SAÚL GODOY GÓMEZ, CARTAS MARCADAS, PODER CIUDADANO, CASO VENEZUELA,

El Poder Ciudadano fue un novísimo agregado a la Constitución de 1999, en la que se agrupa la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Defensoría del pueblo y aparte, el Poder Electoral; estos cuatro órganos de la administración pública son por definición los medios que tiene el ciudadano para reclamar y defenderse de los excesos y agresiones del Estado.

No es por accidente que también se le conozca como Poder Moral, y es esa parte administrativa del mismo Estado la encargada de prevenir, investigar, promover iniciativas populares y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; es decir, es el poder encargado de la limpieza y transparencia de la gestión pública.

Como bien reza la Constitución, el poder moral es un Poder “Independiente”; por naturaleza, por necesidad, por obligación, su mandante es todo el pueblo de Venezuela y tiene que representar a los diversos sectores de la sociedad; el que este poder sea dominado y controlado por una facción política deforma de manera absoluta su esencia, distorsiona su misión e inutiliza su mandato, y se convierte en burla de las ideas del Libertador Simón Bolívar.

Lo que hizo la Asamblea Nacional con la anuencia del Ejecutivo y, sobre todo, con la complacencia y el silencio de los factores políticos que apoyan al chavismo, de secuestrar, desde los mismos inicios al nuevo Poder Moral, ante las denuncias de la opinión pública y los señalamientos de inconstitucionalidad de factores de la oposición, esto, luego del pronunciamiento de la mayoría de venezolanos que rechazó la Reforma Constitucional, tiene una significación importante que vamos a analizar.

En primer lugar, la forma como se ha venido realizando la escogencia de los candidatos para estos importantes cargos, en la oscuridad, a espaldas del pueblo, en medio de una desinformación total, indica el interés del gobierno chavista en corromper al poder moral.

Era la primera vez que este poder se iba activar por medios constitucionales, es decir, que la sociedad venezolana iba a proponer sus candidatos para ocupar esos altos cargos, pero el manejo del gobierno y, sobre todo, de la Asamblea Nacional, empastelaron el proceso, designando como representantes de la sociedad a sus mismos diputados, estableciendo un criterio de selección “secreto” sin reglas conocidas, sin publicidad ni participación de la opinión pública, con listas de candidatos casi todos, no sólo afectos al gobierno, sino manifiestos miembros del partido de gobierno, el PSUV.

El designado Comité de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano, fue constituido entre gallos y media noche y con una composición que claramente desdecía de la independencia y de esa “conciencia nacional” por la que tanto abogó Simón Bolívar cuando, en su propio tiempo, propuso la formación de este poder.

Nace esta institución malformada, incapaz de respirar por sí misma, llena de materia fecal, de una repulsiva corrupción, que necesitaba de un engendro, no de un Poder, que pudiera purificar lo que se corrompía en la República.

Por supuesto, ganaron todos los candidatos del gobierno, de nuevo el bosque de manos alzadas de la Asamblea Nacional, como si no hubiera existido el rechazo de todo el país a una manera de legislar que dejaba por fuera a importantes sectores de la nación, que daba la espalda a la legalidad en el uso del patrimonio público, que echaba al cesto de la basura la meritocracia, la independencia, y que hería de nuevo a la democracia y los principios de libertad, que tantos ciudadanos, de una forma u otra, defendimos por las vías institucionales.

Creían que con este acto, que reiteraba una vez más la vocación antidemocrática y anti civilista del chavismo, tenían asegurada la impunidad por la rampante corrupción en la administración pública; no sólo eso, creían tener en sus manos un arma para seguir persiguiendo a la oposición, para continuar haciendo terrorismo de estado, utilizando precisamente los órganos que, supuestamente, deben defender a los ciudadanos, para acosar, encarcelar, torturar, descalificar y asesinar impunemente a sus adversarios políticos.

