservar la convivencia pacífica. Sabe que el destino obedecerá a su propia iniciativa emprendedora y que el éxito individual de cada quien dependerá la superación de la sociedad.

Un liberal tiene que someter su conducta a la tolerancia de los demás criterios y debe estar siempre dispuesto a convivir con lo que le disgusta. Defiende la libertad y la responsabilidad individuales como valores supremos y a una legislación que garantice la existencia de la propiedad privada para que la libertad y la responsabilidad puedan ser realidad.

Un liberal propugna la existencia de un estado de derecho conformado por leyes universales enmarcado en una constitución que salvaguarde los derechos inalienables de cada individuo fomentado la meritocracia sin que nadie tenga privilegios.

Un liberal cree en un mercado abierto a la competencia y sin controles de precios como la forma más eficaz de realizar las transacciones económicas y de asignar recursos. Sin el diseño arbitrario que se da en las sociedades colectivistas diseñadas por “ingenieros sociales” y dirigidas por comisarios.

Un liberal cree en la democracia representativa como método para la toma de decisiones colectivas, con garantías de que los derechos de las minorías no puedan ser atropellados ante la supremacía de una sociedad civil formada por ciudadanos.

Un liberal busca un estado limitado con un gobierno que se ocupe de funciones básicas y compuesto por servidores públicos obedientes a las leyes con el compromiso de rendir cuentas con arreglo a la ley y estar sujetos a la inspección constante de los ciudadanos.

Estamos seguros, como lo expresamos en el primer párrafo, que muchos pensamos así. Nos quedan los caminos de la búsqueda de una participación conjunta, de un soliloquio individualista o de la entrega en las garras del totalitarismo. Somos libres para escoger; pero debemos escoger el camino de la necesaria convergencia para alcanzar para Venezuela una Democracia Liberal que consagre el principio de vivir con bienestar y libertad.

Carlos R. Padilla L.

DECLARACIONES DEL CARDENAL UROSA SABINO DESDE ROMA

A continuación las declaraciones del Cardenal:

1-En Roma, donde me encuentro en cumplimiento de mis funciones como Cardenal para asistir a una reunión convocada hace varios meses, tuve conocimiento de los ataques del Presidente Chávez contra el episcopado venezolano y mi persona el 5 de Julio.

2-Lo primero que debo decir es que el Presidente no tiene licencia para insultar, difamar ni injuriar a ningún venezolano. En varias ocasiones me ha agredido verbalmente, exponiéndome injustamente al escarnio público. Rechazo totalmente dichas agresiones, que desdicen de quien las realiza.

3-Hoy respondo a los ataques proferidos contra los Obispos de Venezuela y contra mí, porque más que rechazar ofensas se trata de denunciar el peligro que se cierne sobre nuestra querida Patria. Sin presiones de ningún sector, y sin que nadie me mande a decir nada, sino obedeciendo sólo a la voz de mi conciencia como venezolano y como Arzobispo de Caracas ante la realidad que estamos viviendo, he emitido algunas declaraciones recogidas en algunos medios de comunicación social. Lamentablemente el Presidente, en lugar de reflexionar y ponderar los argumentos expuestos, y rectificar su línea de conducta, se limita a descalificar y ofender.

4-Pasando por encima de la Constitución Nacional, el Presidente y su gobierno quieren llevar al País por el camino del socialismo marxista, que copa todos los espacios, es totalitario, y conduce a una dictadura, ni siquiera del proletariado, sino de la cúpula que gobierna. Contrariando la voluntad popular, que el 2 de diciembre de 2007 rechazó la propuesta de reforma estatizante y socialista de la Constitución nacional, a través de leyes inconstitucionales se pretende implantar en Venezuela un régimen marxista, como abiertamente lo ha proclamado en repetidas ocasiones el Presidente. Tal conducta es inconstitucional e ilegal, pero sobre todo, atenta contra los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos. El fracaso del socialismo marxista en otros países es más que evidente.

5-Por otro lado, la pretensión de copar todas las actividades productivas a través, por ejemplo, del progresivo acaparamiento de la importación, distribución y comercialización de alimentos, va en la línea de desmontar el aparato productivo nacional para que todos dependamos del gobierno hasta para comer. Eso ¿a quién beneficia? No a productores, campesinos y obreros venezolanos, sino de otros países, y, junto con el progresivo endeudamiento del país, conduce a la ruina de nuestra economía así como a una dependencia foránea, totalmente contraria a la necesaria soberanía alimentaria.

6-Preocupado por instaurar el sistema socialista marxista, el gobierno descuida sus tareas constitucionales primarias: proteger la seguridad del pueblo golpeado especialmente en los sectores más pobres por la violencia y la delincuencia; promover una mejor asistencia en el campo de la salud, construir y mantener la infraestructura de carreteteras y medios de transporte, etc.

7-Por otra parte, y tocando otro tema aludido por el Presidente, el nombramiento de todos los obispos de Venezuela y del mundo está en manos de la Iglesia, y concretamente, en manos del Santo Padre, luego de serias consultas a la comunidad eclesial. Gracias a Dios no está en manos de los políticos. Así fue mi nombramiento como Arzobispo de Caracas, y luego, como Cardenal de la Santa Iglesia Romana. Además, los Obispos venezolanos estamos solidamente unidos en la tarea de servir al pueblo como testigos y embajadores de Jesucristo, y pastores del pueblo de Dios en Venezuela.

8-Los Obispos, al igual que todos los cristianos, somos constructores de la paz. Por ello, sin pretender asumir cuotas de poder ni convertirnos en operadores políticos, reivindicamos nuestro derecho a pronunciarnos sobre todo lo que tenga que ver con la vida y el futuro del pueblo venezolano. Queremos el bien, la convivencia y el progreso de Venezuela, con oportunidades para todos, sin exclusiones ni injusticias e intolerancia, con anhelos de unidad, bienestar, progreso y paz. Para eso trabajamos desde el punto de vista social, y por ello mantenemos una mano tendida para el diálogo y el encuentro.

9-Para finalizar, agradezco al episcopado venezolano, al Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Caracas, y a todas las personas y sectores que en este momento difícil me han manifestado su solidaridad. Y animo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a trabajar sin descanso y sin miedo, en el marco de la Constitución Nacional, porque en Venezuela reinen la fraternidad y la solidaridad, la libertad, la justicia y la paz.


Roma, 7 de julio de 2010.
Cardenal Jorge L. Urosa Savino
Arzobispo de Caracas

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SOLIDARIDAD CON EL CARDENAL UROSA TRAS LOS INSULTOS DEL PRESIDENTE CHÁVEZ, COMUNICADO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LAICOS

CARACAS, jueves 8 de julio de 2010 (ZENIT.org).- El presidente del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, Manuel Arcaya, hizo público un comunicado este miércoles en el que expresa su solidaridad con el cardenal Jorge Urosa Savino, tras los insultos sufridos por este de parte del presidente del país Hugo Chávez.

El origen de esta nueva crisis Iglesia-Gobierno tuvo lugar este lunes cuando el presidente venezolano Hugo Chávez y su par ecuatoriano, Rafael Correa, asistían a una sesión solemne en la Asamblea Nacional para celebrar los 200 años de la independencia de Venezuela.

El presidente Chávez cargó contra el cardenal arzobispo de Caracas Jorge Urosa a quien calificó como “indigno”. Dijo que es un “troglodita” que está tratando de “meter miedo al pueblo, hablando del comunismo”, por lo que dijo “no merecemos un cardenal como ése, éste pueblo merece otro cardenal”.

Durante el acto oficial, transmitido en cadena nacional de radio y televisión y en compañía de Correa, dijo que “el pueblo ya no es manipulable ni por sotanas, ni por nada” y dijo que quienes son afines al proceso revolucionario se sienten “bien alejados de la jerarquía eclesiástica católica”.

En su comunicado el presidente de los laicos venezolanos, Manuel Arcaya, afirma: “Nuevamente, ahora en la cabeza de nuestro cardenal Jorge Urosa Savino, la Iglesia ha sido víctima de un burdo intento de descredito y división por parte de la máxima autoridad civil y política del país”.

“Como Presidente del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela –añade--, en representación de los laicos venezolanos, los movimientos laicales, los Consejos Diocesanos de Laicos, y a título personal, manifiesto nuestra mayor solidaridad con Su Eminencia y rechazamos categóricamente los adjetivos e improperios de los cuales fue víctima”.

El presidente de los laicos venezolanos dice compartir “con Su Eminencia, la gravísima preocupación de que el país está siendo llevado al Comunismo al estilo cubano, tal y como expresa el gobierno cuando habla de que quiere ir al ‘mar de la felicidad’”.

Y subraya: “Al hecho mismo del agravio, se añade el escenario y el evento en que se produjo. Cuestión que sólo desmerece al agraviante”.

Manuel Arcaya asegura que “en las actuales circunstancias, el país está siendo sometido a una intensa, consciente y perversa campaña del gobierno para generar desesperanza”.

Por ello, señala, “se nos presenta entonces, una oportunidad para involucrarnos como Iglesia, todos, en una gran actividad de llevar la esperanza al pueblo de Dios”.

“La campaña de desesperanza del gobierno –subraya--, tiene como objetivo generar tristeza y pasividad, sentimientos que son ajenos a nuestra fe. Como Consejo Nacional de Laicos, manifestamos nuestro compromiso de hacer nuestros mayores y mejores esfuerzos para contrarrestar esta perversa campaña”.

