GABRIEL S. BORAGINA, LOS LIMITES DEL "ESTADO"

Un debate siempre abierto consiste en responder a la pregunta ¿cuáles son las funciones de un gobierno o -formulada de otra manera- ¿para qué se necesita un gobierno? Los pensadores de todos los tiempos, desde la filosofía, la política, el derecho, la economía y -en general- desde lo que se denominan las ciencias sociales, siempre han tratado de dar respuesta a esta pregunta y, por supuesto, no todas las veces (o quizás la mayoría de las veces) han podido ponerse de acuerdo. De esta manera, se ha introducido en el debate si los gobiernos tienen o no funciones propias o básicas o si estas son esenciales o no. Desde nuestro punto de vista, uno de los pensadores que mas en claro han tenido este tema ha sido el prócer argentino Juan Bautista Alberdi:

“¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes le exigía a Alejandro, que no le haga sombra” (Opus cit., p. y en la tercera se lee que “Si los derechos civiles del hombre pudiesen mantenerse por sí mismos al abrigo de todo ataque, es decir, si nadie atentara contra nuestra vida, persona, propiedad, libre acción, el gobierno del Estado sería inútil, su institución no tendría razón de existir” (“El proyecto de Código Civil para la República Argentina” en Obras Completas, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna Nacional, 1868/1887, tomo VII, p. 90). Estas dos referencias apuntan a las funciones del gobierno en una sociedad abierta."[1]

Un punto clave cuando se considera que el "estado" tiene (o debería tener) funciones "propias" es la referida al financiamiento de las mismas. Nosotros ya en otra oportunidad nos hemos expedido al respecto, centrando el debate en cuanto a dos puntos: 1) la cuantía de los recursos mediante los cuales se pretende costear las llamadas funciones "propias", y 2) la idoneidad o pericia con la cual esos dineros son administrados. Si la cantidad excede un determinado porcentaje de la renta nacional, y para peor tal enorme cantidad de fondos son mal o peor administrados, resulta evidente que se está produciendo un grave perjuicio a los contribuyentes, que son los que siempre -y en última instancia- costean el gasto estatal (o menos precisamente, denominado "publico"). El aumento del gasto público es una de las tentaciones más grandes de todo gobierno, y se han ofrecido varias y muy interesantes propuestas para solucionarlo:

"quisiera concentrar ahora mi atención en un análisis completamente distinto para reducir drásticamente el gasto público. Se trata de recurrir a la competencia también para este propósito. Esto puede lograrse muy eficientemente a través de un genuino federalismo transfiriendo prácticamente todas las funciones del gobierno central a las provincias o estados miembros. Si esta medida se adoptara, inmediatamente aparecerían potentes incentivos a través de la competencia para reducir gastos puesto que allí donde los impuestos resulten más gravosos hará que la gente se traslade o haga operaciones comerciales en otros estados lo cual también guiará a las inversiones en general. Al derivar las funciones del gobierno central a las distintas jurisdicciones antes referidas se obligará a los gobiernos locales a usar su imaginación y esforzarse en retener clientela al efecto del consiguiente rédito electoral y para preservar la existencia misma de la política en ese ámbito. La preocupación de limitar el poder a través del federalismo data de muy antiguo pero fue expuesta sistemáticamente por vez primera en el siglo XVIII a través de los llamados Papeles Antifederalistas (paradójicamente más federalistas que los propios Federalistas)."[2]

Por supuesto que suscribimos esta propuesta, al mismo tiempo que, luce como de difícil materialización, no por otras razones que por la falta de voluntad política de los actores que deberían impulsarla, y no porque la misma fuera inviable desde el punto de vista teórico ni practico (que son la misma cosa, al final de cuentas). La tendencia mundial es exactamente la opuesta a lo que el profesor Alberto Benegas Lynch (h) sugiere en la cita anterior. Por desgracia, existe una mayor concentración de los poderes centrales, y en consecuencia la tendencia es hacia la centralización y no hacia su contraria. También anotamos (sobre todo en los países latinoamericanos y -en particular- es muy notorio en un país como Argentina) la predilección de los gobiernos provinciales a hacerse proveer de fondos por el gobierno central, en lugar de elegir la competencia entre distintas jurisdicciones. Es cierto que el sistema legal propende al centralismo e imposibilita, de todos modos, la práctica de un federalismo genuino y sano como el que sugiere el Dr. Alberto Benegas Lynch (h), pero también lo es que las distintas provincias (unas mas, otras menos) prefieren competir por las migajas que el gobierno central les conceda a través del nefasto mecanismo de la "coparticipación", que optar por un régimen de competencia entre las diferentes provincias. Como sucede en el ámbito empresarial de los sistemas intervencionistas, muchos gobernadores se comportan como aquellos pseudo-empresarios que, en lugar de competir por el favor del consumidor, escogen "competir" por ser atendidos en forma preferencial por aquellos burócratas que están en condiciones de ofrecerles algún privilegio o prebenda para su empresa o actividad.

Otra arista del debate (de especial discusión entre los liberales o libertarios) es la función del gobierno en definir los derechos de propiedad. Discusión que se enmarca -en realidad- dentro del origen del derecho de propiedad. Un sector de aquellos sugiere que el derecho de propiedad sólo puede ser definido a partir del "estado":

"Algunos libertarios intentan resolver el problema afirmando que quienquiera que el gobierno existente decrete que tiene el título de propiedad debería ser considerado el justo dueño de la propiedad. En este punto, aún no hemos ahondado lo suficiente en la naturaleza del gobierno, pero aquí la anomalía debería ser muy notable, porque con seguridad resulta extraño encontrar que un grupo siempre receloso de prácticamente cada una y todas las funciones del gobierno de buenas a primeras le permita a éste definir y aplicar el precioso concepto de la propiedad, base y fundamento de todo el orden social. Y particularmente, son los utilitaristas partidarios del laissez-faire los que creen más factible comenzar el nuevo mundo libertario confirmando todos los títulos de propiedad existentes; es decir, los títulos de propiedad y derechos decretados por el mismo gobierno al cual se condena como agresor crónico."[3]

 [1] Alberto Benegas Lynch (h) "Homenaje a Juan Bautista Alberdi". (Discurso pronunciado ante la Academia Nacional de Ciencias). pág.2

[2] Alberto Benegas Lynch (h) "Para bajar el gasto público" p. 1 y 2

[3] Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904). Pág. 42-43

Gabriel Boragina

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