ANTONIO JOSÉ MONAGAS,¿EXCEPCIÓN PARA REPRIMIR?, PIDO LA PALABRA, VENTANA DE PAPEL,

La actual Constitución fue estructurada para romper la institucionalidad democrática  al fracturar la normalidad constitucional mediante la incidencia de eventos como las leyes habilitantes y los Estados de Excepción.

Aunque la Constitución, en sus artículos 337, 338 y 339, prescribe la posibilidad del presidente de la República de decretar Estados de Excepción con el propósito de enfrentar  acontecimientos que “pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos”, el caso que ha representado su autorización en algunos municipios del Estado Táchira es el paroxismo de la arbitrariedad de la cual se vale el régimen para imponer la injusticia que precisa el esquema antidemocrático que moldea el obtuso socialismo pretendido.

Sin embargo, el problema que dicha situación ha derivado deja ver la desproporción propia de cual oscura dictadura. Advertir que su aplicación puede excusar el quebrantamiento de garantías referidas a los “derechos a la vida, prohibición de comunicación o de tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y demás derechos intangibles”, evidencia el carácter contradictorio que tan desatinada medida encarna.  Debe entenderse que su incidencia como decreto, sobre todo si es aprobado al margen del influjo consciente y consideración oportuna de la Asamblea Nacional y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precisamente para que se pronuncie sobre su “constitucionalidad”, demuestra el grado de desafuero que está cometiéndose por causa del manejo de tan extrema y unilateral disposición. Más aún, un Estado de Excepción no luce convincente de que cumpla “las exigencias, principios y garantías de establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

No obstante, deberá reconocerse que el concepto de Estado de Excepción, arreglado a manera de disfraz democrático, para parecerse un tanto a otros textos constitucionales, retrata un eufemismo jurídico y un adefesio politológico pues pone en entredicho la concepción de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia la cual se yergue a partir de valores que exaltan el respeto a la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la verdad, la ética y el pluralismo político.

Esta idea de Estado de Excepción, aviva la contrariada figura de un régimen político cuyo sentido despótico de gobernar, le permite romper con la separación de poderes que tanto daño hace a la democracia. De manera que esta Carta Magna, al suscribir la posibilidad de autorizar Estados de Excepción como canales para controlar cualquier protesta u ocurrencia que ponga en riesgo la estabilidad gubernamental, obviando derechos fundamentales en tanto que garantías constitucionales, se convierte en recurso de alzada para violar la razón de ser de una Constitución democrática. O sea, preceptos constitucionales que afectan la indeterminación del poder pues como recursos de control del Poder Público inherente a las funciones y responsabilidades del Estado, la Constitución debe ordenarse por una normativa que proteja la separación de poderes, indefectiblemente.

La vigente Constitución ha sido estructurada para romper la institucionalidad democrática al fracturar la normalidad constitucional mediante la incidencia de eventos como las leyes habilitantes y los Estados de Excepción. Ambas determinaciones, logran que se usurpen funciones que corresponden a un poder en particular. Es decir, que el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República escamotee funciones legislativas. Y en el caso de los Estado de Excepción, se hace de las restantes funciones al arrogarse atribuciones que impiden que cada Poder vigile y controle los excesos de los otros para así frenar, por propio empeño, que alguno de ellos predomine sobre los demás. Al contemplarse que sea la misma Constitución la vía por la cual se conciba abolir la separación de poderes entendida como garantía del sistema democrático, el desenvolvimiento de cualquier nación que se precie de exhortar las libertades y los derechos fundamentales como blasón de vida institucional, simplemente será “letra muerta”. Y de persistirse en consideraciones que avalen desviaciones del sistema democrático como es el caso venezolano, el riesgo de caer en espacios de tiranía es muy alto. Entonces, ¿qué puede ganarse con decretar Estados de Excepción que sirvan a que una rama del poder, persona o instancia de gobierno se convierta en única y suprema? O acaso es impúdicamente una ¿excepción para reprimir?