Este año electoral, recuerda, “se nos presenta como una oportunidad para involucrarnos en los problemas que aquejan al país y revisar las propuestas de fondo de los candidatos que los distintos partidos políticos nos ofrecen porque nuestra participación activa y consciente tendrá consecuencias en el futuro inmediato”.

En este sentido, cita las palabras del Papa Benedicto XVI con ocasión de la XXIII Asamblea plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos, donde recordaba la “necesidad y urgencia de la formación evangélica y del acompañamiento pastoral de una nueva generación de católicos comprometidos en la política, que sean coherentes con la fe profesada, que tengan rigor moral, capacidad de juicio cultural, competencia profesional y pasión por el servicio al bien común”.

“Conscientes de los retos actuales que nos presenta la convivencia humana –concluye--, los laicos nos disponemos a enfrentar las circunstancias llenos de confianza al saber que nuestra fe en Dios y su hijo, Jesucristo, nos ofrece la posibilidad real de superar el mal y de alcanzar el bien. Esta certeza nos permite encender la esperanza cristiana, a pesar del pecado que marca profundamente la historia de la humanidad”.
Desde Roma, donde asistía a unas reuniones en la Santa Sede, el cardenal Jorge Urosa emitió un comunicado donde no solo rechazaba los ataques de Chávez sino que reiteraba su preocupación por las consecuencias que el modelo socialista que impulsa el Gobierno podrían traer sobre el sistema democrático vigente desde 1958.

El cardenal Urosa respondió a los improperios de Chávez afirmando que “el Presidente no tiene licencia para insultar, difamar ni injuriar a ningún venezolano”.

“Sin presiones de ningún sector, y sin que nadie me mande a decir nada, sino obedeciendo sólo a la voz de mi conciencia como venezolano y como arzobispo de Caracas ante la realidad que estamos viviendo, he emitido algunas declaraciones recogidas en algunos medios de comunicación social”, dijo, al tiempo que lamentó que el mandatario no se guíe por esa máxima que aboga por no matar al mensajero, pues “en lugar de reflexionar y ponderar los argumentos expuestos, y rectificar su línea de conducta, se limita a descalificar y ofender”.

Aunque el presidente Chávez asegura que su proyecto no es igual al de la extinta Unión Soviética o Cuba, para el cardenal hay signos, como las constantes expropiaciones o nacionalizaciones de empresas, que revelan lo contrario.

“La pretensión de copar todas las actividades productivas a través, por ejemplo, del progresivo acaparamiento de la importación, distribución y comercialización de alimentos, va en la línea de desmontar el aparato productivo nacional para que todos dependamos del Gobierno hasta para comer. Eso ¿a quién beneficia? No a productores, campesinos y obreros venezolanos, sino a los de otros países, y, junto con el progresivo endeudamiento del país, conduce a la ruina de nuestra economía, así como a una dependencia foránea, totalmente contraria a la necesaria soberanía alimentaria”, dijo el cardenal.

También denunció el cardenal que mientras el Gobierno se dedica a instaurar su modelo “socialista marxista” descuida tareas como garantizar la seguridad ciudadana, ofrecer mejores servicios de salud y educación; y construir infraestructuras.

Por su parte, el diario vaticano L'Osservatore Romano, publicaba este miércoles un artículo titulado “Libertad de expresión para la Iglesia en Venezuela”, en el que informaba sobre los ataques al cardenal Urosa (http://www.zenit.org/article-35981?l=spanish).

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CONDENA DEL PARLAMENTO EUROPEO POR EL CASO AFIUNI, MILOS ALCALAY

El Jueves 8 de Julio la Plenaria del Parlamento Europeo condeno al regimen de Chavez por su reiterada violacion a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho. De manera especial resalta el texto aprobado, su consternacion por el caso de la detencion arbitraria de la Juez Maria Lourdes Afiuni, presa por instrucciones del Mandatario.

Reiteradas condenas en el pasado
 No es esta la primera vez que los eurodiputados condenan mayoritariamente al regimen de Chavez. Lo hicieron el 11 de Febrero del 2011, el 7 de Mayo del 2009, el 23 de Octubre del 2008 y el 24 de Mayo del 2007

Entre las condenas a Venezuela se recuerda el rechazo al cierre de RCTV, la condena a las inhabilitaciones como en el caso de Leopoldo Lopez; el hostigamiento a Gobernadores y Alcaldes de oposicion y en especial en contra de Antonio Ledezma. En los reiterados pronunciamientos de la euro-camara se reacciona ante la violacion reiterada del regimen a los principios de derechos humanos, a la democracia y al Estado de Derecho.

La incapacidad de la "diplomacia" Bolivariana y la falta de argumentos, no les ha permitido convencer a los eurodiputados. Por ello, las reacciones consisten en arremeter contra la institucion parlamentaria, mostrando su poco apego al pluralismo.

Juez Afiuni: Un caso escandaloso

Todos los Grupos Politicos del Parlamento Europeo PPE, Socialistas, Liberales, Conservadores, Alianza Progresista de Socialistas y Democratas (S&D), Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas (ECR), Izquierda Europea Unida (NGL), Europa de la Libertad y la Democracia (EFD) prepararon proyectos individuales de Resolucion indignados con la detencion de la Juez Maria Lourdes Afiuni. La unica excepcion fue la de Izquierda Unida, en la que dirigentes de ese mini Grupo, Willy Meyer e Ida Figueiredo quieren demostrar que son mas "Chavistas que Chavez", defendiendo lo indefendible.

En el texto final, la plenaria aprueba una resolucion que se refiere al caso Afiuni en la que la menciona en diez considerandos, y concluye con siete exigencias y recomendaciones. El texto muestra la indignacion europea por la ausencia de separacion de poderes, por la detencion arbitraria de la Juez, por los riesgos fisicos, por el lugar de su detencion, por las amenazas del Presidente Chavez de ordenar su detencion, por la exhortacion publica del Mandatario a que se le aplique la pena maxima, y por la condena al Gobierno en Organismos Internacionales y en diversas ONGs por el Caso Afiuni

Otros Casos: Nada Nuevo Bajo el Sol

Resalta la Resolucion aprobada mayoritariamente que el caso Afiuni no es un caso aislado: Los socialistas europeos no quisieron sumarse por querer concentrarse solo en el caso Afiuni, como destaco su vocero Raimon Obiols. Pero para el euro diputado Catalan del PPE Santiago Fisas, para la Liberal Rumana Renate Weber, para el Conservador Britanico Charles Tannock, no se podian eludir los casos graves que demuestran la actual situacion del pais.

Es por ello que vuelven los eurodiputados a denunciar la ausencia de libertad de prensa; los atentados a la libertad de expresion; los casos arbitrarios de expropiaciones que desde el 2005 han afectado a mas de 760 empresas (muchas de ellas afectando intereses de ciudadanos de origen europeo); la intimidacion a dirigentes de oposicion, a periodistas, Gobernadores y Alcaldes, estudiantes y de manera especial denunciando las detenciones politicas, por la que muchos purgan en las carceles por delitos que no cometieron.

La resolucion aprobada el Jueves muestra la indignacion de democratas europeos por la situacion que vive Venezuela, y exhorta a las autoridades a que respeten el resultado de las elecciones del 26 de Septiembre

Ello muestra que "no hay nada nuevo bajo el sol" y que la fotografia de la realidad venezolana es cada vez mas clara.

MILOS ALCALAY
Ex Representante del Parlamento Latinoamericano ante el Parlamento Europeo
Candidato al Parlamento Latinoamericano por la Plataforma ProParlatino

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EL AVIÓN DE MORATINOS, YOANI SÁNCHEZ

Mucho se especula en estos días sobre las posibles excarcelaciones de presos políticos. La prensa oficial –como siempre- adormilada entre cifras de crecimiento y viejos discursos sacados de los archivos, no confirma ni desmiente esos rumores. Una meticulosa lectura de Granma arroja que el canciller español ha venido para condenar el bloqueo, hablar del cambio climático e intentar quitar la posición común de la Unión Europea hacia el gobierno de Cuba. Si nos dejáramos llevar por lo que dicen los locutores de voz engolada y corbatas a rallas, aquí no está pasando nada… o casi nada. Pero todos sabemos que algo se mueve en la oscura zona de la diplomacia, en ese terreno de la alta política que se teje de espaldas al pueblo.

Los murmullos vienen y van. En ellos, a la palabra “liberación” se le ha ido pegando un término de connotaciones infames: “deportación”. “Saldrán directo de las prisiones hacia los aviones” me dijo un señor que se la pasa con la oreja pegada al radio, escuchando la emisora prohibida que llega desde el Norte. La expatriación forzosa, la expulsión, el exilio, han sido prácticas habituales para deshacerse de los inconformes. “Si no te gusta te vas”, te repiten desde chiquito; “arranca y lárgate”, vuelven a espetarte si insistes en quejarte; “¿para qué volviste?”, recibes como saludo si osas regresar y seguir señalando lo que no te gusta. Habilidad en librarse de los incómodos, pericia para empujar fuera de la plataforma insular a quienes se le oponen, en eso sí que son diestros nuestros gobernantes.

