LA INSÓLITA AMENAZA DEL GOLPE MILITAR A PRIORI. MARIA TERESA ROMERO

Las recientes declaraciones del general venezolano Henry Rangel Silva, quien aseguró enfáticamente que la Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a medias sino completas hacia el proyecto político y de vida del Comandante en Jefe Hugo Chávez, y que en un hipotético gobierno de la oposición a partir de 2012 habría una reacción tanto de los militares como del pueblo, dispararon las alarmas de preocupación en los diversos sectores democráticos venezolanos y en algunos del continente.

La dirigencia opositora agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), además de difundir un comunicado de rechazo sobre esta nueva y grave amenaza a la democracia, envió cartas al Secretario General de la OEA, al Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en su condición de país que ocupa la Presidencia pro Témpore de Mercosur; al Presidente del Parlamento Latinoamericano y al Presidente del Parlamento del Mercosur solicitándoles su especial atención y seguimiento a las declaraciones del General. Por su parte, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza ─por lo general muy comedido con respecto a la conducta del gobierno venezolano─ reaccionó calificando las declaraciones como “inadmisibles”.

Son lógicas y justificadas estas reacciones. El General que lanzó esta especie de amenaza de insubordinación a priori, de un golpe de Estado a futuro, no es cualquier militar seguidor de la Revolución Bolivariana. Es, nada más ni nada menos, que el Jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) del gobierno del presidente Hugo Chávez, el segundo en la línea de comando militar.

A su vez, esas declaraciones violan no sólo la Constitución venezolana que en su artículo 328 expresa textualmente que la FAN es una institución “esencialmente profesional, sin militancia política” y que “está al servicio de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”, sino también la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que en su Art. 4 establece que “La subordinación de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.

Ahora, lo más grave es que ese pronunciamiento de Rangel Silva parece representar la posición común, si no de toda la institución castrense, al menos sí del alto mando militar. Hasta este momento ni él ha aclarado que fue hecho a título personal, ni el Ministro de la Defensa, Carlos Mata Figueroa ─el mismo que al asumir su cargo juró “dedicarse por entero a seguir construyendo la nueva Fuerza Armada popular, socialista y antiimperialista”─ lo ha desmentido.
Aún más, estas declaraciones parecen formar parte de la política de radicalización acelerada que viene desarrollando el gobierno tras el golpe recibido en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre. Una estrategia radical que, en el último mes, se ha manifestado en nuevas nacionalizaciones y confiscaciones de empresas nacionales y extranjeras, de fincas, obras y hasta complejos habitacionales; en más venta de activos del Estado en el exterior; en más compra de armas y consolidación de alianzas estratégicas y nucleares con gobiernos como los de Irán, Rusia y Bielorrusia; y en la aprobación de leyes “revolucionarias” antes que se instale en enero de 2011 el nuevo Parlamento.

No por casualidad, pocos días antes de las declaraciones del general Rangel Silva, el presidente Chávez advirtió públicamente que no habrá conciliación con los opositores y que de perder en las elecciones de 2012, en el país vendría “una revolución violenta” y un “alzamiento militar”.

Y tampoco es casual que, tras las declaraciones de José Miguel Insulza, el gobierno chavista haya rechazado la postura crítica del Secretario de la OEA tildándola de intromisión en los asuntos internos del país. El propio Hugo Chávez dio todo su respaldo a Rangel Silva, a quien lo ascendió a General en Jefe.

Es lamentable que esta inaceptable amenaza a los ciudadanos venezolanos, que estos llamados al incumplimiento de la Constitución nacional y de las normas internacionales que establecen la obligatoriedad de la subordinación del poder militar al poder civil, no hayan tenido mayor eco en la comunidad internacional. Aunque importantes, las declaraciones de Insulza –que fueron hechas a título personal─ son insuficientes. La OEA, la UNASUR y los otros organismos del hemisferio deberían pronunciarse formalmente.

Maria Teresa Romero
mteresa100@hotmail.com

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