En mi anterior artículo sostuve,
con sólidos argumentos, que los gobiernos democráticos, surgidos después de
1958, habían diseñado y ejecutado una política exterior totalmente
independiente de los centros de poder de ese tiempo. Buenos ejemplos de esta
realidad fueron la creación de la OPEP,
la ruptura de relaciones diplomáticas con cualquier dictadura militar que
hubiese surgido de un golpe de Estado,
el decidido apoyo a Argentina en la guerra de las Malvinas y la apertura
de relaciones diplomáticas con Cuba.
Al contrario, los gobiernos de la mal llamada revolución bolivariana, en vez de defender los intereses vitales de Venezuela, han orientado nuestra política exterior con el fin de servir fundamentalmente a un proyecto internacional dirigido por el Foro de Sao Paulo e inspirado fundamentalmente por Fidel Castro y Lula Da Silva que trata de revivir la ideología comunista, desaparecida de la faz de Tierra, en 1989, con la caída del Muro de Berlín.
Esta realidad se ha reflejado en
la sorprendente permisividad mantenida
por el régimen chavista en nuestra controversia con el gobierno guyanés ante el
despojo territorial sufrido por Venezuela en sus límites con lo que fue la Guayana
Británica. Ha sido tal la parcialización
del gobierno venezolano en contra de los más altos intereses de la Nación que,
en el año 2004, en una visita a Guyana, Hugo Chávez, en una actitud rayana en
traición a la Patria, afirmó que Venezuela no se oponía a ningún proyecto de
desarrollo en el Esequibo, autorizado unilateralmente por el gobierno guyanés,
si era en beneficio de su pueblo.
Para colmo, en el año 2007, afirmó que la
reclamación venezolana se había iniciado por presiones de los Estados Unidos
para desestabilizar el gobierno de Cheddy Jagan. De esa manera, el Presidente
de la República desconocía todas las reclamaciones que desde 1841 había
realizado Venezuela en contra de la usurpación de nuestro territorio por la Gran Bretaña.
La posición venezolana mantenía
que la frontera debía ser la línea media del río Esequibo, en virtud del
principio del Uti Possidetis iuris, que mantenía que el territorio de
Venezuela era el mismo de la
Capitanía General De Venezuela al
momento de su independencia en 1810, la cual tenía como frontera este el río
Esequibo.
En contraste, el Reino Unido sostenía, en base a uno de los mapas del
geógrafo Schomburgk que la frontera
llegaba hasta Punta Barima en las bocas del río Orinoco, abarcando un área
aproximada de 213.310 kilómetros cuadrados. El dictamen, en medio de
indiscutibles irregularidades, favoreció a la Gran Bretaña, al
adjudicársele el territorio denominado por Venezuela como la Guayana
Esequiba de 159,500 kilómetros cuadrados, aunque no satisfizo su máxima aspiración de abarcar hasta las bocas
del Orinoco y controlar su navegación. De inmediato, Venezuela protestó dicho
laudo ante los innumerables vicios de nulidad existentes en dicha decisión.
En 1962, Venezuela logró una
victoria parcial en su reclamación al denunciar el Laudo Arbitral de París, de
1899, ante las Naciones Unidas y lograr que tanto Gran Bretaña, como Guyana,
ante los numerosos alegatos sobre vicios de nulidad del laudo, aceptaran
discutir el asunto.
El discurso del canciller Marcos Falcón Briceño, ante las
Naciones Unidas, es un excelente resumen
de esos vicios, entre los cuales resaltan las presiones que recibieron los
jueces norteamericanos, escogidos por Venezuela, Winston Fuller y David Brewer y nuestros asesores jurídicos,
Benjamín Harrison y Severo Mallet Prevost, por el presidente de dicho tribunal.
Frederick de Martens, quien les hizo ver el riesgo que correría Venezuela de perder las bocas del Orinoco si no había
unanimidad en la decisión. Ese esfuerzo diplomático condujo a la firma del
Acuerdo de Ginebra de ese año, el cual permanece vigente, hasta no llegar a un
arreglo práctico de la controversia mediante una solución satisfactoria.
Es verdad, que la intransigencia
de Guyana no ha permitido encontrar una solución práctica al diferendo, pero la
firme posición asumida por los gobiernos democráticos permitió mantener viva la
controversia e impidió a Guyana iniciar proyectos de desarrollo en el
territorio Esequibo, hasta tanto no lograr una solución práctica y
satisfactoria para ambas naciones. Lamentablemente, la demagogia imperante en
las relaciones con el Caribe ha comprometido gravemente esa política.
Después de las injustificadas declaraciones de Hugo Chávez y la negligencia demostrada por Nicolás Maduro, como era de esperarse, Guyana ha empezado a dar concesiones no sólo en la Zona en Reclamación sino en nuestra fachada Atlántica, tal como lo muestra la presencia de las transnacionales Anadarko y Exxon Mobil en labores de exploración. La Armada venezolana debería reiniciar, con urgencia, sus patrullajes para preservar y defender nuestra plataforma continental ante la aspiración de Guyana de ampliar la suya a 350 millas. Sin lugar a dudas, la responsabilidad de los gobiernos de Chávez y de Maduro es indiscutible.
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com.
@FOchoaAntich.
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