Tendría que ser muy grande el avión de Moratinos para poder llevarse en él a todos los que les estorban a los autoritarios del patio. Ni un Jumbo alcanzaría para trasladar a aquellos que potencialmente tienen el riesgo de ir a prisión por sus ideas y por su accionar cívico. Una verdadera línea aérea con vuelos semanales se necesitaría para sacar a quienes no están de acuerdo con la gestión de Raúl Castro. Pero resulta que muchos no queremos irnos. Porque la decisión de vivir aquí o allá es algo tan personal como seleccionar pareja o ponerle nombre a un hijo, no se puede permitir que tantos cubanos se encuentren entre la pared de la prisión y la espada del destierro. Es inmoral forzar a la emigración a quienes sean liberados –posiblemente- en los próximos días.

Una simple y lógica pregunta salta cuando pensamos en este tema: ¿No sería mejor que se los llevarán en ese avión a “ellos”?

@yoanisanchez
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EL VIEJO RECURSO DE ULTRAJAR Y OFENDER, JOAQUÍN MORALES SOLÁ (CASO DE CORRUPCIÓN ARGENTINA Y VENEZUELA)

Sólo la percepción de la decadencia explicaría la instalación de un gobierno de hombres duros, permanentemente enojados. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, perfeccionó en los últimos días su ingenio cotidiano para ofender. El canciller Héctor Timerman se parece cada vez más a un panelista constante de esos hiperkirchneristas programas de televisión en los que nadie explica nada, pero todos analizan despectivamente a los opositores y al periodismo no oficialista. El propio ministro Julio De Vido hizo conocer su opinión en público, casi por primera vez en siete años, para inculparse y tratar también con un humor de perros a los periodistas y a los opositores.

Los Kirchner nunca dirigieron un gobierno amable, pero hubo un tiempo en el que los enojos y los retos eran un monopolio de la diarquía gobernante; es decir, de Néstor y Cristina Kirchner. Nadie más maltrataba ni insultaba, aunque, todo debe decirse, Aníbal Fernández protagonizó algunas célebres excepciones. Todos los demás trataron siempre de suavizar en reserva lo que ya era demasiado ríspido en público. ¿Qué sucedió ahora para que se haya designado, por ejemplo, un canciller que se ocupa casi exclusivamente de difamar a los medios periodísticos? La historia señala que los gobiernos se radicalizan cuando ven que se acerca el fin o cuando admiten frente a un espejo implacable que les tocó vivir la mala hora. Timerman volvió a menear una acusación ("existe una conspiración destituyente") que el kirchnerismo sólo usó cuando se abatió sobre él la derrota política. Fue en 2008, al final de la guerra perdidosa contra los productores rurales.

Ahora no son los hombres de campo los que acosan al oficialismo, sino la oposición política en el Congreso. La sociedad argentina se ha despertado del exitismo mundialista, pero más grave que eso son, dicen inmejorables funcionarios, los avances opositores en el Parlamento. Aníbal Fernández tuvo el mérito de reconocer lo que parecía una deducción: el Gobierno patalea ante la probable necesidad de vetar el proyecto de ley del 82% móvil para los jubilados. ¿Cómo explicará que la Anses no tiene plata que financiar ese aumento, pero sus recursos pueden, en cambio, sufragar necesidades políticas de los gobernantes? No hay tormento mayor para los Kirchner que tomar una decisión que será a todas luces impopular.

Otras dos decisiones parlamentarias no podrán ser vetadas porque son facultades propias del Congreso. Una de ellas es la constitución de la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia, que ya existía, con mayoría y presidencia opositoras. Esta resolución de la oposición provocó una muy dura discusión de los opositores con el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, otro que perdió la vieja compostura política que supo tener. La restante decisión del Congreso será la de negarle al Ejecutivo una prórroga de las facultades delegadas, que tampoco el Gobierno podrá vetar, y que incluye la recuperación por parte de los legisladores de fijar las retenciones a las exportaciones.

Esas decisiones políticas erosionarán el núcleo duro de la conducción kirchnerista, porque le sacarán la caja, la información privilegiada, las operaciones encubiertas y la arbitrariedad para administrar el Estado. Esta conclusión explicaría la razón de tanto enojo oficialista.

El discurso no es sólo retórico, sino amenazante y, en algunos casos, impolítico para los propios intereses del Gobierno. Un caso claro de esta última naturaleza es la decisión de plantear, con el proyecto del matrimonio gay, una batalla cultural con la Iglesia, que no hace más que fortalecer a los sectores eclesiásticos más conservadores. En la última asamblea del Episcopado, el sector de obispos moderado, liderado por el cardenal Jorge Bergoglio, perdió una votación crucial sobre este tema con el ala conservadora que capitanea el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. En tanto Aguer se negaba a cualquier concesión sobre el problema, los moderados plantearon su oposición al uso del término matrimonio, pero dejaban al gobierno de la sociedad la resolución de un problema social que existe.

A su vez, Aníbal Fernández le advirtió en su blog al columnista de Clarín Eduardo van der Kooy que le costará conseguir trabajo cuando "se horizontalice la información"; es decir, cuando rija la nueva ley de medios. ¿Será la ley de medios una garantía para la libertad de expresión, como lo dijo Cristina Kirchner, o será la oportunidad para que el oficialismo colonice los medios, como lo insinúa su jefe de Gabinete? Más tarde, Cristina Kirchner se mostró maternal y comprensiva con la selección argentina. Fue sólo una excepción entre tantas provocaciones, denuestos y reproches, pero excepción al fin.

Un día antes, el acorralado ministro De Vido dio un comunicado en el que intentó aclarar la oscuridad en las relaciones con Venezuela. No lo logró, pero descalificó a los diarios La Nacion y Clarín con el argumento de que son "socios en Papel Prensa", como si se tratara de una prueba definitiva sobre la culpabilidad de algún incierto delito. Esa sociedad es pública desde hace más de 30 años, cotiza en Bolsa y nunca impidió la natural competencia entre ambos diarios. De Vido confirmó la vieja ley de los políticos incurables que indica que cuando se carece de una defensa eficaz es mejor instalar la idea de que todos son iguales.

De Vido hizo algo peor: adujo, para proteger a su ex secretario privado José María Olazagasti, actual responsable del ceremonial de su cartera, que en el Ministerio de Planificación no existen honores, cargos ni medallas para desempañar algunas funciones. Se refería a las gestiones paralelas de Olazagasti en Venezuela como reemplazante del otrora todopoderoso Claudio Uberti.

Ya es raro que el ministerio de De Vido se ocupe de asuntos comerciales con Venezuela cuando existen una Cancillería, un Ministerio de la Producción y otro de Economía. Pero este último argumento es más extraño aún: ¿qué hacen los funcionarios formales de su cartera si las misiones específicas las puede cumplir cualquiera en medio de la informalidad?

Todas esas preguntas interpelan a un gobierno sin respuestas, condenado a vivir cada vez con márgenes más estrechos de poder y confinado al recurso último de ultrajar y ofender. Recurso que nunca sirvió de nada.

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RUNRUNES 08-07-10, NELSON BOCARANDA SARDI


