Algunas personas se quejan de que Venezuela, sin tener un conflicto bélico declarado, registra más muertos que en una guerra propiamente dicha, y comparan el caso de Afganistán, que en su batallar de 9 años con EEUU ha sufrido 1.200 bajas; aquí en el sólo mes de julio ingresaron a la morgue de Bello Monte de Caracas 469 cadáveres. Irak, también en lucha con Norteamérica, tiene 4 mil decesos en 7 años.
Lo peor del caso según los observadores del acontecer nacional es que esta violencia viene en aumento, sin que los numerosos operativos gubernamentales den el resultado esperado y medidas como el desarme de la población –la Ley está aprobada en 1ª discusión– no figuran entre las prioridades de la Asamblea Nacional (AN).
Para muchos especialistas, la raíz del problema de la violencia se encuentra en la exacerbación del armamentismo y el belicismo. Con razón o sin ella, atribuyen la responsabilidad al máximo liderazgo del país por las expresiones del presidente Chávez por radio y TV, enfatizando que “ansía el día en que cada venezolano tenga su propio fusil "y muchas municiones", por citar sólo una frase. Alardea de la compra de miles de armas de última tecnología "para defendernos del imperio y a nuestra soberanía".
Recuerdan cómo en 1999, el Jefe del Estado dijo a la Dra. Cecilia Sosa, presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia que si una persona roba porque sus hijos tienen hambre no se le puede condenar, lo cual fue extendido automáticamente a que si mataba por hambre, estaba bien.
Hasta los más neutrales países vecinos cuestionan una carrera armamentista en Venezuela, por la compra de 100 mil fusiles Kalashnikov 103 y 5 mil Drugonov a Rusia, ambos de última tecnología, y el anuncio de la instalación de una fábrica para la elaboración de estos armamentos. Sobre los Dragunov, Chávez dijo que tenían mira telescópica "de la mejor del mundo y con infrarrojo para la noche, compadre, visión nocturna", y reiteró que las armas serán para la guerra de guerrillas: "Imperialista que se asome lo tumbamos"; y para el uso de francotiradores.
Estos armamentos fueron exhibidos en el desfile militar del pasado 19 de abril.
Aún es cuestionado el mural pintado en la urbanización 23 de enero, donde se plasmó a la virgen de Coromoto con el niño armado con una Kalashnikov.
Alarde belicista
La costosísima compra, valorada extraoficialmente en $ 2,7 millones, llevó al experto Javier Gorriño a manifestar que en el país "hay 4 veces más presupuesto para defensa que para seguridad ciudadana".
El problema es de tal magnitud que el propio diputado psuvista Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la AN admitió lo que se consideraba un rumor exagerado: Tenemos entre 9 millones y 15 millones de armas legales e ilícitas.
También consideran paradójico estos analistas que las policías fueran desarmadas, y algunos atribuyen al alcalde Metropolitano para entonces, Juan Barreto, la sustitución de muchos efectivos profesionales de la Policía Metropolitana de Caracas por gente de su entera confianza como son los Tupamaro. Hasta el mismo Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, admitió recientemente que 20% de los delitos en el país son perpetrados por efectivos policiales.
Durante el mes de julio el país vio con asombro como cada fin de semana aumentaba el número de muertos, especialmente jóvenes, en la mayoría de los casos baleados. Las cifras del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) son dramáticas: 5.962 asesinados en el país en el 1er semestre de 2010, en tanto que la Morgue de Bello Monte recibió en ese lapso 3.111 cadáveres.
Los tres últimos días del mes impactaron a la sociedad. Sin contar los homicidios rutinarios en las barriadas populares, el caso del soldado que ultimó a tres compañeros en una sede de Pdvsa en Bolívar con su fusil Kalashnikov, un sicario que a sangre fría entró a una barbería de Sabana Grande y disparó a la cabeza contra 2 hombres quienes murieron en el acto y el caso del motorizado que ultimó a una joven en la autopista Francisco Fajardo por resistirse a un atraco horas después, pusieron de relieve que cada vez más, se trata de muertes por motivos futiles.
La guerra de los cárteles
Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos, presidenta de Ciudadanía Activa hace seguimiento a los temas sobre armas ilegales en manos de civiles y la ausencia de control sobre las armas legales en manos del Estado. Formula esta vez un alerta rojo, de máxima atención: la posibilidad de que en Venezuela el año que viene veamos la lucha de cárteles armados en el país por drogas.
"Ese sería el campanazo del grado de violencia estructural que se está arraigando en el país. El problema más grande de la próxima década es, sin duda, el de la violencia estructural, azuzada y alentada desde los altos poderes del Estado", analiza la especialista.
