CARLOS E. AGUILERA A., DESAFUERO Y CORRUPCIÓN

Los estropicios que a diario perpetra el régimen, en manifiesta y abierta contradicción del espíritu de la ley y la Constitución Nacional, a lo que se le agrega el insulto, descalificación, atropellos, desmanes y excesos de poder, sin duda alguna constituyen una tropelía que incide en el estado de ánimo de los venezolanos, cansados de la desaforada actitud que con marcado acento y sin el menor escrúpulo, acometen día a día quienes arropados bajo un falso socialismo, al que etiquetaron demagógicamente con el nombre del Libertador y padre de la Patria, dejando de lado  los valores morales y éticos de los que siempre hizo gala el pueblo venezolano.

Salta a la vista que la arbitrariedad y sinrazón de dichos actos, refuerzan el carácter irreflexivo de quien se encuentra al frente de los destinos del país, así como el de sus conmilitones enseñoreados en los distintos cargos de la administración pública y demás poderes, llámense Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia (¿), Defensoría del Pueblo (¿), Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldías, entre otros, quienes generalmente acompañan a Maduro en las cansonas peroratas televisadas y radiales en cadena, las cuales a diario realiza por cualquier pretexto, y que complacidos aplauden como focas las insolencias que a menudo profiere su jefe político, contra sus adversarios a los que califica de enemigos, traidores de la patria, apátridas, golpistas, imperialistas, terroristas, pelucones (término que se copió de Rafael Correa), y últimamente conspiradores y aliados del paramilitarismo.

En un estado de derecho, la ley contiene la presunción de ser conocida por todos y busca evitar los desafueros, corrupción, peculado y abusos de poder. No marca exclusividad ni monopolio y rige para toda una sociedad sin discriminación alguna. Por lo que quienes la quebrantan como es el caso del régimen venezolano, por ignorancia, insensibilidad o por insolente irrespeto a la sociedad y a la ley, no solo violan la misma, sino también la carta fundamental de la República, convirtiéndose en transgresores y lo que es peor – y así lo califican en los cenáculos internacionales - en un gobierno forajido que violenta los derechos humanos y coarta la libertad de expresión y de prensa.

En  nuestro país pocas personas confían en la justicia, porque muchos de quienes la transgreden, se esconden o huyen apoyados por la acción cómplice de un  régimen, que se ha hecho de la vista gorda desde hace tiempo, pese a las denuncias incluso formuladas por personas de su entorno político, como es el caso del que fuera Ministro de Economía y hombre fuerte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Giordani, que en una reunión del gabinete presidencial acusó del apoderamiento de más de 25 mil millones de bolívares, a personas ligadas al régimen, encubiertas en empresas de maletín. Desde entonces y hasta la presente fecha, nada se ha sabido que los culpables de este delito hayan sido sancionados y penados por la ley. Está claro entonces, que existe una displicencia y celestina actitud de quienes se encuentran al frente de los órganos competentes, obligados a reparar el enorme daño que se perpetrado contra el erario del estado, por lo que el delito ha quedado en la más desafiante impunidad.

Son muchos los casos de corrupción que se han denunciado, desde que llegaron al poder quienes ardorosamente se ufanan de ser socialistas bolivarianos,  y tras haber delinquido  pasean su mal habida riqueza en las propias narices de la sociedad, y presumen de su nuevo escalón social, con apoyo de personeros del régimen que hacen mutis, o simplemente manifiestan que los órganos competentes son los llamados a tomar cartas en el asunto. Esa deliberada respuesta obedece, a que están conscientes de que organismos competentes para realizar estas investigaciones, son sumisos a las órdenes que provienen de las altas esferas del poder. Como se explica por ejemplo, la reciente adquisición a la empresa brasileña Embraer, del nuevo, flamante y lujoso avión presidencial, camuflado con las siglas de CONVIASA, para ocultar el lujo que guarda en su interior y cuyo costo es millonario. A ello habría que agregarle el valor de la otra nave presidencial, que se encuentra fuera de servicio, y que también suma otra opulenta cifra, lo cual hace un total de 150 millones de dólares.

Existe un natural descontento en la población, no solo por la imperante corrupción, sino además por la incapacidad del régimen en solucionar los graves problemas que confronta el pueblo venezolano: escasez de alimentos, medicinas, bienes y servicios, desempleo, nepotismo y la inseguridad que ubica a Venezuela en el primer lugar de violencia de América Latina. Solo basta conocer las desgarradoras cifras de hombres, mujeres y niños que ingresan a las morgues de todas las ciudades, para tener una idea de esta inimaginable situación jamás vista en toda la historia del país.

Pese al dramático cuadro antes referido, continúa presente la ineptitud, incapacidad, arrogancia, autoritarismo y prepotencia, desde Maduro hasta sus más conspicuos colaboradores, en su mayoría militares en servicio activo y prestados a funciones que nada tiene que ver con su formación castrense, quienes con su encendido verbo atizan las llamas de la violencia, cuya flama tiene su origen en la propia alma de esta mal llamada revolución bolivariana y marxista, que el propio Fidel Castro admitió como comunista.

La excesiva mediocridad y el nugatorio talento de Maduro y sus adláteres peseuvistas, han conducido al país a una repugnante e ineficiente gestión pública, que hace morir a la gente no solo por la agresión física, sino también por la hambruna y falta de medicinas, que diezman a la mayoría de la población adulta e infantil huérfana del apoyo gubernamental, ya que sus recursos son utilizados como botín por una sarta de ruines enchufados o boliburgueses, que nada les importa el sufrimiento de sus semejantes, a quienes con sloganes populistas les ofrecieron villas y castillos,  entonándoles cansones estribillos como “Patria, Patria, Patria querida….  y  así, así así, es que se gobierna”.

El país nacional exige una “razia” pero a nivel de los poderes públicos, desde la presidencia de la República, hasta Ministerios, empresas del estado, Gobernaciones, Alcaldías y cuanto organismo esté en manos de los socialistas de nuevo cuño, a fin de rescatar los valores no solo de nuestra nacionalidad, sino los morales y éticos, pisoteados a más no poder. Valores bajo las premisas de un sistema democrático con los debidos órganos constitutivos del poder público y una administración de justicia sólida y eficaz, y no la opereta que nos brindan como sucedáneo de todos los males, que solamente cura a los ahijados de los padrinos de la mafia venezolana.

El país nacional está ávido de restituir un Estado, que sea garante de los derechos humanos; de la libre empresa; libertad de expresión y de prensa; autonomía universitaria; seguridad social y bienestar de sus ciudadanos: hombres, mujeres, niños y ancianos. Un estado en el que se combata con todo rigor y el peso de la ley a la delincuencia, en todas sus manifestaciones y expresiones. Un Estado en el que la paz, sosiego, tranquilidad, seguridad y felicidad de sus habitantes retorne a tiempos pretéritos y hermane nuevamente a los venezolanos sin distingo de color, clases sociales, religiosas y étnicas.

En días pasados observamos el lado oscuro de la luna, y desde hace tiempo el lado oscuro del régimen. Es la hora de validar nuestra esperanza,  y bien lo dijo el Libertador en una de sus célebres citas: “Cuando los partidos carecen de autoridad, ora por falta de poder, ya por el triunfo de sus contrarios, nace el descontento y los debilita”. El 6 de diciembre es la oportunidad para que se concrete el anhelo y sueño de millones de venezolanos.

Carlos E. Aguilera A.,

careduagui@yahoo.com

@_toquedediana

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

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