"El progreso económico requiere un orden jurídico y una
justicia independiente, que proteja a los ciudadanos contra los excesos del
poder administrador". Arturo Frondizi
En estos días, el canallesco batallón oficialista, encabezado por
la Presidente y constituido por todos aquéllos que la han acompañado en el
saqueo irreparable del país, ha encarado una renovada campaña para lograr el
control del Poder Judicial, a través de la colonización de la Corte Suprema con
pseudo jueces serviles, para garantizarse la impunidad después de tantos
delitos cometidos. No ha dudado, en su plan de ataque, en recurrir a las más
inmundas prácticas de espionaje y denostación personal, en especial contra el
Dr. Carlos Fayt, el Ministro decano y un jurista de lujo, porque ha cometido el
gravísimo pecado contra el credo kirchnerista de ser independiente y a quien se
vitupera por la edad que ha alcanzado; trae a la memoria el "Diario de la
Guerra del Cerdo", la novela del genial Bioy Casares.
El ya incalificable Jefe de Gabinete, el matón Anímal Fernández, y
la nueva Presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de
Diputados, Anabel Álvarez Segasti, una joven proveniente de la cantera de La
Cámpora, pidieron -como antes lo habían hecho Diana Conti, Carlos Kunkel y
otros diputados del ¿Frente para la Qué?- que el Dr. Fayt fuera sometido a
exámenes para verificar el estado de su salud mental y se llegó a la ridiculez
de retarlo a salir a la calle. Si usted quiere defender al distinguido Ministro
de la Corte, por favor ingrese a http://tinyurl.com/q87h9du y firme la
petición.
Si yo fuera el impugnado magistrado, haría mío el argumento que
utilizó Cristovão Buarque en una cumbre mundial en la que las grandes potencias
exigían la internacionalización de la Amazonia; el ex Ministro brasileño aceptó
esa postura, pero la condicionó a que todos los país hicieran lo propio con sus
arsenales nucleares. Porque es de público y notorio conocimiento, ya que se
esmera en probarlo diariamente, que la misma Presidente padece de serios
desequilibrios mentales que le impiden ejercer su alto cargo en las condiciones
que requiere. Así, Fayt debería aceptar la realización de esas pruebas, siempre
y cuando Cristina también se prestara a ellas.
El colmo se produjo el jueves, cuando la indigna Hebe de Bonafini,
que hace apología permanente del terrorismo y se ha llenado los bolsillos con
los "Sueños Compartidos", se permitió realizar un "juicio
popular" a la Corte, reeditando su llamado a tomar el Palacio de Justicia
cuando la Ley de Medios se encontraba impugnada, a fin de obtener un fallo
favorable al Gobierno.
Como se sabe, el Dr. Ricardo Lorenzetti no es santo de mi devoción
por su posición -autorizando la violación al artículo 18 de la Constitución-
frente a la falsa y tuerta política de derechos humanos sobre los cuales Néstor
Kirchner construyó gran parte de su estructura de poder; éste se identificó con
la subversión de los 70's que le permitió, como dice Ceferino Reato en su
último libro, ampararse en una izquierda que no admite la crítica alguna a sus
líderes, a quienes todo justifica, aún el enriquecimiento ilícito e
inexplicable.
Ahora, bajo el fuego graneado del Poder Ejecutivo, la Corte
Suprema ha decidido defenderse y enfrentarlo, poniendo para ello los límites
que la Constitución establece; fue una verdadera pena que no utilizara esas
facultades durante la última década, mientras ambos integrantes del matrimonio
imperial desconocían sus sentencias.
Pero, más allá de esos fuegos de artificio, lo real y verdadero es
que la noble viuda, en términos constitucionales y penales, ha incurrido en
sedición y golpismo contra uno de los poderes del Estado. Tendemos a pensar que
los golpes de estado sólo se hacen contra el Ejecutivo, pero también pueden
darse contra cualquiera de los otros dos poderes; según nuestra Constitución,
la República se organiza con tres vértices perfectamente definidos e
independientes entre sí: el Presidente, que administra; el Congreso, que dicta
las leyes; y el Poder Judicial, que las interpreta y pone límites a los abusos
de los otros dos contra los ciudadanos y contra la propia carta magna, conforme
lo dispone su artículo 116.