ALTO
PUDREVAL. Tres de los más connotados funcionarios rojo-rojitos, ligados a la compra de alimentos y más específicamente a la adquisición de leche contaminada -como se publicó hace casi dos años- por parte de Pdvsa, bien a través de Pdval, Citgo, Bariven y otras dependencias encargadas de ese negocio, están viviendo fuera del país. Es así que Rogelio Salges se residenció en Miami, Antonio Rivero dejó Puerto La Cruz y se fue a Panamá y Luis Hernández a Brasil. Ven los toros desde la barrera. Tienen mucho que decir y explicar. La denuncia respaldada con documentos por Patricia Poleo en El Nuevo País el 9 de marzo de 2009 fue negada por Luis Pulido y otros funcionarios. Hoy se confirma cada vez más. Creyeron que desmintiendo a la prensa y acusándola de golpista nunca florecerían las denuncias. Nuestra columna a lo largo de 2009 mencionó varios casos y nunca nos contestaron. Ahora piensan investigar a los auditores internos y externos de Pdvsa. Se enteran ¿ahora? que Bariven no licitaba sus compras y que se le asignaron $700 millones para esos menesteres. Otros $380 millones no tienen explicación. Viene un caso que apunta a negocios petroleros con la guerrilla centroamericana. Seguirán apareciendo informantes, documentos y comisiones... .
MEDIO
ARGENTINA. La investigación continúa en torno a los negocios turbios con Venezuela. Los principales bloques de la oposición apoyaron ayer un pedido para interpelar en la Cámara de Diputados al canciller Héctor Timerman y al ministro de Planificación, Julio De Vido, y que expliquen sobre las denuncias de supuesta "embajada paralela" en Venezuela y el presunto pago de comisiones para exportar a aquel país. Por su lado el juez Julián Ercolini aceptó medidas de prueba pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita, con base en una denuncia de la líder del ARI, Elisa Carrió, a la que accedió el diario Clarín, principal impulsor de las denuncias a través de los últimos cuatro años y cuya información transcribimos: "En ese marco, Ercolini pidió a la Cancillería el convenio suscrito el 15 de mayo del año pasado entre ambos presidentes, Kirchner y Chávez, por "la logística, distribución y transporte entre la naviera privada argentina Fluviomar y la estatal Pdvsa Naval". También solicitó a la Inspección General de Justicia la composición accionaria de Palmat S.A., Palmat USA, ACBL Hidrovías S.A. y Fluviomar y Fluvioalba. El juez quiere determinar si es cierto, como denunció Carrió, que todas esas empresas comparten directivos y tienen fuertes vínculos con el kirchnerismo y el chavismo. Carrió sostiene que el presidente de Fluviomar, Andrés René Guzmán, " tuvo participación en la empresa americana ACBL, donde en Venezuela Roberto Wellisch (cabeza de Palmat International, la de 15%) tenía intereses". ACBL ya domina el transporte por el río Orinoco en Venezuela. Y el presidente del Banco de Guyana, Oscar Giménez Ayesa, "tiene intereses" en ACBL y fue uno de los intermediarios del polémico fideicomiso. Además, "Paloma Loewenthal y Juan de Dios Santucchi (socio de Palmat SA) fueron ejecutivos de ACBL Argentina". A todo esto Guzmán dirigió la empresa Petróleos Paraguayos (Petropar) a la que Argentina le había cedido parte de un puerto para garantizar la llegada de combustibles, por la hidrovía, al vecino país. Los vínculos siguen. Wellisch "adquirió, junto a dos socios más en 2006, por 32 millones de dólares, los intereses que la firma American Commercial Lines Inc. tenía en ACBL" de Venezuela, según un registro de la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU"...
¿INVESTIGAR A INTERPOL? La periodista Patricia Poleo, exiliada en Miami, fue detenida por unas horas en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima el pasado 28 de junio cuando se activó un alerta rojo cuando el funcionario de inmigración introducía su nombre en el registro de datos. Lo que allí arrancó para ella le dio pie para iniciar una investigación sobre el uso que de Interpol (aquel organismo global que Chávez atacó y trató de desprestigiar cuando la computadora de Raúl Reyes) estaría haciendo el Gobierno venezolano para convertir en "criminales" a ciudadanos que lo han enfrentado. Sólo sus datos eran verdaderos. Lo demás es un "montaje burdo". Los peruanos actuaron deteniéndola unas horas mientras aclaraban si eran ciertos los datos que la ficha tenía en su "alerta rojo". Falsedades como que estaba condenada a 26 años por homicidio, autora intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson, a 7 años por difamación de Fernández Barruecos y una portada de la revista Zeta donde la señalaban como prófuga, se incluían en la requisitoria. La colega emprenderá una investigación periodística para demostrar que la delegación de Interpol en Venezuela es usada por el chavismo para perseguir la disidencia.
BAJO
VARIOPINTAS. Insisten en revivir los casos de auxilios financieros de 1994. 5 bancos. Una forma de desviar la atención del caso alimentos podridos. Un fiscal especial, William Guerrero, estaría a cargo... Hay $1.500 millones de Fonden que no se sabe dónde están. Un ministro ex militar sería el responsable. Chávez tiene el informe detallado. No puede hacer nada pues el caso es tan grave que le afectaría aún más la campaña electoral por la Asamblea. Con las notas estructuradas hay 4.500 millones que nadie compra... Como Henri Falcón viajó a Aruba en el puente último volvieron a revivir los deseos de hacerle un juicio por corrupción. Las discrepancias internas entre militares y civiles del Gobierno demoran esta acción que estaba decidida antes de que sacaran a Diosdado y otros del Ejecutivo... El ex vicepresidente Carrizález de nuevo en la mira... La ministra de Salud no ha querido firmar ningún aval o permiso para que los alimentos no aptos para consumo sean repartidos. Tampoco ningún certificado de ingreso... El montaje de Chávez Abarca, como presunto asesino presidencial o saboteador del 26S, parece que se les enredó tanto que prefirieron deshacerse del criminal enviándolo a Cuba. ¿Fue un regalito para el anciano? ¿En qué línea llegó? ¿Sería tan tonto que llegó con su pasaporte con el nombre denunciado en Interpol? ¿El video de Maiquetía es tan bufo como sus declaraciones? .Veremos que más dicen en El Salvador, Guatemala y La Habana... Los arreglos de Castro con la Iglesia católica vienen dando sus frutos...
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REGRESARON A VENEZUELA ENFERMEDADES OLVIDADAS

El dengue, la malaria, la encefalitis equina, la leishmaniasis y la fiebre mayaro, cinco de las enfermedades que han repuntado en los últimos seis meses en Venezuela, tienen transmisores comunes: los artrópodos, la especie más abundante del reino animal. Los virus transmitidos por algunas de estas especies llegan a la sangre de sus hospedadores a través de las picadas.
Entre los artrópodos hay algunos a los que se conoce comúnmente como plagas, que son insectos como mosquitos y chipos, y arácnidos como escorpiones y arañas.
La Organización Mundial de la Salud tiene un departamento especializado en Enfermedades Tropicales Desatendidas, también llamadas olvidadas. Todas son transmitidas por insectos.
La lista está integrada por 14 males que son típicos de comunidades pobres y marginadas. Se conocen pocos casos en países desarrollados.
Los boletines del Ministerio de Salud y de la Red de Sociedades Médicas y Científicas informan que el dengue es la enfermedad que lleva la batuta en el número de contagios, con 48.851 casos acumulados hasta el 19 de junio en todas las entidades del país.

El Boletín Epidemiológico Nº 24 del Ministerio de Salud indica que de cada 100.000 personas, 168 han contraído dengue.
La cifra equivale a 5,3% de los reportes registrados en América Latina y el Caribe, donde se han acumulado 914.146 casos, de acuerdo con el informe de la Organización Panamericana de la Salud.
Carolina Redondo, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, recordó que el año 2009 cerró con 65.000 reportes de enfermos con dengue en el país. Las proyecciones señalan que el número de casos de 2010 superará, por un amplio margen, esa cifra. A través de un comunicado, la organización, que califica la epidemia como una de las más importantes de los últimos años, solicitó a las autoridades sanitarias extremar las medidas de prevención y control de la enfermedad, lo que incluiría el combate de los insectos transmisores.
Otras amenazas. Pero el dengue es apenas una de las 6 enfermedades que preocupan a los epidemiólogos. La malaria ha afectado a unos 24.000 venezolanos, el mayor número de casos se presenta en el estado Bolívar. Los casos de leishmaniasis cutánea y visceral son 194.
La encefalitis equina venezolana y la encefalitis equina del este han reaparecido. Los 294 casos que se han reportado, representan el brote más grande del que se tiene noticia desde la epidemia de 1995.
La red de epidemiología solicitó al Ministerio de Salud decretar el alerta por ambos brotes. 58 casos han sido confirmados, 13 de ellos en seres humanos.
El mayor número de reportes es en Portuguesa. En 180 días, el caserío La Estación ha aparecido reseñado 2 veces en los boletines de Ministerio de Salud. La primera vez, a mediados de mayo, cuando se notificó de la infección de 72 personas con fiebre mayaro. Un mes después, informaron que hay 19 casos de encefalitis equina en humanos y en ganado.
"Sospechamos que buscando mayaro encontraron también la encefalitis", destacó José Félix Oletta, miembro de la red.
Hace 3 meses, desde el despacho de Salud desmintieron la existencia de un brote de mal de Chagas en el sector La Pedrera en Antímano. Horas después, la directora de Epidemiología de ese organismo, Miriam Morales, confirmó que 19 personas habían contraído la enfermedad.
Los análisis que realizaron redes epidemiológicas y autoridades del ministerio, indicaron que la fuente de contagio fue un helado de frutas de preparación artesanal, que habría sido infectado con heces del chipo, que transmite el parásito causante del Chagas. El alimento habría sido vendido a las víctimas que presentaron los síntomas pocos días después.
Estrategias insuficientes. El coordinador de Epidemiología del hospital Vargas, Oswaldo Godoy, considera que el repunte de 6 enfermedades endémicas se debe a la falta de estrategias para combatirlas, sobre todo para evitar la proliferación de los insectos que las transmiten. "Las acciones tienen que ser sistemáticas y continuas.
Tienen que realizarse durante los 365 días de año, pero han sido esporádicas", afirmó.
El médico recordó que en las zonas mineras del estado Bolívar escasean los servicios públicos, lo que ayuda a la propagación de la malaria. Agregó que la campaña oficial contra el dengue en las escuelas, que lanzó recientemente el Ministerio de Salud, es extemporánea porque está por empezar el período vacacional.
Manifestó que las encefalitis equinas son producto de la falta de vacunación y controles epidemiológicos que debe realizar el Ministerio de Agricultura y Tierras. Añadió que hace un año el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas fue desmantelado y los veterinarios fueron destituidos para dar paso a un nuevo organismo, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, que ha fallado en los controles.
De acuerdo con el epidemiólogo, uno de los factores que ha contribuido más a la reaparición de enfermedades ha sido el ocultamiento de información epidemiólogica. El boletín del despacho de Salud no fue divulgado durante 18 meses continuos, hasta el 28 de junio, cuando dieron a conocer el número 24. La ministra de Salud, María Eugenia Sader, indicó que se publicarían a partir de esa fecha. Sin embargo, hasta hoy se desconocen las cifras que debía contener el boletín 25, que aún no ha sido divulgado.
"El ocultamiento de datos es grave, la información sobre fiebre mayaro se dijo mucho más tarde y eso contribuye con la falta de control. Además están ocultando la mortalidad por dengue". Godoy denunció que esta sería la primera vez en la historia que una epidemia de dengue no cobra vidas.
08 de julio 2010 Lissette Cardona El Nacional
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ESTADOS UNIDOS Y NOSOTROS, OSWALDO ÀLVAREZ PAZ

La semana pasada se conocieron los datos de Latinobaròmetro 2010, divulgados en Santiago de Chile, con relación a la aceptación y al rechazo de Estados Unidos en la región. No me sorprendieron los resultados, pero es conveniente divulgar que el 64 % de los consultados opina que ese país ejerce una influencia muy positiva en América Latina. De acuerdo a esas cifras, el prestigio de algunos gobiernos del área es bastante menor. Venezuela alcanza apenas un escuálido 34 %, lo cual ofrece material para algunas reflexiones.

