Todo comenzó aquel día de febrero de 1999, cuando el recién juramentado presidente Chávez ordenaba a la Guardia Nacional a través de los medios de comunicación, que en lo sucesivo no desalojaran a ningún invasor de tierras rurales. De allí en adelante, a pesar de que la Constitución que se aprobaría meses después garantiza en sus artículos 115 y 116 la propiedad privada y el carácter excepcional de su limitación y traspaso al Estado, el Gobierno puso en práctica todas las formas posibles para aumentar el número de propiedades públicas en detrimento de ésta, con las terribles consecuencias que inevitablemente se derivan de un esquema de inspiración marxista, implementado bajo la asesoría directa del gobierno cubano.
En efecto, con la excusa de combatir el latifundio se dio inicio a una guerra contra la empresa y la propiedad privada que tuvo como segunda etapa la aprobación de la Ley de Tierras y otras 48 leyes a finales de 2001, con lo cual la sociedad democrática en su conjunto comenzó a organizarse para contener lo que ya se veía claramente como un proyecto totalitario y comunistoide. Para el 2007 el oficialismo disimulaba poco sus verdaderas intenciones y se atrevió a proponer un proyecto de reforma constitucional que minimizaba la propiedad privada, planteaba por la calle del medio la socialización de los medios de producción (marxismo puro), y le otorgaba al Estado la rectoría exclusiva de la actividad económica (socialismo real del siglo XX, no del XXI).
Al mismo tiempo, del campo se pasó a las ciudades y así comenzaron las tomas estimuladas desde el Gobierno de inmuebles urbanos, hasta que finalmente llegamos a las empresas: unas "nacionalizadas" y otras expropiadas sin el debido juicio en todos los casos, ni el pago de justa indemnización en la mayoría de ellos. Posteriormente, con el fracaso de la Reforma, el Gobierno implementó la vía express, que no es otra cosa que tomar las tierras, los inmuebles o las empresas por la fuerza y punto. Basta una orden presidencial en medio de una cadena de televisión para que cualquier Alcalde, Gobernador o Sargento le quite a quien sea lo que le da la gana.
Toda esta barbarie es suficiente para denunciar, confrontar y hacer pagar a este gobierno por sus atropellos. Pero el tema no acaba aquí, sino que adicionalmente pareciera que además de la orden expresa de "exprópiese", y a la implícita de "invádase", le siguiera otra secreta que dice: "y destrúyase". Sería muy largo enumerar los cientos de casos en los que después de una intervención estatal sólo ha sobrevenido el caos en aquello que se toma, pero a nivel de todo un sector económico vale la pena citar a la Siderúrgica, destruida en manos de un revolucionario corrupto que no tenía experiencia gerencial alguna, y a nivel de una unidad productiva particular, mención especial merece el Hato El Charcote, de donde salían al mercado mil toros gordos mensuales cuando era privado, y hoy en día no sale ni uno solo.
No obstante, los voceros del Gobierno tienen los riñones de atribuirle la caída de la producción, el desabastecimiento y la inflación a los recortes de electricidad de 2010, cuando en realidad tenemos ya 14 meses en caída libre. Si se lo creen es por ignorancia, y si lo dicen sin creerlo es por cinismo. Tal vez el perfil revolucionario está en el punto medio entre ambas cosas.
En efecto, con la excusa de combatir el latifundio se dio inicio a una guerra contra la empresa y la propiedad privada que tuvo como segunda etapa la aprobación de la Ley de Tierras y otras 48 leyes a finales de 2001, con lo cual la sociedad democrática en su conjunto comenzó a organizarse para contener lo que ya se veía claramente como un proyecto totalitario y comunistoide. Para el 2007 el oficialismo disimulaba poco sus verdaderas intenciones y se atrevió a proponer un proyecto de reforma constitucional que minimizaba la propiedad privada, planteaba por la calle del medio la socialización de los medios de producción (marxismo puro), y le otorgaba al Estado la rectoría exclusiva de la actividad económica (socialismo real del siglo XX, no del XXI).Al mismo tiempo, del campo se pasó a las ciudades y así comenzaron las tomas estimuladas desde el Gobierno de inmuebles urbanos, hasta que finalmente llegamos a las empresas: unas "nacionalizadas" y otras expropiadas sin el debido juicio en todos los casos, ni el pago de justa indemnización en la mayoría de ellos. Posteriormente, con el fracaso de la Reforma, el Gobierno implementó la vía express, que no es otra cosa que tomar las tierras, los inmuebles o las empresas por la fuerza y punto. Basta una orden presidencial en medio de una cadena de televisión para que cualquier Alcalde, Gobernador o Sargento le quite a quien sea lo que le da la gana.
Toda esta barbarie es suficiente para denunciar, confrontar y hacer pagar a este gobierno por sus atropellos. Pero el tema no acaba aquí, sino que adicionalmente pareciera que además de la orden expresa de "exprópiese", y a la implícita de "invádase", le siguiera otra secreta que dice: "y destrúyase". Sería muy largo enumerar los cientos de casos en los que después de una intervención estatal sólo ha sobrevenido el caos en aquello que se toma, pero a nivel de todo un sector económico vale la pena citar a la Siderúrgica, destruida en manos de un revolucionario corrupto que no tenía experiencia gerencial alguna, y a nivel de una unidad productiva particular, mención especial merece el Hato El Charcote, de donde salían al mercado mil toros gordos mensuales cuando era privado, y hoy en día no sale ni uno solo.
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cipriano.heredia@gmail.com
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