Tras un decenio de dura abstinencia democrática, toma vuelo el deseo de darle su finiquito al chavismo; sin mucha claridad, empero, acerca del "cómo".
No es para menos: el régimen a jubilar es hoy una amenazante dictadura militar plagiada por los cubanos y con pretensión a eternizarse, que centraliza poderes y recursos y practica un duro terrorismo político contra opositores y población.
Descartado con civilista madurez el fast track de un golpe (la pesadilla de un 27° sátrapa militar que nos libere del 26° ya no seduce a nadie), y excluida por inviable la buena fórmula hondureña (nuestro servil TSJ es el que entonó aquel surrealista "Uh, ah, Chávez no se va") quedan tres vías democráticas para cambiar de Presidente: A) confiar en los "tempos" electorales e ir ganando elecciones hasta la victoria final, B) convocar a una Constituyente (Art. 347) y C) declararse en desobediencia civil (Art. 333 y 350).
A y B parecieran viables, tienen sus partidarios, pero es muy probable que el autócrata logre convertirlas en callejones sin salida. Chávez siempre ha sacado partido del factor tiempo (pese a una derrota, logró poderse reelegir y acelerar la implantación de su comunismo); su capacidad de intoxicar masivamente y comprar millones de votos sigue intacta; su control del aparato electoral es de mal pronóstico. Otrosí: su felón y exitoso raid contra la Alcaldía de Caracas pudo haber sido su ensayo general para clausurar en 2010 una Asamblea que le saliere hostil, reemplazándola por un soviet, y para degradar las elecciones a plebiscitos africanoides (que siempre se ganan al 95%) estilo Gaddafi, Boumedienne, Mamadou Tandja o Gnassingbe Eyadema.
Queda pues el derecho constitucional a desconocer "cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos" (350), el cual genera el deber de todos a "colaborar en el restablecimiento" de la vigencia constitucional (333); dos artículos de los que hasta insospechables opositores llegaron en un momento a preguntarse con qué se comía eso.
De entre las muchas razones para invocar el 350, sobresalen cuatro enormes aberraciones del orden jurídico-social:
No es para menos: el régimen a jubilar es hoy una amenazante dictadura militar plagiada por los cubanos y con pretensión a eternizarse, que centraliza poderes y recursos y practica un duro terrorismo político contra opositores y población.Descartado con civilista madurez el fast track de un golpe (la pesadilla de un 27° sátrapa militar que nos libere del 26° ya no seduce a nadie), y excluida por inviable la buena fórmula hondureña (nuestro servil TSJ es el que entonó aquel surrealista "Uh, ah, Chávez no se va") quedan tres vías democráticas para cambiar de Presidente: A) confiar en los "tempos" electorales e ir ganando elecciones hasta la victoria final, B) convocar a una Constituyente (Art. 347) y C) declararse en desobediencia civil (Art. 333 y 350).
A y B parecieran viables, tienen sus partidarios, pero es muy probable que el autócrata logre convertirlas en callejones sin salida. Chávez siempre ha sacado partido del factor tiempo (pese a una derrota, logró poderse reelegir y acelerar la implantación de su comunismo); su capacidad de intoxicar masivamente y comprar millones de votos sigue intacta; su control del aparato electoral es de mal pronóstico. Otrosí: su felón y exitoso raid contra la Alcaldía de Caracas pudo haber sido su ensayo general para clausurar en 2010 una Asamblea que le saliere hostil, reemplazándola por un soviet, y para degradar las elecciones a plebiscitos africanoides (que siempre se ganan al 95%) estilo Gaddafi, Boumedienne, Mamadou Tandja o Gnassingbe Eyadema.
Queda pues el derecho constitucional a desconocer "cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos" (350), el cual genera el deber de todos a "colaborar en el restablecimiento" de la vigencia constitucional (333); dos artículos de los que hasta insospechables opositores llegaron en un momento a preguntarse con qué se comía eso.
De entre las muchas razones para invocar el 350, sobresalen cuatro enormes aberraciones del orden jurídico-social:
1) El triunvirato militar que gobierna el país y sus comparsas del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano violan, desfiguran o impiden aplicar al menos 38% de la vigente Constitución, a saber los 132 artículos siguientes: 1-7, 13, 18-23, 25-29, 31, 43-49, 5153, 55, 57, 58, 60, 62, 66-68, 70,72,76, 80-87, 89, 91-93, 9599, 102,104, 108-110,112, 113, 115-118, 127, 132, 136, 1381 4 3 , 1 4 6 , 14 8 , 1 5 0 - 1 5 2 , 157,163, 168, 169, 179, 184, 187, 197, 201, 206, 208, 230, 232,235,236, 244, 253-256, 263, 267, 268, 272, 274, 275, 277, 280, 285, 293, 294, 296, 299, 300, 305, 306, 308,311,318, 328 331, 332-334, 337,350.
2) El Gobierno comete delito de lesa patria al involucrar decenas de miles de funcionarios cubanos en aspectos sensibles de la administración nacional: cedulación, pasaportes, infraestructuras y servicios de telecom, extranjería, Fuerzas Armadas, policías, seguridad y espionaje, notarías y registros, puertos y aeropuertos, minería e industrias, educación formal e ideológica, salud y deporte.
3) Unos 155.000 asesinados en 10 años (80% menores de 29 años) con su aterrador corolario de secuestros y delitos, son cifras fuera de parámetro que el país no soporta más; son demasiados venezolanos llorando su desespero sin justicia. El triunvirato es el principal responsable de tal hecatombe culposa: pública y notoria es su no prestación de asistencia a sociedad en peligro.
4) En meses, los ingresos del decenio chavista alcanzarán la galáctica suma de 1 mil millardos de dólares.
Chávez ha administrado desastrosamente, a discreción y con opacidad, mucha de esa riqueza; 30 millardos netos han desaparecido de las cuentas públicas, aseguran los economistas.
El inminente intento de aplicar la nueva e inconsulta Ley de Educación permitirá verificar si el país decide defender sus derechos constitucionales acudiendo al 350.
2) El Gobierno comete delito de lesa patria al involucrar decenas de miles de funcionarios cubanos en aspectos sensibles de la administración nacional: cedulación, pasaportes, infraestructuras y servicios de telecom, extranjería, Fuerzas Armadas, policías, seguridad y espionaje, notarías y registros, puertos y aeropuertos, minería e industrias, educación formal e ideológica, salud y deporte.
3) Unos 155.000 asesinados en 10 años (80% menores de 29 años) con su aterrador corolario de secuestros y delitos, son cifras fuera de parámetro que el país no soporta más; son demasiados venezolanos llorando su desespero sin justicia. El triunvirato es el principal responsable de tal hecatombe culposa: pública y notoria es su no prestación de asistencia a sociedad en peligro.
4) En meses, los ingresos del decenio chavista alcanzarán la galáctica suma de 1 mil millardos de dólares.
Chávez ha administrado desastrosamente, a discreción y con opacidad, mucha de esa riqueza; 30 millardos netos han desaparecido de las cuentas públicas, aseguran los economistas.
El inminente intento de aplicar la nueva e inconsulta Ley de Educación permitirá verificar si el país decide defender sus derechos constitucionales acudiendo al 350.
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