Se equivoca el gobierno venezolano al centrar su política exterior en exacerbar el odio estratégico contra Estados Unidos, en nombre de un esquema revolucionario fracasado en todo el mundo y particularmente en la propia Venezuela. Esto independientemente de la cercanía oportunista de políticos y gobiernos, más interesados en el dinero negro que Chávez maneja a su antojo, que por identificación con eso que llaman el socialismo del siglo XXI.

Queda demostrado, una vez más, que los pueblos son superiores a sus gobiernos. Para la mayoría, Estados Unidos no es el enemigo de la democracia, ni de la libertad, ni del progreso de nuestras naciones, ni de la generación de riqueza, ni de una justa distribución de la misma. Podría ser el aliado fundamental de esos valores entre nosotros, de los principios rectores que compartimos en teoría, pero que nos cuesta mucho llevar a la práctica. Así lo percibe la gente.

La directora de Latinobaròmetro, Marta Lagos, reflexionó sobre la percepción de los latinoamericanos sobre Cuba, relativamente alta, y de los venezolanos sobre Estados Unidos “son ejemplos de que en realidad la formación de opinión de los países no se da por la de los gobernantes”. No es de extrañar el fracaso sistemático de las iniciativas que se han tomado en la última década para armar frentes contra el “imperialismo yankee” en todas las actividades de la región. El ALBA, UNASUR y una abierta política de alianzas abiertas o encubiertas con los enemigos jurados de Estados Unidos en el mundo, incluidas no pocas organizaciones terroristas, gobiernos forajidos y estructuras del crimen organizado, se desdibujan aceleradamente por el anacronismo de los planteamientos y las dobles intenciones a la vista.

oalvarezpaz@gmail.com 
Viernes, 2 de julio de 2010
EXPRESO, Lima
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CHILE, EL PODER DE UNA IDEA, JOSE PIÑERA, PUBLICADO POR RICARDO VALENZUELA EN EL REFUGIO LIBERAL

Cuando Chile celebre su bicentenario como nación independiente el año 2010, es muy posible que ya sea un país desarrollado. Algún historiador, economista o político se preguntará: ¿Cuándo se salvó Chile? Una pregunta quizás menos dramática pero, sin duda, tan importante como la del personaje de Mario Vargas Llosa que se interroga al comenzar su novela Conversación en la Catedral: “¿Cuándo se jodió el Perú?”

Chile se salvó durante la tormentosa década de los años 70. En el futuro esta respuesta estará mucho más clara que ahora. Superadas las terribles pasiones que marcaron ese periodo y el dolor que causaron, será transparente que en esos años Chile convirtió su mayor crisis del siglo XX en la oportunidad de realizar una verdadera revolución por la libertad.

Es posible que 1973 sea visto, con la perspectiva de la historia, como el comienzo del final de una época-a nivel mundial- caracterizada por el avance del comunismo y de las fórmulas económicas estatistas. En Chile ese año, el comunismo sufrió su primera derrota de la guerra fría y así demostró que existía en el mundo occidental la voluntad de detener lo que, hasta entonces, parecía el avance incontenible del socialismo marxista. También en Chile-modelo de las estrategias de crecimiento basadas en la sustitución artificial de importaciones y en el intervencionismo estatal- se inicia en 1973 una liberalización radical de la economía y la sociedad. Años después Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Ronald Reagan en EE.UU. y Felipe González en España profundizarían en sus países estas “megatendencias” liberalizadoras que hoy recorren el mundo entero.

Un nuevo Chile ha surgido como consecuencia de las múltiples, profundas y coherentes reformas de signo liberal que se llevaron a cabo entre 1974 y 1989. Fueron reformas que atacaron las raíces de los problemas que tenía el país. Se abrió la economía a la competencia internacional; se privatizaron la mayoría de las empresas estatales; se eliminaron los monopolios empresariales y sindicales; se flexibilizó el mercado del trabajo; se creó un sistema privado de pensiones y de salud; se abrieron sectores enteros como el transporte, la energía, las telecomunicaciones y la minería a la competencia y la iniciativa privada; se descentralizó la administración educacional y de salud; en fin se realizó una amplia tarea de desregulación y perfeccionamiento de los mercados así como de apertura de áreas a la inversión privada.

Una vez que maduraron estas reformas y restablecidos los equilibrios macroeconómicos tras la crisis de la deuda externa que sufrió América Latina entre 1982 y 1984, el país creció a una tasa promedio anual de 6,3% en el quinquenio 1985-89, con un aumento de la inversión a una tasa de 13,8%, las exportaciones al ritmo de 9 % y el empleo al 4,6 % anual en ese período. Incluso estos excelentes resultados no traslucen el mayor mérito de esta nueva estrategia de desarrollo el cual consiste en haber creado las condiciones para que el país pueda crecer durante toda la década de los años 90 a estas altas tasas, o incluso a ritmos superiores si se dan escenarios internacionales favorables.

La revolución liberal ha hecho posible que Chile se convierta en un país desarrollado en la primera década del siglo XXI. Ahora será responsabilidad de los que gobiernen Chile en los próximos años convertir esta clara posibilidad en una realidad y será culpa de ellos dejar escapar esta oportunidad histórica.


Al mismo tiempo, se formulaba un nuevo enfoque tecnificado para detectar y combatir la extrema pobreza, a través de la identificación de los más necesitados a nivel comunal con fichas basadas en encuestas individuales y en el otorgamiento de una batería de subsidios focalizados en los más pobres según el perfil individual de necesidades. Como lo han destacado estudios de organismos internacionales como el Banco Mundial y el PNUD, esta estrategia es la correcta para enfrentar este grave problema de nuestras sociedades y mejoró notablemente la calidad de vida de los pobres de Chile.

Por último, el proyecto liberal fue la causa más importante del retorno de Chile a la democracia . A nivel teórico podrá discutirse mucho sobre la correlación funcional entre democracia y desarrollo, pero lo que no admite dudas a estas alturas es que la libertad económica y social es un complemento indispensable de la libertad política para que una democracia sea exitosa. La experiencia prueba que la democracia no se aviene bien con economías estancadas, que a la postre son semilleros de frustración colectiva y de extremismos políticos, y tampoco con economías estatistas, que exacerban la lucha política ante la perspectiva del inmenso poder económico que recibe el triunfador al conquistar el gobierno.

La misma experiencia chilena hasta los años 70 fue concluyente a este respecto, porque estuvo asociada a tasas de crecimiento mediocres y porque el grado de politización extremo al que había llegado el país era consecuencia directa de la enorme gravitación del Estado en la economía y, por lo tanto, de la preeminencia de las decisiones políticas sobre las decisiones autónomas de los individuos.

En este sentido, cualesquiera que hayan sido las opciones ganadoras en el plebiscito de octubre del 88 y en la elección presidencial y parlamentaria de diciembre de 89, el proyecto llevado a cabo por el gobierno militar –economía social de mercado y democracia- concluyó con un extraordinario triunfo.

Chile representa un caso exitoso de transición política no sólo porque las jornadas electorales fueron ejemplares, no sólo porque las autoridades del régimen militar respetaron e hicieron respetar la Constitución y la ley, y no sólo porque la ciudadanía demostró en los últimos años gran sentido de responsabilidad. Todo eso fue valioso, pero por sí solo no hubiera bastado. En definitiva, la transición tuvo éxito porque desde mucho antes se vinieron abriendo puertas de salida a ese país encajonado y sin destino que era Chile el año 73. Ese trabajo de apertura de horizontes significó tres rupturas fundamentales marcadas por el criterio de la libertad y la competencia.

Superada la etapa de la reconstrucción, entre los años 75 y 78, Chile rompió los monopolios del poder empresarial. La economía se abrió a la competencia. Cayeron los aranceles y las fijaciones de precios. El país se retiró del Pacto Andino. Los empresarios privados tuvieron que aprender a competir en los mercados domésticos y luego tendrían que hacerlo en los mercados externos.

Después, en los años 79-81, el país rompe con los monopolios sindicales y desarticula los grandes centros de poder de la burocracia social. Son los años de la liberalización del mercado del trabajo y de la reforma previsional, que puso punto final a lo que alguien llamó “la mayor estafa jamás perpetrada contra el trabajador chileno”.

Después, entre los años 85-89, vino la fase de ruptura con los grandes monopolios económicos del estado. Fue un período especialmente intenso en materia de privatizaciones: energía, transporte aéreo, diversos servicios, empresas mineras e industriales, telecomunicaciones. La labor cumplida durante esas tres fases configuró un todo coherente y proporcionó una nueva base de potencialidades para Chile.

Surge una pregunta inevitable: ¿Se pueden hacer estos profundos cambios económicos y sociales e democracia? Mi inequívoca respuesta es que sí. Porque la clave de la revolución liberal chilena no fue el uso de la fuerza sino el poder de una idea –la libertad integral- promovida por un equipo comprometido con ella y dispuesto a dar la lucha por cambiar un país. Fue la influencia de este equipo liberal la que hizo la diferencia entre lo que pudo haber sido u gobierno militar latinoamericano más, como tantos que entraron sin pena ni gloria a la historia, y un régimen que, paradójicamente, utilizó su control transitorio y excepcional del poder político para producir la mayor desconcentración de poder económico y social jamás ocurrida en Chile.

