Crecimiento económico y continuidad política fueron en el 2010 el común denominador del escenario sudamericano. En ese contexto, la región asiste a la profundización de la dicotomía entre los países con instituciones relativamente sólidas, en los que la alternancia en el Gobierno no impide la implementación de políticas de largo plazo, y aquéllos donde la crisis de los viejos sistemas políticos posibilitó el surgimiento de regímenes autoritarios que conservaron la gobernabilidad, pero la ausencia de reglas de juego estables no permiten establecer certezas sobe el porvenir. Los primeros fijan vínculos de integración con el sistema mundial. Los segundos prefieren el aislamiento y la confrontación.
La bonanza económica benefició a unos y a otros miembros de la Unasur. Los países institucionalmente sólidos lograron afianzar sus líneas de continuidad. A su vez, los regímenes autoritarios vieron favorecida su estrategia de concentración de poder por el fuerte incremento de los recursos financieros del Estado, que aceitan los férreos mecanismos de dominación política sobre la sociedad.
BRASIL, CHILE, COLOMBIA Y URUGUAY realizaron este año elecciones que determinaron otros tantos relevos presidenciales. En los cuatro casos, los mandatarios salientes se retiran con un alto respaldo de la opinión pública: Luis Ignacio Lula Da Silva, Michelle Bachelet, Alvaro Uribe y Tabaré Vázquez protagonizaron mandatos coronados por el reconocimiento popular.
El caso más significativo es el de Brasil. La elección de Dilma Rousseff significó un espaldarazo a la gestión de Lula, protagonista de una década excepcional en la historia de Brasil, que en ese lapso aprovechó la coyuntura internacional favorable para el mundo emergente para avanzar de su condición de potencia regional a su flamante rol de actor global.
En el nuevo quinquenio, nadie espera que la gestión de Roussef implique para Brasil mayores correcciones que las módicas modificaciones que en su momento introdujo Lula al rumbo estratégico trazado durante las dos presidencias de Fernando Henrique Cardoso. Un enigma relevante es el futuro papel de Lula. El ex mandatario es actualmente el líder político más importante de América del Sur.
CHILE, COLOMBIA Y URUGUAY
Chile asistió al ascenso de la coalición de centro derecha, encabezada por Sebastián Piñera, que marcó fin del ciclo de veinte años en el gobierno de la Concertación Democrática, sin que esa mutación en el Palacio de la Moneda haya implicado ninguna turbulencia, ni modificado el exitoso rumbo de inserción internacional del país trasandino. Esa consolidación política fue favorecida económicamente por el alza en la cotización del cobre.
En Colombia, el relevo de Alvaro Uribe por Juan Manuel Santos es una fuerte señal de continuidad. Uribe, el presidente colombiano más exitoso de los últimos cincuenta años, deja el Gobierno luego de haber avanzado decisivamente en la derrota de la guerrilla de las FARC. Sus logros permiten a Santos encarar ahora la tarea pendiente de la pacificación nacional tras décadas de guerra civil.
Una significación equivalente adquiere la asunción de José Mujica en la presidencia uruguaya, que supone una nueva etapa en la implementación del proyecto del Frente Amplio, iniciada por Vázquez. Como ocurrió primero en Chile y después en Brasil, Uruguay expresa la versión sudamericana de una izquierda abierta al juego de la globalización. Mujica fue el primer líder guerrillero que asumió la primera magistratura en un país de la región.
ENTRE PERÚ Y VENEZUELA
Perú, que elige presidente en el 2011, es el quinto integrante de este lote de países políticamente virtuosos de América del Sur. Alan García completa su mandato presidencial, que inició en medio de una áspera confrontación política con Ollanta Humala, el militar retirado cuya derrotada candidatura presidencial fue financiada por Hugo Chávez, en un escenario de notable tranquilidad.
Más allá de las turbulencias desatadas con la caída de Alberto Fujimori, el experimento peruano constituye también un modelo de dos décadas de notoria continuidad en materia de apertura económica internacional. Un dato significativo de ese espíritu de continuidad es que entre los postulantes con mayores posibilidades de reemplazar a García figuran precisamente su antecesor en el cargo, Alejandro Toledo, y Keiko Fujimori, hija del ex presidente - actualmente preso - que gobernó a Perú en la década del 90.
La contrapartida de este quinteto de países institucionalmente sólidos es el triángulo conformado por Venezuela, Bolivia y Ecuador, tres naciones en las que la descomposición de sus antiguos sistemas políticos abrió camino para soluciones alternativas, fundadas en la construcción de un “capitalismo de Estado” , de naturaleza prebendaria, que privilegia a un conjunto de conglomerados empresarios asociados al poder político, y de un “partido del Estado”, financiado con recursos presupuestarios, concebido como una base de sustentación orientada hacia la perpetuación del grupo gobernante.
Chávez, líder de este bloque, marcha hacia la radicalización de la “revolución bolivariana”. Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador tantean sus próximos pasos. Morales tiene que repartir su atención entre la confrontación con sus clásicos adversarios del Oriente boliviano y los signos de resquebrajamiento en su propia coalición. Correa, golpeado por la reciente sublevación policial, oscila entre la radicalización y las señales de apaciguamiento.
EL CASO ARGENTINO
En este escenario dicotómico, hay dos situaciones particulares: Paraguay y la Argentina. En Paraguay, la enfermedad de Fernando Lugo profundiza un cuadro de incertidumbre de muy difícil pronóstico. La estruendosa ruptura entre Lugo y su vicepresidente Federico Franco abre espacio para una grave crisis institucional. El antecedente de Honduras es un fantasma recurrente en Asunción.
El caso argentino es excepcional. Hasta la hecatombe institucional de diciembre de 2001, que liquidó el sistema bipartidista existente desde la restauración de la democracia en 1983, durante dieciocho años el país perteneció a la categoría de naciones sudamericanas que, al margen de sus crónicas falencias institucionales, tenía un régimen de partidos políticos relativamente sólido y estable.
A partir de la estrepitosa caída del Gobierno de la Alianza, la Argentina se acercó a esa otra categoría integrada por las naciones sudamericanas en las que la crisis de sus sistemas políticos determinó el empleo de la acción directa por la totalidad de los actores sociales, que sustituyó a las mediaciones institucionales, y aparejó el encumbramiento de regímenes autoritarios. La convergencia entre el vacío creado por la desaparición de Néstor Kirchner y las elecciones de 2011 abren una incógnita y una oportunidad para el cambio.
Hasta la hecatombe de 2001, Argentina tenía un régimen de partidos políticos relativamente sólido y estable.
Los países institucionalmente sólidos de la región lograron afianzar sus líneas de continuidad.
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El Tribuno - 26-Dic-10 - Opinión
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