El manejo oficial de este asunto, lejos de estimular el
esclarecimiento de la acusación hecha a funcionarios y al Presidente de la
Asamblea Nacional Diosdado Cabello ha sido de una torpeza inaudita. Desde hace
tiempo se vienen señalando a Generales de Venezuela como inmersos en la red de
narcotráfico. Walid Makled, el narcotraficante venezolano apresado más famoso,
declaró que tenía en sus nóminas, pruebas contra 40 generales.
El gobierno lejos de pedirles a los Estados Unidos, las pruebas
públicas contra sus funcionarios,
responde con una alharaca de solidaridades de sus copartidarios y apela al
olvido. Venezuela es un país bicéfalo. Maduro es el Presidente formal, pero
Cabello es el Presidente real: presidente del partido, de la Asamblea Nacional
y “jefe” de la fuerza armada. Un coronel ha dicho que Cabello tiene lazos
estrechos con 46 de los 96 tenientes que manejan batallones.
Las demandas de Cabello contra los diarios ABC de España y El
Nacional de Venezuela lejos de atemorizar a la prensa internacionalmente han
alborotado el avispero. Ahora es el Wall Street Journal de Estados Unidos quien
dice tener pruebas de esta acusación. Tribunales de Nueva York y Miami
adelantan la investigación. No es para menos, 131 toneladas de cocaína
producidas por Colombia, pasan por Venezuela.
El descredito del gobierno venezolano crece cada día. Su población
padece la crisis económica más grave en toda su historia. No hay alimentos y
medicinas. Su soberanía por la dependencia de Cuba, Rusia y China lo convierte
en un Estado vasallo. Se comenta que Raúl Castro ha recomendado a Maduro tomar
distancia de Diosdado. El hecho de que desde Estados Unidos se diga que Maduro
no está en el narcotráfico, hace pensar que “algo huele mal en Dinamarca”.
Posiblemente Diosdado se convertirá en “la cabeza de turco”. Para salvar al
régimen del colapso que se le avecina, es posible que el chavismo sacrifique a
Diosdado.
Ya es evidente además, que al no encontrar pruebas de conspiración
contra el Alcalde Ledezma, su caso pase a la historia como el de un secuestro
político y la acusación lleve a la cárcel de 20 a 30 años, como lo establece la
Ley Orgánica contra el Secuestro y la Extorsión, no a unos trabajadores de la
Alcaldía Metropolitana de Caracas utilizados para la acusación, sino a la
Fiscal Luisa Ortega Díaz y Diosdado Cabello, quienes pagarán por este delito.
La primera al terminar su gestión será llevada al Tribunal Penal Internacional
de Roma.
Julio Portillo
julioportillof@gmail.com
@julioportillof
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