El mito de la fuerza

Las grandes crisis generan grandes oportunidades. El gobierno del presidente Salvador Allende (1970-73) no sólo provocó un caos económico sino que también violó reiteradamente la Constitución. Así lo afirmaron en históricos pronunciamientos tanto la Corte Suprema como la Cámara de Diputados. La intervención de las Fuerzas Armadas Chilenas no fue, entones, el clásico golpe latinoamericano en que un caudillo militar se toma el poder político, sino una acción conjunta de las cuatro instituciones armadas para evitar una dictadura comunista en Chile. Al evitar un asegunda Cuba en América Latina, los militares chilenos cambiaron el curso de la historia en este continente. ¿No habría influido fuertemente en Chile comunista, junto a Cuba, en el destino de un Perú o una Bolivia debilitadas por profundas crisis económicas y sociales en la década de los años 70? La verdad es que si el comunismo en una isla caribeña amenazó durante la década de los años 60 a todo el continente, el impacto de un Chile comunista podría haber sido devastador en un continente con tanta frustración y pobreza como América Latina.

El gobierno militar chileno fue legítimo en su origen en cuanto constituyó una intervención para salvar al país de una dictadura comunista y devolverle la democracia. Así lo entendió el ex presidente Eduardo Frei, los poderes del Estado como la Corte Suprema y la Cámara de Diputados, y –según encuestas- una amplia mayoría del pueblo chileno. Como ya es un hecho irrefutable que efectivamente el gobierno militar le propuso al país en 1980 una Constitución democrática, donde se establecía un plazo (1990) para el traspaso del poder a la sociedad civil a través de elecciones libres, y que cumplió íntegramente con sus disposiciones, ese gobierno cumplió su promesa y ratificó su legitimidad histórica. Que el plazo de su cometido -17 años- haya sido para algunos excesivamente prolongado, es, por cierto, una materia discutible, pero nada está escrito sobre los plazos que son necesarios para construir las bases de una democracia sólida y estable en un país tan profundamente dividido y destrozado en sus instituciones básicas como lo estaba Chile en 1973.

La verdadera acción condenable del gobierno militar fue haber permitido que en el combate al terrorismo, y especialmente en los primeros años, no se respetaran los derechos humanos de todos los chilenos. A hacerlo así, infringió las propias leyes que tenía la obligación de respetar, debilitó las bases éticas de su actuación, se ganó el repudio de la comunidad internacional y produjo heridas que tardarán mucho en sanar. Es verdad que la acción violenta de los grupos de ultraizquierda, que comenzó en Chile a fines de la década de los años 60, es el antecedente fundamental de las posteriores violaciones a los derechos humanos y que el combate al terrorismo en todo el mundo se da en las fronteras entre lo legal y lo ilegal. También es verdad que las investigaciones en torno al tema no han configurado un caso de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos sino que múltiples excesos cometidos por los servicios de seguridad. Aun así, las autoridades del gobierno militar debieron haber extremado su control sobre esos servicios y haber investigado y castigado de manera ejemplar los delitos de violaciones a los derechos humanos. La objeción liberal al gobierno militar no debiera ser, entonces, su origen ni su extensión sino la falta de control suficiente sobre el ejercicio de la fuerza e el combate al terrorismo. Esa es la cuestión y no debe confundirse.

Las consideraciones anteriores son importantes pues ayudan a comprender que nada tiene que ver la revolución liberal con el uso de la fuerza, y mucho menos con los excesos en materia de derechos humanos. Han existido cientos de gobiernos militares en América Latina y ninguna ha hecho una revolución liberal. De ahí que esa relación de causalidad entre ambos no tiene ni fundamento conceptual ni empírico. Por otra parte ninguna de las reformas liberales requirió el empleo de la fuerza para ser implementada. Por el contrario, los problemas de derechos humanos dificultaron la tarea de modernizar la economía, por cuanto cerraron fuentes de créditos e inversiones externas, crearon amenazas de cierre de mercados y boicots sindicales y exacerbaron la oposición interna a toda gestión del gobierno militar.

Nunca se usó la fuerza para resolver conflictos laborales o imponer soluciones económicas durante el gobierno militar. Fue tan poderosa la dinámica de la libertad individual de elegir que tenían impresa a fuego cada una de las reformas estructurales que no había lugar para acciones colectivas de signo violento. Así, por ejemplo, las leyes sindicales de 1979 condujeron a un proceso absolutamente pacífico de negociaciones colectivas y huelgas durante los últimos diez años del gobierno militar y jamás se utilizaron los poderes de emergencia contenidos en las leyes vigentes para resolver soluciones originadas en los procesos de negociación salarial. Se puede comprobar que gobiernos democráticos anteriores sí recurrieron a la fuerza, por ejemplo, para contener conflictos laborales, incluso con resultado de varias muertes (como ocurrió en la huelga en el mineral El Salvador a fines de la década de los años 70).

Distinto es el hecho de que no existía un parlamento democráticamente elegido. Eso fue claramente así. El Poder Legislativo que aprobó las leyes que originaron la revolución liberal estaba compuesto por los cuatro Comandantes en Jefe. Dos aspectos importantes: primero, se requería la unanimidad de ellos para aprobar cualquier ley, o sea, cualquiera tenía poder de veto; segundo cada miembro del Poder Legislativo contaba con un quipo asesor completo compuesto de abogados, economistas y especialistas en las distintas materias de ley. Aprobar una ley en los tiempos del gobierno militar implicaba un proceso de discusión muy similar al que ocurre en un parlamento y allí llegaban todos los intereses creados, los prejuicios y las oposiciones que ocurren en democracia. En otras palabras, el proceso democrático de aprobación de leyes envuelve varios factores: debate público, canales de expresión de las oposiciones, estudio por equipos interdisciplinarios de los proyectos de ley, decisión por más de una persona, origen democrático de los legisladores. 

En el caso chileno, la revolución liberal se hizo con todos esos elementos presentes, menos el último. Es, sin duda una carencia. Pero mucho más acortada de loa que generalmente se cree.

Por lo demás, en muchos países latinoamericanos existen situaciones o fórmulas legales que, en gran medida, omiten el pronunciamiento legislativo clásico. En noviembre de 1991, el presidente Alberto Fujimori inició un profundo cambio liberalizador en Perú a través del dictado en una semana de 126 “decretos legislativos” con su sola firma, debido a que el Congreso le había otorgado facultades extraordinarias para legislar en materias económicas. Se podrá decir que el Congreso se reservó la facultad de derogar cualquiera de ellas en un plazo de 30 días, pero es virtualmente imposible hacerlo con tal cantidad de complejos cuerpos legales. ¿Es posible afirmar, entonces, que lo que podría ser el comienzo de una revolución liberal en Perú se hizo de manera antidemocrática? ¿O es la “democraticidad” de las reformas algo más complejo que la mera aprobación por un Parlamento elegido?

Otro caso: Argentina. El 31 de octubre de 1991 el presidente Carlos Menem liberalizó de golpe gran parte de la economía argentina a través de un decreto presidencial, basado en una facultad otorgada por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Nuevamente, es verdad de que existe la instancia legal de una discusión posterior. Pero, ¿es lo mismo? ¿No está “presionado” el parlamento al discutir reformas que ya están operando, que son anunciadas por las máximas autoridades y que, en muchos casos, ya cuentan con la aprobación del público? Después de todo, también las reformas del gobierno militar pueden ser visualizadas como decretos que requerían la aprobación explícita o implícita del gobierno democrático que inevitablemente lo iba a suceder. Por cierto, en este caso la diferencia es de años y no de meses. Pero en ambos casos, primero se dictan las reformas (en el caso de Chile, con el consenso de cuatro legisladores en vez de sólo un gran legislador como en Perú y Argentina) y sólo después se aprueban por los representantes elegidos. En el caso de México, con su estrechísima conexión entre el presidente y el Congreso a través de la máquina corporativista del Partidos Revolucionario Institucional (PRI), la lejanía de las reformas democráticas clásicas es aún más decisiva.

En todos estos casos, existen esos otros elementos del clima democrático que también se dieron en Chile durante el gobierno militar, como el debate público y la libertad de llegar a las autoridades con planteamientos contrapuestos a las reformas. A fin de cuentas, ¿cuándo se aprueba una reforma de manera democrática y cuándo no? Lo que trato de decir es que en la América Latina actual, esta respuesta no pertenece al mundo del blanco o negro, sino al mundo de los grises.

Por supuesto, habría sido preferible que la revolución liberal chilena se hubiera realizado en plena democracia. Pero como dijera John F. Kennedy uno no escoge el tiempo en que vive. En la década de los años 70, la opción de Chile era tener un gobierno militar como tantos otros en América Latina que no sólo resolvieron los problemas estructurales de sus países sino que, en la mayoría de los casos, los agravaron, o utilizar la coyuntura histórica que requería la interrupción del proceso electoral democrático para realizar la transformación que el país necesitaba con urgencia. Para bien de Chile y América Latina, se optó por el segundo camino. Se dio así la paradoja de que un poder legislativo que introdujo reformas para darle a los chilenos las vitales libertades diarias –para emprender, trabajar, ahorrar para pensiones, escoger la educación y la salud, etc.- que constituyen el fundamento de una verdadera democracia, fuera un poder legislativo no elegido democráticamente.
La importancia del equipo

Si no fue la fuerza el factor clave del modelo chileno, ¿qué fue o determinante sin lo cual un gobierno democrático, militar, teocrático o de cualquier otra naturaleza no puede hacer una revolución liberal? Mi tesis es que el factor clave fue un equipo de profesionales, principalmente economistas, independientes del establishment nacional, convencidos de que la libertad funciona y dispuestos a entrar a la vida pública para darle un golpe de timón al país.

