En el acto realizado en la Habana el día 24
de septiembre, con ocasión de la firma de los acuerdos que suscribieron el
gobierno colombiano y las FARC, el Presidente Santos definió a la guerrilla y
al Estado como “adversarios que ahora marchan juntos hacia la paz. Y el
día 30 afirmó, en declaraciones
concedidas a Stephen Adler de la agencia Reuter que “no se puede castigar
a los guerrilleros responsables de los
crímenes de guerra tan severamente, como algunos pretenden, si el país quiere
un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que ha causado 250.000
muertes”.
En esas declaraciones el primer mandatario
colombiano justifica “sacrificar algo de justicia, como un precio razonable,
porque la alternativa es seguir con 30 años más de guerra”. Dijo además que
sólo un pequeño sector de la sociedad se opone a los acuerdos, y que está
absolutamente convencido del compromiso de las FARC con la paz.
Estos pronunciamientos han encontrado el más
amplio respaldo de los gobiernos, y de los poderes internacionales. El
Presidente Obama, en medio de expresiones de optimismo, comprometió el apoyo de
Estados Unidos a la etapa del posconflicto.
El Secretario de Estado John Kerry anunció la necesidad de ir más allá
del combate contra la criminalidad y el narcotráfico. Y junto a Santos, en
Nueva York, declaró el 2 de octubre a favor de la sustitución de los cultivos
de coca, y planteó la necesidad de llevar adelante planes que permitan la
reconstrucción del tejido social. En esa misma oportunidad el mandatario
colombiano aseguro que “los guerrilleros que hoy protegen carteles y cultivos de coca
cambiarán de bando”.
El Secretario General de Naciones Unidas
manifestó su complacencia por el
encuentro de la Habana entre Santos y Timochenko, y agradeció personalmente a
Raúl Castro el aporte dado a las negociaciones. La OEA, ALBA,UNASUR, CELAC,
UNION EUROPEA, así como las cancillerías de prácticamente todos los países han
apoyado sin reservas las iniciativas llevadas adelante. El Papa Francisco
durante la misa celebrada en la plaza de la revolución cubana, llamó a no
permitir otro fracaso y confesó a los periodistas que le acompañaron en su gira
por la isla que ha intervenido activamente estimulando el desarrollo de los
complejos debates.
Sin embargo, a pesar de los importantes
factores que concurren a apoyar los términos pactados para desmontar la
confrontación armada, sectores significativos de la sociedad colombiana han
condenado lo que consideran la rendición del Estado ante el chantaje armado de
un grupo criminal que hasta el último momento continuó ejecutando sus
abominables actos terroristas, y no parece dispuesto a arrepentirse de ellos.
La
Defensoría del Pueblo contabilizó de
mayo a junio de este año, mientras se realizaban las reuniones en la capital
cubana, la comisión de 64 actos criminales materializados en ataques a
infraestructura eléctrica y a oleoductos
que dejaron sin agua y sin luz a cientos de miles de personas, causaron graves
daños al medio ambiente y ocasionaron
millonarias pérdidas económicas y de infraestructura. En esas acciones fueron
asesinados 9 policías, se interceptaron
y atacaron con explosivos a vehículos particulares, ambulancias y transportes
colectivos que circulaban en las carreteras, se interceptaron camiones cargados
con crudo, se derramó su contenido en las vías por donde circulaban estos
transportes, y se continuó el reclutamiento forzado de adolescentes.
Los críticos del proceso de paz indican,
entre otros cuestionamientos, que
ninguno de los lideres de las FARC ha admitido su condición de victimarios.
Iván Márquez uno de sus principales cabecillas sobre quien pesan una sentencia
de 40 años de cárcel, 117 órdenes de captura por secuestros, rebelión, homicidio agravado y desapariciones
forzadas ha señalado que no hay víctimas de las FARC sino “victimas del conflicto”.
Márquez, por cierto, aparece ante los ojos del
Departamento de Estado como peligroso
capo de la droga, a quien se le atribuye ser el encargado de supervisar la
carga de aviones que transportan cientos de toneladas de cocaína a Estados
Unidos, a cambio de dinero y armas de guerra como parte de pago.
Recientemente Timochenko declaró a Piedad
Córdova en entrevista realizada a través de TELESUR, que no pide perdón por sus
delitos, y confesó con toda naturalidad ante las cámaras de televisión que se
preparaba un plan para matar a Santos el 4 de noviembre de 2011 “pero que
Alfonso Cano ordenó suspender el atentado por los acuerdos de paz”. En ese mismo programa, el comandante de las
FARC pone en evidencia las secretas y turbias relaciones de Santos y Chávez en
su trato con las guerrillas refugiadas y protegidas detrás de la frontera
venezolana. Dice que la primera de tres reuniones que tuvo con Chávez ocurrió en Miraflores, luego
de la muerte de Alfonso Cano. Timochenko, entonces recién designado jefe del
grupo armado, acudió a esa cita
propuesta por Santos, para coordinar el traslado a sitio seguro del guerrillero
Mauricio Jaramillo.
“Santos le pide a Chávez que hable conmigo,
tras la muerte de Alfonso Cano, buscando
garantías para movilizar a Mauricio Jaramillo de un lugar cercado por el
ejército”, reveló Timochenko en el programa de TELESUR moderado por Piedad Córdoba.