Para San Miguel, el asunto de las armas debe verse en dos perspectivas: por una parte el control de las legales y sus municiones, que en este momento es inauditable, incluso la Fuerza Armada Nacional tiene problemas de auditabilidad en los 4 componentes.
A esto se le agrega la Milicia Nacional Bolivariana, las más de 250 policías municipales activadas desde el 2006 y las 24 estadales, los particulares autorizados a portar armas, agencias de seguridad privadas y armerías.
"Esto ya da un cuadro aterrador deinauditabilidad, de opacidad y de un Estado que en los últimos 20 años no ha sincerado el parque de armas legales, y que, obviamente, es la primera fuente de alimentación de los homicidios en Venezuela".
En cuanto a las armas ilegales, dice que el MIJ señaló en el 2006 la existencia de 6 millones.“Ahora casi tenemos triplicada esa cifra. ¿Qué es lo que está pasando y cómo es posible que no haya habido una política, incluso del MIJ más allá de la aprobación de una Ley?” Sobre los grupos armados al margen de la ley enumera: "FARC, Elenos, FBN (nuestra guerrillas nacionales) paramilitares, delincuencia común organizada, más de 10 colectivos sociales con armas de fuego, los comités de seguridad de los consejos comunales muchos de ellos armados, el Frente Miranda, los Comités de Defensa de la Revolución, el cuerpo de combatientes".
En su opinión esto pudiera estar estimulado desde el mismo Estado, se trata de la "activación de grupos armados al margen de la ley, que comienzan, comunicacionalmente, a exhibir armas de guerra".
Cuando vemos este cuadro en estas proporciones, San Miguel dice: “no podemos dejar de afirmar que el Estado tiene activada una política de armar a la población civil, por lo menos en los términos de la omisión debida, respecto a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”.
-Con las cifras que manejamos podemos afirmar que toda persona mayor de edad con posibilidades de votar tiene un arma, es decir, por cada voto tenemos un arma en un país polarizado, donde cualquier nimiedad termina con el asesinato de una persona. Esto parece estar deliberadamente estimulado desde el sector oficial y encuentra una expresión muy lamentable en la cotidianidad, en la narrativa social de barrios y de caseríos.
-¿Con qué intención se estimula desde el Estado?
-"Yo no dudo que haya existido la voluntad al inicio de este gobierno de contener la inseguridad, pero ante la ineptitud clara para ejecutar una política de seguridad ciudadana, ha ocurrido todo lo contrario, más bien se estimula. Los vasos comunicantes entre autoridades policiales y delincuencia organizada son cada vez más claros y no queremos pensar que también, ¡ojo!, entre funcionarios del alto gobierno y grupos guerrilleros. Entonces cuando ya tenemos esos niveles de connivencia, las cifras rojas se convierten en imparables".
La violencia como cotidianidad
Según el informe del Incosec, en 2010 se ha evidenciado una vez más que en Venezuela la muerte y la violencia se convirtieron en lugares comunes entre los habitantes: "en la travesía algunos sobreviven y otros miles no". La violencia homicida, de género e intrafamiliar le arrebataron al país durante 3 meses más de 4.000 futuros, y afectaron indirectamente la vida de más de un millón de personas.
El homicidio como máxima manifestación del absoluto desprecio por el valor de la vida del otro -apunta el informe- durante todo el año 2009, reportó 13.985 casos (49 homicidios por cada 100.000 habitantes), una cantidad inferior a la del año anterior de 14.584 (52 homicidios por cada 100.000 habitantes) y, sin embargo, la cifra es aún alarmante, que de hecho nos ubica en los primeros puestos del ranking en la región.
Durante los 2 primeros meses del año, ya se contabilizaran en los 10 estados más violentos del país, según el MIJ, Tareck El Aissami, 4.527 homicidios, un promedio de 76 personas diarias.
Posterior al 1º. de marzo, fecha de implantación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DiBiSe), no se cuenta con cifras completas de todo el país, sin embargo, para la región capital, en los primeros 15 días ya se contaban al menos 200 homicidios, concentrados principalmente en los fines de semana; en Anzoátegui, Carabobo, Zulia y Miranda, la reducción de casos era muy baja y no queda claro si se debió, en efecto, a la acción eficiente del dispositivo, indica Incosec.
El 98% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, y en cuanto a la intensidad del ataque, reflejado por la cantidad de disparos efectuados, durante estos primeros meses del 2010, el 63% de los casos se perpetró con más de 5 disparos; el 16% con dos, tres o cuatro disparos; y el 21% con uno sólo.
Se observa como el irrespeto por el valor de la vida -apunta el estudio- está acompañado por un nivel de hostilidad muy alto, catalizado a su vez por una elevada disponibilidad de armas de fuego en manos de civiles y la inexistencia de un sistema eficiente de registro y control de ese armamento, que se ha ido diversificando en calibre y peligrosidad.
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