NOTA DE PRENSA Y COMUNICADO
Tamara Suju, en representación de Nueva Conciencia Nacional y la Fundación Damas de Blanco, Alfredo Romero miembro del Foro Penal Venezolano y la ONG Vive, Elinor Montes miembro de la junta directiva del CAC, y representantes de FUNDEPRO, Control Ciudadano, Gente del Petroleo, Frente de Mujeres, y otras ONG'S
manifestaron gran preocupación por el desproporcionado uso de la fuerza pública al reprimir la marcha en contra de la LOE del día sábado 22 de agosto. Reivindicaron el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional, y recordaron que el uso de gases tóxicos en manifestaciones públicas es violatorio de la misma y de los diversos acuerdos internacionales refrendados por la nación.
Tambien se pronunciaron por las arbitrarias detenciones del Prefecto de Caracas, y de los 11 trabajadores de la Alcaldia Metropolitana. Hicieron un llamado al gremio del Derecho recordando que todos los abogados forman parte del sistema judicial de la nación, por lo tanto corresponsable en evitar el desmantelamiento de la Justicia en Venezuela.
Señalaron la responsabilidad de la Fiscalía General de la Republica, en una serie de violaciones al debido proceso, así como manifestaron honda preocupación por el deplorable e inconstitucional comportamiento del aparato jurídico venezolano.
A continuacion, el Comunicado:
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Nosotros los abajo firmantes, representantes de Organizaciones No Gubernamentales, defensores de Derechos Humanos, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para denunciar públicamente las flagrantes y continuas violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes hechos, que no son más que la reiteración de una política represiva en contra de quienes pacíficamente ejercen sus derechos constitucionales.
En efecto, denunciamos:
El día sábado 22 de agosto de 2009, se hizo una manifestación en la ciudad de Caracas con ocasión a la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, para manifestar su descontento y desaprobación por estimar que la misma es inconstitucional, lo cual culminó en una arremetida por parte de los funcionarios de seguridad del Estado (Guardia Nacional, Policía Metropolitana y Policía de Caracas), haciendo uso abusivo de elementos disuasivos del orden público, tales como gases que atentan contra la salud de las personas afectadas, así como perdigones, ballena, entre otros, hecho éste recogido por los medios de comunicación social nacionales e internacionales.
Paralelamente, hubo otra manifestación en apoyo a la recién promulgada Ley, que fue permisada hasta la sede de la Asamblea Nacional, lo cual le fue vedado a la otra manifestación, en una clara discriminación política prohibida expresamente en nuestra Carta Magna.
Posteriormente a estos eventos, se inició una campaña pública por parte de Altos Funcionarios del gobierno nacional, instando a la ciudadana Fiscal General de la República iniciar una averiguación en contra de varios líderes de los denominados factores democráticos que convocaron a dicha manifestación contra la implementación de la nueva Ley de Educación.
En horas de la tarde del día de ayer, 26 de agosto de 2009, el ciudadano Richard Blanco, Prefecto de Caracas, fue objeto de una aprehensión por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en forma desproporcional, inconstitucional, deshonrosa, por razones que para ese momento de desconocían, traduciéndose en una evidente violación al debido proceso establecido en el artículo 49 de nuestra Carta Fundamental y en Tratados, Acuerdos y Convenios suscritos por la República, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ya que luego se tuvo conocimiento que la aprehensión se había producido por supuestos hechos ocurridos el día sábado 22 de los corrientes.
También en horas de la tarde del día de ayer, otra manifestación pacífica, sin armas y espontánea de trabajadores de la Alcaldía Mayor, se dirigía al Tribunal Supremo de Justicia para reclamar por sus derechos laborales y les fue impedido el paso hasta la sede del Máximo Tribunal y fueron violentamente agredidos por parte de funcionarios de los cuerpos de Seguridad del Estado, específicamente la Policía Metropolitana, arrojando un saldo de once personas detenidas, dos periodistas que cubrían esa manifestación fueron atacados y agredidos física y verbalmente, solo por hacer su trabajo, así como un Productor Independiente, periodista David Pérez Hansen que fue privado ilegítimamente de su libertad siendo esposado y trasladado de un lado a otro en una motocicleta de dicho cuerpo policial, para luego ser liberado sin explicación alguna.