Consecuentemente, al actuar como lo hace, la Presidente y todos
sus cómplices caen en las conductas descriptas en el Título X del Código Penal,
"Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional", y
por ello deberá ser imputada, procesada y juzgada. La deberán acompañar, más
temprano que tarde, los infames traidores a la Patria que, sentados en sus
bancas legislativas, concedieron durante esta década al Poder Ejecutivo
facultades extraordinarias y le otorgaron supremacías por las que la vida, el
honor y la fortuna de los argentinos quedaron a su merced, tal como lo define
el artículo 29 de la Constitución y reprime el artículo 227 del Código Penal.
Dice el artículo 21 de la Constitución, tan estuprada por este
gobierno durante la década "ganada": "Todo ciudadano argentino
está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución".
¿No ha llegado, acaso, el momento en que la ciudadanía entera obedezca esos
dictados?; ¿hasta cuándo y por qué debemos continuar soportando pacíficamente
esta dictadura que pretende llevarnos al peor pasado y al chavismo?, ¿qué
nuevos límites veremos superar sin reaccionar?, ¿es que nos seduce esta
sodomización a la que nos somete día tras día?
Porque, confesemos, hemos dejado de ser una democracia
republicana, representativa y federal para convertirnos en un imperio falso,
unitario, absoluto y populista, y la República es objeto de las vejaciones
permanentes que le infiere este régimen nefasto.
Ha llegado el momento de recordar cómo se comportó la Argentina
cuando el Congreso nacional guaraní votó, en las condiciones constitucionales
vigentes, la destitución por inhabilidad del ex Presidente Fernando Lugo, una
decisión legítima luego convalidada por la Suprema Corte del país hermano;
acompañada por los otros integrantes del Mercosur, sumó su voto para suspender
la membrecía de Paraguay, invocando la "cláusula democrática" que
Rafael Correa había hecho aprobar en la Unasur, después de convertir un mero
reclamo salarial de la Policía ecuatoriana en un falso golpe de estado.
Si la tentativa de Cristina -ésta sí un atentado contra unos de
los poderes de la República- tiene éxito, ¿cómo deberían reaccionar, y cómo lo
harán, los demás países de la región? Los tiempos de América Latina están
cambiando, como lo demuestran las enormes complicaciones que soportan hoy Brasil
y Chile por temas de corrupción, y los recientes cuestionamientos a las
violaciones de los derechos humanos en Venezuela, por lo cual nuestra
Presidente haría bien en no esperar la antigua solidaridad que hubiera recibido
hasta hace poco.
Para concluir, una breve reflexión. Como se vio esta semana en
Gran Bretaña, donde todas las encuestas pronosticaban un empate entre
conservadores y laboristas, todos erraron, y Cameron ganó por una abrumadora
mayoría. Aquí, las empresas que ¿miden? la opinión pública, más corruptas en
general, pretenden "vender" la probabilidad de la continuidad del
kirchnerismo luego de las eventuales elecciones. La realidad muestra que, si
hubiera ballotage, el 70% votaría contra cualquier candidato K, y no hay posibilidad
de un triunfo oficialista en primera vuelta.
Por eso me sigo preguntando hasta dónde estará llegar Cristina
Fernández de Kirchner, a quien ya sabemos sediciosa y golpista, para conservar
alguna esperanza de impunidad ante un horizonte penal cada vez más complicado
para ella, su familia y sus cómplices, y hasta dónde la acompañará el peronismo
en esa aventura. En la respuesta, está todo el futuro de la República.
Enrique Guillermo Avogadro
ega1@avogadro.com.ar
@egavogadro
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