De esa manera, el hoy máximo jefe de la guerrilla reconoce públicamente lo que
Uribe denunció en la OEA al final de su mandato, la existencia de campamentos
terroristas en suelo venezolano. Campamentos en los que, con la protección de
nuestro ejército y el visto bueno del gobierno colombiano, se garantizó la seguridad de los narco subversivos
mientras se cocinaba la salida al conflicto armado. Entre tanto la FARC
continuó, y continúa utilizando nuestro territorio para
el tráfico de drogas y otras acciones delictivas en abierta violación de
nuestra soberanía.
Mientras el gobierno de Colombia, sus aliados
internacionales y la FARC manifiestan su confianza en el camino emprendido, importantes sectores
políticos y sociales advierten sobre la terrible consecuencia que traería la
decisión de pagar con impunidad la desmovilización de la guerrilla. Este es sin
duda el punto más conflictivo que
enturbia el horizonte.
Uno de los aspectos más cuestionados es la
llamada “justicia transicional”. Según el ex magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla “no
se pueden crear tribunales de juzgamiento después de ocurridos los hechos
materia de investigación, porque violarían acuerdos internacionales y
principios fundamentales del Derecho”. Y sobre la designación de estos
tribunales, se advierte que sus integrantes
serán escogidos mediante acuerdo del gobierno y las FARC. Es decir, los
criminales tendrán la potestad de participar en la escogencia de sus jueces.
Además, el anuncio de la “amnistía más amplia
posible por delitos políticos y conexos” planteada en el documento dado a
conocer luego de la reunión Santos Timochenko,
deja abierta la posibilidad de considerar delitos conexos perdonables el
narcotráfico, el secuestro y la extorsión, por ser éstas las actividades
utilizadas como medios para financiar la guerrilla.
Otro de los temas controversiales es el
relacionado con las sentencias a ser aplicadas por los tribunales especiales.
El documento de la Habana menciona penas entre 5 a 8 años para quienes reconozcan
los crímenes cometidos. El Procurador Alejandro Ordóñez en desacuerdo con tal
propuesta ha declarado que “las penas deben ser proporcionales al crimen y a
las condiciones personales de los responsables”, y ha señalado que el texto
suscrito es ambiguo en lo que se refiere
a la restricción efectiva de la libertad, por lo que graves delitos pueden
terminar sancionados simplemente con la prohibición de salida del país, o la
realización de trabajos comunitarios.
Por su parte la Fiscal de la Corte Penal
Internacional Fatou Bensouda advirtió a las autoridades colombianas, que las
penas que se apliquen “no pueden ser simbólicas o inexistentes”.
En lo que algunos analistas han considerado
“un campanazo” al proceso de paz, la fiscal Bensouda ha informado a las
instituciones neogranadinas que “una condena que fuera severa o manifiestamente
inadecuada a la luz de la gravedad de los hechos cometidos y de la forma de
participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del
procedimiento nacional, aún en el caso de que todas las fases anteriores del
procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”. En estos casos, advierte,
la Corte Penal Internacional se activaría “si no se aplica la justicia en un
país frente a graves violaciones del derecho internacional”.
Vistos
los hechos, pareciera que en el delicado y complejo proceso que comienza a
transitar Colombia lejos de promoverse consensos, por el contrario se
profundizan graves desencuentros entre
las instituciones y partidos que actúan en la vida democrática. Mientras que a
nivel internacional no serán pocas las voces dispuestas a oponerse al perdón
que se pretende otorgar a los líderes de la FARC.
Con
suficientes razones los críticos de Juan Manuel Santos le acusan de haber
detenido la derrota progresiva que la narco guerrilla venía sufriendo bajo los
dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las victorias logradas por el
ejército a partir de 2002 y hasta el 2010,
acompañadas por el amplio respaldo de la opinión pública, devolvieron la
seguridad a la ciudadanía, redujeron la violencia, y colocaron a la defensiva a
todas las organizaciones alzadas en
armas. Sin duda, a partir de entonces el
Estado derrotaba a la insurrección y le
conducía a una rendición inevitable. La exitosa política de seguridad
democrática convirtió a Álvaro Uribe en el líder de mayor respaldo popular
de Colombia en las últimas décadas.
Gracias a él comienza a cambiar positivamente la violenta historia del país, y sobre esa plataforma su Delfín Juan
Manuel Santos logró la Presidencia de la República.
Hoy, las encuestas de opinión ponen de
manifiesto algunos elementos que reflejan los sentimientos de la ciudadanía en
relación con los términos en los que deberá concretarse la anhelada paz y la desmovilización de las
guerrillas. Son datos sobre los cuales gravitará el rechazo o el respaldo a las
medidas que finalmente se decidan implementar. El 24 de septiembre fueron dados
a conocer los resultados de la medición realizadas por la empresa DATEXCO
contratada por el diario ELTIEMPO, en la que el 63,2 por ciento es contrario a
que los involucrados en delitos de lesa humanidad, reciban penas tan sólo de 5
a 8 años a cambio de verdad y reparación, mientras el 69 por ciento no cree que
los acuerdos suscritos garanticen la justicia ni la reparación de las víctimas.
Esos
indicadores señalan claramente que la opinión pública no aprueba cambiar
impunidad por paz. Por lo tanto, está por verse de que manera el gobierno de
Juan Manuel Santos será capaz de lograr un consenso suficientemente amplio en
los sectores democráticos del país que le de piso estable a los acuerdos. O si,
por el contrario impondrá los pactos de la Habana, suscritos bajo el amparo de
la dictadura castrista y la complacencia del señor Obama. Pactos que implican la
rendición del Estado y la victoria
política de los responsables fundamentales
de la tragedia colombiana.
Julio
Cesar Moreno Leon
juliocesarmorenoleon6@gmail.com
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