En los primeros meses, el gobierno militar carente por su misma naturaleza de un proyecto económico propio, recurrió al consejo de las más variadas personas, cuyo único lazo común era haber sido opositores al gobierno marxista. Se escuchó a empresarios ingenieros destacados, abogados de prestigio, ex autoridades económicas del gobierno de Frei y a economistas. De esta inusual contienda de competencia, el presidente Pinochet –y aquí está su gran mérito en este campo- eligió al equipo de economistas liberales formado en la Universidad Católica de Chile. Para elegirlos no fue relevante que el presidente vistiera uniforme de general, como no fue su pasado peronista el que indujo al Menem a elegir a Domingo Cavallo y su equipo de economistas de la cordobesa Fundación Mediterráneo ni su calidad de descendiente de japoneses lo que llevó al presidente Alberto Fujimori a confiar en Carlos Boloña y en los economistas del Instituto Libertad y Democracia. Estos mandatarios utilizaron su capacidad de discernir- capacidad que en los líderes que llegan a esos cargos ha sido entrenada durante años en el complejo camino del ascenso al poder- para elegir un equipo que propone un modelo coherente. Me atrevo a afirmar que en cualquier país donde exista un equipo visible en la arena pública, tarde o temprano habrá un presidente que otorgará una oportunidad de llevar a cabo sus políticas. De ahí en adelante, todo depende del equipo. Un hito clave en la revolución liberal chilena se dio en la década de los años 50 cuando la Escuela de Economía de la Universidad Católica firmó un convenio con la Universidad de Chicago. Así comenzó una revolución en la enseñanza de economía que luego se extendió a otras universidades chilenas y se nutrió también de otras universidades norteamericanas. Fue clave una enseñanza con una fuerte creencia en la iniciativa creadora de los individuos como mecanismo de creación de riqueza, en la superioridad de los mercados competitivos como asignadotes de recursos escasos, en las ventajas del libre comercio internacional y en lo imperfecto de la intervención estatal. Más que macroeconomía y equilibrios globales, la clave fue la microeconomía y el perfeccionamiento de los mercados. Estas fueron las convicciones fundamentales con las que este equipo de economistas liberales transformó Chile.

Fue precisamente esta fe en los mercados libres y competitivos lo que otorgó a este equipo de economistas la fuerza moral para enfrentar los intereses creados de empresarios y sindicatos monopólicos. Cuando se inició la apertura de la economía exterior (reforma arancelaria, retiro del Pacto Andino, fin a subsidios y franquicias tributarias), los sectores productivos beneficiarios del proteccionismo se opusieron con gran fuerza. La misma oposición realizaron las cúpulas sindicales y gremiales cuando se eliminó la cotización obligatoria, los carnets sindicales, las negociaciones colectivas sectoriales y los múltiples monopolios sindicales que ahogaban la economía chilena. Fue la simetría que se demostró en el desmantelamiento de todos los monopolios y en impulsar la competencia y flexibilidad en todos los mercados lo que legitimó frente a las autoridades del gobierno y frente a la opinión pública la acción revolucionaria de los economistas liberales.

El mito que afirma que gobiernos autoritarios son capaces de imponer reformas económicas profundas que importan un gran costo social porque el pueblo no puede expresar su oposición se ve desmentido por la realidad. La verdad, es que gobiernos de distinto signo y naturaleza democráticos o autoritarios, han condenado por décadas a los sectores más pobres de nuestros países a permanecer en su condición y aun a agravarla a través de la aplicación de malas políticas económicas. Este enorme costo social ha sido pagado por la población que no ha tenido, ni en democracia ni en otras formas de gobierno, quien defienda sus intereses.

Lo que sí puede afirmarse, es que reformas que afectan a los grupos más poderosos de la sociedad, como los empresarios protegidos por una economía cerrada al comercio o las cúpulas sindicales beneficiadas por arreglos monopólicos en el mercado laboral, son más difíciles de realizar. Se requiere en este caso una crisis económica muy aguda, como la que han vivido recientemente Argentina, Perú o Chile en 1973, para lograr cierto apoyo en la sociedad para un programa transformador de la estructura económica. Aquí sí es importante la persistencia que tuvo Pinochet para mantener en su programa o la que requieren hoy día Manen y Fujimori. A fin de cuentas, más que un problema de autoritarismo o democracia, es un problema de liderazgo.

El mito de reformas económicas aplicadas por un gobierno autoritario está a menudo acompañado de imágenes de masas de trabajadores resistiendo los cambios y reprimidos por los tanques. Esa imagen de Chile no es más que eso, un mito absolutamente alejado de la realidad. Las reformas no fueron resistidas masivamente, no necesariamente porque contaban con apoyo, sino porque no tocaban los intereses de la mayoría de la población sino sólo el de grupos minoritarios. Estos últimos, en cambio, sí se jugaron a fondo por mantener sus privilegios corporativos.

La verdad es que todos estos avances se hicieron contra viento y marea, con enorme oposición dentro y fuera del gobierno. Aquí se demostró una de las virtudes de todo equipo: la cohesión, incluso la lealtad, de sus miembros ante las críticas y las presiones. Esto es clave porque cuando un ministro emprende una reforma estructural liberalizadora no sólo está enfrentando adversarios poderosos en los intereses creados que está dañando, sino que está exponiendo su espada a la crítica de sus colegas. Si en uno de los múltiples momentos difíciles en la puesta en marcha de una reforma, otro ministro que tiene acceso al presidente expresa una crítica infundada, ella puede fácilmente transformarse en la tumba del ministro modernizador.

Los gabinetes ministeriales tradicionales en América latina son una coalición endeble de figuras políticas de distintas orientaciones, e incluso de distintos partidos políticos, cada una con su propia agenda personal. En este contexto, es virtualmente imposible realizar cambios realmente liberalizadores, pues la vulnerabilidad del ministro que los impulsa entre sus propios colegas es demasiado grande.

También el equipo fue clave para penetrar áreas tradicionalmente fuera de límites para la racionalidad económica, como las relaciones del trabajo, la seguridad social, la educación, la salud, los asuntos municipales, incluso la defensa. Se podrá sostener que en los países desarrollados muchas de estas áreas son manejadas con criterios distintos, si no antagónicos, a aquellos de los ministerios propiamente económicos. Pero un país pobre no puede permitirse el lujo de criterios estatistas en los sectores sociales. La dualidad de criterios –ser liberal en lo económico y estatista en lo social- compromete tanto la eficiencia en la asignación de los recursos para combatir la pobreza como compromete la estabilidad de los avances en el plano económico el mantener una tensión permanente entre ambos criterios de conducción de los asuntos públicos. Quizás el mejor ejemplo de esta dualidad sea la existencia de sistemas de seguridad social estatales en franca decadencia en países con una larga tradición de economías de mercado.

También la formación común en una disciplina económica que inculcaba fuertemente el concepto de optimización, condujo a un enfoque común de intentar lograr el óptimo en cada una de las políticas. Muchas veces los formuladotes de política se autoamarran las manos proponiendo soluciones a medias por el temor de que sólo eso es “políticamente viable”. El equipo liberal se propuso partir del principio de que todo era viable y sólo estuvo dispuesto a retroceder ante la evidencia concreta y reiterada de que determinadas medidas no eran posibles.

En los asuntos públicos, en la gestión de las empresas, en el trabajo profesional y en cualquier plano de actividad no podemos partir sino de lo óptimo. No hacerlo es rendirnos de entrada a la mediocridad. Una vez identificado el óptimo, habida cuenta de las exigencias de bien común que el asunto comprometa o de los propósitos que tenemos, lo demás es asunto de ejecución, de implementación, de oportunidad, de beneficios y costos. El compromiso ha de ser con la solución óptima. Ahora bien, si ella no se puede aplicar por muy buenas razones en ese momento y sólo entonces, puede comenzarse a rebajar la puntería. Hacerlo antes es una cobardía. Hay quienes creen que la aproximación correcta a los problemas es vía los parches y las soluciones a medias, es transado con “el mal menor”. Por esa vía no se hace arquitectura; se hacen sólo poblaciones callampas, en las cuales se invierte mucho ingenio en las partes pero nadie piensa en la totalidad de la población, que termina así convertida en adefesio.

En mis reciente libros La revolución laboral en Chile (Zig-Zag, 1990) El cascabel al gato: la batalla por la reforma previsional (Zig-Zag, 1991) he explicado como todos estos conceptos se aplicaron en el caso de reformas concretas como fue la liberalización del mercado del trabajo y la privatización del sistema de pensiones.

A lo mejor nunca terminarán de clarificarse los factores y motivaciones que facilitaron en Chile la estrecha cooperación que existió durante el gobierno militar entre los uniformados y los economistas liberales. ¿Qué fue lo que los unió? ¿Cómo fue posible que trabajaran juntos durante diecisiete años en la difícil tarea de transformar Chile, no obstante las obvias diferencias de formación, oficio y carácter que los separaban?

