En la frontera
colombo-venezolana, desde hace muchos años, se han venido cometiendo todo tipo
de delitos, algunos como el contrabando y el narcotráfico con participación de
influyentes personeros gubernamentales civiles y militares, que se han
enriquecido en tiempo record, según
múltiples denuncias formuladas por periodistas que realizan investigaciones
para los medios nacionales y extranjeros en los cuales trabajan, y sobre todo
por grupos de inteligencia policiales también nacionales e internacionales. Al parecer todo conocido por
tirios y troyanos.
Pero la emboscada de
que fueron víctimas 2 tenientes, un sargento y un civil pertenecientes al
Ejército, de la que salieron gravemente heridos, cuando realizaban labores de
inteligencia en un sector de la zona,
provocó la movilización de unos 3.000 hombres de tropa, para tratar dar
con los criminales: paramilitares o contrabandistas que se disputan el control
del comercio ilícito. Y aunque es casi
seguro que los paramilitares son contrabandistas y éstos están armados como los
paramilitares, las sospechas y las acusaciones se han hecho, antes de los
resultados de la investigación, según intereses políticos.
Y aunque el delito
contra los jóvenes oficiales, el sargento del Ejército y el civil que les
acompañaba, es absolutamente condenable, para los expertos criminólogos debió
actuar primero una comisión de inteligencia militar y civil en la
investigación. La movilización de 3.000 hombres de tropa, fundamentalmente del
Ejército, revela que sus altos mandos no confían en la labor de la Guardia
Nacional, cuerpo que ha estado a cargo de la custodia de la frontera.
Es lógico suponer que si se actúa tal como lo sugieren los criminalistas, no hubiera llegado al atropello, a la deportación de familias colombianas humildes y por lo tanto a la violación de los Derechos Humanos, según lo evidencian imágenes de hombres y mujeres del pueblo cruzando a pie el río Táchira con sus pocos enseres en sus espaldas, y a niños abandonados al otro lado de la frontera, separados de sus padres.
Las grandes
dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución
hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchas,
la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado
y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían.
La salida de
Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos, queda en evidencia que tuvo y tiene como
objetivo dejar sin protección a los ciudadanos
venezolanos o extranjeros, víctimas de la recurrente violación de sus
derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos del gobierno, sin
percibir que se les pueden convertir en un boomerang, debido a los compromisos
que ha adquirido nuestro país en
diferentes tratados internacionales que
ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA, de MERCOSUR y UNASUR que exigen su cumplimiento
insoslayable.
El establecimiento de
los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas
del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e
internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en
la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor
trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y
espiritual del ser humano. Por diferentes aberraciones humanas, no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha
predominado en la conciencia no sólo
de los gobernantes, llegados al poder por la fuerza de las armas, sino
también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población, o
mediante el fraude electoral.
La reacción del Jefe del Estado y en particular de los
representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de
rechazo a las evidentes denuncias de
violación de los Derechos Humanos de humildes colombianos que habitaban en la
frontera , y la descalificación a quienes las presentan a partir de informaciones
de familiares o de las propias víctimas,
revela la gravedad de lo que está pasando en el país, cuyos altos funcionarios
se niegan a discutir sus contenidos para garantizarles la impunidad a los
delincuentes.
Existen Informes de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quedarán en la OEA como
testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la
violencia contra civiles indefensos,
delitos condenados por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por
Venezuela. Si por ahora no pueden ser
juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben, su impunidad será transitoria y sus autores
recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las
circunstancias lo permitan.
En el mundo
contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus
cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos
Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales
integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de
la justicia. De allí que algunos altos
funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas
inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en
el futuro cercano o lejano, ante la justicia nacional e internacional
Juan Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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