Cuando un periodista le preguntó sobre la demanda en contra suya interpuesta ante la Corte Penal Internacional el tenientecoronelpresidente despachó la pregunta despectivamente limitándose a decir que eso es “un chiste” y que no opinaría al respecto.
Esa es su manera fanfarrona de sacarle el cuerpo a la realidad y mostrar desprecio, no solamente ante un asunto serio, sino también hacia quien, en este caso el periodista, plantea el tema.
Lo cierto es que al parecer la demanda no deja de preocuparle. Por Internet circula una información según la cual ha contratado, o se propone contratar, al abogado penalista francés Jacques Berger para que lo defienda en la CPI
Según ha trascendido, la demanda no es un expediente improvisado sino un documento meticulosamente elaborado con más de un centenar de evidencias que comprometen seriamente la responsabilidad del mandatario venezolano. El “dossier” preparado por el abogado colombiano Jaime Granados consta de 116 páginas en las cuales se presentan pruebas de los padecimientos sufridos por ciudadanos colombianos a manos de irregulares colombianos basados santuarios ubicados en nuestro país y testimonios de desmovilizados asegurando que los aliviaderos de los irregulares colombianos en territorio venezolano cuentan con la autorización del presidente.
En su escrito el abogado acusador invoca una serie de hechos que configurarían crímenes de lesa humanidad y violaciones del derecho a la vida (secuestros, homicidios, hurtos activación de artefactos explosivos, actos de terrorismo, ataque a las fuerzas policiales y al ejército colombiano, sembrado de minas antipersonales). Las pruebas incluyen evidencias no presentadas en la reunión del Consejo Permanente de la OEA que muestran la presencia de elementos de las FARC y del ELN en territorio venezolano con el conocimiento y la complicidad de las autoridades “bolivarianas”. Estas evidencias incluyen videos en los cuales se ve a jefes guerrilleros colombianos departiendo amigablemente con oficiales venezolanos. Hay también grabaciones de conversaciones y comunicaciones entre jefes guerrilleros con altos funcionarios del gobierno chavista, con alcaldes y con funcionarios de rango menor.
De acuerdo con el Estatuto de la CPI, el Fiscal analizará la información contenida en la denuncia presentada por el abogado Granados y podrá recabar información adicional. Si considera que existe fundamento suficiente solicitará a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorice a abrir una investigación. Resulta pertinente destacar que el Estatuto es “aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno,… en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena” (Artículo 27).
Independientemente del tiempo que tome el proceso o del resultado que tenga, el sólo hecho de que el mandón de Miraflores ha sido acusado ante ese alto tribunal por delitos de lesa humanidad ha dado la vuelta al mundo y ha aparecido en la primera plana de los más importantes periódicos del globo. Además, la circunstancia de que detrás de esa denuncia esté el Ex - Presidente Álvaro Uribe, quien después de haber cesado en sus funciones continúa gozando de elevado aprecio y prestigio internacional, le otorga a la diligencia del Abogado Granados un crédito y un respaldo moral sólidos.
No es chiste. No son imputaciones improvisadas o inventadas ni son producto de manipulaciones legales como las que el régimen fabrica con frecuencia para acosar y perseguir a la disidencia. Son cargos que tienen fundamento.
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