El desprecio que siente Maduro y sus seguidores por la opinión del soberano es tal, que el secuestro del poder ciudadano es la reiteración de su dominio sobre el aparato estatal, la reelecta Fiscal, el Contralor y el Defensor del Pueblo, lamentablemente, son ahora las fichas encargadas de acallar denuncias, de tapar negociados, de propiciar el crimen organizado y el narcotráfico, de perseguir opositores al régimen, de preparar las trampas y violentar la vida democrática del país.

En la exposición de motivos de la Constitución Bolivariana de Venezuela claramente establece que: “El Poder Ciudadano tiene a su cargo la prevención, investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Además debe velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, por el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado”.

La presentación de la lista de los ciudadanos inhabilitados al CNE por parte del Contralor, tratando de darle un zarpazo a la Constitución y violar el derecho que tienen los ciudadanos a elegir y de los candidatos a postularse, es un repugnante ejemplo de lo que este Poder Moral es capaz de hacer en nombre de intereses bastardos.

Si tuvieran un dejo de vergüenza, estos designados funcionarios renunciarían de inmediato para reclamar un verdadero concurso; pero, lamentablemente, los galimatías y argumentos del pensamiento irracional los excusan, porque son necesarios para “el proceso”, sus actuaciones consolidarán el socialismo del siglo XXI. 

El mentado “proceso” los necesita en sus trincheras, rodilla en tierra con el grito de “No pasarán”.

Después de todo, estos funcionarios creen que sólo la historia podrá juzgarlos y que todas sus actuaciones las hacen por amor y por compromiso revolucionario, ¿La Constitución, la República, la Democracia, los principios bolivarianos? Son apenas pequeñas perversiones burguesas, principios capitalistas que no significan nada para la Patria Grande que Chávez quería construirnos en Latinoamérica.

Nunca vieron venir las sanciones internacionales que países garantes de la civilización en el mundo les impusieron, por ser violadores de derechos humanos y corruptos; ni las investigaciones de acuciosos periodistas en el extranjero que desentrañarían sus oscuros negocios y cuentas bancarias secretas en bancos en paraísos fiscales; ni la burla que inspirarían sus actuaciones ante el imperio de la razón y la justicia… porque, aun cuando trataron de inmunizarse contra investigaciones y procesos judiciales en el país, ahora son parte de gruesos expedientes en tribunales internacionales, y sus nombres han sido incluidos en las listas de “los más buscados” por las policías del mundo… en algún momento terminarán siendo sujetos de sentencias y condenas por sus horribles delitos.

Según los miembros del Poder Moral, la corrupción, los muertos, los encarcelados, los torturados son un precio muy pequeño a pagar por lo que viene y que sólo el Socialismo del siglo XXI puede traer al mundo. De allí la actitud maldiciente y arrogante de un funcionario como el Defensor del Pueblo quien ante la avalancha de reclamos, denuncias y señalamientos de la sociedad, ante los atropellos e injusticias del gobierno a quien él representa, declare que la institución que preside no es un despacho privado de abogados, y en esa actitud desafiante y cínica, rechace que lo importunen con reclamos a su ineficiencia y su actitud encubridora a los crímenes que a diario cometen sus compañeros de partido.

El Poder Popular es un instrumento de la revolución, los nuevos funcionarios son revolucionarios antes que garantes de la ley, son socialistas antes que venezolanos, le deben más lealtad a Cuba que a su propia patria y de ellos, sólo cabe esperar complacer al ahora dictador Maduro, quien los premió con el cargo; se espera del desempeños de sus cargos la complicidad, la sumisión absoluta.

Bajo estos presupuestos, no nos queda a los venezolanos libres y demócratas otra cosa que volver a la calle para reclamar el Poder Ciudadano que nos fue secuestrado por unos ladrones disfrazados de diputados y conducidos por un jefe perverso y alucinado, al servicio del mal amo que vive en La Habana, ahora socio del Imperio. –

Saul Godoy Gomez

saulgodoy@gmail.com

@godoy_saul

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