Las reformas legales junto a la Ley de Universidades y la Habilitante buscan cerrar espacios para el ejercicio de la oposición y la crítica.
El tinglado de las últimas leyes, la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Universidades y para remartar la Ley Habilitante, lo que busca, entre otras cosas es asfixiar la oposición y constreñir los pocos espacios que quedan para el ejercicio de la crítica, la oposición y la disidencia.
Lo de la reforma a la Ley Resorte no sólo es un atentado a derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino un contrasentido en un país donde casi 9 millones de personas tienen acceso a Internet, y disponen de redes sociales. El argumento de que nos están protegiendo de informaciones que pudiesen sembrar el pánico, crear zozobra o incurrir en manipulación mediática es tan falaz, que si así fuese habría que aplicar la restricciones a sus propios medios, sobre todo Aporrea, que ha sostenido una campaña crítica sobre el mal funcionamiento del metro de Caracas.
El problema fundamental con esta reforma es que va dirigida directamente a las personas, ya no a los medios de comunicación. Son esos millones de gentes los que verán reducida su capacidad de participar en foros, de comentar noticias, difundirlas, de enterarse de asuntos cruciales que suceden en tiempo real.
El anuncio de habilitar un Punto Único de Conexión por el cual pasen todos los mensajes que salen y entran a Venezuela vía Internet, que ayer por fortuna descartó la Asamblea Nacional, es tanto más terrorífico por tratarse éste de un gobierno de dudosa vocación democrática, donde hasta un ciudadano en un estadio de béisbol que portaba una franela con una inscripción crítica hacia la revolución ha sido sometido a un proceso penal. En este particular, Venezuela pasaría a engrosar una muy poca honrosa lista en la entran Birmania, Cuba y China, donde no es posible obtener información del premio nobel Liu Xiabo o conseguir la palabra democracia en un motor de búsqueda.
Si fuese por atacar la pornografía y la violencia en Internet, objetivos absolutamente loables contra los cuales ninguna persona o institución puede oponerse, pues ya existen suficientes instrumentos legales que permiten sancionar a los infractores, de modo que no se hace necesaria una reforma como la planteada, por cierto, muy similar a aquel intento de la fiscal general de promover una ley contra los delitos mediáticos.
La redacción difusa y ambigua de la reforma, unida a un Poder Judicial que está visto que sigue lineamientos directos de Miraflores, hace todavía más peligrosa la aprobación de una ley como la que está planteada. La extrapolación de horarios de la televisión a la Internet supone la muerte de la noticia y un contrasentido en la sociedad de la información. ¿Si ocurre una situación de rehenes a las 12 del mediodía, se cae un avión a las 9:30 am o chocan dos trenes en algún país a las 5:00 pm, si hay una inundación que amenaza una población entera, nos enteraremos de todo a las diez de la noche?
La reforma de la Ley de Telecomunicaciones es una camisa cortada a la medida del régimen y está dirigida casi exclusivamente a cerrar Globovisión, al plantear sin recato alguno, palabras más palabras menos, la intervención del canal de televisión. Lo mismo ocurre con las radios a las que le suprimen la posibilidad de conformar circuitos. De todo esto, el afectado principal es el ciudadano, a quien se le cercena de un solo plumazo su derecho a la información y se le empujar bien a la autocensura, bien a la censura directa.
Ni hablar sobre la Ley de Universidades en cuyo texto solo figura genéricamente y una vez la palabra “autonomía”; elimina el Consejo Nacional de Universidades y lo sustituye por un “consejo consultivo” en el cual los rectores serán meros convidados de piedra; y en lugar de promover espacios para todas las corrientes del pensamiento, como lo establece la Constitución, ensalza “la patria socialista”, “el modelo productivo socialista” y “el socialismo bolivariano”.
Para rematar, la Ley Habilitante con vigencia de 12 meses, resulta un escupitajo a la voluntad popular que se expresó el 26 de septiembre y anula de facto las atribuciones de la nueva Asamblea Nacional, dejando a los diputados opositores como meros marca tarjeta. Dentro de todo, tendrán la valiosísima oportunidad de fiscalizar y ejercer la función contralora a ese conjunto de leyes.
Como si fuesen corderitos, algunos diputados del oficialismo no hallan como justificar las reformas legales, con declaraciones bufas preñadas de un poco creíble altruismo. Si el modelo es el cubano, la asesoría es de Fidel y las prácticas y leyes son calcos de las cubanas, sería mucho más sincero que asumieran de una vez la Constitución de Cuba. Eso sí, auguramos que no una sino millones de Yoani Sánchez se replicarán por doquier. (Analítica Consulting)
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