VENTANA DE PAPEL

EXCEPCIONES QUE MATAN

No siempre, por mucha autoridad que pueda arrogarse una instancia de gobierno, sus decisiones están exentas de errores capaces de hacer detonar el más peligroso arsenal que pueda tenerse. Asimismo, por mucho poder que pueda investir a un gobernante que además hable de promover la democracia como sistema político, tampoco debe prestarse para humillar a sus gobernados o insultar a quienes con civismo contrarían su forma de gobernar. Quien así actúa desde niveles de gobierno, poco o nada comprende el significado de la política.

Es entonces cuando la política se utiliza para buscar problemas, y luego de un diagnóstico falso, aplicar remedios equivocados que sólo exacerban actitudes y enmarañan situaciones. Es cuando la alevosía y la predeterminación se convierten en meros recursos de gobernantes sin escrúpulos al momento de elaborar y tomar una decisión en medio de alguna vicisitud. Ante lo que dificultades de esta naturaleza pueden generar, la Ciencia Política invoca la alternabilidad como principio de gobernanza.

De hecho, la Constitución Nacional refiere en su artículo 6° que el gobierno venezolano, por su carácter democrático, “es y será siempre electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Sin embargo las circunstancias, hablan distintamente a lo que pauta la Norma Suprema. Por un lado van las realidades , y por otro el discurso.

Precisamente, Montesquieu, escritor y político francés, aducía que “cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo”. Pero lo que está viéndose en Venezuela, si está advirtiéndose. Más aún,  con entera claridad. No cabe la menor duda a este respecto. No obstante, la obstinación gubernamental ha permitido decisiones que, lejos de buscar el equilibrio entre las necesidades y las capacidades, juegan a crear confusiones que sólo sirven para distraer lo que el tiempo de la demagogia requiere.

Pareciera cumplirse el aforismo expresado por Arturo Graf, escritor y poeta italiano, de que “la política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y de crear otros imaginarios e injustos”. Particularmente, cuando el gobierno luce enviciado por la codicia que induce el poder. Es el caso de situaciones enredadas por la pésima praxis de gobernantes aturdidos por la apetencia del mando lo que deriva en crisis de toda índole. Problemas estos que, ni siquiera, pueden evitarse con el auxilio de recursos formalistas que sólo devienen en agravar las realidades, como ha resultado del hecho de decretar injustificables estados de excepción. Por eso se dice que hay excepciones que matan.

¿VOLVER A PENSAR A VENEZUELA?

En medio de esta crisis nacional, conviene ver cómo se manejan los negocios políticos. Particularmente, en sociedades que se precian de vivir en la modernidad. En medio de este cuadro de contradicciones que afronta Venezuela, muchos plantean exigencias que denotan las incoherencias de un Estado que sigue sin saber cómo manejarse de cara a la susodicha crisis.

Según opinión de Luís Manuel Cuevas Quintero, catedrático de la Universidad de Los Andes, los venezolanos solicitan recursos y mejoras salariales frente a un interlocutor que lo que menos ha mostrado, es respeto. “Los universitarios debemos plantear el problema en un contexto más amplio y menos limitado a la cuestión salarial. Debemos exigirle a los politiqueros del voto, que destierren la palabra olvido y desarraigo de sus prácticas políticas. Lo que está derrumbando al país, es el estado de anomia generalizada que vive”. Agrega Cuevas Quintero que “además del sueldo que es un justo reclamo, los universitarios deben demostrar a la sociedad que pueden ofrecerse diagnósticos de la destrucción del país  fundamentados en las evidencias  que parecen estar envueltas en la opacidad del discurso politiquero y la tecnocracia sin densidad de ideas y propuestas (…) Necesitamos de hombres rebeldes en el sentido que proponía Camus, pero adaptados a los nuevos retos de una modernidad que se nos escapa por un abismo aparentemente irreversible”. Así que en medio de tan serio embrollo, será posible ¿volver a pensar a Venezuela?

“Cuando un gobierno teme de la pérdida de su fuente de apoyo, busca excusas que le permitan salir de cualquier circunstancia a desdén de las consecuencias que el peligro de la situación en cuestión pueda arrastrar”

Antonio José Monagas

antoniomonagas@gmail.com

@ajmonagas

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