Paralelamente a los hechos que acontecían en la ciudad de Caracas, en la ciudad de Timotes Estado Mérida, una manifestación pacífica de los pobladores de la zona para la recuperación de una vía agrícola sin mantenimiento fueron violentamente reprimidos y dos trabajadores de RCTV Internacional que cubrían la fuente de información, fueron agredidos verbal y físicamente.
En fecha 19 de los corrientes, dos estudiantes y un profesor de La Universidad de Los Andes en Mérida, resultaron con lesiones de consideración cuando bandas armadas y encapuchadas identificadas con el oficialismo, ingresaron con violencia en el patio central de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del Alma Mater Merideña, cuando los académicos discutían el contenido de la Ley Orgánica de Educación, recién aprobada. Un reportero Gráfico identificado como Lewis Sánchez, quien labora para el Diario merideño Pico Bolívar, fue perseguido y amenazado por los irregulares.
Con estos casos queremos dejar constancia de nuestra preocupación por el nivel de la intolerancia, discriminación política, menoscabo al ejercicio de los derechos protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los ciudadanos venezolanos ejercen frente a un Estado Represor que menoscaba el ejercicio de cualquier forma de disidencia sobre sus políticas y actúa con abuso de autoridad y uso abusivo de la fuerza ante la población decidida a defender sin armas sus derechos ciudadanos bajo el amparo de la Carta Magna.
Caracas, 28 de Agosto de 2009
Ilustre Colegio de Abogados de Caracas
Nueva Conciencia Nacional, A.C
Foro Penal Venezolano, A.C
Vive, A.C
Fundación Damas de Blanco de Venezuela
Fundación para el Debido Proceso (Fundepro)
Comando Nacional de la Resistencia A.C.
Gente del Petróleo A.C.
Control Ciudadano para la Seguridad y defensa nacional A.C
Una Ventana a la Libertad, A.C
Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (Fedeve)
Estudiantes Zulianos Unidos
Vigilantes de la Democracia A.C.
Frente Nacional de Mujeres A.C.
Democracia Permanente A.C.
Juventud Competitiva A.C
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ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, MOVIMIENTO REPUBLICANO MR, REPUBLICANO, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO,POLÍTICA, INTERNACIONAL,
Tamara Suju, en representación de Nueva Conciencia Nacional y la Fundación Damas de Blanco, Alfredo Romero miembro del Foro Penal Venezolano y la ONG Vive, Elinor Montes miembro de la junta directiva del CAC, y representantes de FUNDEPRO, Control Ciudadano, Gente del Petroleo, Frente de Mujeres, y otras ONG'S
manifestaron gran preocupación por el desproporcionado uso de la fuerza pública al reprimir la marcha en contra de la LOE del día sábado 22 de agosto. Reivindicaron el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional, y recordaron que el uso de gases tóxicos en manifestaciones públicas es violatorio de la misma y de los diversos acuerdos internacionales refrendados por la nación.Tambien se pronunciaron por las arbitrarias detenciones del Prefecto de Caracas, y de los 11 trabajadores de la Alcaldia Metropolitana. Hicieron un llamado al gremio del Derecho recordando que todos los abogados forman parte del sistema judicial de la nación, por lo tanto corresponsable en evitar el desmantelamiento de la Justicia en Venezuela.
Señalaron la responsabilidad de la Fiscalía General de la Republica, en una serie de violaciones al debido proceso, así como manifestaron honda preocupación por el deplorable e inconstitucional comportamiento del aparato jurídico venezolano.
A continuacion, el Comunicado:
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Nosotros los abajo firmantes, representantes de Organizaciones No Gubernamentales, defensores de Derechos Humanos, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para denunciar públicamente las flagrantes y continuas violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes hechos, que no son más que la reiteración de una política represiva en contra de quienes pacíficamente ejercen sus derechos constitucionales.