Los economistas por formación profesional están acostumbrados a pensar las cosas en términos integrales. El desafío de la economía es optimizar recursos que son siempre escasos. Optimizarlos en la suma total, no en la tajada que se puede llevar éste o aquel grupo. Fue posiblemente eso lo que sirvió de plataforma de encuentro. Hacía mucho tiempo que Chile venía siendo sentido y pensado en términos de parcialidades, de sectores, de capillas de feudos. Lo percibieron y lo concibieron así los partidos, los sindicatos, los gremios empresariales, los colegios profesionales, en fin, cada uno de los grupos organizados de presión. Las estrategias de acción que animaron a estas fracciones apuntó casi siempre a cómo sacar partido y ventaja de los demás.

En el régimen militar esta degradación de la acción política fue desterrada. Se restituyó el orden natural: el bienestar de todo el país pasó a ser más importante que los intereses de los grupos de presión y que las demandas sectoriales. Y esto, que en cualquier otra circunstancia no habría tenido mayor alcance, dio lugar entre 1973 y 1990 a una colaboración muy fecunda entre dos profesiones muy distintas: militares por una parte, en principio muy inclinados al estatismo y proclives a las artes de la planificación, tan importantes en los operativos bélicos por o demás y por la otra , economistas, profesionales entrenados para enfocar problemas con una lógica común y que sabían que el principal insumo del desarrollo es la libertad.

Finalmente fue importante para el predominio por tantos años de una concepción liberal el hecho de que la mayoría de los miembros de este equipo fueron en, algún momento, profesores de economía. La experiencia docente fue muy útil en la tarea de explicar los criterios en el gobierno como a la opinión pública. En realidad, cada decisión y cada reforma tuvo que ir siempre acompañada de una ardua labor de convencimiento desde el presidente de la república, pasando por los Comandantes en jefe, los equipos asesores, los comités militares, llegando muchas veces a los funcionarios públicos que eran necesarios para ejecutar las medidas. El gobierno entero fue convertido en una gran universidad con charlas continuas, documentos para la lectura, reuniones de formación, cases en las academias militares, etc.

En la tarea de explicar el modelo a la opinión pública fueron importantes los medios de comunicación masivos. Ya a fines de la década de los años 60, estos economistas habían encontrado una importante tribuna en el diario más influyente del país –El Mercurio- y desde allí comenzó la batalla de las ideas liberales. Durante el gobierno militar esa labor se extendió a prácticamente todos los medios de comunicación. Los economistas se transformaron en editorialistas, columnistas, miembros de programas de debates en radios, participantes permanentes en programas de televisión e incluso comentaristas en los noticieros de televisión. Lo destacable es que, sin existir una sincronización entre ellos, ya que nunca existió un plan maestro de comunicaciones, el mensaje de respaldo a las reformas liberales tuvo gran coherencia.

Es cierto que el régimen militar no era una democracia. Es cierto que la gente no votaba en elecciones periódicas para designar a las autoridades. Pero la gente sí votaba diariamente sus opiniones. La gente las expresaba y se iban formando así dictámenes de opinión pública que influían con fuerza sobre las autoridades del gobierno. El peso de las columnas de prensa era todavía mayor.

El propio régimen, por lo demás, no funcionaba bajo una campana de cristal. Los militares son parte del cuerpo social. Los generales, los coroneles, los mayores, tienen parientes y vecinos. Como todos los chilenos, van a asados o fiestas se discute de todo y con mucha franqueza. Escuchan todas las opiniones. Se reúnen con sus familiares y sus amigos y después de todo –descontado un anticomunismo más marcado y una mayor sensibilidad frente a problemas de orden público, comprensibles en su oficio- piensan igual que el común de la gente. Siendo así, el deber del equipo liberal fue colocar a esta opinión pública a favor del modelo económico, pues de lo contrario el gobierno no se iba a comprometer con él.

La televisión es un medio de gran utilidad en la batalla de las ideas en las sociedades modernas. La televisión hace posible en estos tiempos, en que llega prácticamente a toda la población, un milagro que ni siquiera estaba al alcance de los sistemas democráticos más equilibrados y perfectos. Hace posible prescindir de los intermediarios y de as cúpulas. Hace posible llegar directamente a las bases de la sociedad sin las mediaciones que distorsionan, que cambian los planteamientos originales y que, acaso sin quererlo, terminan transmitiendo una cosa por otra. Todo ese “ruido” en la comunicación se elimina con la televisión. Uno puede llegar a la gente con su propio lenguaje, con su propia gestualidad y emoción. La televisión no engaña. No permite duplicidades. La gente intuye quién está mintiendo, quién está diciendo toda la verdad y quién la está diciendo sólo a medias. Pues bien, la televisión cumplió una función crucial en el establecimiento de algunas de las reformas claves del modelo económico chileno (por ejemplo, la reforma previsional y la liberalización de precios), ya que ellas fueron explicadas directamente a la gente por los ministros encarados de su realización. De esa manera, se crearon las condiciones para que fueran finalmente aprobadas por las autoridades legislativas.

El modelo económico fue una respuesta integral y coherente a varios problemas de la sociedad y la economía chilena. Fue una respuesta válida para su tiempo en un mundo en permanente cambio. Sin embargo, lo que procede no es congelar esa respuesta sino ir adaptándola a las nuevas oportunidades y los nuevos desafíos de la realidad de hoy y del hile del futuro. Después de todo, esta misma estrategia va desnudando o incluso creando nuevos problemas: la deteriorada calidad de vida en las ciudades, el daño a la naturaleza que puede crear un crecimiento depredador, los bolsones de pobreza en los barrios marginales y en determinadas zonas del país, la urgencia de mejorar el nivel de la educación para hacerla compatible con las necesidades de una economía cada vez más tecnificada, la modernización aún pendiente del Poder Judicial y varios otros. Además, un mundo en acelerado cambio tecnológico y de globalización creciente exigirá repensar en forma permanente las mejores soluciones a los problemas del hombre. Estos serán los desafíos a os que el país deberá responder antes de cumplir 200 años de independencia el año 2010. De alguna manera, lo mejor de la revolución liberal chilena no son tanto las puertas que cerró como los horizontes que abrió y puede seguir abriendo.

El significado de Chile

La correcta interpretación de lo que ocurrió en Chile es importante no sólo en términos históricos sino también por sus enseñanzas para el futuro.

Si la revolución liberal fue posible fundamentalmente por el poder de una idea llevada a cabo por un equipo comprometido con ella, entonces estos cambios revolucionarios se pueden llevar a cabo tanto en un sistema democrático como en uno autoritario. No sólo no hay nada inherente en un sistema democrático que impida realizar una revolución liberal, sino que es preferible que ésta se lleve a cabo en democracia.

Esta conclusión no es sólo relevante para las democracias latinoamericanas que intentan cambiar de sistema económico sino también para los países de Europa Oriental y para las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Será cada vez más claro que es más fácil el cambio político- del totalitarismo comunista a la democracia liberal- que el cambio económico desde las economías centralmente planificadas a las de libre mercado. Polonia o Rusia no necesitan un general fuerte (“un Pinochet”), como algunos lo han planteado, sino un equipo liberal coherente capaz de resolver los graves problemas que han heredado de los regímenes comunistas.

El modelo liberal chileno ha generado una oportunidad histórica para los países de América Latina. Ya no es posible descartar el libre mercado como una solución eficiente sólo para países anglosajones, para culturas protestantes o para esforzadas naciones asiáticas. La libertad ha funcionado y ha producido gran progreso en un país latino, católico y americano. La revolución liberal no fue impuesta con la fuerza de las armas –lo que sería un contrasentido- sino que es un testimonio elocuente de la fuerza de las ideas. El cambio liberal es posible en democracia. El desafío de la década de los años 90 para América Latina es transformar esta oportunidad en realidad y salir de una vez por todas del subdesarrollo, la pobreza y la ignorancia.

Para coger esta oportunidad, América latina necesita a gritos verdaderos liderazgos. El oportunismo tan extendido en la política latinoamericana es la negación más categórica del liderazgo. El verdadero líder es quien se atreve ir delante de los demás en la dirección que cree correcta. Que lo sigan o no lo sigan es un riesgo, pero un riesgo que desde su perspectiva no puede alterar su ruta.

La revolución liberal chilena se hizo porque hubo un equipo en el poder que ejerció un liderazgo en la sociedad al estar dispuesto a realizar reformas que, al menos inicialmente, eran ampliamente impopulares. En último término, en eso consiste el coraje moral en política.

¿Será capaz América Latina de realizar su revolución liberal en la década de los años 90? Va a ser una tarea grande y difícil. Va a ser una tarea para gente convencida de la necesidad de traer la política a los tiempos que corren, liberándola definitivamente de sus amarras con el pasado. La voluntad de liderazgo y el coraje moral deberán ser el sello de los políticos latinoamericanos que quieran realizar este gran cambio. Se van a requerir convicciones sólidas, equipos comprometidos y coherentes y una forma de hacer política con respeto a la verdad. Sobre todo, será necesario confiar en la gente y darles la más amplia libertad para emprender, para trabajar y para elegir.

Las únicas revoluciones que triunfan son las que creen en los individuos y en las maravillas que los individuos pueden hacer con la libertad.

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