En efecto, denunciamos:
El día sábado 22 de agosto de 2009, se hizo una manifestación en la ciudad de Caracas con ocasión a la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, para manifestar su descontento y desaprobación por estimar que la misma es inconstitucional, lo cual culminó en una arremetida por parte de los funcionarios de seguridad del Estado (Guardia Nacional, Policía Metropolitana y Policía de Caracas), haciendo uso abusivo de elementos disuasivos del orden público, tales como gases que atentan contra la salud de las personas afectadas, así como perdigones, ballena, entre otros, hecho éste recogido por los medios de comunicación social nacionales e internacionales.
Paralelamente, hubo otra manifestación en apoyo a la recién promulgada Ley, que fue permisada hasta la sede de la Asamblea Nacional, lo cual le fue vedado a la otra manifestación, en una clara discriminación política prohibida expresamente en nuestra Carta Magna.
Posteriormente a estos eventos, se inició una campaña pública por parte de Altos Funcionarios del gobierno nacional, instando a la ciudadana Fiscal General de la República iniciar una averiguación en contra de varios líderes de los denominados factores democráticos que convocaron a dicha manifestación contra la implementación de la nueva Ley de Educación.
En horas de la tarde del día de ayer, 26 de agosto de 2009, el ciudadano Richard Blanco, Prefecto de Caracas, fue objeto de una aprehensión por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en forma desproporcional, inconstitucional, deshonrosa, por razones que para ese momento de desconocían, traduciéndose en una evidente violación al debido proceso establecido en el artículo 49 de nuestra Carta Fundamental y en Tratados, Acuerdos y Convenios suscritos por la República, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ya que luego se tuvo conocimiento que la aprehensión se había producido por supuestos hechos ocurridos el día sábado 22 de los corrientes.
También en horas de la tarde del día de ayer, otra manifestación pacífica, sin armas y espontánea de trabajadores de la Alcaldía Mayor, se dirigía al Tribunal Supremo de Justicia para reclamar por sus derechos laborales y les fue impedido el paso hasta la sede del Máximo Tribunal y fueron violentamente agredidos por parte de funcionarios de los cuerpos de Seguridad del Estado, específicamente la Policía Metropolitana, arrojando un saldo de once personas detenidas, dos periodistas que cubrían esa manifestación fueron atacados y agredidos física y verbalmente, solo por hacer su trabajo, así como un Productor Independiente, periodista David Pérez Hansen que fue privado ilegítimamente de su libertad siendo esposado y trasladado de un lado a otro en una motocicleta de dicho cuerpo policial, para luego ser liberado sin explicación alguna.
Paralelamente a los hechos que acontecían en la ciudad de Caracas, en la ciudad de Timotes Estado Mérida, una manifestación pacífica de los pobladores de la zona para la recuperación de una vía agrícola sin mantenimiento fueron violentamente reprimidos y dos trabajadores de RCTV Internacional que cubrían la fuente de información, fueron agredidos verbal y físicamente.
En fecha 19 de los corrientes, dos estudiantes y un profesor de La Universidad de Los Andes en Mérida, resultaron con lesiones de consideración cuando bandas armadas y encapuchadas identificadas con el oficialismo, ingresaron con violencia en el patio central de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del Alma Mater Merideña, cuando los académicos discutían el contenido de la Ley Orgánica de Educación, recién aprobada. Un reportero Gráfico identificado como Lewis Sánchez, quien labora para el Diario merideño Pico Bolívar, fue perseguido y amenazado por los irregulares.
Con estos casos queremos dejar constancia de nuestra preocupación por el nivel de la intolerancia, discriminación política, menoscabo al ejercicio de los derechos protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los ciudadanos venezolanos ejercen frente a un Estado Represor que menoscaba el ejercicio de cualquier forma de disidencia sobre sus políticas y actúa con abuso de autoridad y uso abusivo de la fuerza ante la población decidida a defender sin armas sus derechos ciudadanos bajo el amparo de la Carta Magna.
Caracas, 28 de Agosto de 2009Ilustre Colegio de Abogados de Caracas
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